Los integrantes de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Fernanda Génova y Kanki Alonso –demandante en el amparo que recibió dictamen favorable de la Fiscalía Federal– denuncian en esta entrevista la falta de información y participación en el proceso de licitación, responden a los argumentos del Gobierno en favor de la explotación petrolera en el Mar Argentino y advierten la inexistencia de un plan de transición energética.
“¿Cómo va a ser manejable el riesgo ambiental a 300 kilómetros dentro del mar?”, se pregunta Kanki Alonso, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Su compañera de asamblea Fernanda Génova completa subrayando que las “plataformas petroleras offshore se encuentran asociadas a un gran número de accidentes” y señala sin ir más lejos uno ocurrido en la Bahía de San Sebastián (Tierra del Fuego), en la Plataforma Santa Cruz del Sur, operada por YPF. Con Atlanticazo de fondo, agregan otra de las razones que los moviliza: “La desafortunada realidad de los territorios arrasados por el extractivismo nos demuestra que estas políticas de saqueo solo benefician a las corporaciones”.
Ellos junto a otras cientos participaron de la audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente en julio pasado, donde se presentó el estudio de impacto ambiental producido por la consultora Serman, contratada por la noruega Equinor, que explotará el área CAN 100 frente a las costas de Mar del Plata, asociada a YPF y Shell. Señalan que entonces y hasta hoy no tuvieron acceso a “ningún plan estratégico de desarrollo para la transición energética”, a pesar de que el ministro Juan Cabandié habló de comprar “molinos eólicos” con los dólares petroleros.
Ellos salieron a las calles en el Atlanticazo de los primeros días de 2022 y volverán a hacerlo en una serie de actividades que están preparando para que la ola siga creciendo, como lo demostró el surgimiento de la coalición Mirá, un heterogéneo espacio integrado por la asamblea junto a científicos, artistas, escritores, periodistas, directores de cine, músicos, organizaciones campesinas, ambientales y pueblos originarios.
“La evaluación de Impacto Ambiental fue insuficiente e incompleta, y no tuvo en cuenta las condiciones particulares de las áreas marítimas donde pretenden realizar la exploración”, insiste Génova. Ayer, con argumentos similares la titular de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, dictaminó a favor de una medida cautelar que declare inválida la resolución ministerial 436/21. El amparo, latente de ejecución, es uno de otros tantos presentados. Greenpeace junto a la Asociación de Abogades Ambientalistas y otras organizaciones presentaron otro el mismo jueves.
Además de ordenar un estudio de impacto ambiental imparcial y que respete los términos del Acuerdo de Escazú, la fiscal Mazzaferri advirtió sobre actos improcedente en el llamado a licitación al obviar la consulta a Parques Nacionales, debido a que el área de exploración sísmica —que se realizan con constantes ráfagas de disparos aire comprimido al lecho marino— coincide con el recorrido migratorio de la Ballena Franca Austral, declarada Monumento Natural. Esos son parte de los argumentos de la acción presentada por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados, que integra Kanki Alonso.
También entre los argumentos está “el incumplimiento absoluto de la normativa ambiental”, insiste Lucas Landívar, abogado ambientalista patrocinante e integrante de la Comisión de Legales de la Asamblea Mar Libre de Petroleras, y agrega que las “medidas de mitigación” avaladas por el Ministerio de Ambiente “están basadas en datos puramente dogmáticos que contrastan abiertamente con la información científica disponible”.
A la espera de la definición judicial sobre los amparos presentados contra la resolución firmada por Cabandié —que de ser aceptada debería “prohibir de inmediato el inicio de los bombardeos sonoros y tambien investigar la responsabilidad penal del Ministro y funcionarios del Ministerio de Ambiente de la Nación”, explica el abogado ambientalista patrocinante Fernando Cabaleiro—, los integrantes de la asamblea, en diálogo con Tierra Viva, repasan los argumentos del Gobierno, la falta de participación ciudadana en el proceso y los peligros evidenciados por la actividad que, hasta ahora, solo muestra la intención de recaudar algunos dólares. La explotación dejaría solo un 6% por las regalías y la empresa tendrá el beneficio de libre disponibilidad empresaria de 60% de las ganancias generadas.
“El pueblo sólo recibe el pasivo ambiental, mientras que la actividad petrolera afecta directamente nuestras economías regionales, basadas en la pesca y el turismo, así como también el desarrollo socio-cultural, recreativo y deportivo vinculado al mar, que identifica a las ciudades costeras”, lamentan y advierten la presión a favor del proyecto de exploración que realiza el clúster de empresas que ya son proveedoras de materiales y equipos para Vaca Muerta. En paralelo, el Congreso se prepara para tratar una nueva Ley de Hidrocarburos.
Sobre “riesgos ambientales manejables” y “transición energética”
—¿Cómo recibieron las declaraciones del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que defendió la actividad off shore y destacó que “es la primera vez que el Ministerio de Ambiente participa del estudio de impacto ambiental” y la del ministro de Producción, Matías Kulfas, que habló de “riesgos ambientales manejables”?
—Fernanda Génova: Por un lado, la evaluación de Impacto Ambiental fue insuficiente e incompleta, y no tuvo en cuenta las condiciones particulares de las áreas marítimas donde pretenden realizar la exploración y explotación de hidrocarburos. Por otro lado, que el Ministerio de Ambiente sea contralor de la actividad petrolera en el mar no nos da ninguna garantía sobre el proceso. La explotación petrolera costa afuera es altamente riesgosa en todas sus etapas, con altas probabilidades de contaminación. El extractivismo ya genera grandes impactos en todos los territorios donde se instala. Eso no tiene control, las comunidades sufren las consecuencias de esos proyectos de mal desarrollo y el Ministerio de Ambiente sigue mirando a un costado.
—Kanki Alonso: Cuando el gobierno nacional se refiere a que la exploración sísmica y la explotación petrolera off shore atraviesa “riesgos ambientales manejable” choca de frente con las distintas problemáticas socioambientales del país: que no está pudiendo controlar los incendios, que no está pudiendo generar políticas territoriales para que las actividades sean sustentables –con grandes conflictos por las explotaciones mineras a cielo abierto como en Mendoza, Chubut y Catamarca–, que no está pudiendo controlar la aplicación de agrotóxicos, que no puede controlar la intromisión de buques pesqueros en el Mar Argentino. ¿Cómo va a ser manejable el riesgo ambiental a 300 kilómetros dentro del mar?
—¿Y cómo fue la primera experiencia del Ministerio de Ambiente interviniendo en la audiencia pública?
F.G:—Fue convocada por el Ministerio de Ambiente en el marco del proceso de evaluación de Impacto Ambiental del proyecto presentado por la empresa Equinor, que consideramos que no cumple con los principios de accesibilidad y gratuidad que deberían garantizarse en estos procedimientos de consulta pública. Fue convocada con muy poca anticipación y por medios de comunicación con poca llegada a las comunidades costeras afectadas, la información no fue suficiente ni accesible.
—La portavoz del gobierno Gabriela Cerruti dijo que “la transición energética llevará muchos años” y Cabandié prometió “conseguir dólares para comprar molinos eólicos” ¿Ustedes que participaron de la audiencia pública tuvieron acceso a un plan de transición energética relacionado a la explotación de las áreas CAN 100, 108 y 114?
K.A:— Quienes participamos de la audiencia pública no tuvimos acceso a información certera, amplia e integrada de las distintas dimensiones sobre la exploración sísmica que se estaba tratando. Entre ellas, la famosa “transición energética” que la portavoz del Gobierno dice que va a llevar varios años. Nos preguntamos en qué se basa, ya que no conocemos ningún plan estratégico de desarrollo para la transición energética en nuestro país ni presupuestos asignados ni líneas de desarrollo. Por ejemplo, la empresa noruega Equinor tenía, en 2016, dos líneas de inversión asociadas a YPF. Una tenía que ver con un campo eólico, pero en el que Equinor se retiró. ¿Por qué Equinor desistió de un proyecto de energía limpia y avanzó con la explotación offshore? En ese época, durante el gobierno de Mauricio Macri, se realizaron las adjudicaciones del primer concurso de licitación para las áreas de explotación offshore. Las políticas del Estado nacional son las que condicionan las líneas de inversión e influyen en las decisiones de las trasnacionales.
—Para seguir impulsando la actividad petrolera offshore el Gobierno sostiene que el 20 por ciento del gas del país proviene de plantas instaladas frente a las costas de la Patagonia e insisten en que se mantendrán “todos los resguardos ambientales necesarios”…
F.G:— Las plataformas petroleras offshore se encuentran asociadas a un gran número de accidentes en el mar, y hay numerosos antecedentes en el mundo y también en nuestro país, que demuestran el impacto que tiene la explotación petrolera offshore sobre los ambientes marinos. En septiembre de 2019, en la Bahía de San Sebastián (Tierra del Fuego), hubo un derrame de petróleo en la Plataforma Santa Cruz del Sur, de la empresa YPF. El derrame tuvo 50 metros de largo, afectando el ecosistema donde se produjo el evento, así como la actividad pesquera y las costas. Brasil realiza desde hace varios años explotación de petróleo offshore, y han tenido derrames importantes. En 2001, ocurrió un accidente en la plataforma Petrobrás-36. La misma se hundió en la Cuenca de Campos, a unos 120 kilómetros de la costa de Río de Janeiro, vertiendo todo el contenido de hidrocarburos que tenía almacenado.
—¿Y la experiencia de Equinor en este tipo de explotaciones?
F.G:— La empresa noruega Equinor, una de las más beneficiadas en la adjudicación de bloques durante el Concurso Público Internacional que realizó el gobierno de Mauricio Macri en 2018, tiene varios antecedentes de accidentes recientes: 11 derrames serios en 2020 y otros 10 en 2019. La empresa reconoció los accidentes graves, aunque los minimizó porque se habría logrado «una reducción» en los mismos.
—¿Qué podemos decir de la actividad y el control del Estado sobre YPF, Shell y Equinor, que ya se encuentran asociadas en el bloque no convencional de Bandurria Sur, en Vaca Muerta?
FG:— Estas corporaciones petroleras ya se encuentran realizando explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en Neuquén y en Río Negro. En ambos territorios hay incidentes ambientales de manera permanente. No hay capacidad de control estatal, y tampoco hay información sobre los impactos ambientales. Los daños al ambiente se conocen producto de las denuncias realizadas por las comunidades que habitan esas zonas, o los mismos trabajadores de las plataformas, que graban lo que sucede con sus teléfonos celulares. El caso del bloque Bandurria Sur ocurrió en 2018. Se produjo un derrame de petróleo afectó 85 mil metros cuadrados impactados directamente con crudo y otras 77 hectáreas quedaron completamente contaminadas.
Un Atlanticazo para proteger el mar y la actividad productiva regional
—Otro aspecto que no fue respondido por el Gobierno en el debate público es el impacto que la exploración sísmica tendrá en estas áreas de exploración que conservan ecosistemas marinos sensibles, que es uno de los argumentos del dictamen favorable de la Fiscalía Federal de Mar del Plata para frenar la actividad…
K.A:—Es llamativa la omisión en el tratamiento de estas adjudicaciones en la Cuenca Argentina Norte, porque estas áreas se superponen con el sistema Fluvio Marino del Río de La Plata del proyecto interministerial Pampa Azul. Se trata de un sistema caracterizado por su alta productividad biológica que da sustento a la producción y mantención de especies de peces de alto valor comercial o de especies de fauna de alto valor de conservación como las tortugas verdes y delfines. Incluso esta área se superpone con un corredor migratorio de fauna marina y dentro de las especies que dependen de ese corredor está la Ballena Franca Austral, que fue declarada Monumento Natural, máximo nivel de protección que le puede dar el Estado y que es extensiva al ecosistema del cuál depende.
—¿Por qué hablás de omisión?
—K.A:Estos aspectosno están mencionados en el informe de Impacto Ambiental de Serman —la consultora contratada por Equinor para realizar el estudio de impacto ambiental— ni lo menciona el Ministerio de Ambiente. Son omisiones que no son ingenuas sino que tratan de ocultar la gran fragilidad y riqueza que tiene el ambiente que va a ser impactado y degradado tan solo con la exploración sísmica.
—En medio de las movilizaciones y el rechazo, el Congreso espera un llamado a extraordinarias donde se tratará una nueva Ley de Hidrocarburos, que impulsa la actividad extractiva off shore ¿Qué esperan de ese debate y cómo afectará el proyecto frente a las costas bonaerenses?
—K.A: En este contexto de claro conflicto con las comunidades afectadas por el avance de la frontera extractiva sobre los océanos nos muestra, una vez más, la agenda que marca la inversión transnacional en la Argentina, cómo condiciona la agenda política en el Congreso. El sur de global como zona de sacrificio para mantener niveles de explotación que, claramente, el ecosistema planetario no está soportando. Los inicios de estos actos de gobernanza lo podemos remitir a Ley 27.167, que genera el “Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en Espacios Marítimos Argentinos”. Sus objetivos no tuvieron un desarrollo significativo en ninguno de los ejes y la reivindicación de la soberanía nacional sobre el mar ha sido en función de buscar una legitimidad al avance de prácticas extractivas. De hecho, durante el gobierno de Mauricio Macri, se renunció por decreto a la jurisdicción nacional en caso de conflicto con Equinor –por más de 20 millones de dólares– y se somete a tribunales internacionales. La soberanía cae en saco roto siendo funcional a la explotación petrolera.
—En cuánto a la promesa de generación de puestos de trabajo, regalías y una mejora productiva para la provincia y para Mar del Plata, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (Aacpypp) salió también a oponerse al proyecto de Equinor ¿Cuáles son las voces que se escuchan respecto el debate “productivo” en Mar del Plata y la Costa Atlántica?
—F.G: Dentro del sector pesquero hay voces, fundamentalmente vinculadas a las y los trabajadores, que se manifiestan en contra, mientras que el sector empresarial es más bien conciliador y buscan un acuerdo de convivencia entre ambas actividades extractivistas, la pesquera y la petrolera. Por otro lado, hay un grupo de empresas locales, agrupadas dentro del Clúster de Energía, que son proveedoras de materiales y equipos para las corporaciones petroleras que explotan el yacimiento no convencional Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Desde este consorcio empresarial se puja fuertemente para que avancen las autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en el mar, y que Mar del Plata se transforme en un puerto logístico petrolero.La desafortunada realidad de los territorios arrasados por el extractivismo nos demuestra que estas políticas de saqueo solo benefician a las corporaciones. No sólo no llega el desarrollo, el progreso y el derrame económico prometido, sino que el pueblo sólo recibe el pasivo ambiental, la destrucción de las actividades económicas tradicionales y peores condiciones de vida.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/las-razones-del-atlanticazo-la-voz-de-los-asambleistas/