El referéndum o consulta vinculante exigido por el pueblo boliviano al ex presidente Sánchez de Losada, fue planteado como uno de los retos que Carlos Mesa visualizaba al momento de ser posesionado como primer mandatario, con la fina-lidad de que sea el pueblo boliviano en edad de votar, quien defina las políticas y estrategias estatales […]
El referéndum o consulta vinculante exigido por el pueblo boliviano al ex presidente Sánchez de Losada, fue planteado como uno de los retos que Carlos Mesa visualizaba al momento de ser posesionado como primer mandatario, con la fina-lidad de que sea el pueblo boliviano en edad de votar, quien defina las políticas y estrategias estatales para el manejo de los hidrocarburos del país, y se comprometía a garantizar su realización en el más breve plazo.
Sin embargo, es importante recordar que este referéndum vinculante no era exigido por el levantamiento popular de octubre ante la ausencia de las mencionadas políticas y estrategias hidrocarburíferas, sino porque éstas consistían básicamente en la transferencia del control y aprovechamiento de los principales yacimientos a las transnacionales petroleras, incluyendo obviamente la entrega del patrimonio de YPFB consistente en todo tipo de instalaciones en pleno funcionamiento, a cambio de supuestas inversiones «capitalizadoras» que finalmente nunca llegaron y si lo hicieron fue más lo que sacaron del país aquello que supuestamente invirtieron los denominados «socios estratégicos» o «capitalizadores».
Al tratarse de un referéndum vinculante, es decir una consulta popular cuyos resultados tendrían carácter de mandato constitucional para todos los poderes del Estado, lo menos que podía esperarse era que las preguntas fuesen claras y no dejen lugar a futuras interpretaciones.
Por un lado, y que se someta al veredicto del pueblo temas como los que se reclamaron en el levantamiento de octubre, como el de la rescisión de contratos con las capitalizadoras y la restitución del patrimonio nacional.
Una lectura minuciosa de las 5 preguntas del referéndum convocado por el Gobierno de Carlos Mesa, nos permite afirmar lo siguiente:
* 1. Son preguntas confusas y plagadas de tecnicismos, que pueden generar confusión en las personas que acudan a responder a la consulta popular
* 2. Al ser preguntas confusas y plagadas de tecnicismos, sus resultados son susceptibles de manipulación o «interpretación» por parte de quienes estarían constitucionalmente obligados a cumplir el mandato popular emanado del referéndum vinculante.
* 3. No consulta sobre aquellos temas que provocaron el levantamiento popular de octubre y que concluyó con la renuncia de Sánchez de Losada a la Presidencia de la República. Rescisión de contratos con las capitalizadoras, restitución del patrimonio nacional y finalmente, no a la exportación del gas boliviano por puerto chileno.
* 4. A la vez que no consulta sobre los temas considerados de fondo por el levantamiento popular de octubre, combina artificiosamente dos problemáticas disímiles como son las de los hidrocarburos y la centenaria reivindicación marítima boliviana, para finalmente preguntar si es que estamos de acuerdo con la exportación del gas en el marco de una supuesta política nacional que permita cubrir su consumo en las familias bolivianas, fomente su industrialización, cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras de hasta un 50% de valor de la producción de gas y petróleo, y finalmente, se destinen a la inversión social los recursos de exportación e industrialización de estos energéticos.
La lógica del gobierno de Mesa parece ser la del chantaje encubierto, pues en palabras sencillas estaría preguntando que si queremos mar, tenemos que darles gas a los chilenos, y si deseamos una mayor inversión social e industrialización de nuestros hidrocarburos, tenemos que exportar.
Desde nuestro punto de vista, no se trata de saber a cual preguntar responder con un SI o con un NO. Se trata de entender, que en el fondo, tal como denunció públicamente René Blattman, que es el único boliviano que ha llegado a formar parte de la Corte Internacional Penal, este Referéndum está fundamentalmente dirigido a legitimar el Gobierno del presidente Mesa, y obviamente, a darle continuidad a las políticas de Sánchez de Losada. Primera Pregunta.
¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos No. 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada?
Abrogar es el acto de reemplazar en su totalidad una ley con otra.
En esta pregunta el problema no radica en que se utilice el tecnicismo «abrogación» o se haya colocado el nombre del «autor» de la Ley de Hidrocarburos vigente, sino en las fundadas dudas que en los más importantes sectores de la sociedad civil ha desatado la conducta de Carlos Mesa en el tratamiento a la problemática hidrocarburífera.
En lo que va de su gestión gubernamental, Carlos Mesa ha demostrado público interés en consensuar un proyecto de Ley de Hidrocarburos con las empresas petroleras, aún antes de concertar con la sociedad civil las lí-neas maestras de lo que debería expresarse en tan importante instrumento legal. Con este objetivo ha sostenido infinidad de contactos con representantes del sector hidrocarburos, para finalmente plantear al país en su conjunto un anteproyecto que de forma poco disimulada daría continuidad a la política hidrocarburífera impulsada por Gonzalo Sánchez de Losada.
Otro elemento que contribuye a convertir en certezas las dudas sobre la actuación del presidente Mesa, es el perfil de los varios ministros de hidrocarburos que designó, y todos terminaron renunciando por las presiones provenientes de diferentes sectores de la sociedad, preocupados por la orientación que estaban dando a su gestión, y por sus antecedentes personales y profesionales.
Hasta el momento han pasado por el Ministerio de Hidrocarburos Alvaro Ríos, Antonio Aranibar, Mauricio Galleguillos, Xavier Nogales y Guillermo Torrez. Todos, a excepción de Galleguillos que cumplió esas funciones interinamente por menos de una semana, se vieron obligados a renunciar por la presión social ejercida por importantes sectores de la ciudadanía. Todos sin excepción, tuvieron vínculos con empresas petroleras y con Gonzalo Sánchez de Lozada, a excepción de Alvaro Ríos, ligado al ex presidente Jorge «Tuto» Quiroga (ADN).
Actualmente se encuentra al frente del estratégico ministerio, Francesco Zaratti, de quien inicialmente en los mismos sectores que exigieron y lograron la renuncia de los anteriores ministros de hidrocarburos de Carlos Mesa, tenían una opinión favorable, pero a medida que ha pasado el tiempo, han salido denuncias públicas en las que se ponen en evidencia vínculos con Sánchez de Lozada y las petroleras.
Por lo anterior, es que sin temor a equivocarnos podemos afirmar que no se trata de simples susceptibilidades, sino todo lo contrario, dadas las evidencias de una línea gubernamental en la gestión de Mesa demasiado comprometida con la orientación de Sánchez de Losada en materia de hidrocarburos.
Esto significa que en caso de obtener el SI respaldo ciudadano mayoritario en el Referéndum, como parece ser la tendencia en la población boliviana, el actual presidente simplemente entregaría al Parlamento un anteproyecto de Ley de Hidrocarburos que si bien abrogaría o sustituiría la que se encuentra en vigencia, sus efectos prácticos serán una continuidad de la política impuesta por Sánchez de Losada, y obviamente será favorable para las petroleras. En el mejor de los casos, abrirá la posibilidad de una revisión de los contratos una vez se hayan cumplido los plazos acordados entre el Estado de Bolivia y estas empresas, es decir luego de 40 años. Eso si, la «nueva» ley regirá para los contratos que a futuro se realicen.
De producirse este desenlace, una vez más el pueblo boliviano verá defraudada la confianza depositada en sus gobernantes, y sus efectos pueden ser impredecibles. Segunda Pregunta.
¿Está Usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el estado boliviano?
Esta pregunta aborda otro ámbito de la problemática hidrocarburífera que ha sido parte de las demandas de la movilización de octubre, y que está con relación a la recuperación del patrimonio nacional.
Sin embargo, la pregunta acude a un tecnicismo – boca de pozo -, en busca de no plantear abiertamente lo demandado por los sectores más importantes de la sociedad boliviana.
Boca de pozo, no es otra cosa que un equipamiento que se coloca sobre un pozo productivo y que está destinado a regular la salida del flujo de los hidrocarburos. Dicho con palabras mas sencillas, es una válvula.
La movilización de octubre del 2003, reclamaba la recuperación del patrimonio nacional, es decir que el Estado boliviano vuelva a tener control real sobre todo el proceso de producción petrolera, para que en caso de necesidad se tengan posibilidades de establecer negocios favorables para el conjunto de la población boliviana, y no como sucede en la actualidad, que hemos quedado a merced de la voluntad y caprichos de las empresas petroleras.
De acuerdo a declaraciones públicas de varios funcionarios del gobierno de Mesa, si la mayoría de las personas que concurran al Referéndum responden SI, las consecuencias inmediatas serían:
* Los contratos futuros a ser suscritos mediante YPFB autárquico, deberán contemplar explícitamente que la propiedad de todos los hidrocarburos medidos en boca de pozo son del Estado, el cual podrá traspasar a la empresa privada en los términos previstos. Estos a su vez, podrán ser de «operación» o de «producción compartida», debiéndose, en principio, descartar los de riesgo compartido. * En cuanto a los contratos vigentes, éstos podrán ser revisados, independientemente del resultado del referéndum, recurriendo, si corresponde, a las cláusulas de resolución, rescisión o anulación señaladas en los mismos contratos. * En caso de contratos que se convirtieran de riesgo compartido a otros estipulados en la nueva ley, éstos deberán aceptar la inclusión de la cláusula de propiedad o, cuanto menos, eliminar el inciso 3) de los actuales contratos de riesgo compartido.
La posición pública del gobierno respecto a lo que implicaría un SI de la ciudadanía a la segunda pregunta, es la evidencia de que no existe interés real de recuperar el patrimonio nacional hidrocarburífero y continuar favoreciendo a las transnacionales petroleras.
No se trata de simplemente de escribir en una de las cláusulas de un contrato que los hidrocarburos son del Estado, sino de que éste actúe en todo el proceso de aprovechamiento sostenible de tan importante recurso natural no renovable, como representante de sus verdaderos dueños: el pueblo boliviano, y que por tanto, su explotación tenga impacto real en el desarrollo nacional.
Pensar en la simple «recuperación de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo», es solo una parte del problema. El tema de fondo es tener la voluntad política de recuperar el patrimonio nacional, es decir, el control absoluto del proceso de explotación hidrocarburífera, las instalaciones que pertenecían a YPFB y fueron entregadas a las transnacionales, y finalmente la capacidad de regular la economía nacional desde el proceso de comercialización de combustibles y lubricantes, factor importante para estimular la producción interna.
Sobran las razones para que aún, sin el referéndum, existiendo voluntad política de parar el proceso de descapitalización que se viene produciendo en Bolivia como consecuencia de haber entregado nuestros hidrocarburos a «precio de liquidación», se revisen y rescindan o anulen los contratos suscritos entre el Estado boliviano y las transnacionales petroleras, porque todo el tiempo, se tienen denuncias documentadas y públicas de los incumplimientos a los términos de los mismos, a pesar de ser tan desfavorables para el país.
Finalmente, con el tiempo de vigencia que han tenido las condiciones establecidas en los contratos petroleros en nuestro país, ya no podemos dudar de que si este recurso natural no renovable tan importante para la industria y el transporte en cualquier lugar del planeta, continúa siendo explotado como si Bolivia fuera una colonia o un país militarmente ocupado, las posibilidades de salir de nuestro atraso son en la práctica, inexistentes, y deberemos acostumbrarnos a ver cómo diariamente se deteriora mas nuestra calidad de vida, eligiendo gobiernos, que no tienen la capacidad de decidir sobre ningún aspecto de relevancia para la vida en sociedad ni para la economía, lo cual los hace lamentablemente prescindibles. Tercera Pregunta.
¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de los bolivianos y las bolivianas en las empresas capitalizadas, de manera tal que pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos?
En esta pregunta la dirección que el gobierno del presidente Mesa pretende darle a una posible refundación de YPFB, está muy clara: «De manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos».
Para que nuestra economía y la soberanía nacionales tengan en la actividad petrolera un puntal importante, no se trata simplemente de que el «nuevo» YPFB participe en toda la cadena productiva de los hidrocarburos, sino de que el Estado a través de la empresa estatal petrolera pueda tener un control efectivo sobre estos procesos, no solo que cumpla el papel de ser una mas, pretendiendo estar en las mismas condiciones que las transnacionales, porque de ser así, no hemos ganado nada.
En los hechos se trata de tener la posibilidad de plantearnos el desarrollo desde nuestra propia perspectiva, entendiendo obviamente que vivimos en un mundo globalizado, y para ello, está demostrado que el Estado, y obviamente hablamos de un «nuevo tipo de Estado», debe tener la capacidad de incidir directamente en la economía de su propio país, sino estamos simplemente ante la tragedia de que lo sucedido en Bolivia desde la implementación de los programas de ajuste estructural o neoliberalismo, se vuelva a repetir.
Se trata en resumidas cuentas, de pensar en nuestra propia viabilidad como país. No es un tema de meros sentimientos nacionalistas.
Estudios realizados por instituciones e investigadores reconocidos nacional e internacionalmente, revelan que Bolivia dejó de percibir 3.152 millones de dólares en el periodo 1.996-2001, por la «capitalización» de Y.P.F.B. y la reclasificación de los campos.
Todos estos años de explotación petrolera a cargo de las transnacionales, nos han vuelto a demostrar a bolivianos y bolivianas, que si no somos nosotros los que aprovechamos directamente nuestros recursos naturales, quien lo haga bajo contrato de explotación, de concesión o cualquier otra forma, terminará siendo el único beneficiado y nuestro país, el gran perjudicado. Cuarta Pregunta.
¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano pacífico?
Esta pregunta, tiene todas las características de un chantaje abierto a bolivianos y bolivianas.
Si lo redactásemos de otra manera, podríamos preguntar:
¿Quieren mar? Si responde sí, entonces acepte que tenemos que venderles gas a los chilenos y usar sus puertos para exportar nuestros hidrocarburos a otros países.
Pero si se diera el caso de que ganara el SI, en los términos que actualmente está formulada la pregunta, que podría suceder…???
Bolivia podría recuperar realmente la propiedad del territorio nacional perdido en la Guerra del Pacífico?
Se han tenido declaraciones de funcionarios del gobierno chileno y boliviano, difundidas a nivel mundial sobre el tema, y resulta claro, que a pesar de que les vendamos gas a los chilenos y exportemos nuestros hidrocarburos a través de puertos chilenos, Bolivia no recuperará el Litoral, solamente logrará tener un área de acceso al mar, y sin soberanía. Es decir, podríamos tener acceso al mar, pero en calidad de «inquilinos» dispuestos a pagar un alto precio.
Y cual sería ése precio? Resulta que Bolivia actualmente tiene en su territorio nacional el 42% que existe en América Latina, y por tanto puede jugar un rol fundamental si sabe administrar este recurso natural no renovable, y es posible que pueda jugar un rol geopolítico de primer orden en el área.
Si por el contrario, a cambio de un corredor que le permita el acceso al mar, vende gas a Chile y exporta sus hidrocarburos por puertos chilenos, solamente contribuirá a convertir al vecino país, en un punto de importancia geopolítica vital para todo el subcontinente (América del Sur), dado que funcionará como un centro energético de distribución continental y con ello, Bolivia seguirá funcionando como un simple proveedor de materias primas, al cual solo le quedan los campamentos abandonados, una vez se agotó el recurso explotado. Quinta Pregunta.
¿Está Usted de acuerdo con que bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que: cubra el consumo de gas de las bolivianas y bolivianos; fomente la industrialización del gas en territorio nacional; cobre impuestos y regalías a las empresas petroleras llegando al 50% del valor de la producción del gas y el petróleo a favor del país; destine los recursos de la exportación e industrialización del gas principalmente para educación, salud, caminos y empleos?
Esta pregunta, tiene la misma esencia que la anterior, pues también está planteada como un chantaje descarado. Siguiendo la forma de razonar que desarrollamos con la pregunta 4, podríamos preguntar:
¿Quiere usted que se industrialice el gas en Bolivia, cobremos impuestos mas altos a los que explotan nuestros hidrocarburos, y destinemos estos recursos especialmente para educación, salud y caminos?
Si usted quiere lo anterior, entonces, acepte que debemos exportar nuestro gas…!!!
En esta pregunta se está jugando con necesidades fundamentales de la población boliviana, como educación, salud, caminos y trabajo, por un lado.
Por otro, se trata de vender la ilusión que ya nos hicieron sentir, cuando en sus campañas electorales, nos hablaban de que con la capitalización Bolivia tendría más trabajo y mejoraría la vida de bolivianos y bolivianas. De que con la capitalización, nuestras empresas se fortalece -rían.
Ahora la ilusión es que cobrando hasta el 50% entre impuestos y regalías a las empresas transnacionales que aprovechen nuestros hidrocarburos, tendremos recursos económicos para destinarlos a responder a las más sentidas demandas sociales de bolivianos y bolivianas.
Acá uno se pregunta, cómo es posible plantearse esa situación, si el Estado boliviano, no ha tenido la capacidad de cobrar a las petroleras más allá del 3% del 18% que establece la actual Ley de Hidrocarburos…???
También la pregunta hace alusión a una política nacional que cubra el consumo de gas de bolivianos y bolivianas. En lo que se este aspecto se refiere surge de inmediato otras preguntas.
¿Podrá el bolsillo de bolivianos y bolivianas, seguir pagando un precio por la garrafa de gas, que en nuestro país es superior al que las trasnacionales lo venden en el extranjero?
¿Será ésta una política que permite el crecimiento del mercado interno o por el contrario, lo va achicando, estrangulando, por la vía de cobrarle al consumidor boliviano un precio más elevado por un recurso como el gas para uso doméstico, que se tiene en abundancia, y que es un artículo de primera necesidad?
En ambos casos, la respuesta obvia es NO.
En esta pregunta también se habla de una política nacional que fomente la industrialización del gas en territorio nacional.
Desde nuestro punto de vista, resulta imposible pensar en la implementación de una política nacional que fomente la industrialización del gas en territorio nacional, si es que se mantienen las actuales reglas de juego, que son totalmente favorables para las transnacionales petroleras, y totalmente lesivas para el país.
Para cualquier boliviano o boliviana, debe estar absolutamente claro que las transnacionales no tienen como su prioridad el promover el desarrollo nacional en ningún país donde estén realizando sus operaciones. El único interés prioritario que tienen es obtener cada vez mayores ganancias con menores inversiones. Es el lucro o ganancia fácil, por eso es que se esmeran en controlar gobiernos, partidos políticos y cuando les es posible, a las mismas organizaciones sociales, para tener un ambiente adecuado para lograr sus objetivos económicos.
La industrialización de una materia prima, y más si se trata de un energético como el gas, solo puede ser preocupación de los Estados que los tienen, si es que quieren jugar algún rol de significación en la vida de su población.
Se tiene abundancia de estudios y análisis de experiencias en otros países, donde las transnacionales han priorizado la exportación sobre el mercado interno por su mayor volúmen de demanda, posibilidad de precios más elevados, desarrollo de mayor número de eslabones en la cadena productiva (separación, transporte, licuefacción, transporte, regasificación, transaporte, venta a mercados finales ampliados. Con la exportación globalizan más fácilmente su contabilidad y reducen radicalmente sus costos operativos, que es su preocupación central en función de obtener mayores ganancias.
Lamentablemente, esta pregunta al igual que las otras 4 anteriores, expresan con un lenguaje algo suavizado, la visión de Sánchez de Losada, respecto a la problemática de la explotación de recursos naturales no renovables, en la cual, desde su punto de vista, el capital transnacional permitiría al país contar con recursos frescos para dinamizar nuestra economía, y obviamente eso implica la presencia de las empresas transnacionales, convertidas en agentes económicos.
Esa visión del desarrollo, en nuestro país, ha sido un verdadero fracaso, y ha convertido al actual Estado en algo que no tiene mayor significación para la vida de los bolivianos. Conclusiones.
Para contextualizar nuestras conclusiones, recogeremos partes sobresalientes de una entrevista realizada a René Blattman en el matutino «El Deber» de Santa Cruz de la Sierra, el 02 de Julio del año en curso.
En la misma, Blattman plantea que desde su punto de vista, «Las preguntas están dirigidas a que se vote por el sí. Prueba de ello es que aparece el nombre de un ex gobernante que goza de la antipatía de la mayoría de la población. Cuando se pone el nombre de las personas, es porque se está buscando un efecto parecido al de la consulta convocada por el general (Augusto) Pinochet (ex presidente de Chile), que es conocido como uno de los referéndum más abultados de la historia, pero el nuestro es más todavía. En el fondo esto no es un referéndum, sino un plebiscito aclamatorio de una política o un personaje».
El entrevistado, al ser consultado sobre otro tema, responde que «Lo que debe entenderse es que el referéndum debe ser claro, que no sea inducido, y sencillo, peor aún más si estamos en un país con altos índices de analfabetismo. Creo que el gran error de la mayoría de los gobernantes en Bolivia es que cuando llegan al poder se consideran los iluminados y quieren imponer lo que ellos creen que es bueno, sin importarles lo que piensa el pueblo».
Al ser consultado Blattman, sobre la forma en que han sido planteadas las preguntas del Referéndum de Mesa, expresó:
«Las preguntas están confeccionadas de tal forma que hasta los mismos legisladores le dan diferentes interpretaciones. Algunos dicen que tal pregunta se refiere a la nacionalización (de los hidrocarburos y las empresas), otros dicen lo contrario. Esto significa que en un país tan pobre se está gastando 30 millones de bolivianos en un proceso aclamatorio. Esto no es bueno, porque no es el espíritu de un referéndum».
Cuando se le preguntó sobre el impacto político del referéndum en caso de realizarse en las condiciones que ya están planteadas, esta personalidad indicó que: «…se logrará algo parecido a la Alemania nazi, donde después de tres referéndums se suspendió la medida y nunca más se realizó por temor a la manipulación. La gente perdió la confianza en el instrumento, porque se pretendió utilizar de una manera específica. No hay que olvidar que el origen histórico de la consulta en Bolivia fue la convulsión de octubre y el compromiso presidencial de convocar un referéndum».
Al referirse a otros aspectos relacionados con el referéndum, Blattman continúa diciendo: «En este momento lo que se debe buscar es conocer lo que quiere la gente. Si uno tiene miedo a las respuestas de las personas y si considera que el proceso no es viable, lo mejor es no hacer la consulta. Me llama la atención que en un simulacro que se hizo hace poco tiempo en El Torno, la mayoría de la gente no sabía nada sobre el referéndum, incluso algunos preguntaban dónde estaban los candidatos de ADN, del MIR, del MNR, etc., etc.»
Asimismo, en criterio de René Blattman, se han roto las reglas de oro de la consulta.
En primer lugar, porque no se debe convocar un referéndum en época de convulsión o de polarización, ya que la intención es buscar la unión y no la desunión.
En segundo lugar, no es bueno vincularlo a una persona porque el Referéndum no es un plebiscito, sino que es un mecanismo democrático a través del cual el Gobierno escucha al país y no trata de imponer una medida. Por lo general, es un instrumento de consulta y no de aclamación.
René Blattman respecto a la necesidad y posibilidad de revisar, modificar y/o rescindir o anular los contratos con las petroleras, Blattman plantea que «si en un contrato hay una parte leonina y se firmó en un momento necesario, eso se puede cambiar. Es bueno tener claro que un contrato es para revisarlo. Es una coincidencia de voluntades, pero si una de las partes no va en esa dirección, habrá que modificarla y eso no tiene nada que ver con inseguridad jurídica porque en todas partes se revisan los convenios, incluso en los Estados Unidos».
Al finalizar la entrevista, esta personalidad boliviana nacional e internacionalmente reconocida, en una especie de advertencia dice: «Los bolivianos no estamos contentos con la forma en la que se están utilizando los recursos energéticos y creo necesario que se escuche el clamor de la gente».
A nuestro modo de ver, resulta claro que el referéndum convocado por el presidente constitucional de la república, Carlos Mesa, no es otra cosa que un intento por distorsionar el mandato surgido del levantamiento popular de octubre del año pasado, buscando legitimarse como mandatario del país, además de lograr un otro objetivo político que pareciera ser la verdadera intención presidencial, como es la de dar continuidad con otro tipo de discurso y una conducta aparentemente democrática a la estrategia hidrocarburífera de Gonzalo Sánchez de Losada.
Desde el punto de vista estrictamente técnico, el referéndum a realizarse el próximo 18 de julio, al contener preguntas confusas, ambiguas, además de tecnicismos y estar planteadas como una suerte de chantaje, como sucede con la cuarta y quinta, antes que dotarle de un mandato claro y expreso al gobierno y parlamento bolivianos, solamente se obtendrá un escenario de mayor confusión y conflictividad, que obligará a gobernantes y parlamentarios a realizar ejercicios de interpretación de lo que originalmente debería haber sido un mecanismo de expresión de la voluntad popular en materia de hidrocarburos.
Tal cual están planteadas las cosas, dará lo mismo responder SI o responder NO, intercalar respuestas positivas y negativas a las interrogantes del Referéndum, porque al final de cuentas no se ha preguntado lo que el pueblo exigía en Octubre y los resultados del mismo no significarán una luz para bolivianos y bolivianas, sino una especie de preludio de nuevas y más dolorosas jornadas negras.
Santa Cruz, Julio de 2004
* Abogado del CEJIS