El conflicto generado en la reconfiguración del Estado boliviano tiene un nuevo episodio. Los neoliberales y latifundistas, venidos a menos desde la fuga de Gonzalo Sánchez de Lozada y el fracaso electoral de Jorge Quiroga, optaron por el bloqueo del Congreso para frenar la modificación de la ley agraria, frenar el intento de introducir mecanismos de fiscalización a los prefectos y para defender su derecho a veto en las sesiones de la Asamblea Constituyente.
La ofensiva se produce meses después que uno de los responsables de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (Usaid, por sus siglas en inglés), anunciara que su gobierno estaría dispuesto a apoyar a la oposición boliviana, para evitar que en la Asamblea Constituyente se aprueben reformas que son consideradas como antidemocráticas.
Casi como siguiendo ese libreto, el empresario cementero Samuel Doria Medina, uno de los principales artífices de la formación del último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (fue el responsable de las cuotas del MIR en esa administración) convocó a una huelga de hambre para rechazar la ya definida aprobación de las reformas constitucionales por simple mayoría, tal como fue planteado por la mayoría oficialista formada por el MAS.
Al mismo tiempo en el que el millonario cementero iniciaba su suigéneris huelga de hambre, seis prefectos departamentales, todos ellos ligados a los ahora vapuleados partidos neoliberales, se declararon en emergencia ante la propuesta del gobierno de introducir mecanismos de control a la labor prefectural, abriendo la posibilidad del control social y la figura de censura a los prefectos.
En ese contexto, la aprobación en la cámara de Diputados de las modificaciones a la ley agraria, fue un detonante que puso en guardia a los terratenientes, cuyos intereses están todavía bien defendido por algunos de ellos mismos en la Cámara de Senadores, quienes -por decisión de la bancada del opositor Podemos-se retiraron de las sesiones de esa instancia parlamentaria.
«El repliegue de los senadores de Podemos significa la defensa del latifundio improductivo. Con este repliegue se oponen a este proceso de cambio democrático en busca de soluciones a los problemas sociales y estructurales», dijo en la víspera el presidente Evo Morales.
Hoy, el portavoz de la Presidencia aclaró aún más el panorama. Entre los senadores que se retiraron están Wálter Guiteras, quien junto a su familia tiene una superficie de 49.000 hectáreas en Beni. Guiteras es hoy el principal negociador de Podemos.
Pero los latifundistas, además de controlar los partidos de la oposición, también están al frente de poderosos medios de difusión. Ese es el caso del empresario Osvaldo Monasterio, propietario de la red Unitel, quien según el gobierno tiene predios con una superficie de 36.000 hectáreas. Unitel es una de las redes más críticas al gobierno.
Son los mismos latifundistas que controlan organizaciones como el Comité Civico Pro Santa Cruz, convertido en el último tiempo casi en el principal partido opositor del gobierno que defiende a los intereses de las transnacionales y los terratenientes.
Es en Santa Cruz donde la derecha intenta agruparse y hasta gestar un bloque opositor que frene las transformaciones al estado impulsadas desde diversos sectores sociales y aplicadas a regañadientes por el gobierno de Evo Morales.
«Nos estamos encaminando a un callejón sin salida, está cada vez más próximo el enfrenamiento que la posibilidad de un acuerdo», dijo el asambleista Jorge Lazarte.
A este asambleista y también politólogo razón lo le falta. Bolivia está en un momento en el que todo el viejo sistema político -los representantes de los latifundistas que heredaron el país de la Colonia-se ha agrupado para hacer frente a los movimientos sociales que organizados obligan al gobierno a propiciar cambios en las actuales estructuras. En el fondo de la discusión está el tema tierra y la reconformación de un nuevo estado.