De acuerdo con la Red de Coordinación en Biodiversidad, la aprobación de este proyecto es parte de una estrategia que busca afianzar los intereses de las grandes compañías productoras de semillas, cuyos derechos de propiedad intelectual ya quedaron protegidos en las leyes de reciente aprobación.
«Este proyecto de Ley de Semillas es producto de la presión internacional para que todos los países estandaricen sus leyes y así aseguren la comercialización para la industria semillera oligopólica y transnacional, localizada principalmente en Europa y Estados Unidos», afirma la Red de Coordinación en Biodiversidad en torno al expediente No. 16.098, aprobado unánimemente por una comisión legislativa en junio pasado.
De acuerdo con la Red, la aprobación de esta proyecto es parte de una estrategia que busca afianzar los intereses de las grandes compañías productoras de semillas, cuyos derechos de propiedad intelectual ya quedaron protegidos en las leyes de reciente aprobación: Obtenciones Vegetales y UPOV-91, las cuales formaron parte de la llamada agenda complementaria del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
El expediente 16.098 fue presentado a conocimiento legislativo a finales del 2005, y aprobado de manera unánime el pasado 18 de junio por la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa; ahora está a la espera de su votación en el Plenario.
Integran esa comisión José Joaquín Salazar, Salvador Quirós, Ovidio Agüero, José Ángel Ocampo, Luis Carlos Araya, Marvin Rojas, Sergio Alfaro, Lorena Vásquez y Saturnino Fonseca. Para la Red de Coordinación en Biodiversidad, la aprobación de este proyecto es «un tiro de gracia» para la agricultura costarricense, pues lo que hace es defender los intereses comerciales de los grandes industriales de la semilla.
Estiman que este plan fue aprobado en las sombras, ya que solo fueron consultadas 13 instituciones y organismos, en su mayoría del aparato estatal y de las cámaras industriales, mientras que se dejó por fuera el criterio de organizaciones campesinas, indígenas, comunales y ecologistas, que trabajan con semillas.
La única universidad consultada fue la de Costa Rica (UCR), la cual recomendó rechazarlo, debido a que «presenta deficiencias de forma y de fondo que deben ser subsanadas».
Mientras tanto, los legisladores que le dieron en comisión el visto bueno tras presentar un texto sustitutivo del original, concluyeron que este «refleja una normativa más acorde con la realidad nacional, con los requerimientos de la institucionalidad del sector agropecuario con vistas a los próximos años y con la necesaria modernización de este servicio, respecto a las demandas de la cadena agroproductiva semillerista y su usuario final, el agricultor».
LEY PARA «SEMILLARISTAS»
«La finalidad de esta Ley es la de establecer el marco jurídico para el desarrollo de la actividad de semillas en el país, aplicable a la producción, el comercio y uso de semillas de calidad reconocida; de manera que se promueva la productividad y desarrollo agropecuario, la seguridad alimentaria, una sana competencia y se protejan los derechos del usuario de semillas», asegura el artículo 1 de este proyecto.
Jaime García González -coordinador de la Red de Coordinación en Biodiversidad- envió una carta el pasado 18 de agosto a la Comisión de Agropecuarios, en la que expone su malestar porque se les pidió opinión de manera extemporánea, cuando ya lo había aprobado esa instancia.
«Esta situación no es nueva: la vivimos ya en relación con el trámite acelerado y sin consulta que sufrió el proyecto de ley para la ratificación de UPOV y del proyecto de ley de obtenciones vegetales aprobado antes de que venciera el plazo para recibir las respuestas a la consulta realizada en ese momento», lamentó.
Respecto al proyecto, García González dijo que «debería denominarse de `defensa de los intereses de la industria semillera´ y no ley de `semillas´, debido a que no se ocupa de la calidad de la semilla, sino más bien de los intereses económicos de esta industria».
El coordinador de la Red, piensa que si bien se presenta esta como una ley de certificación e incluso de conservación de recursos fitogenéticos, en realidad busca ilegalizar las semillas campesinas y reforzar las leyes de propiedad intelectual, tendencias que promueve el TLC aprobado por el país en octubre del 2007.
Otro de los cuestionamientos tiene que ver con la prohibición para comercializar semilla no registrada y la forma «absurdamente amplia» en que se incluye la definición de intercambio y regalo, que dejaría a los sistemas campesinos fuera de la ley o bajo control, dado que solo se trata de «cesión o intercambio entre agricultores de semillas locales, tradicionales o criollas».
González agregó que para que esta cesión funcione, dichas semillas tendrían que estar registradas de previo como tales, para así diferenciarlas de las «comerciales».
De igual manera, censuró que al definirse a la semilla como un insumo, y a los agricultores como consumidores o usuarios de semillas, la práctica milenaria del campesino como productor de simientes pasa a ser una «excepción» sujeta al arbitrio de una oficina nacional reguladora o simplemente un delito.
La Red Coordinadora en Biodiversidad sostiene que el referido texto califica como delito no registrar las semillas criollas o tradicionales, por lo cual las empresas productoras de semilla encontrarán fácilmente materia prima para crear sus nuevas variedades comerciales. Las infracciones graves a esta ley contemplan multas que van de quince a veinte salarios.
Las semillas protegidas por las leyes de propiedad intelectual no pueden ser usadas si no se pagan los respectivos derechos. «Ya no vamos tampoco a poder vender o compartir semillas que no estén registradas y que no cuenten con un certificado de `calidad´. En el fondo, lo que están haciendo es quitando el control de la semilla de manos de los campesinos, para dárselo a las grandes empresas», reclamó José Oviedo, agricultor integrante de Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG).
¿Y LA ALIMENTACIÓN?
En relación con el análisis que hizo un grupo de profesionales de la UCR y en el cual se recomienda desestimarlo, se concluye que no obstante que los proponentes impulsan una legislación que responda a la realidad comercial y tecnológica, el texto aprobado es débil en materia de seguridad alimentaria y por ello esta debe protegerse como «derecho de la tercera generación».
Agregaron que «en el proyecto de ley se elimina la potestad que la Oficina Nacional de Semillas tenía de planificar la producción nacional de semillas y no se aclara quién estaría asumiendo dicha responsabilidad, que es fundamental para la seguridad
alimentaria y para la protección del pequeño productor nacional».
Otra organización que se opone es la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Agricultores (UPANACIONAL), que al ser consultada por la comisión legislativa aseveró que este proyecto es consecuencia de la aprobación de las leyes de Obtenciones Vegetales y UPOV.
Asimismo, expresó temor porque al permitírsele a la Oficina Nacional de Semillas recibir donaciones, podrían influir en ella fondos provenientes de firmas transnacionales que producen simientes, y en la directiva solo habría un representante por los agricultores.
También arremetió contra el proyecto Óscar Campos, exdiputado y directivo de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), quien calificó como una tragedia que el país «lejos de estar generando legislación para ayudarle al país, esté legislando para ayudarle a las transnacionales».
Añadió que «este es un esfuerzo monopolizador mundial que se hace en todos lados y aquí no había podido pasar. Ahora, a la sombra del TLC y del tema de la propiedad intelectual, el proyecto de Ley de semillas es nada más y nada menos que el postre». Campos fustigó a los diputados del Partido Acción Ciudadana en la comisión, por no decirle las cosas claras a la ciudadanía, en el sentido de que este tipo de iniciativas son la consolidación de las transnacionales en Costa Rica, cuyas ganancias han sido «completamente impúdicas» en esta crisis alimentaria que se vive.
Por su parte, Eva Carazo -de la Red de Coordinación en Biodiversidad y del Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO)- hizo ver que el escenario ideal para el expediente 16.098 sería su regreso a la Comisión de Agropecuarios con el fin de replantearlo, ya que no es conveniente una reforma mediante parches.
La Red advirtió que de ser aprobada esta ley, los gastos que generaría su acatamiento por costos de semillas, registros y certificación, significarán cargas adicionales para la agricultura, que al final se le trasladarán a las familias consumidoras.
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