Las petroleras vs. Bolivia o Los precios del mercado interno

A partir del pasado octubre casi todos hemos tenido la esperanza de que la salida del anterior presidente implicaría la corrección necesaria y ya ineludible en las funciones del ejecutivo de modo tal que reflejaran los intereses nacionales bolivianos sin que ello implicara ninguna persecución ni actitud negativa hacia las petroleras pero si defender los intereses nacionales en su justo medio. Cumplir con tal tarea habría sido responder a la razón de ser de todo ejecutivo nacional tanto en Bolivia o en cualquier país. Lamentablemente, los hechos han venido a disipar esta legítima esperanza e ilusión.

Antes, durante y después de Referéndum han estado circulando en nuestras mentes, en nuestros diálogos y debates muchos interrogantes que ni nuestro ejecutivo, ni sus ministros y menos la superintendencia o YFPB los han respondido y paradójicamente, ahora el ejecutivo pretende erigirse en el único y exclusivo interprete de la voluntad de nuestro pueblo y su voluntad reflejada en el Referéndum.

Una de estas preguntas gira alrededor de los motivos y las razones de porqué para calcular las regalías, los impuestos, etc., que las empresas petroleras tendrían que pagar al Tesoro General de la Nación se hace de acuerdo con una canasta de factores nacionales de producción, siendo que la venta del energético se hace más en función del precio internacional. Sobra recalcar que tal cálculo es excesivamente perjudicial para nuestros intereses nacionales en la misma medida que es injustamente ventajoso para los intereses de las transnacionales petroleras. Con seguridad, en esta parte, el Estado boliviano deja de percibir algunos centenares de millones de dólares que quedan a favor de las mencionadas empresas.

En cambio, y aquí está la segunda parte de la pregunta, para calcular los precios del energético y sus derivados, para su consumo en el mercado nacional, se basa en el precio internacional, siendo que el recurso es boliviano y se produce en Bolivia. Lo lógico es que la base del cálculo ha de hacerse en base a un promedio de los costos de producción nacionales.

La subvención que el Estado paga a las petroleras para cubrir la diferencia entre el precio de venta a las refinerías y el precio internacional, implica que todos nosotros, indirectamente, le estamos pagando a las petroleras la diferencia y que tal subvención no se dirige a ayudar a los bolivianos sino a enriquecer indebidamente a las petroleras. En este caso, igual que el anterior, los bolivianos terminamos pagando innecesariamente, otros tantos centenares de millones de dólares a favor de las petroleras.

Si no se puede considerar la tabla que está líneas más abajo, como oficial, pero con toda seguridad se la puede tomar como oficiosa y con números fidedignos. Un somero análisis de estos números nos da varios indicadores preocupantes tanto del comportamiento de las petroleras como de nuestros Poderes tanto el ejecutivo como el legislativo y nos dan una clara idea de cómo defienden los intereses de las transnacionales en perjuicio de los nacionales.

De acuerdo con el punto 2 y el punto 3 la suma de los costos de un barril de petróleo (incluyendo los costos de capital) o su equivalente de gas es de unos 2,7 dólares y no de 27,3 como precio base que figura en la tabla. Es decir 10 veces mayor. Ahora bien, no hay que pecar de exagerados; se entiende que entre las refinerías y el consumidor tiene que haber unos costos de refinamiento y de transporte que obligarían a añadir un razonable porcentaje a los costos de exploración y de producción (2,7 dólares). Pero aun con esto la ecuación sigue siendo desequilibrada a favor de las petroleras.

Pero la cuestión no termina con esto. En base a esta tabla vemos que con este precio de calculo, las utilidades de las petroleras giran alrededor del 47,32% en el caso del petróleo y de 24,28% en el caso del gas. Frente a tamaño margen de utilidades salta la interrogante de cual sería el motivo de nuestro ejecutivo; presidente y ministros de regalar el dinero de los bolivianos a las petroleras para cubrir la diferencia entre el precio acordado del crudo (27,3 dólares) y el precio internacional del mismo. Siendo que las petroleras tienen estas utilidades considerables con este mismo precio convenido. Ya es momento de poner fin al despilfarro del dinero de los bolivianos.

Dentro de la lógica del absurdo y frente a las últimas protestas populares el ejecutivo cede congelando los actuales precios por unos 100 días para volver de nuevo al mismo circulo vicioso de aumentos – protestas – congelamiento – aumento – protestas, etc. Esto es el cuento de nunca acabar. Ya es tiempo de poner los las cosas en su sitio y darle el derecho a los bolivianos y a su economía de poder hacer uso razonable de un recurso propio para ponerlo al servicio del desarrollo del país. Es hora de fijar precios para el mercado interno preferenciales y en base a los costos de producción en el país.

Esto trae a colación otro aspecto del mercado nacional que está costando otra millonada a los bolivianos. Nos referimos al diesel tan necesario, especialmente para la producción agrícola, y que se tiene que importar. Siendo Bolivia país productor de gas que es la materia prima para producir un diesel ecológico y de mejor calidad. Además con una política nacional de industrialización se podrá exportar tanto diesel como electricidad producida en base al mismo gas pero lamentablemente esta industrialización figura tanto en el Anteproyecto de Ley Corta como en las declaraciones de nuestro ejecutivo como un simple saludo a la bandera, como un slogan publicitario para promocionar su Anteproyecto.

Es muy alto, excesivamente alto, el precio que han ido pagando y de modo continuo, las sucesivas generaciones de bolivianos por la constante exportación de nuestros recursos naturales no renovables a lo largo de nuestra historia tanto la colonial como la republicana. Ya es hora de aprender la lección; continuar con esta política no significa más que la exportación de nuestras riquezas para quedarnos con la miseria que se ha hecho ya crónica en nuestra realidad nacional.

Las jornadas de febrero y octubre han implicado un alto precio en sangre y vida pagado por los bolivianos, y tenían una finalidad muy concreta; rechazar el sistema neoliberal que el anterior presidente impuse al país llevándolo a los actuales niveles de empobrecimiento. Estos anhelos y esperanzas no pueden ser respondidos con el afianzamiento del mismo modelo neoliberal que parece ser el punto cardinal orientador del nuestro ejecutivo nacional. Esto sería una garantía que cierra el camino hacia un futuro digno de nuestro país y un seguro para volver a la zozobra, la inestabilidad social, política y económica.