Ley antinacional y minerogárquica

Nunca como ahora el país se enfrenta a una coyuntura que puede revertir y devolverlo a las épocas en las que un pequeño grupo oligárquico conocido como los barones del estaño controlaba, usufructuaba y definía los destinos de la nación. Esta vez e irónicamente, la situación se presenta en manos de una masa cooperativista explotada y asociada (vaya relación!), que le hace el juego a intereses privados nativos y (principalmente) extranjeros, que por su intermedio buscan hacer aprobar una norma antinacional, anticonstitucional y minerogárquica, por su similitud a lo que representaba aquella oligarquía minero feudal que la revolución del 52 pensó que había extirpado.

Y muy en contrario de que se trate de un asunto subsanable con la corrección y adecuación constitucional de unos pocos artículos (como se pretende hacer creer), o que se quiera (re)cortar las enormes y diversas ventajas, execciones, concesiones e incentivos que se les otorgó, y ni aún siquiera como si se tratase de un tema político por el que se busque desterrar resabios neoliberales que se han colado a la propuesta de ley minera, o aún de un propósito medioambiental que se proponga evitar los graves daños y pasivos socio-ambientales y ecológicos que provoca la actividad minera; en realidad se trata de una problemática que nos incumbe a todos los bolivianos.

Sucede que la norma (no unos pocos artículos) y tal como está planteada en la propuesta que se encuentra en tratamiento (y penosa negociación), otorga derechos preferentes a la actividad minera. Ello significa por ejemplo, que no solo permite el uso totalmente discrecional de las aguas y aun el desvío del curso natural de los ríos de este recurso que constituye un derecho de todos los bolivianos, poniendo en riesgo la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, tal como han denunciado las organizaciones de regantes a nivel nacional; sino que al otorgar derechos preferentes a la actividad minera, convierte a todos los demás bolivianos (sean ciudadanos individuales o colectivos con identidad y autonomía propias), en sujetos de segunda, con derechos supeditados y subordinados al interés y prerrogativa de mineros que vienen a constituirse de esa forma en una nueva casta privilegiada y superior. Tanto es así, que todos los demás derechos, sean agrarios, ambientales, indígenas o ciudadanos, deben ceder ante la eventualidad de que en tierras agrícolas, áreas protegidas, territorios indígenas o cualquier otro tipo de suelo, se encuentren recursos naturales explotables por la actividad minera. Y como si eso no fuese suficiente, dada la forma como ha sido concebida la norma, ni siquiera quedaría el consuelo de que esos recursos fuesen nacionales, o que la explotación y los beneficios puedan ser apropiados por el Estado, en beneficio de la nación, puesto que quedarían en manos de intereses privados (transnacionales especialmente), pero explotados (en doble sentido) por cooperativistas nativos.

Para muestra un botón. Si solo se contabiliza la cantidad de minerales y oro que se ha exportado en los últimos 10 años, se puede establecer claramente que ha salido del país mucha más riqueza de la que se explotó durante todo el periodo colonial y con la que pudo haberse construido un puente de oro y plata hasta Europa, como todos sabemos.

Por otra parte, al prestar atención al crecimiento de la actividad minera y la otorgación de concesiones en los últimos 5 años (según investigaciones efectuadas por el CEDIB), podremos establecer tres fenómenos sumamente inquietantes (por decir menos). Primero, que se han expandido en todo el territorio nacional; lo que significa que se han ampliado de las áreas tradicionales asentadas históricamente en occidente, para incluir y abarcar las regiones norte amazónica, oriental chiquitana y chaqueña, donde predomina la explotación de oro, metales no tradicionales y piedras preciosas. Segundo, que la extensión territorial de las concesiones son tan grandes en superficie, que ni en la más afiebrada época latifundista del país se entregaron tal cantidad de tierras para explotación privada y con derechos preferentes, cuyas extensiones superan fácilmente las decenas y centenas de miles de hectáreas para una sola empresa, como sucede en varios casos. Y tercero, que esta política entreguista ha reducido las reservas fiscales al mínimo, para favorecer el interés privado. Es decir, ha implicado desnacionalizar los recursos naturales mineros del país.

Bajo estos argumentos, la pregunta es si todos los sectores sociales que no son cooperativistas en el país deben quedar al margen de la revisión de una norma de esta trascendencia, y si esa revisión solo debe reducirse a una búsqueda consensos sobre unos pocos artículos, tal como está sucediendo en este momentos, a espaldas de una sociedad y un destino nacional que nos corresponde construir a todos.