El pasado 19 de julio murió en el Hospital General Sur de la Secretaría de Salud, en la capital poblana, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, como resultado de haber sido herido en la cabeza con balas de goma que usaron policías del estado para disolver el bloqueo de las carreteras […]
El pasado 19 de julio murió en el Hospital General Sur de la Secretaría de Salud, en la capital poblana, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, como resultado de haber sido herido en la cabeza con balas de goma que usaron policías del estado para disolver el bloqueo de las carreteras de peaje y federal Puebla-Atlixco en la comunidad San Bernardino Chalchihuapan, de la entidad que gobierna Rafael Moreno Valle Rosas, militante del derechista Partido Acción Nacional. Así, la Ley Bala, aprobada por el Congreso local el 19 de mayo de 2014, cobra su primera víctima mortal.
Ley Bala, inconstitucional y contra el pueblo
Los procesos legislativos en Guerrero, Chiapas, Querétaro, Puebla y otras entidades federativas responden a una orientación política única: limitar, restringir o liquidar los derechos democráticos del pueblo, impedir que las mujeres decidan sobre su cuerpo y facilitar las tareas represivas de los organismos policíacos. Son leyes y decretos que buscan, asimismo, preparar las condiciones para golpear a los trabajadores asalariados, campesinos, indígenas, estudiantes y pobladores, por las previsibles luchas en contra de la política oligárquica, antinacional, entreguista y pro gringa del gobierno federal de Enrique Peña Nieto y los gobiernos estatales del Partido Revolucionario Institucional, el PAN y algunos del Partido de la Revolución Democrática.
La Ley Bala contiene verdaderas perlas de la antidemocracia de los «estadistas» de la kakistocracia mexicana. El artículo 44 de la Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las Instituciones policiales del estado de Puebla, establece: «Queda prohibido el uso de armas de fuego para la dispersión de manifestaciones; sin embargo, se contemplará su uso (…) para repeler agresiones (…), para preservar la vida o para evitar afectaciones a la integridad física graves de los elementos policiales o de terceros».
De cara a la aprobación de la Ley Bala, de inmediato diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos de la patria chica de Aquiles Serdán señalaron con claridad: «Como miembros de la sociedad civil del estado de Puebla manifestamos nuestra preocupación por la aprobación de la ‘Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado’. Sin un debate claro, profundo y público, 32 legisladores del Congreso del Estado votaron a favor de una ley que faculta a los agentes de las instituciones policiales de Puebla para ejercer fuerza letal, en distintas modalidades, en contra de la población, favoreciendo un sistema de violación a los derechos humanos en la entidad.
«Es claro que términos imprecisos como manifestación ‘ilícita’ o ‘violenta’ posibilitan actos represivos por parte de la policía. La ambigüedad en referencia a situaciones en las que alguien puede ser detenido deja en un estado de vulnerabilidad a la ciudadanía. Se ha hablado de que el uso de la fuerza letal es el ‘último recurso’ en detenciones, manifestaciones públicas, desastres naturales y emergencias, sin embargo en un estado en el que las autoridades funcionan con opacidad y gozan de impunidad cómo podrá probarse que en efecto fue el ‘último recurso’ y no el primero.
«El descontento de la sociedad civil en el estado de Puebla bajo la administración de Rafael Moreno Valle enmarca la aprobación de dicha legislación. Ante la indignación legítima y creciente de la población, el gobierno estatal responde con violencia y estrategias que buscan crear un ambiente de miedo entre sus opositores. Es evidente que la preocupación del ejecutivo poblano es la de desmantelar los movimientos que surgieron contra la explotación minera en la Sierra Norte de Puebla, presas hidroeléctricas y gasoductos, pero también de buscar diluir a las manifestaciones que busquen cuestionar el estatus quo actual.
«La aprobación de la ‘Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado’ no es un caso aislado. En un momento en el que México está hundido en una crisis humanitaria que se desencadenó después de la guerra contra el narcotráfico, el congreso de Chiapas también aprobó el ‘Código que establece el uso legítimo de la fuerza por las instituciones de seguridad pública de Chiapas’, lo cual anuncia la posible aparición de iniciativas similares en otros estados, agudizando así la situación de criminalización de la protesta en todo el país«.
Mentiras gubernamentales y realidad represiva
Los politiqueros panistas poblanos no son capaces de asumir las consecuencias de sus actos represivos contra el pueblo. De esta manera, el señor Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública del estado, que tiene en su haber como represor los siguientes puestos: Director General de Terrorismo de la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Gobernación y Director General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación de la Procuraduría General de la República, además de ser premiado con la Medalla al Mérito Policial por el gobierno ultraderechista del gobierno de José María Aznar de España en 2003, negó, sin preocuparse de las evidencias, que la policía estatal utilizara balas de goma contra los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan.
Por cierto, de acuerdo con una carta de Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, publicada en el diario Reforma, se señala: «Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), quien cuando menos desde el año 2002, primero en la AFI y luego en la PFP, me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba con la DEA y me pasaba información; Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios (PF Colombia), Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas Rosas , Ramón Eduardo Pequeño García y Gerardo Garay Cadena, quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí».
De nada valen las afirmaciones del represor panista, pues existen pruebas fehacientes de la utilización de balas de goma contra los pacíficos manifestantes de la población poblana multicitada. La reportera Yadira Llaven informa en La Jornada: «Sin embargo, los pobladores de esa comunidad rechazaron la versión oficial y respondieron que cuentan con cinco costales llenos de balas de goma y latas de gas lacrimógeno, que fueron recogidas al final de la reyerta.
«Habitantes encabezados por sus autoridades, trasladaron las evidencias el pasado viernes al Senado de la República, para exhibir con pruebas la represión del gobierno panista de Moreno Valle. También fotografiaron la severa lesión de Martín Xelhua, quien recibió un impacto de bala en la mejilla izquierda, dejándole un boquete, los dientes fracturados y desechas la lengua y la mandíbula. Hugo Jiménez perdió un ojo tras el impacto de una bala de goma y Filemón Precio fue herido en el abdomen».
Derogar la Ley Bala y destituir a Luis Maldonado Venegas y Facundo Rosas Rosas
El asesinato de Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, las heridas graves ocasionadas a otros cuatro ciudadanos y las decenas de heridos leves no deben quedar impunes, por lo que es menester derogar la infame Ley Bala, destituir a Luis Maldonado Venegas, secretario general de gobierno, y a Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública estatal, e indemnizar a los familiares del niño asesinado y a los heridos en la brutal represión del 9 de julio, además, naturalmente, de cesar la represión contra los movimientos sociales y la izquierda independiente.
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