La instalación de las papeleras (léase, fábricas de pastas de celulosa), en las costas del río Uruguay, un curso de agua binacional, ha derivado paulatinamente en un conflicto que involucra tanto a los habitantes como a las administraciones de los estados implicados. Uruguay y Argentina, luego Chile reclamando el libre tránsito de camiones que transportan […]
La instalación de las papeleras (léase, fábricas de pastas de celulosa), en las costas del río Uruguay, un curso de agua binacional, ha derivado paulatinamente en un conflicto que involucra tanto a los habitantes como a las administraciones de los estados implicados. Uruguay y Argentina, luego Chile reclamando el libre tránsito de camiones que transportan los insumos para las obras en construcción, no han dado muestras de clara sensatez.
La magnitud que alcanza un conflicto ambiental en estas costas es inédita. Sin embargo no son inéditos ni sus causas ni los actores que intervienen. Aunque a los ambientalistas les suene provocador, el problema ambiental asociado a la contaminación por parte de estas plantas en funcionamiento debería entenderse sólo como una de las maneras de mirar el asunto. La ecología y la economía, consideradas globalmente, no son mas que dos caras de la misma moneda, dado que cualquier proceso productivo modifica, interviene, contamina el medioambiente.
Quién es quién
El papel es en verdad el producto final de un proceso en el que la forestación de vastos territorios con las especies adecuadas y la producción de pasta de celulosa son sólo alguna de las primeras etapas. Si hablamos entonces de daño ambiental, es difícil circunscribir aquellos sólo a los que ocurren por la instalación de las papeleras. Deberíamos empezar a hablar del buen montón en las tierras en donde se reemplazó el ecosistema previo con especies «más productivas». Y esto vale tanto para vastos territorios de Uruguay como de Argentina.
Si vamos aun más allá, es el material impreso y el «packaging» en mercaderías de alto valor agregado, el producto final más abundante de este proceso productivo. Sin siquiera considerar las tasas de alfabetización comparativas de los países centrales y los periféricos, o la calidad en la distribución de alimentos, el papel está destinado a proveer de material impreso y de distinta naturaleza fundamentalmente a los países centrales.
De esta manera, la instalación de las papeleras en las inmediaciones de las forestaciones que desde hace un tiempo ocupan una buena parte del territorio uruguayo[i], sigue el viejo esquema: un país dependiente se dedica a la producción de materia prima o productos secundarios con bajo valor agregado (pasta de celulosa) que se exporta a los países centrales, sede de los capitales privados que construyen dichas plantas. Dejan de paso una miríada de problemas no sólo ambientales sino también sociales, económicos y de diversa índole. El modelo de monocultivo de la soja es otro ejemplo notable. Las curtiembres y la contaminación con cromo es un problema ya clásico, que sigue el mismo esquema.
Entre otras razones, estas plantas se instalan en Uruguay porque el costo asociado a la cuestión ambiental es menor que de instalarse en algún país central. Y esta diferencia de costo se absorbe en el costo asociado a la intervención ambiental, pérdida de biodiversidad, patologías potenciales en la población aledaña[ii], pérdida de calidad del agua de ríos y acuíferos y otros problemas de diversa índole. Con cinismo, funcionarios uruguayos y argentinos han repetido que es absurdo acusar de contaminantes a empresas que provienen de países «ambientalmente limpios»; tal es el caso de Botnia con sede central en Finlandia, un «país modelo»; Estos mismos funcionarios seguramente se verían sorprendidos por las matanzas de indios durante la conquista americana, perpetradas por parte de personajes tan señoritos en su Europa de origen.
En un proceso productivo cualquiera, el costo ambiental siempre existe. O se paga con daño ambiental, es decir, con una disminución de la calidad de los recursos hídricos, un aumento en las inversiones paliativas en salud pública, una disminución del valor de las tierras, un empobrecimiento de la biodiversidad (costos indirectos, CI), o se absorbe como parte del costo directo (CD) del proceso de producción, incorporando tecnologías que minimicen efluentes, no impliquen la expoliación de recursos renovables o no renovables, etc, disminuyendo los márgenes de ganancia. Sin embargo, al CI no lo encontramos cuantificado en los proyectos de inversión. La incorporación de estudios de impacto ambiental, es una tibia manera de considerarlos.
Pero son los estados, responsables de la aprobación de estos proyectos, los que asumirán a corto, mediano y largo plazo la totalidad del CI. Ciertamente, la construcción de megaplantas industriales, no favorece la posibilidad de absorber el CI, más bien permite disminuir el costo total del proceso, aumentando los CI.
El cinismo como discurso
Si los estados no proveen herramientas para evaluar los CI, difícilmente podrían derivar estos costos en capitales privados. Mucho se ha dicho acerca de la contaminación por parte de compuestos clorados como las dioxinas u otros compuestos de gran persistencia ambiental. Hasta algún especialista se ha animado a decir que dichos contaminantes serían la causa de «30 casos de cáncer por año» en las poblaciones expuestas. Arriesgada opinión. Más arriesgada si consideramos que en toda Latinoamérica no hay ni equipos o laboratorios que tengan la capacidad instalada para medir dioxinas o compuestos similares, ni existe consenso entre los especialistas para cuantificar el impacto en términos de «casos de cáncer por año».
Pero esta falta de herramientas de control no es ingenua. Más aún, el discurso de las autoridades argentinas roza la hipocresía al afirmar que «las emisiones autorizadas por la DINAMA[iii] permiten una excesiva liberación de tóxicos que, acumulados en diez o catorce años, pueden provocar una contaminación muy seria en la cadena alimentaria, afectando la producción»[iv]. Viniendo de un estado que mantiene vigentes leyes como la 24.051, que ignoran el control sobre dioxinas o furanos, tal declaración es al menos ambigua. Sin embargo, estas palabras dan cuenta perfectamente de una evaluación de los CI involucrados, aunque esta evaluación esté restringida sólo a la pérdida de negocios. Es una cuestión económica, sin duda.
¿Es una contradicción que el Estado Argentino reclame sobre el impacto ambiental de las plantas que se instalarían en Fray Bentos, mientras mantiene una actitud complaciente sobre la cantidad de papeleras u otras de diferente naturaleza que desde hace ya tiempo vierten cantidades enormes de efluentes contaminantes en los Ríos Uruguay y Paraná?. Definitivamente no. Justamente en estos casos anteriores, el Estado Argentino asume el CI, se resigna al daño ambiental, apostando a una viabilidad económica de estos emprendimientos. Por cierto, pobre visión de lo que es viabilidad económica. En estas nuevas plantas, Argentina compartiría en «partes iguales» el CI con Uruguay, sin sacar tajada alguna de la torta.
No deberían quedar dudas que en la mesa de negociaciones en las que se dirimieron las condiciones en las que estas papeleras se instalarían, tomando en cuenta la magnitud de la inversión comparada con el PBI uruguayo[v] , la obvia fuerza del capital involucrado y la naturaleza históricamente entreguista de las administraciones anteriores al Frente Amplio, se hicieron las concesiones necesarias para que el proyecto fuese suficientemente rentable para el capital. Incluso, esta entrega es anterior a las negociaciones mismas, dada la estructura de la normativa ambiental Uruguaya[vi]. Hasta ahora, por lo menos en este tema, el gobierno del Frente Amplio no ha roto con este esquema lógico.
¿Quién dijo que contaminan?
A esta altura de las cosas, el impacto que las fábricas tuvieran sobre el medio ambiente, es un asunto subjetivo. Por un lado, las fábricas no están todavía funcionando ni contaminando, y los sendos informes de impacto ambiental que se presentaron por parte de la consultoría del Banco Mundial, son sumamente escuetos en este asunto[vii]. Por otro lado, la verborragia Greenpeace y de algunos dirigentes absolutiza su discurso aprovechando las percepciones previas que tiene la «opinión pública» sobre estos temas. De manera que si contaminarán o no, es una cuestión de fe en Greenpeace o en el Banco Mundial. ¿En quién cree usted?.
En este conflicto, la contaminación del Río juega entonces, y paradójicamente, como un elemento subjetivo, en la medida que no es posible cuantificarla ni contrastarla indubitablemente. Sin embargo, instaladas las papeleras y de no modificarse el marco regulatorio actual, seguramente el escenario será totalmente diferente. Pero mientras el problema siga entendiéndose como un problema ambiental, no hay manera de resolverlo dentro de este marco. Siempre habrá técnicos o especialistas dispuestos a defender una u otra posición.
Es muy probable que aplicando las mejores tecnologías existentes a la depuración de efluentes, la gestión de residuos o la explotación de materias primas[viii], hasta el más talibán de los ambientalistas se quedaría sin argumentos contundentes. Sin embargo el problema es que en la mayoría de los casos, el asunto se define por un aumento del CI (daño ambiental), para aumentar la rentabilidad de las inversiones involucradas. Justamente porque estos capitales poco tiene que ver con los intereses que velarían por disminuir los CI. En el caso de las papeleras, el capital internacional negoció por una disminución adecuada de los CD, mientras que el estado quedó ausente en la defensa de la disminución de los CI, por ende, se verá obligado a pagarlos, junto con su pueblo. Este desequilibrio se basa fundamentalmente en el pobre diseño de la normativa ambiental vigente en nuestros países y en la inconsistencia de los órganos de aplicación de estas normas.
El conflicto debería resolverse entonces hacia dos escenarios posibles. En el primero de ellos, los gobiernos y los capitales involucrados entienden perfectamente que este es un asunto de negocios y que es necesario acordar en esos términos para llegar a desatar el nudo: repartiendo de mejor forma la torta. Por cierto, les queda luego la tarea de disolver el «conflicto ambiental»[ix], que en la medida que es sostenido sólo por sectores de la clase media, bastará jugar con el factor tiempo: se diluye solo. Pero por otro lado, prolongar el «conflicto ambiental» suficiente tiempo, también permitiría debilitar instancias de integración regional como el MERCOSUR. Un negocio redondo[x].
¡¡No a las papeleras!! (si al papel)
En un segundo escenario, les toca a los sectores que llevan adelante los reclamos y a otros sectores populares que todavía no se han involucrado, entender más allá de la cuestión ambiental y llevar los reclamos a otro plano. Este es un problema de modelos económicos de dependencia, de intereses soberanos. En ese marco, lo que está en juego es la Soberanía Uruguaya, Argentina, y claro, Latinoamericana, respecto de los capitales y países que finalmente serán consumidores de la pulpa de celulosa que se produzca. Aquí es poco lo que Greenpeace pueda aportar. Debería sacárselo del centro de la escena.
Desde la perspectiva de los recursos que se explotan y los beneficios obtenidos con ello, debería considerarse un marco más sensato en donde los recursos naturales no ocupen el lugar de meras mercancías y los beneficios sean para los pueblos soberanos y no para las minorías dueñas del capital. Es sencillo. ¿Por qué no debería serlo?.
Si se destinaran recursos forestales a la producción de pasta de celulosa y luego de papel y luego de papel impreso, libros de texto, literatura, periódicos, promoción de conocimiento, alfabetización, divulgación de hechos, ideas, opiniones, además de aumentar el flujo de comercio exterior, indudablemente se podría hacer una mejor evaluación de cuales son los daños ambientales dispuestos a asumirse, en un marco de beneficio de las mayorías. Sinérgicamente, con el acceso de las mayorías a los productos del papel, estas mismas evaluaciones paulatinamente podrán hacerse dentro de un debate más colectivo, mucho más rico, mucho más racional, más soberano. Hoy es clase media la que corta los puentes en Gualeguaychú, enarbolando pancartas de cartón de colores fabricado en Finlandia.
Por otro lado, respecto a la cuestión estrictamente ambiental, el problema más grande estriba en que no existe un marco regulatorio suficiente, ni capacidad instalada, tanto de gestión como de control, que permita sostener un reclamo soberano frente a daños al medioambiente. No hay herramientas suficientes para prevenirlos tampoco. En último término, la contaminación desde un punto de vista formal se define por las leyes que la controlan. Es así como en Argentina, por ejemplo, no existe formalmente la contaminación por dioxinas[xi]. ¡¡No existe, ni existirá!! aun cuando se los libere al medioambiente[xii]. Aquí es en donde los especialistas y los técnicos deberíamos involucrarnos en el debate y dar opinión. La discusión acerca de los modelos de producción y de dependencia o independencia económica no es en donde los especialistas en medioambiente deban opinar, al menos no como tales.
Una de las formas de no encontrar jamás soluciones, es formulando las preguntas inadecuadas. Por mucho esfuerzo dedicado a encontrarlas, las mejores respuestas de aquellas no permiten siquiera dar cuenta de la razonabilidad de las cosas. Entonces, cada parte en conflicto asumirá una posición dura sobre aquellas preguntas distractoras. Cuando la vigencia de la soberanía de los pueblos sea la pregunta a responder y los capitales no supediten la respuesta, seguramente todo será más sencillo. Hoy la pregunta es si tal o cual empresa contamina o no; somos todavía la prehistoria del futuro.
[i] Según el Estudio del Impacto Socio-económico del Proyecto Planta de Celulosa Botnia S.A. en Uruguay (2004), un estudio de factibilidad económica presentado por la misma empresa, la superficie cubierta por eucaliptus en Uruguay ha aumentado en más de ocho veces durante la década del noventa.
[ii] Aledaña o no tanto. Las sustancias persistentes que frecuentemente son mencionadas como contaminantes de las plantas, se caracterizan, entre otras cosas, por su capacidad de viajar grandes distancias respecto de su fuente de emisión.
[iii] Dirección Nacional de Medioambiente de Uruguay.
[iv] Declaraciones de Raúl Estrada Oyuela (30/01/06), representante para asuntos ambientales de la Cancillería Argentina.
[v] Ambas plantas requieren una inversión acumulada que llega a los 1.800 millones de dólares, con capacidad para producir, a partir del 2007, alrededor de 1,5 toneladas de pasta de celulosa al año.
[vi] Que conceptualmente hablando, no tiene nada que envidiarle a la Normativa Argentina.
[vii] El informe de impacto ambiental completo, elaborado por el Banco Mundial, se encuentra disponible en: http://www.ifc.org/ifcext/lac.nsf/Content/Uruguay_Pulp_Mills_CIS.
[viii] La Unión Europea, a través de la Comisión Europea sobre la Prevención y Control Integrados de la Contaminación (EIPPC), ha desarrollado el concepto de Mejores Técnicas Disponibles (BAT, por sus siglas en inglés) que se definen como la etapa más avanzada y eficaz en el desarrollo de actividades productivas que reduzcan las emisiones y su impacto sobre el medioambiente. Estas BAT están en permanente revisión y su instrumentación permite relacionar los desarrollos tecnológicos de producción y minimización de impacto ambiental, con la normativa ambiental aplicable.
[ix] El Banco Mundial, a través de declaraciones periodísticas hechas por Mauricie Attie (15/02/06), analista ambiental de la Corporación Financiera del Banco Mundial, ha expresado que «se debe admitir que el informe (…de impacto elaborado por el BM…) es perfectible. Esa es la razón por la cual se están haciendo consultas públicas». Esto deja claro que existe un margen para revisar los acuerdos existentes hasta ahora.
[x] Asumido este razonamiento, cabe preguntarse cuál es el papel objetivo de Greenpeace en todo esto, más allá de las buenas intenciones de la mayoría de los activistas locales.
[xi] Otro ejemplo: se ha argumentado que las plantas en funcionamiento aumentarían algunos grados la temperatura del Río en los entornos de los puntos de descarga de efluentes líquidos y eso significaría un desastre ecológico. Sin embargo, la contaminación térmica no está definida en ningún lado de la normativa Argentina o Uruguaya y no hay entonces manera de controlarla; no es punible.
[xii] En un cálculo conservador y sumando las emisiones líquidas y atmosféricas de ambas plantas, la consultoría del Banco Mundial estimó la liberación de dioxinas y furanos en 0,56 miligramos por día, cantidad muy relevante. Ver informe de evaluación de impacto ambiental del BM.
Guido Mastrantonio es Dr. en Ciencias Químicas, Docente UNLP – Profesor de Toxicología