Según informes del presidente de la Comisión Especial de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, Heriberto Lázaro Barcaya, el 91 por ciento de las tierras cultivables del país están en manos de latifundistas vinculados a los partidos políticos y algunos medios de comunicación; en tanto que el 71 por ciento de la población tiene que conformarse […]
Según informes del presidente de la Comisión Especial de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, Heriberto Lázaro Barcaya, el 91 por ciento de las tierras cultivables del país están en manos de latifundistas vinculados a los partidos políticos y algunos medios de comunicación; en tanto que el 71 por ciento de la población tiene que conformarse con el restante 9 por ciento.
Los grandes propietarios de tierras, que significan el 5 por ciento de la población, ostentan el 89 por ciento de las tierras. Los medianos, que representan el 15 por ciento de los habitantes, son dueños del 8 por ciento; en tanto que los pequeños productores, que conforman el 80 por ciento de la población, poseen tan sólo el 3 por ciento de las tierras, según dicho informe.
Otro informe publicado por el gobierno, en mayo de este año, señala que unas cuantas familias de gamonales (latifundistas) controlan entre el 60 y 70 por ciento de las tierras productivas del oriente boliviano. Las mismas que están protegidas por instituciones cívicas y empresariales de Santa Cruz.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz ratifica esta desproporcional distribución de tierras. Esta institución habría distribuido durante la década pasada, 24 millones de hectáreas, de las cuales 20 millones fueron entregadas a 3.700 familias de terratenientes y apenas 4 millones habrían llegado a manos de las comunidades y pueblos indígenas.
¿Quiénes son los privilegiados en este reparto?
Según Heriberto Lázaro existen familias como las de Wilson Landívar y Alfredo Gutiérrez que poseen cerca de 131 mil hectáreas. Juan Carlos Bolsber, Martha Bolsber de Casal y su descendencia manejan un total de 70 mil hectáreas. La familia de Barbery Paz, que tiene lazos de parentesco con el ex ministro Roberto Barbery y actual comentarista de la red PAT es propietaria de 208.775,468 hectáreas.
La familia Monasterios, dueña de la red de televisión Unitel, obtuvo la propiedad de terrenos que anteriormente le habían sido incautados al ex ministro de Educación Hedín Céspedes, a través de favores políticos con el MNR.
En el club de familias privilegiadas se cuentan también las de: Ricardo Angulo Reynaga, Hugo Speiser, Héctor Justiniano, José Dabdoub, José Saavedra Ortiz, Carmen Luizaga Flores, la familia del ex canciller Carlos Saavedra Bruno, Rafael Paz y Branco Marincovick, entre otras.
Esta misma elite, que domina algunos medios de comunicación y el poder económico en el país, todavía, detenta espacios de poder político. Por eso ejerce toda una red de influencias para obstaculizar la aprobación de la «Ley de Modificaciones a la Ley INRA», porque con ella se acabaran, de una vez por todas, sus privilegios.
Comunidades indígenas?
Mientras los terratenientes concentran entre el 70 y 90 por ciento de las tierras cultivables del país, «los hermanos campesinos están peleando por tener 20 0 50 hectáreas (?) Cómo es posible que en Bolivia sólo una familia pueda tener más de 300 mil hectáreas», cuestiona Heriberto Lázaro.
La primera reforma agraria de 1953 fracasó por la reaparición del latifundio y los terratenientes. Actualmente más de la mitad de los 54 millones de hectáreas de tierras cultivables están en manos privadas. Esto priva al menos a 200 mil familias campesinas y pueblos indígenas del aprovechamiento de este recurso natural.
Según el Movimiento Sin Tierra (MST) existen 65 millones de tierras cultivables en el país, de las cuales 40 millones se encuentran en manos de los gamonales. Otros 10 millones corresponden a las tierras protegidas, a las que también acceden los poderosos para la extracción de madera, gas y minerales. Y en manos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas se encuentran tan sólo 15 millones de hectáreas de baja calidad para cultivar.
Las tierras que cultiva el campesino en la zona occidental son pequeñas, de baja calidad y poco productivas. En cambio, en el oriente se concentran millones de hectáreas de latifundio de las empresas agropecuarias que se han concentrado en pocas manos como pago de favores políticos de los gobernantes anteriores.
En términos generales, el INRA ha saneado apenas 17 millones de hectáreas, un poco más de la décima parte del territorio nacional. Invirtiendo para ello aproximadamente 100 millones de dólares. Dicho saneamiento sólo ha servido para legalizar el latifundio.
Es por eso que el Gobierno de Evo Morales propone cambios trascendentales en la Ley INRA y ha anunciado que distribuirá de inmediato hasta 4.5 millones de hectáreas de tierra para los pueblos y comunidades indígenas.