El Gobierno impulsa, mediante la llamada «Ley Bases», la profundización del modelo extractivo, con desproporcionados beneficios para las grandes empresas internacionales. Más de 50 organizaciones denuncian retrocesos en materia ambiental y la inconstitucionalidad de la norma. El Régimen Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y una política de saqueo.
Las organizaciones socioambientales volvieron a poner de manifiesto el rechazo a la Ley Ómnibus o «Ley Bases» —en su versión reducida y negociada con gobernadores y los bloques del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, tras el fracaso de enero—. Indican que “cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional”. Más de 50 organizaciones enviaron una carta a los legisladores marcando cuatro objeciones por las que piden votar en contra de la normativa: las facultades delegadas al presidente Javier Milei para que elimine o modifique las funciones de organismos (puede afectar a Parques Nacional y Acumar, entre otros) y la potestad que otorga sobre los fondos fiduciarios de protección y prevención ambiental (involucra a las leyes de Bosques Nativos y de Manejo del Fuego), el régimen de incentivo a las inversiones extractivistas y la flexibilización de legislaciones para la explotación de hidrocarburos.
El Senado comenzó a debatir este martes el texto de la denominada por el Gobierno “Ley Bases”, que ya cuenta con media sanción de Diputados, con un pretendido tratamiento exprés que no contempla la presencia de oradores de la sociedad civil, si no solo la de los funcionarios de Gobierno. El primer objetivo del Ejecutivo, emitir dictamen este jueves, ya se frustró y se pronostican cambios que harán que la norma regrese a la Cámara de Diputados.
“El Proyecto de Ley de Bases enviado por el Poder Ejecutivo propone cambios que implican un enorme retroceso para la protección del ambiente”, sostiene la carta enviada por medio centenar de organizaciones y subraya que los artículos observados “contradicen principios jurídicos nacionales e internacionales vigentes” como el principio de “no regresión ambiental”, contenido en el Acuerdo de Escazú, dado que de aprobarse la norma se disminuirían los niveles de protección ambiental ya alcanzados.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la asociación de Abogades Ambientalistas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Multisectorial Humedales, Asamblea Pucará, el Instituto de Salud Socioambiental, Fundación Cauce, Greenpeace y Consciente Colectivo son algunas de las organizaciones firmantes.
En el documento, cuestionan el denominado Régimen Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) —enfocado a actividades extractivas como la agroindustria, infraestructura, forestal, gas y petróleo, y energía— al indicar que, en el plano ambiental, afectaría “el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en materia de cambio climático en foros multilaterales”. Esos compromisos asumidos por los países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se traducen en un documento llamado NDC —por la sigla inglés de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional—. Argentina presentó su segundo informe en diciembre de 2020, que ya prometía incumplir las metas de reducción.
La política extractiva atraviesa a los gobiernos en la búsqueda de la expansión de la frontera agropecuaria y la expansión de la frontera fósil con fracking y offshore, que explican el 90 por ciento de emisión de gases de efecto invernadero en el país. Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, un presidente que considera que “el calentamiento global es una mentira”, la expectativas de cumplimiento de los compromisos son aún más marginales.
La aprobación del RIGI en el Senado significaría una reversión, ampliada a más sectores extractivistas y con más beneficios, del Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, creado en 1993 (Ley N° 24.196). Una carta blanca a los capitales extranjeros para ingresar al país, explotar los recursos naturales y llevarse las ganancias, con beneficios fiscales y sin la obligación de generar trabajo local ni transferencia de tecnología.
Una muestra concreta de la política ambiental de Milei se cristaliza en el reciente informe del “Monitor Ambiental de Presupuesto”, que elabora FARN de manera trimestral. El análisis de las partidas presupuestarias establecidas y ejecutadas durante los primeros tres meses del gobierno de La Libertad Avanza muestra que lo destinado para la ahora Subsecretaría de Ambiente y para la Administración de Parques Nacionales representan apenas el 3,07 por ciento de lo que se ejecutó para el pago de los servicios de deuda externa. Si se compara esas partidas con el total del presupuesto ejecutado, sólo significa el 0,16 por ciento.
En paralelo, y a contramano de lo que planteó durante la campaña presidencial, destaca el informe, Javier Milei mantuvo subsidios por 150.112 millones a la oferta de hidrocarburos. “Mientras que en los primeros dos meses se ejecutaron 11.757 millones en subsidios para las empresas hidrocarburíferas, no se ejecutó ni un solo peso para los subsidios a la demanda, que reciben las y los consumidores”, sentencia FARN.
No es la primera carta que las organizaciones socioambientales envían al Congreso. En enero, los destinatarios fueron los diputados y diputadas, que aprobaron la versión original de la Ley Ómnibus, que contenía más de 600 artículos, pero que luego cayó por desacuerdo de los distintos bloques. La mayoría de las organizaciones firmantes expusieron en el plenario de comisiones contra otras reformas incluidas, que ahora quedaron en el camino.
Entre los artículos que la resistencia a la primera versión lograron dejar en el camino estaba la adhesión a la convención UPOV 91, modificaciones a las leyes de Glaciares, Manejo del Fuego, Quemas, Bosques y Pesca. También quedó en el camino la creación de un mercado de bonos de carbono, la privatización de YPF, de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y de Banco Nación —que los pequeños productores y cooperativos defendieron por la política crediticia para el sector—.
Sin embargo, las modificaciones que aún contiene la nueva versión de la norma sigue amenazando las políticas ambientales de la mano del desfinanciamiento estatal, el fomento a las industrias extractivas y la desindustrialización.
Dos objeciones en materia de política ambiental a la “Ley Bases”
Los dos primeros puntos de la carta enviada por las organizaciones socioambientales al Senado apuntan sobre la delegación de facultades que habilitan al presidente Javier Milei a avanzar en la reforma del Estado y una reorganización administrativa. El artículo 3 del proyecto fue un punto álgido en el debate en Diputados (que dio la media sanción), ya que habilita a modificar la estructura jurídica, disminuir competencias o, directamente, eliminar organismos estatales.
Entre los organismos clave para la coordinación y aplicación de políticas ambientales que podrían reducirse en sus funciones o eliminarse, la organizaciones mencionan los siguientes:
- Administración de Parques Nacionales
- Instituto Nacional del Agua (INA)
- Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres)
- Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep)
- Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (Ianiglia)
- Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar)
En el mismo sentido, la carta advierte sobre el artículo 5 aprobado por la Cámara baja, que faculta al Poder Ejecutivo “a modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos”. Entre las partidas de relevancia para la política ambiental, la carta de los organismos destaca:
- Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos
- Fondo Nacional del Manejo del Fuego
- Foder, orientado al desarrollo de energías renovables
- Fodis, destinado a la promoción de generación distribuida de energías renovables
En este punto, las organizaciones precisan cómo —de aprobarse la norma sin modificaciones— correrán peligro las áreas protegidas como, por ejemplo, los bosques nativos. “La disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos implicaría la derogación tácita de los artículos del 30 al 39 de la Ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques (Ley 26.331)”, indican.
En la práctica, el gobierno de Milei ya comenzó la política de desfinanciamiento. El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos debería recibir, de acuerdo a la Ley de Bosques, el 0,3 por ciento del Presupuesto Nacional. Sin embargo, a marzo de 2024, tiene programado un presupuesto 18 veces menor, advierte la carta, tomando datos del “Monitor Ambiental de Presupuesto”, publicado por FARN.
Mientras que, ante el incremento de incendios provocados de manera intencional o por el propio efecto de la crisis climática, el gobierno nacional no ejecutó ni un solo peso de los 12.101 millones que tiene asignado el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Por último, insiste con que, a marzo de 2024, solamente se ejecutaron 275 millones dentro de la actividad Manejo del Fuego, que representan un 0,01 por ciento de lo erogado en pago de servicio de la deuda.
Dos objeciones a la política extractiva de la “Ley Bases”
Los otros dos puntos de la carta se centran en la contraparte del desarme de los organismos estatales de protección ambiental, el avance de las políticas extractivas de la mano del RIGI y la modificación de la Ley de Hidrocarburos. “Significaría una delegación legislativa imperdonable en materia de gestión ambiental de hidrocarburos, el otorgamiento de privilegios impositivos y cambiarios para las industrias extractivas, sin contemplar una mirada social ni ambiental, y la limitación de los espacios de participación pública”, sentencian.
El objetivo del RIGI es atraer inversiones de más de 200 millones de dólares, con fines de exportación, y, a cambio, esas empresas tendrán beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios a 30 años. Por eso, las organizaciones lo comparan con el vigente Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, que ahora se extendería a otras actividades extractivas con un agravante crítico.
“El RIGI profundiza este régimen de privilegio que ya tiene la minería hacia otros sectores, incluso avasallando facultades de los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la Ley 24.196 que indica que la adhesión al Régimen minero es una opción de las Provincias, en el caso del RIGI la aprobación del proyecto de ley Bases las incluye de manera compulsiva”, sostiene la carta.
Es que la norma, aprobada por Diputados, marca una contradicción entre los artículos 163 y 222. El primero habla de crear “un un régimen que otorgue certidumbre, seguridad jurídica y protección especial” para las “Grandes inversiones”, mientras que el 222 reconoce la necesidad de que provincias y municipios adhieran al régimen. En esa contradicción aparece también el artículo 162 que sostiene que “cualquier norma o vía de hecho, nacional o local, por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente Título, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.
Por otra parte, las organizaciones advierten que “ninguno de los artículos específicos del RIGI impone condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos”. Ese punto no está apareciendo en la preocupación del debate de comisiones del Senado, pero sí otro —con preocupación y lobby de la Unión Industrial Argentina— que es que el RIGI tampoco “establece condicionamientos a la generación de puestos de trabajo a escala local, provincial o nacional, ni se explicita ningún tipo de política de escalamiento en cadenas de valor, o transferencia de tecnología”.
Los inversores que ingresen al RIGI podrán hacerlo con beneficios a 30 años, que les permitirán, por ejemplo, no pagar derechos de importación de insumos —impactando a la industria nacional—, no pagar derechos de exportación en los primeros tres años y, luego de ese tiempo, pagarán retenciones, pero con libre disponibilidad de la liquidación de las divisas en manos de la empresa para sacarlas del país.
“No hay separación posible entre la promoción de un determinado modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador como lo hace el RIGI y la degradación ambiental”, sentencian las organizaciones y anticipan que las medidas económicas impulsada por La Libertad Avanza, junto a gobernadores y bloques aliados, “terminan por atacar los controles ambientales e incluso reducir mecanismos de participación y por ende la calidad democrática”, como anticipa el artículo 162.
El último punto objetado de esta nueva versión es la reforma a la legislación de la explotación de hidrocarburos. Una amplia modificación energética que las organizaciones socioambientales señalan “no sólo destruye la poca soberanía nacional restante en el sector, sino que va absolutamente a contramano de los avances que creemos necesarios sobre el sistema energético”. Se trata de:
- Ley de Hidrocarburos 17.319 (y 27.007). Modifica 51 artículos, deroga nueve e incorpora dos en formato «bis»
- Ley Gas Natural 24.076. Modifica seis artículos
- Ley de Autoabastecimiento Hidrocarburífero 26.741. Modifica dos artículos
- También modifica los entes reguladores de gas y energía, y el régimen de energía eléctrica.
Además, la carta elevada a los senadores y senadoras también apunta contra la propuesta de declaración de Emergencia en Materia Energética por un período de un año, junto con la consiguiente delegación de facultades al Poder Ejecutivo. “Esta medida, lejos de garantizar una respuesta eficaz a los desafíos energéticos, climáticos y ambientales en nuestro país, permitiría las decisiones unilaterales e inconsultas, en un sector ya altamente concentrado”, señalan.
Durante esta primera semana de debate parlamentario en la Cámara alta, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, dejó claro el objetivo del Gobierno: “En el caso del gas, se pasa de un modelo que deja el autoabastecimiento interno y la soberanía energética como principio general para la explotación del gas, para pasar a ser un país exportador”, marcó.
El objetivo de Chirillo está escrito en el documento publicado en febrero por el staff del FMI. En el documento de revisión y aprobación del Programa de Facilidad Ampliada (EFF), el organismo proyectó que con el fomento a la explotación de Vaca Muerta, Argentina podría incrementarse sus exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) pasando de 100 mil barriles por día en 2023 a 900 mil barriles por día para el 2030. Para pagar la deuda externa.
El secretario de Energía —quien reconoció en el debate no haber leído un artículo de la norma referido a la prioridad del uso de recursos naturales en favor de los inversores por sobre las comunidades— argumentó la modificación de la Ley de Hidrocarburos bajo el enfoque de la balanza de pagos por sobre las políticas ambientales globales, en las que desde hace años se plantea reducir la explotación de combustibles fósiles. “Se trata de aprovechar la ventana de oportunidad que tenemos para explotar nuestras riquezas”, rifó Chirillo al resaltar que “en 2050 no se va a explotar más ni petróleo ni gas, por tanto la ley, que es del año 60 y que ha funcionado durante muchos años, la hemos aggiornado a los momentos actuales para maximizar la renta, maximizando las condiciones a suministro interno”.