Los EEUU además de un muro físico están construyendo un muro administrativo que expone a los migrantes centroamericanos a situaciones recurrentes de violencia a manos de las organizaciones criminales que operan en territorio mexicano Los cambios presentados por Estados Unidos (EEUU) que buscan limitar la concesión de asilo a la población centroamericana que huye de […]
Los EEUU además de un muro físico están construyendo un muro administrativo que expone a los migrantes centroamericanos a situaciones recurrentes de violencia a manos de las organizaciones criminales que operan en territorio mexicano
Los cambios presentados por Estados Unidos (EEUU) que buscan limitar la concesión de asilo a la población centroamericana que huye de la violencia en sus países, junto con la lentitud para procesar las solicitudes en los pasos fronterizos, están construyendo un muro administrativo que aumenta la vulnerabilidad de la población centroamericana y la expone a situaciones recurrentes de violencia a manos de las organizaciones criminales que operan en territorio mexicano.
En México, Médicos Sin Fronteras (MSF) ofrece asistencia humanitaria a centroamericanos que escapan de sus países huyendo de niveles extremos de violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Muchos de ellos han sido testigos de la muerte de miembros de su familia y/o sobrevivido a episodios de secuestros, extorsiones, reclutamientos forzados y violencia sexual. Temen por sus vidas si regresan a sus países.
«Aunque las medidas restrictivas al asilo del gobierno de los EEUU se han suspendido temporalmente, muchos de nuestros pacientes centroamericanos nos dicen que evitan ahora cruzar la frontera», explica Sergio Martín, coordinador general de MSF en México. «Tienen miedo a que una vez en EEUU no puedan tramitar la solicitud de asilo y acaben deportados a sus países donde su vida está en riesgo«, añade.
Reclutamiento forzado, secuestros y violencia sexual
La gran mayoría de los centroamericanos que pasan por México en su ruta hacia el norte huyen de la violencia, la extorsión y reclutamiento forzado a manos de las organizaciones criminales y las maras que operan en Honduras, El Salvador y Guatemala. Desde hace años, cruzan México en condiciones precarias, exponiéndose a asaltos, extorsiones, violencia sexual, trata de personas, secuestros, tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura por parte de organizaciones criminales que controlan sus rutas de paso.
Según datos propios de MSF, el 68% de la población migrante atendida en sus proyectos ha sufrido algún episodio de violencia en su paso por México y un tercio de las mujeres han sufrido abuso sexual. Estos datos contradicen indiscutiblemente la idea de México como un país seguro para los miles de migrantes que atraviesan año con año el país en busca de protección y refugio.
«Estamos hablando de población que necesita desesperadamente obtener medidas efectivas de protección y asilo», añade Martín. «Muchos de ellos están en riesgo tanto en sus países de origen como en México. Forzarles a quedarse en México es inhumano además de ilegal».
La situación se ha visto agravada en los últimos meses por la imposibilidad de cruzar a EEUU, dado que muchos de los que buscan asilo temen perder la oportunidad de ser reconocidos como asilados al arriesgarse a entrar en EEUU, lo que les obliga a quedarse en México durante semanas en condiciones precarias y en extrema vulnerabilidad. Así, en Nuevo Laredo, en los dos últimos meses, uno de cada cuatro pacientes atendidos por los equipos de salud mental de MSF ha sido víctima de un secuestro.
Desde hace más de seis años, MSF ha ofrecido atención médica y psicológica a población migrante y refugiada en tránsito, constatando la vulnerabilidad y la constante exposición a episodios de violencia por parte de los diferentes grupos delictivos que operan en el país, así como por las autoridades mexicanas, los cuales ocurren en total impunidad.
MSF considera políticas inaceptables el cierre y la militarización de la frontera; la eliminación de la violencia de pandillas y doméstica como causa para la petición de asilo en EEUU; la separación de familias y los menores no acompañados en los centros de detención; las deportaciones masivas a migrantes a lugares en donde su vida corre peligro; así como la insistencia de considerar a México como un país seguro donde pueden quedarse. Tanto la Convención de Refugiados como la Declaración de Cartagena reconocen el derecho a huir de la violencia en la región, así como la prohibición de trasladar a un refugiado a un tercer país en contra de su voluntad o deportarlo en caso de que su vida corra peligro.
«Es necesario que los gobiernos implicados encuentren una solución a esta crisis humanitaria en la región. Deben asegurarse unos niveles de protección, asistencia y respuesta humanitaria adecuada que contribuya a aliviar el sufrimiento a consecuencia de la violencia padecida por la población centroamericana tanto en sus países de origen, como en su tránsito por México», concluye Martín.