“Volver a encontrarnos como pueblos nos ayuda a agarrar fuerzas y saber que no estamos solos en esta lucha”, concluye Don Ascensión, en el cierre del Foro Nacional de Resistencias y Alternativas de los Pueblos ante el Capital Transnacional y la Militarización, el cual se llevó a cabo entre el 4 y 5 de diciembre en los bordes del municipio de Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La afirmación del defensor del territorio y opositor a la minería en Actopan, Veracruz, devela uno de los sentimientos colectivos que fluyen cuando las luchas territoriales de muy diversas geografías se encuentran para compartir sus dolores y las estrategias que emplean para defender la vida.
Hay que recordar que organizar estos encuentros para hermanar las luchas de los pueblos contra las agresiones del capitalismo de acumulación por despojo, se tornó muy complicado desde que se multiplicaron los contagios de Covid-19 a lo largo y ancho del país. Pasaron casi 20 meses desde que se impusieron medidas de confinamiento social y control sanitario por parte del gobierno mexicano, lo que demostró las adversidades que enfrentan los abajos: una deficiente estructura médica incapaz de contener la enfermedad, aumento de la pobreza y una alta tasa de mortalidad entre la gente más marginada, tomando en consideración que el 78% de la población vive en condiciones de vulnerabilidad social, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Así pues, en este periodo inédito ha quedado claro que “la pandemia está acentuando las desigualdades sociales”, como alertó Pablo González Casanova. En el campo de la lucha social, la desmovilización de los sectores populares por medio de los mecanismos biopolíticos desde arriba ha sido fundamental para desactivar en parte las luchas que venían avanzando en la conformación de frentes y coordinaciones amplias contra los megaproyectos o “proyectos de muerte”, como los describen los pueblos agrupados en el Congreso Nacional Indígena (CNI).
Por estas razones, en el último semestre se han reiniciado los trabajos asamblearios, foros de denuncia, articulación y movilizaciones de protesta con una nutrida participación de sectores campesinos, indígenas y populares amenazados por megaproyectos de muy diversa naturaleza. En esta ocasión, la convocatoria del Foro Nacional de las Resistencias, con la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) como anfitriona, reunió un poco más de 300 participantes de 14 estados de la república, con una destacada presencia de delegados, delegadas, representantes, comisionados y activistas de organizaciones regionales de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla, Guerrero, Campeche, entre otros. Las heterogéneas luchas de los pueblos en defensa del agua, de la tierra y de la vida, expusieron una radiografía precisa de cómo están operando los conflictos que se pueden sintetizar en la frase: el capital o la vida. Contaron uno a uno cómo sostienen, con logros y retrocesos, múltiples resistencias contra las carreteras, el despojo de agua y tierra por medio de grandes obras de infraestructura, los desplazamientos forzados y la criminalización de las y los defensores de derechos humanos, consecuencia de lo que implica oponerse a lo que “el presidente de los megaproyectos” llama desarrollo.
Los ejemplos de hostigamiento y violencia criminal contra los pobladores organizados de la Sierra Negra de Puebla; la desaparición del compañero Vicente Suástegui Muñoz, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP) en Acapulco, Guerrero; el desplazamiento forzado interno de más de 143 familias Triquis del municipio de Tierra Blanca Copala, en la mixteca baja del estado de Oaxaca; y el injusto encarcelamiento por motivos políticos de Fidencio Aldama, de la tribu Yaqui en Sonora, son reflejo del clima hostil en que se realiza la defensa del territorio y la vida en este país que arrastra desde hace varios lustros una espiral de violencia que parece no tener fin.
Al escuchar las distintas problemáticas expuestas con claridad por los propios protagonistas de las luchas, quedó claro que así como es de intensa la implementación del modelo de despojo neoliberal en México, facilitado por el propio gobierno actual, así también es de tenaz la resistencia. Mientras los señores del dinero especulan con las tierras y el territorio de los pueblos planeando su muerte social, también existe una fuerza colectiva que avanza a contracorriente de los deseos del capital, promoviendo encuentros, activando redes de solidaridad y generando nuevos vínculos. Así lo muestra la lucha del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil en Campeche, el cual ha extendido poco a poco sus argumentos para convencer a otros pueblos, quienes han coincidido en el diagnóstico crítico y se han sumado para articular tanto estrategias jurídicas (amparos y demandas con asesoría de organizaciones civiles de defensa de derechos medioambientales) como organizativas y de visibilización nacional e internacional contra el Tren Maya, el proyecto favorito del presidente que busca imponer con la ayuda de la Secretaria de la Defensa Nacional. De forma similar, los pueblos campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA) y las organizaciones del Istmo de Tehuantepec, hablaron sobre la complejidad de enfrentar megaproyectos porque “no solo es enfrentar un proyecto, sino que siempre trae muchas cosas más”; es decir, un plan de reordenamiento territorial más amplio que violenta la madre tierra, tal como se puede identificar tanto en el Proyecto Integral Morelos y en los planes de infraestructura para el Corredor Interoceánico del Istmo.
A través del foro principal y de las distintas mesas de trabajo donde se desarrollaron interesantes análisis, discusiones y propuestas de acción en torno al fortalecimiento de las autonomías y el robustecimiento de las resistencias, se mostró un consenso respecto a denunciar el carácter “inconstitucional y violatorio de derechos humanos” del Decreto publicado el 22 de noviembre del 2021 por el presidente de la república, el cual busca colocar a los megaproyectos como elementos prioritarios de la seguridad nacional, lo mismo que en su momento buscó Enrique Peña Nieto por medio de las Zonas Económicas Especiales. El decreto de Andrés Manuel López Obrador sentencia que son de “seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional”. En plena ambigüedad jurídica y propiciando un “desorden” constitucional, el régimen se propone blindar y fortalecer medidas represivas para aquellos colectivos y organizaciones que se opongan a lo que desde arriba se ordene y defina como “prioridad nacional”.
Lo que está claro es que enfrentar este tipo de medidas autoritarias es ya un punto en la agenda de los pueblos y procesos que se dieron cita en el Foro Nacional de las Resistencias. En suma, estos ejercicios de discusión, cara a cara, donde se producen análisis colectivos, participativos y propuestas de acción local y regional, no solo fortalecen la vida orgánica del movimiento indígena, sino también permite que los abajos sepan que están vivos, que siguen en pie a pesar de las complejidades de resistir en cada geografía. Saberse juntos tratando de vivir con dignidad es vital para los pueblos porque, como recuerda el Viejo Antonio, la lucha es como un circulo, se puede empezar en cualquier punto pero nunca termina.
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