La Paz, octubre 27, 2004.- Poderosas compañías petroleras han comenzado a tejer una gigantesca campaña de presión y amedrentamiento sobre Bolivia para preservar sus millonarios negocios. De la conjura participan ministros de Estado, empresarios, dirigentes cívicos, las élites dominantes y altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y de los organismos internacionales de financiamiento. […]
La Paz, octubre 27, 2004.- Poderosas compañías petroleras han comenzado a tejer una gigantesca campaña de presión y amedrentamiento sobre Bolivia para preservar sus millonarios negocios. De la conjura participan ministros de Estado, empresarios, dirigentes cívicos, las élites dominantes y altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos y de los organismos internacionales de financiamiento.
Todos, unos de manera abierta y otros con cierto disimulo, trabajan para que aborte la nueva Ley de hidrocarburos, aprobada provisionalmente por el Congreso en su primera de tres estaciones y que impone a las petroleras el pago de más impuestos, aunque en contrapartida les garantiza la propiedad, el uso y el disfrute de las ingentes reservas de gas y petróleo de Bolivia, las segundas en importancia de Sudamérica.
Este proyecto de ley, impulsado por el ala izquierdista del Congreso, por los partidarios del diputado cocalero Evo Morales, no tiene sin embargo nada de «nacionalizador», menos de «expropiación de reservas y propiedades de las petroleras», como exigen los sindicatos y organizaciones sociales y populares, pero igual es rechazado por las transnacionales, que no quieren dejar de ganar, y menos perder, ni un solo centavo.
La consigna del poder petrolero es no pagar el 50% de regalías ni migrar obligatoriamente a nuevos contratos, con mayores exigencias y controles, tal como prevé el proyecto aprobado «en grande» por el Congreso, que sesionó la pasada semana bajo la presión de miles de campesinos, cocaleros y mineros.
En cambio, las transnacionales quieren mantener todos los privilegios y ventajas obtenidas al amparo de las leyes promulgadas por el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue derrocado hace un año precisamente por defender, a fuego y metralla, los intereses petroleros. Hoy las petroleras quieren imponer su ley, mediante la presión, las amenazas y el chantaje, ablandando el proyecto de ley del Congreso y reduciendo la presión tributaria hasta un 32%, como plantea en el fondo la propuesta pro petrolera del presidente Mesa.
PRESIÓN EN AUMENTO
La presión del poder petrolero es intensa. A una semana que el Congreso desactivara la presión social, con la «aprobación en grande» de la ley y la autorización para enjuiciar a Sánchez de Lozada y a todos sus colaboradores, el Secretario adjunto del Departamento de Estado para la región Andina, Charles Shapiro y el embajador de ese país, David Greenlee, visitaron al presidente Carlos Mesa para dejarle claramente establecido que no aceptarán una ley que afecte a las petroleras.
Lo mismo advirtió Marco Aurelio García, el enviado especial del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula, aunque en un tono más conciliador y diplomático en defensa de Petrobras, el consorcio brasileño que controla gran parte de las reservas de gas y petróleo de Bolivia, junto a Repsol, British Petroleum, Total, Enron, Shell y otras.
Por su lado, altos funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional dijeron lo suyo ante el Congreso y exigieron una ley que viabilice el millonario negocio transnacional de exportación de gas a Estados Unidos, México y Argentina.
Todos ellos amenazan con suspender la ayuda económica para Bolivia, cortar los créditos y aislar en sus montañas al país del altiplano.
«Bolivia se hundirá en el descalabro con la ley aprobada por el Congreso», repite una y otra vez José Galindo, el ministro de la Presidencia y vocero del presidente Carlos Mesa, que ha hecho frente común con el poder petrolero, siguiendo la misma línea del ex presidente Sánchez de Lozada.
Los empresarios y dirigentes cívicos apuntan en la misma dirección. Las élites que controlan las organizaciones y entidades regionales, donde los sindicatos están arrinconados, también presionan para que el Congreso, de amplia mayoría neoliberal, «deje de temblar» ante la presión social y modere los alcances de la nueva ley, bajando los impuestos a los niveles exigidos por las petroleras.
En las últimas horas la presión ha ido en aumento. La «asamblea de la cruceñidad», vocero de las élites de Santa Cruz, el departamento más pujante del país, decretó una paro cívico y amenazó con declarar la resistencia civil y la autoconvocatoria a una Asamblea Constituyente regional para definir su futuro, si el gobierno no accedía a sus demandas regionales y el Congreso persistía con su ley de hidrocarburos.
La Asamblea de la Cruceñidad exige que el Congreso suspenda el análisis de la nueva ley hasta el 2005 y hasta encontrar un nuevo proyecto que armonice los intereses de la población con los de las petroleras.
LA ACCIÓN POPULAR
Estas exigencias son rechazadas, sin embargo, por los sindicatos y organizaciones populares, que demandan no sólo que el Estado cobre más impuestos a las petroleras, sino que van por la nacionalización del gas y el petróleo.
En contra del poder petrolero, las fuerzas vivas de la ciudad de El Alto ya han programado un paro para el 15 de noviembre. Las organizaciones sindicales y vecinales de El Alto exigen la extradición de Sánchez de Lozada, refugiado en Estados Unidos, la nacionalización del gas y la atención a las demandas de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), la Central Obrera Regional y la Federación de Gremiales el pasado año.
La Central Obrera Boliviana (COB) y la Coordinadora de Defensa del Gas también alistan nuevas acciones de masas para mediados de noviembre.