I.- El Contexto Constitucional La Constitución Política del Estado Plurinacional ha definido, a partir de la problemática republicana y neoliberal que nos ha tocado vivir, que la justicia es uno de los principales retos para la Democracia que estamos construyendo. Las instancias máximas de decisión en el Órgano Judicial, fueron históricamente, a nivel institucional, dependientes […]
I.- El Contexto Constitucional
La Constitución Política del Estado Plurinacional ha definido, a partir de la problemática republicana y neoliberal que nos ha tocado vivir, que la justicia es uno de los principales retos para la Democracia que estamos construyendo.
Las instancias máximas de decisión en el Órgano Judicial, fueron históricamente, a nivel institucional, dependientes de las decisiones de los grupos de poder. Nos referimos a jueces colocados por parentesco, por imposición de los dictadores de turno, o a partir de pactos político – partidarios en la reciente democracia neoliberal. A lo largo de la historia de Bolivia nunca se concibió a la justicia institucional como un derecho de la ciudadanía, sino más bien como un privilegio de los sectores de poder, es decir los jueces nombrados se debían al poder político y recibían beneficios de él. El conjunto de la ciudadanía simplemente sufría las decisiones (o falta de ellas) del Poder Judicial, que fluctuaban según la capacidad económica y el poder político del involucrado.
Pero además, en una sociedad históricamente marcada por la exclusión de la mayoría Indígena Originario Campesina, la elitización señorial también se «validó» por el conocimiento, el color de la piel y el apellido, características que otorgaban pertenencia a los espacios de decisión, también en la justicia, por supuesto. Los «escribanos y doctorcitos» de la Colonia y posteriormente de la República, siempre jugaron el papel accesorio de legalización del poder colonial y señorial, que reproducía también el hecho de contar con el privilegio del conocimiento como poder y artilugio (capital simbólico) ajeno a la mayoría y dotado a personas especiales. Esos «doctorcitos» están presentes en gran parte de nuestra historia republicana, como parte integrante del Estado y muchas veces como operadores directos del poder en la presidencia de la República.
El ser abogado era concebido como un privilegio que permitía estar cerca de la administración del poder, y se convirtió en una expectativa para la mayoría excluida. Por eso cuando los procesos democratizadores de la revolución del 52 ampliaron las posibilidades de acceso a la educación, paulatinamente se produjo la irrupción de sectores populares en las universidades, principalmente en la carrera de Derecho como canal académico de ascenso social a través de la política o bien en los niveles inferiores del poder simbólico, en los que los abogados viven gracias a la extracción de recursos a la población a nombre de la legalidad y el mercado.
Este modo en el que el Derecho se ha desplegado en nuestra vida social, no expresa ni más ni menos que la forma en la que se concibió el Estado republicano excluyente y hermético (cargado de simbolismos que sólo tenían la pretensión de divinizar el poder del Derecho y de los que lo ejercían) porque no existía como pretensión histórica el de construir un país sino el de proteger los intereses patrimoniales de las élites. En los tiempos neoliberales, los partidos políticos se repartieron los nombramientos de magistrados en el Parlamento, arrogándose espacios de poder judicial por largas temporadas que llegaban a los 10 años con derecho de reelección. Seguramente hubo algunos meritorios, pero la gran mayoría estuvieron en el marco del tutelaje político para ejercer sus funciones. Con los procesos de modernización posteriores, se dieron algunos cambios que buscaban una mayor democratización de la justicia, que sin embargo fracasaron o están agonizando bajo la sombra de la corrupción institucionalizada y las prebendas políticas.
El proceso constituyente tuvo que partir del fracaso del sistema judicial boliviano para proponer cambios en la justicia ordinaria que integren también a la justicia indígena originaria campesina, en la tarea de construir una nueva justicia plurinacional para un nuevo país. Pero además, en los niveles máximos de decisión, donde existía más presión partidaria y de grupos de poder, se propuso una total democratización abriendo la elección de jueces y magistrados al mandato del pueblo que les otorgaría la misión fundamental de hacer cumplir la Constitución y las leyes, en el marco de una nueva justicia, acción pública sobre la que serán juzgados por la sociedad.
El constituyente también propuso que la elección de los jueces debía marcar un derrotero propio en la democracia, pues el proceso electoral había sido convertido, por la democracia representativa, en un espacio de mercado en el que los candidatos se valorizan apadrinados por los partidos o grupos de poder, y se exhiben comercialmente por los medios de comunicación para convencer a la población de «darles» su voto a cambio de ofrecimientos futuros o de dádivas entregadas en la campaña. El grado de inversión se convirtió en el eje rector de la decisión, pues los medios no «informaban» acerca de las cualidades y características de los candidatos, sino que los prefabricaban como parte del mercadeo electoral para generar un proceso de inducción mediática de la sociedad civil. La mayoría de los candidatos elegidos, en la era neoliberal, fueron producto de una gran dosis de mercado que además lanzaba el mensaje colonial de la incapacidad del pueblo para gobernar con sus propios dirigentes. Tuvo que entrar en crisis el imaginario neoliberal para que estas ideas neocoloniales también hicieran aguas.
II.- El Proceso Preelectoral
Con las leyes 018 (del Órgano Electoral Plurinacional) y 026 (del Régimen Electoral) se pone en marcha el proceso eleccionario de magistrados y magistradas y del Tribunal Constitucional. Más de 520 postulantes se inscriben para ser parte de la elección, que de acuerdo a ley, en primera instancia, debían ser preseleccionados por la Asamblea Plurinacional, que velaba por el cumplimiento de los requisitos legales establecidos. En esta etapa, se realizaron entrevistas públicas abiertas a todos los y las postulantes.
Sin embargo, este proceso electoral se desenvolvió en un contexto político que tendría consecuencias en el mismo. En primer lugar, sectores políticos de oposición cuestionaron la preselección porque no pudieron convocar candidatos y acusaron a todos los preseleccionados de formar parte del partido de gobierno, olvidando hasta hace poco ellos nombraban a los magistrados según su cuota política, y que si el partido oficialista habría seguido esa regla no hubiera tenido ningún problema en designar a todos los magistrados (dados los más de dos tercios que tiene actualmente en el parlamento). Fue un lapsus político de su parte.
Sin embargo, más allá de los partidos y grupos de poder, las reglas de convivencia y elección acordadas en la Constitución son el motor de la mayor democratización de la institucionalidad, y el proceso debía seguir avanzando, por lo que fueron preseleccionados 116 candidatos/as al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, que se ubicarían en la papeleta electoral en cuatro franjas, las tres primeras correspondientes a circunscripciones nacionales y la última a departamentales, para elección de la ciudadanía.
El Órgano Electoral se hizo cargo de la difusión de los méritos de candidatos/as en el proceso electoral, a partir de un reglamento que establecía que ellos/as no podían realizar campaña para sus candidaturas, que los medios de comunicación podían entrevistarlos siguiendo el principio de igualdad de oportunidades para todos/as y que el Órgano Electoral sería el único ente institucional encargado de presentarlos públicamente y generar el material necesario para la difusión de sus méritos.
III.- El Contexto Político Preelectoral
Aunque el proceso de transformación que vive Bolivia tiene el respaldo de 6 elecciones consecutivas que le han dado una victoria absoluta al liderazgo y al sentido de este proceso histórico, la Constitución ha reflejado el encuentro entre dos miradas diferentes de país, la liberal y la comunitaria, asumiendo que ese camino de encuentro también estará lleno de dificultades porque la Bolivia plurinacional debía abrirse espacio en medio de la visión de país liberal que se había concebido históricamente como única.
De esta manera y aunque los sectores opositores se convirtieron en minoría en representación partidaria, y en espacios territoriales departamentales, tuvieron un aliado permanente en los medios de comunicación, cuyos propietarios siempre fueron parte de la élite señorial de este país. A ello hay que sumar, sin duda, el fluctuante papel de las clases medias urbanas que se guían, en la toma de sus decisiones, más por el temor y la seguridad de su propiedad que por el bienestar del país. Así, se sucedieron una serie de conflictos, que crearon a esta oposición silenciosa y sólo visualizada en los medios de comunicación, que le permitió tener una voz amplificada ante los conflictos.
Vivimos en un escenario de lucha permanente por espacios de poder en todo el país, el de las huelgas por mayores ingresos, la de las demandas regionales y sectoriales por mayor participación y más proyectos, juicios que suman y siguen; y finalmente la movilización de pueblos indígenas del oriente, en procura de la defensa de su territorialidad. En definitiva son procesos de tensión social en la construcción institucional de un Estado que es cada vez más presencia frente a las ausencias coloniales y que entra aún en conflicto con sectores sociales aliados en procura de la construcción de la constitucionalidad. Eso expresó el conflicto del TIPNIS, que puso de manifiesto la existencia de miradas diferentes sobre el desarrollo en el país, y que las urgencias del Estado no son precisamente las de los sectores, que generan resistencias buscando réditos locales o sectoriales.
Todo este contexto de conflictividad, de alguna manera detonado con la movilización indígena, permitió la rearticulación, aunque dispersa, de sectores opositores que vieron en el conflicto con los pueblos del oriente la posibilidad de quebrar por dentro el Proceso de Cambio del gobierno indio. Antiguos aliados, viejos opositores, trotskistas del magisterio e incluso ex funcionarios se vieron coligados en este proceso de interpelación al gobierno, y tuvieron una amplia cobertura mediática para sumar y aumentar descontentos.
Finalmente, el contexto político de esta suma coyuntural de oposición convergió en torno al proceso electoral en marcha, para interpelarlo desde distintas aristas: la naturaleza de los candidatos, el proceso, la difusión, las denuncias y finalmente la acusación de fraude como una salida final de deslegitimación de este proceso de democratización de la justicia.
IV.- El Órgano Electoral Plurinacional
Frente a esta coyuntura electoral, el Órgano Electoral Plurinacional, que constitucionalmente administró este proceso en su fase electoral, tuvo que salvar varias dificultades que se presentaron en el camino. Los 7 vocales del Tribunal Supremo Electoral, elegidos en el Congreso Plurinacional, completaron la sala plena apenas a inicios del presente año. En los Tribunales Electorales Departamentales había ausencia de nombramientos de Vocales, como es el caso de Santa Cruz, Beni (resuelto apenas antes de las elecciones) y Oruro (con la suspensión de Vocales antes de las elecciones). Según estimaciones, cerca del 95% de los vocales son nuevos en el cumplimiento de esa responsabilidad.
En suma encontramos un Órgano Electoral Plurinacional con el rango de nuevo Órgano del poder público, apenas en proceso de institucionalización, que tiene tras de sí la institucionalidad creada por la antigua Corte Nacional Electoral que administró todos los anteriores procesos electorales (varios de ellos en condiciones de conflicto) y que le permitieron ganarse una imagen de confiabilidad con la ciudadanía. La Corte resultó ser un eficiente instrumento de administración electoral, aún más cuando se incorporó, casi por emergencia política, el sistema biométrico de inscripción y seguimiento electoral, que despejó todas las dudas opositoras sobre la confiabilidad en el padrón electoral.
Sin embargo, es precisamente la institucionalidad pasada la que se convierte en una limitación para una nueva. La CNE estaba preparada y se «tensionaba» en torno a los eventos electorales, con procedimientos paso a paso, que de alguna forma eran los mismos y que en su aplicación se habían concebido como la garantía de la transparencia y la confiabilidad electoral. Esta institucionalidad creó una experticia en el personal, que a diferencia de los niveles directivos, le permitió permanecer varios años en la institución.
La nueva institucionalidad del OEP requería un salto cualitativo para abordar las tareas propias de un nuevo poder público. Las nuevas autoridades y el personal nuevo, asumieron la herencia de la CNE para administrarlas elecciones judiciales. No se terminó de asimilar el mandato constitucional de la Democracia Intercultural que más allá del discurso, enuncia una nueva forma de relación y convivencia que va más allá de lo procedimental y que convierte al OEP como responsable institucional fundamental de su incorporación en todos los ámbitos de convivencia, decisión y elección, que realizan los bolivianos y bolivianas.
Las urgencias electorales marcaron la repetición procedimental en la mayoría de los espacios, pero también la jerarquización de las decisiones, junto a niveles de improvisación y falta de coordinación institucional para llevar a cabo el proceso electoral. La ausencia de nuevas reglamentaciones, junto a una administración tradicional que se asumió todavía más limitada y limitante para el desarrollo del trabajo a partir de la inexistencia de un decreto de excepción y de la propia Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra la corrupción que genera responsabilidad directa de los funcionarios, fueron aspectos que se tuvieron que sobrellevar.
En definitiva, lo que se pudo constatar y en un menor tiempo, es lo que está pasando en todo espacio estatal en estos años de proceso de transición al Estado Plurinacional: viejas prácticas y habitus institucionales se imponen por experiencia e inercia frente a nuevos funcionarios y discursos diferentes que no terminan de entender aún las responsabilidades de transformar el espacio estatal, considerado todavía como privilegio, a otro dictado por la plurinacionalidad que es de servicio y de instrumento de la democracia intercultural en todos los ámbitos públicos y de decisión.
V.- La Difusión de Méritos de candidatos/as
Es con ese contexto institucional que se desarrolla el proceso de elección de magistrados/as del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el que la responsabilidad de administrarlo -como ya lo mencionamos- recaía en el OEP, pero además se trataba de un proceso sui generis, por el hecho de tener también la responsabilidad institucional de dar a conocer a candidatas/os y de supervisar el proceso de igualdad de oportunidades en los medios de comunicación.
La aprobación del Reglamento de Difusión de Méritos de candidatas/os abrió el primer portal ante los medios de comunicación que venían con la predisposición ideológica de interpelar al Estado Plurinacional desde el discurso de la defensa de la libertad de expresión, con el que habían logrado congregar a los opositores al gobierno. Sin embargo, y a través de la apertura de espacios de intercambio con los medios, el TSE logró explicar la importancia de que los medios de comunicación participen a través de la realización libre de entrevistas, y abran espacios comunicacionales, respetando el principio de la igualdad de oportunidades para todos los candidatos/as. Se logró neutralizar el ataque, aunque ya en esta etapa del proceso electoral, varios medios optaron por abstenerse de participar en su difusión y más bien dieron curso a opiniones de opositores que propiciaron la campaña por el voto nulo. Es necesario resaltar que aquellos medios que asumieron su responsabilidad social con la ciudadanía, se dieron modos creativos para dar lugar a que el país pudiera conocer a los 116 candidatas/os y tener la opción de decidir y elegir.
La estrategia comunicacional propuesta por el SIFDE, brazo operativo del TSE, tuvo algunos inconvenientes para su aprobación, que tenían que ver con los niveles de descoordinación propios de una institucionalidad en construcción que, a manera de ejemplo, no tenía ni siquiera aprobado el logo institucional en vísperas del proceso electoral y tampoco el personal necesario para acompañar y dirigir el proceso. Aun así, y en el marco del poco tiempo para su organización y de los escasos recursos disponibles, se encaró la tarea de trabajar, en un primero momento, en la presentación institucional del OEP, la importancia constitucional de la democracia intercultural como transversal, y el de las elecciones judiciales como experiencia para la democracia, junto a la explicación procedimental del proceso electoral.
En un segundo momento y última etapa del proceso electoral, el trabajo se enfocó en la presentación pública de los méritos de candidatos/as en actos departamentales y uno a nivel nacional, junto a la difusión en todos los medios de comunicación posibles, buscando guardar la equidad y también evitando la sobresaturación propagandística para no generar confusión en la población. En total, cada candidata/o apareció en las pantallas de TV de todos los canales en un promedio de 90 veces durante un mes y medio, y habló cerca a 200 veces en las 300 radios que fueron parte del circuito contratado. Se contrataron alrededor de 200 vallas publicitarias y se publicaron más de 3 millones de cartillas informativas además de las separatas en periódicos de circulación nacional.
El eje central de la difusión se concentró en la publicación y entrega de aproximadamente 2 millones y medio de cartillas departamentales que contenían los méritos de cada candidata/o que fueron entregadas por los Tribunales Electorales Departamentales y las brigadas juveniles que en un número cercano a 1000 recorrieron los espacios urbanos del país. En el campo, además de la difusión en idiomas a través de las radios, se coordinó con alcaldías y organizaciones sociales, además del Ejército en algunos casos para la entrega de este material.
Se capacitó a cerca de 123.000 jurados en el proceso electoral y sus contenidos, además de dirigentes de organizaciones sociales en cada departamento, a funcionarios de ministerios, al Ejército y la Policía, para que pudiéramos construir la corresponsabilidad necesaria para profundizar el proceso democrático que nos aprestábamos a vivir.
También se desarrolló una acción institucional de monitoreo a través de un equipo nacional, una empresa especializada, además de equipos y empresas contratadas a nivel departamental, que realizaron el seguimiento a las entrevistas y despliegue de los medios en relación al cumplimiento del Reglamento de Difusión de Méritos en el proceso electoral. Asimismo para el cumplimiento de los espacios contratados en los distintos medios de comunicación, se organizó un equipo procesador de las denuncias recibidas por el TSE sobre incumplimiento del Reglamento. Se recibieron cerca de 50 denuncias que fueron procesadas con su informe técnico respectivo para consideración del Tribunal Supremo Electoral, instancia que dictaminó las resoluciones finales.
Con todo este despliegue, creemos que no existe argumento posible ni del oficialismo ni de la oposición para evaluar los resultados finales a partir de «una falta de información sobre los candidatos/as». Sin embargo, lo que sí debería entrar en consideración es la calidad de información otorgada, ya que dentro los parámetros normales de una campaña electoral en cantidad de difusión se sobrepasaron las expectativas, aunque tendremos que preguntarnos por la calidad de la información en un proceso electoral tan distinto y cargado de los elementos que en líneas anteriores abordamos.
Además del contexto político que generó posicionamientos antigubernamentales que se recargaron en el proceso electoral, tendremos que tomar en cuenta otros elementos como el hecho de que los candidatos/as, todos con un perfil académico por el que fueron preseleccionados por la Asamblea Plurinacional, eran ampliamente desconocidos para la población por cuanto no habían tenido carrera ni recorrido político. Había mucha similitud en relación al perfil y exposición de méritos, y las diferencias podrían ubicarse en la capacidad de elocuencia, la experiencia o bien en algunas características de la personalidad de los postulantes que dejaban escapar; aun así para la mayoría era difícil decidir sobre los mejores representantes para el Órgano Judicial.
Otro aspecto de suma importancia es que tradicionalmente en los procesos electorales, los partidos políticos eran los encargados de hacer conocer a los candidatos (muchas veces de forma prebendal), ofreciendo trabajo o bien repartiendo cosas u ofrecimientos futuros. En definitiva, en estos casos existe un involucramiento institucional, que más allá de los fines partidarios, establece una relación entre el candidato y la población. Pueden hablar con él, compartir inquietudes, comprometerlo al cumplimiento de determinadas promesas, etc.; y aunque muchas veces esto ha sido parte de un circo electoral, la población se sintió involucrada e incorporada en las decisiones que tomaría con su voto. En las elecciones judiciales, los candidatos/as, bajo el principio de igualdad de oportunidades, debieron abstenerse de realizar campaña de sus méritos quedando a la espera de invitaciones colectivas, conscientes de que la población no sólo quería verlos o escucharlos en los medios de comunicación sino también intercambiar ideas directamente con ellos/as.
Ya a nivel de la papeleta, a pesar de la insistencia de la explicación en los medios de comunicación sobre cada una de las franjas para la elección, fue complicada porque históricamente el tema de la justicia y su funcionamiento fue ajeno a la vida de la mayoría de la ciudadanía, y tan sólo se vivieron las consecuencias de las decisiones de esos poderes. La explicación realizada, por su complejidad, sólo contribuía a exaltar la ajenitud de los que serían elegidos en relación a la vida cotidiana de las personas. Muchos bolivianos/as asumieron el reto de elegir con su voto, pero otros/as no se sintieron involucrados en algo que siempre les había resultado lejano. Esta es una limitación histórica que habrá que superar en el proceso que sigue.
La papeleta, en su extensión, contribuyó de alguna manera a la confusión ya que a pesar del proceso de difusión de méritos, los y las votantes se encontraban ante cerca de 70 candidatos/as, cuyos méritos no les decían mucho o bien le generaban interrogantes y en algunos casos desconcierto para encontrar a aquellos candidatos/as que le llamaban la atención pero que fisonómicamente no podían ser reconocidos en la papeleta. Será importante tomar en cuenta este aspecto para que en el futuro, cada espacio electoral tenga su propio momento de decisión, la ciudadanía participe más, y conozca con mayor precisión a los candidatos/as que elija y que considere los más apropiados.
VI.- Los resultados Electorales
Una vez transcurrido el proceso electoral, los resultados no dejaron de sorprender a propios y extraños, a oficialistas y opositores. La creciente expectativa opositora por un avasallante voto nulo no se hizo contundente, salvo en algunas ciudades, sin embargo con el voto rural y en las ciudades intermedias, los resultados finales arrojaron casi un empate técnico entre votos nulos y votos válidos que fluctúan entre el 35 y 40% del total, a los que deben sumarse un 15 a 18% de votos blancos. Varias interpretaciones se realizaron según la expectativa política, más en cuanto a la responsabilidad del Órgano Electoral Plurinacional es necesario subrayar algunos aspectos importantes.
La contundente participación ciudadana en el proceso electoral que bordea el 80% de la población votante, cifra en crecimiento, es un logro de la Democracia en esta nueva etapa, y expresa a todas luces que la población ha decidido que el voto sea el camino de la toma de decisiones importantes para el país. Esa es la principal legitimidad del proceso.
En segundo lugar, en la medida en que la difusión de méritos estuvo bajo la responsabilidad del TSE, la cantidad de votos nulos resultantes, fueron motivo de diversas acusaciones (que ya fueron contra-argumentadas anteriormente), por lo que no está demás sostener que no es posible apelar simplemente a «la falta de información» como explicación principal, dejando de lado el contexto político del país y las propias condiciones en las que el OEP tuvo que desenvolver su trabajo. Y no sólo eso sino que queda pendiente reflexionar acerca de la posibilidad del OEP de dar mayor información de la que se brindó en los medios, sin contar con el apoyo decidido y movilizado del conjunto del Estado y de las organizaciones sociales que habrían generado una corresponsabilidad beneficiosa para el proceso democrático.
En cuanto a los votos válidos, está por demás mencionar que las reglas del proceso estaban establecidas y los magistrados/as elegidos lo fueron por simple mayoría. De esta manera las nuevas autoridades judiciales tienen toda la legalidad de su victoria electoral, y nadie puede poner en juicio la legitimidad de un proceso en el que el 80% de los bolivianos y bolivianas aceptamos participar. Baste mencionar que en un universo electoral de votantes efectivos, existen elegidos hasta con cerca de medio millón de votos, cifra que en la historia democrática del país tiene suficiente legitimidad frente a cifras que no sobrepasan los 200.000 votos en el caso de elección de algunos diputados, senadores y hasta presidentes. Más aún cuando en el pasado inmediato eran unos cuantos diputados los que pactaban los nombres de los elegidos como autoridades judiciales.
En cuarto lugar, también debemos mencionar que a lo largo de la difusión de méritos, se dejó establecido claramente que el voto válido era el que elegía, que los nulos y blancos no decidían. Pueden existir múltiples razones por las que se pudo haber votado nulo o blanco, desde la simple confusión, el no convencimiento, hasta la militancia opositora en esta decisión. Lo que sí se puede aseverar es que nadie es propietario político del voto nulo como pretendieron hacer creer los sectores opositores. En términos políticos, esto puede ser considerado un síntoma a ser analizado en el contexto, por los distintos actores políticos, para sacar conclusiones hacia el futuro.
Más allá de las acusaciones de voto consigna del oficialismo, o de propaganda vetada de los candidatos/as en diversos espacios donde interactuaron bajo diversas razones, el voto de la mayoría de los válidos tuvo una inclinación clara por los que representaban a los IOC, es decir el voto «sombrero» y el voto «pollera» fue el más contundente y expresa dos elementos, primero, el que incluso más allá de las personas existe una clara inclinación por la inclusión y la interculturalidad por parte de una gran parte del electorado que a su vez se sintió identificado con esos candidatos/as por ser parte de su propia identidad. Segundo, en el conjunto de candidaturas eran sobresalientes quienes ostentaban su propia vestimenta e identidad a momento de postularse, así como el tema de género permitió que un mayor número de mujeres fueran elegidas.
Se presentaron algunas fallas procedimentales derivadas de la falta de coordinación institucional, que pudieron ser reparadas por el propio sistema informático. Nos referimos a fallas de sumas aritméticas, que fueron interpretadas maliciosamente por algunos sectores políticos como manipulación de datos, y que fueron convenientemente explicadas con el sistema COFAX que no permite la acumulación de fallas aritméticas y las remedia. No ocurrió así con 36 mesas electorales, una en Oruro y 35 en Santa Cruz, que fueron anuladas por cuanto los jurados alteraron deliberadamente las actas electorales para propiciar y favorecer al voto nulo, ya que los números inflados sobrepasaban en demasía a los votos emitidos.
Finalmente, no está demás decir que concluimos el proceso como lo iniciamos, en medio de un contexto político de confrontación, en cuyo escenario los sectores opositores no pudieron encontrar mejor argumento que enlodar al TSE con diversas acusaciones para deslegitimar el proceso y justificar el que no pudieran convencer a la mayoría de la ciudadanía de votar nulo, que era el principio de su pretendida reorganización política. Los ataques no cesarán, pero el que hayamos elegido a las autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional, iniciando un nuevo proceso de transformación para el país es, sin lugar a dudas, una victoria democrática.
VII.- Los aprendizajes democráticos
Bolivia ha vivido una experiencia democrática trascendental en su historia. Nos hemos atrevido a avanzar en los procesos democratizadores más allá de lo que el mundo liberal hizo hasta ahora y transitar en la democracia intercultural hacia rumbos que nos permitan una cada vez mayor participación junto a una mayor decisión que construya un nuevo país.
Necesitamos reflexionar profundamente sobre la experiencia que acabamos de vivir para sacar lecciones para nuestra democracia intercultural hacia el futuro. Valgan pues unos primeros apuntes en este sentido.
· El proceso de trasformación del país definitivamente se ha constitucionalizado y se ha impreso en la conciencia de la mayoría del pueblo a través de su participación. Las transformaciones necesarias en la justicia tienen como correlato su democratización a través de la elección de los magistrados/as (con las reglas establecidas por la Constitución y las leyes electorales vigentes), cuya experiencia acabamos de vivir.
· El contexto político del país ha condicionado la participación y el proceso de elección de los magistrados/as, pues la ciudadanía y algunos sectores opositores junto a medios de comunicación pretendieron deslegitimar el proceso bajo diversos tipos de acusación que en realidad ocultaban el propósito ideológico de oponerse a una mayor democratización en el país, y en este caso particular, de la justicia.
· El Órgano Electoral Plurinacional, como nuevo Órgano de Estado, ha administrado la primera elección intercultural, en un proceso de institucionalización que no concluye y que tiene todavía muchas dificultades para diferenciarse de la identidad institucional de la antigua CNE, y dar paso a una institucionalidad plurinacional que permita el despliegue de la democracia intercultural.
· Se han cumplido con todos los pasos procedimentales que han permitido una masiva participación de la ciudadanía (80% del padrón) en el proceso electoral, como fundamento de que la población históricamente ha apostado a la democracia y la participación para seguir cambiando el país.
· Los procesos de capacitación desarrollados por el OEP en este proceso electoral, que se masificaron a nivel nacional, tropezaron con la dificultad de explicar a la ciudadanía el contenido de la democracia intercultural así como el de las responsabilidades de las autoridades a ser elegidas, por cuanto históricamente el pueblo estuvo excluido de estas decisiones que eran adoptadas por los grupos de poder y los partidos políticos.
· La estrategia comunicacional desarrollada por el OEP a través del SIFDE contempló una presencia masiva en todos los medios de comunicación, sin embargo la dificultad real fue la de entusiasmar a la población para participar, con candidatos/as desconocidos, con perfiles académicos que no decían mucho y con los que la ciudadanía no podía interactuar sino a través de las pantallas de TV y de las radios, por las reglas establecidas en este proceso electoral.
· Frente a la complejidad de elegir y entender lo que se elegía, la campaña del voto nulo tuvo una gran cobertura en medios de comunicación para generar todavía mayor desconcierto y confusión, al margen de posturas políticas de sectores de oposición que realizaron grandes inversiones para propagandizar su oposición al gobierno y convertir la elección de magistrados en un aparente proceso plebiscitario.
· Dentro las reglas del mercadeo político, el Órgano Electoral no logró generar un ambiente electoral establecido por las reglas de mercado, precisamente porque el principio fundamental de la igualdad de oportunidades buscaba generar alternativas a la comercialización de los candidatos. Precisamente por eso, una parte de la ciudadanía no se sintió involucrada directamente en el proceso de elección porque sus intereses no se veían directamente involucrados, tarea que cumplían los partidos políticos, principalmente a nivel urbano, realizando ofrecimientos y repartiendo prebendas para ganar el voto.
· Una parte de la población, principalmente de las áreas rurales, asumió el reto de la trasformación de la justicia a través del voto y ello se vio reflejado en el tipo de elección que se realizó que priorizó dos características fundamentales de candidatas y candidatos, el que expresen la identidad IOC y también las de género.
· Una parte de los medios de comunicación, además de propiciar y amplificar las posiciones sobre el voto nulo, no contribuyeron a que la población pudiera tener una adecuada información para elegir. Se limitaron, dentro las reglas del mercado, a lograr recursos a partir de los contratos de publicidad establecidos con el OEP, único autorizado para realizar la difusión de méritos.
· Existieron también medios de comunicación que realizaron el esfuerzo de ser creativos en espacios de presentación y entrevistas de candidatos/as, que permitieron un mayor conocimiento de la calidad de los candidatos/as que participaban en las elecciones. Sin embargo, la ausencia de debate, como suele ocurrir en procesos electorales tradicionales, reducía el interés de televidentes y radioescuchas en los medios de comunicación.
· Algunas fallas en la coordinación de la OEP reflejaron la falta de institucionalidad del nuevo Órgano de Estado, que fueron enfrentadas con una gran voluntad democrática de los nuevos actores y de experiencia procedimental de antiguos funcionarios.
· El contenido de transparencia del proceso tuvo como aval fundamental al sistema biométrico del padrón electoral. Los más de 123.000 jurados sorteados al azar por el sistema informático así como el control social realizado por los miles de electores en las mesas, y finalmente el sistema informático COFAX que permitió que las fallas aritméticas cometidas por varios jurados fueran remediados de forma automática sin que medie ninguna acción política ayudaron a esa labor transparente del OEP.
· La deslegitimización previa de los preseleccionados, las acusaciones de atropello a la libertad de expresión, la de la digitalización de los jurados y finalmente la de fraude, realizadas por sectores opositores, y amplificados por los medios de comunicación, no tienen fundamento en la realidad de este proceso electoral y expresan más bien la oposición política al gobierno antes que el reconocimiento del proceso de democratización de la justicia definido en la Constitución.
· Las y los elegidos tienen finalmente la legalidad del cumplimiento de las reglas establecidas en las leyes electorales y tienen la legitimidad de un 80% de participación ciudadana, en un proceso de transformación de la justicia decidido por la mayoría del pueblo en la Constitución y que ha modificado sustancialmente la forma excluyente en la que los magistrados fueron elegidos en el pasado.
· El único voto que elije es el voto válido, el voto nulo y el blanco son un «no-voto», que expresa un síntoma que los actores sociales deben tomar en cuenta para sus conductas políticas, sin embargo no existe la pretendida interpretación de sectores opositores de convertir los votos nulos en una cruzada contra el proceso de transformación que vive el país.
· Finalmente, hemos construido un referente de la nueva forma de entender la democracia, de la que aún debemos aprender para seguir transformando nuestra convivencia y donde el mercado no puede ser el único referente que norme nuestras decisiones en función de tan sólo los intereses personales, y sí la necesidad de que también los intereses colectivos se hagan parte de nuestra vida, para seguir construyendo un mejor país.
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