Tal es el conjunto de errores técnicos y conceptuales, y la magnitud de los perjuicios que de ser aprobada la ley, ocasionaría a Argentina, que solo cabe suponer un grado de ignorancia en temas energéticos, muy profundo, por parte del legislador, sus colaboradores y quienes lo apoyaron en la conflictiva y negativa iniciativa. Claramente, solo […]
Tal es el conjunto de errores técnicos y conceptuales, y la magnitud de los perjuicios que de ser aprobada la ley, ocasionaría a Argentina, que solo cabe suponer un grado de ignorancia en temas energéticos, muy profundo, por parte del legislador, sus colaboradores y quienes lo apoyaron en la conflictiva y negativa iniciativa. Claramente, solo consultaron a los sectores fuertemente orientados a favorecer las «renovables amputadas», no habiendo ampliado las consultas a otros sectores, incluso omitiendo -resulta muy claro- a organismos técnicos de probada capacidad técnica y científica, como el Comité Argentino de Presas, la Comisión Nacional de Energía Atómica, EBISA, el Ministerio de Planificación de la Nación y la Secretaría de Energía de la Nación, además de los calificados planteles técnicos de los entes binacionales (Salto Grande y Yacyretá), y otros más.
Si no se hubiera actuado por ignorancia, cabría calificar actitudes de ocultamiento o de sesgamiento culposo para favorecer intereses sectoriales en perjuicio de los Intereses Nacionales, lo cual se descarta.
El Proyecto de Ley pretende ampliar y acelerar en forma incoherentemente apresurada los plazos y elevadísimos límites mínimos porcentuales de cobertura de la demanda eléctrica, que resultarían obligatorios -monopolística y excluyentemente e incluso contra toda lógica económica y estratégica-, favoreciendo en forma desmedida a las incorrectamente llamadas «energías renovables». La sumatoria de «facilidades» que pretende instaurar, tienen carácter de ventajas prebendarias, que pueden ser inmanejables para el propio Estado Argentino, pues nos atarían a los intereses sectoriales vinculados con la importación, comercialización e instalación de «renovables», básicamente eólicas y solares; haciendo pagar a todos los consumidores argentinos, los costos exorbitantes, antieconómicos e incluso irracionales, que con fuerza de ley, pasarían a ser de obligatorio cumplimiento, aun perjudicando a otros proyectos de generación eléctrica más racionales y de costos mucho más competitivos.
Es un proyecto de ley que amplía las atribuciones de la ley 26.190, la cual adolece de severos defectos técnicos y de un marcado sesgo pseudo ecologista a ultranza, aún en contra de los Intereses Estratégicos Nacionales; todo ello en línea con incoherentes y amañados planteos previos del sector ultra ecologista manipulado por las ONGs transnacionales británicas, que en forma muy sesgada y cargada de falsedades técnicas, difundió un conjunto de informes pseudo científicos, denominados «Escenarios Energéticos Argentina 2030», el cual fue profundamente evaluado, diseccionado parte por parte, y desmentido categóricamente en el libro «Los Profetas del Caos» (http://caoenergia.blogspot), el cual no fue nunca desmentido, ni siquiera criticado, de acuerdo a la vieja metodología de «la conspiración del silencio», utilizada desde los albores de la patria, por oscuros intereses antinacionales, que operaron en forma continua, sistemática e incluso muy solapada. En ese libro se explica el porqué del concepto de «renovables amputadas», pues la ley 26.190, sin ninguna lógica técnica excluye a las hidroeléctricas de más de 30 MW
ANÁLISIS DEL CONTROVERSIAL PROYECTO
BREVE SÍNTESIS HISTÓRICA
De larga data son las acciones de las transnacionales del ecologismo fundamentalista -principalmente las británicas Greenpeace y WWF-Fundación Vida Silvestre, intentando frenar por distintos medios el desarrollo tecnológico y socio económico argentino. Particular saña y total recurrencia tienen sus «agendas» de ataques mediáticos y acciones públicas por medio de agitadores ad hoc (seguramente varios de ellos socios de las ONGs sin conciencia cabal de las implicaciones reales de sus actos), denigrando mendaz y sistemáticamente, mediante acciones de terrorismo mediático, en contra de las generaciones hidroeléctrica y nuclear. Apelan a miedos irracionales, exacerbados por mentiras y exageraciones escandalosas, sucesivamente demostradas como gruesas mentiras; pero los manejos mediáticos siempre dan grandes repercusiones a las «denuncias» y muy pocos espacios a las demostraciones irrefutables de falsedad de las mismas. Como ejemplos dos casos paradigmáticos: la «denuncia» de supuestas «aguas radioactivas» en Ezeiza, comprobadamente falsas; la «denuncia» del trasvase de aguas de Yacyretá al Iberá, también demostradamente falsas.
Presentan como «alternativas» y supuestas «grandes soluciones» a las generadoras eólicas y solares, pretendiendo imponerlas obligatoriamente, en acciones al como sea, omitiendo no solo sus altísimos costos por KWh (por algo sus imposiciones van asociadas a prebendarios subsidios y otras ventajas leoninas), disimulando en densas palabrerías huecas de exaltación a «los ahorros de energía», a los «beneficios ambientales», y otros conceptos por el estilo, que no son más que frases prearmadas, que incluso no se condicen con la realidad. Omiten o apenas mencionan tangencialmente los serios problemas que las energías renovables (en rigor «renovables amputadas»), provocan en los Sistemas de Transmisión Eléctrica, con sus intermitencias y variaciones de voltaje y frecuencia.
Al atacar ferozmente a las usinas hidros y nucleares, en los hechos favorecen a la generación termoeléctrica, propiciando que Argentina profundice la nociva dependencia que adolecemos respecto a los combustibles fósiles.
Vinculado con ello, presentan como «alternativas» a las eólicas y solares, siendo que en rigor son simplemente «complementarias» pues no pueden reemplazar a las centrales de base, que solo lo son las de las tres clases de tecnologías confiables, sin intermitencias, y programables: hidroeléctricas, nucleares y termoeléctricas
Esas campañas entraron en una nueva fase en 2012, cuando en forma muy amañada, presentaron un confuso conjunto de informes pseudo científicos, ampulosamente llamados «Escenarios Energéticos Argentina 2030», de deplorable nivel técnico, cargado de falsedades y verdades a medias.
Antes de ello, con sutiles presiones y sin duda ante los tergiversados argumentos presentados a los legisladores, con la dudosamente fundamentada intervención de algún soporte «técnico» de la Secretaría de Energía, los sectores del ultra ecologismo festejaron la sanción de la ley 26.190, que sin coherencia alguna presenta como excluidas del concepto de «renovables» a las hidroeléctricas desde 30 MW de potencia en más, y además pretendió forzar instalaciones masivas de «renovables amputadas» (definición que acuñé para caracterizar el tergiversado concepto de «renovables» de la citada ley). Las pretendidas amplias inversiones en eólicas y solares, no se concretaron en las enormes cantidades pretendidas, justamente por los bajos rendimientos de las usinas «renovables amputadas», que tornaron inocuos los amplios beneficios extras ya concedidos.
Ahora, el nuevo proyecto de ley, pretende ampliar más aún las prerrogativas excepcionales, conformando un cuadro de ventajas exageradas y dudosamente coherentes, que bien pueden ser consideradas de tipo prebendario. Eso se analiza en este informe.
No es un tema menor, que con el accionar de zapa de las ONGs «ecologistas» transnacionales (más que «ecologistas» son verdaderos organismos de presión, en el marco de las «guerras blandas» libradas desde la concepción geopolítica imperial), esos entes y sus apéndices locales, de hecho se oponen sistemáticamente al Plan Nuclear Argentino, que es uno de los máximos exponentes del renacer tecnológico e industrial argentino, elaborado desde una concepción de geopolítica argentina con objetivos de Grandeza Nacional.
Del mismo modo, se oponen a las obras hidroeléctricas, que también son piezas claves dentro del contexto energético nacional, como sustento de nuestro desarrollo que precisa la diversificación coherente de nuestra matriz energética.
Por el tenor tan sesgado de la redacción del proyecto de ley y de sus fundamentaciones, resulta más que evidente que su autor y colaboradores, así como los legisladores de otras bancadas que apoyaron esta controversial y dudosamente fundamentada iniciativa, solo han escuchado una campana, la del sector ecologista fundamentalista, y sus «compañeros de ruta», los vendedores de equipos eólicos y solares.
Debe tenerse en cuenta que algunos países, que adhirieron en forma acentuada a los «preceptos» del ecologismo fundamentalista, volcándose en gran medida a las energías eólica, solar y similares, como Alemania, Dinamarca y España, debieron incrementar fuertemente las inversiones en usinas termoeléctricas, ante los bajos rendimientos de eólicas y solares, además de ver incrementados fuertemente sus costos operativos de la generación eléctrica, que en el caso germano se estima en un alza del 10 %, que repercute negativamente en su producción industrial, al restarle competitividad.
FALENCIAS Y FALSEDADES TÉCNICAS DEL PROYECTO
El proyecto mantiene la arbitraria y absurda exclusión de las hidroeléctricas de más de 30 MW de Potencia Instalada. Careciendo esa exclusión de todo sustento técnico, resulta evidente que fue pergeñada caprichosa y sesgadamente, para «sacar de competencia» a las hidroeléctricas de potencias significativas, las que son muchísimo más eficientes (sirven como centrales de base, lo que no sucede con las eólicas, solares y otras «renovables amputadas»), generan en forma totalmente limpia, tienen largas vidas útiles, y sobre todo su producción es por lejos la más económica por KWh.
Además de significar un conjunto de características escandalosamente prebendarias lo que pretende aprobarse, es un verdadero atentado contra el desarrollo nacional, pretender imponer con carácter de prioridad exclusiva y excluyente, a las generadoras «renovables amputadas» (básicamente eólicas y solares), aunque resulten mucho más costosas y menos ventajosas técnicamente, cuando el controversial proyecto quiere establecer con fuerza de ley que se deberá optar por las «renovables amputadas» aunque existan proyectos alternativos de menores costos. Resulta claramente discriminatorio en contra de otras fuentes de energía, basándose esa discriminación en amañados y falaces argumentos.
En los hechos, se opone y obstaculiza al Plan Nuclear y al Plan de Obras Hidroeléctricas, ambos considerados con toda lógica, prioritarios por parte del Estado Nacional, por sus enormes importancias estratégicas, geopolíticas y económicas.
Pretende obligar a realizar apresurada y nada justificadamente, enormes y abruptas inversiones en «renovables amputadas», pues no solo los porcentajes mínimos que fija el proyecto son muy elevados, sino que los plazos definidos son abruptos, y con ello totalmente irracionales, pues quitan tiempo a toda imprescindible cuidadosa planificación, además excluyen de hecho la participación de la industria argentina, que ante tamaña avalancha de «instalaciones forzosas», solo deja margen para decisiones apresuradas e irreflexivas, con lo cual prácticamente con seguridad, se estaría dando pie a inversiones de dudosa factibilidad técnica con exiguos resultados productivos, y por supuesto con costos de inversiones siderales, que recaerán sobre el erario público, y con ello, sobre toda la población.
Omite considerar los muy perniciosos efectos que serían consecuencia de la instalación masiva de usinas intermitentes, pues provocarían problemas técnicos de costosas soluciones, ante los problemas de variaciones de frecuencia y voltaje, que son negatividades insalvables por si mismas, de las generaciones eólicas y solares. En realidad, si se aprobara con fuerza de ley, semejante conjunto de aberraciones técnicas, una de las consecuencias negativas será la proliferación de nuevas usinas térmicas alimentadas a gas, o a petróleo, profundizando la perniciosa dependencia patológica de la matriz eléctrica argentina respecto a los combustibles fósiles.
No es cierto que las «renovables amputadas» reemplazarán a las usinas térmicas alimentadas a gas oil. Básica y casi excluyentemente, el gas oil es consumido por pequeños grupos electrógenos Diesel, que forman la llamada Generación Distribuida, la cual opera única o básicamente para solucionar problemas en el área técnicas de Distribución; lo cual es un recurso utilizado como soporte técnico en los grandes núcleos de consumo, salvo unas pocas excepciones en otros puntos del Sistema Interconectado. Por lo general las pequeñas usinas de Generación Distribuida se ubican en lugares o nodos de altos consumos, y en general se concentran en la Mega Región Central, así como en menores escalas en el Norte Grande (NEA más NOA). En cambio, de acuerdo a estudios previos serios, así como en base a los resultados obtenidos (corroborados por CAMMESA), los únicos rendimientos de cierto grado de importancia, y con rendimientos al menos aceptables, de las «renovables amputadas», se dan en la Patagonia, y únicamente con eólicas, pues los rendimientos de las solares foto voltaicas son mínimos, despreciables dentro de la matriz general. Y resulta muy claro, que la generación intermitente, que pueda inyectarse a la red desde el lejano sur, no podrá -por cuestiones técnicas elementales-, sustituir a la Generación Distribuida, ubicada muy lejos de aquellas, y con características y funciones diferentes, pues básicamente esta opera como factor de estabilización y mejoramiento de la calidad operativa del servicio, en áreas reducidas de alto consumo o con otras falencias por deficiencias en las redes de Distribución. Por otra parte, los grupos Diesel no están diseñados para constante arranques y paradas, como sucedería si -teóricamente- fueran sustituidos por las volubles e inestables generaciones de las «renovables amputadas».
No es cierto que los rendimientos esperables de las «renovables amputadas» llegan a factores de carga del orden del 42 %. La experiencia argentina demuestra que el promedio de carga (producción efectiva) de las eólicas llega al 37 % y dicho rendimiento sería en rigor mucho menor, de no ser por algunos rendimientos superiores obtenidos por algunas eólicas patagónicas; y las solares, solo alcanzan el 21 %. Todas las otras (geotérmicas, hidrógeno, etc.) rinden mucho menos.
Falta a la verdad, en sus fundamentos, al afirmar que las hidroeléctricas solo estarán operativas en el largo plazo (sin definir claramente que entiende por el concepto de «largo plazo»). En efecto, es técnicamente conocido que las hidroeléctricas de mediana potencia (de entre 30 MW y 100 MW aproximadamente), pueden estar construidas en plazos reducidos, del orden de 4 a 5 años, a diferencia de las grandes y de las gigantescas, cuyas obras por lo general insumen aproximadamente una década o más. Por supuesto que también omite -acorde al tenor marcadamente sesgado y no veraz del proyecto y sus fundamentaciones- que por regla general, las hidroeléctricas son mucho más eficientes, de mayores vidas útiles, de energía mucho más económica y apta para funcionar como base del Sistema Eléctrico, así como el nulo impacto ambiental de la generación hidroeléctrica, además de los beneficios adicionales que por lo general caracterizan a los proyectos hidroeléctricos.
Adviértase que además, el cuestionado proyecto de ley, puede ser usado por el fundamentalismo ecologista y los poderosos intereses asociados a él, para dificultar o frenar el desarrollo del Proyecto CAREM, que es parte sustancial del accionar del Sector Nuclear Argentino.
También falta groseramente a la verdad, el proyecto de ley y sus sesgadas fundamentaciones, al equiparar a las «renovables amputadas» con las centrales hidroeléctricas de pasada. No es lo mismo cualquier central intermitente, con problemas crónicos de oscilaciones incontrolables de frecuencia y tensión, e inútil para funcionar como central de base de ningún Sistema Eléctrico, que una central hidroeléctrica de pasada, que como tal es programable, previsible, que brinda energía de calidad y apta para formar parte de la base de cualquier Sistema Eléctrico. Por otra parte, la Central Hidroeléctrica Yacyretá, la mayor usina que posee Argentina (en sociedad con Paraguay), es técnicamente una central de pasada, y por cierto no puede compararse ninguna eólica, solar o similar, con los altísimos rendimientos de esa gran central hidroeléctrica. Existen otras hidroeléctricas de menores potencias, también de pasada, que igualmente es absurdo pretender rebajarlas al ponerlas -supuestamente- en un plano de igualdad con las mucho menos eficientes y mucho más problemáticas eólicas y solares.
Es totalmente falso que las energías intermitentes aumenten la seguridad energética nacional (como afirma en los considerandos), siendo exactamente al revés en la realidad.
Afirmar que ahorrará gas oil, es claramente otra falsedad, pues por cuestiones técnicas, no se podrá reemplazar pequeñas usinas que operan como refuerzos de base; con energías meramente intermitentes, y para más, que generarán previsiblemente a grandes distancias de los principales nodos de consumo.
En el mensaje adjunto al proyecto de ley, se afirma que (las eólicas y solares) «son hoy tecnologías utilizadas con inmejorables resultados». ¿Cómo se puede afirmar semejante dislate incoherente, si en el mismo mensajes se admite que son tecnologías en desarrollo, y omiten el hecho irrefutable que aún tienen muchas falencias serias sin solución, entre ellas las reconocidas en el propio informe adjunto al proyecto, y en el texto, respecto a sus costos muy altos -no competitivos, que por eso pretenden desmesuradas ventajas de tipo prebendario-, y sus problemas de intermitencias y de oscilaciones de frecuencia y voltaje.
La ley en trámite, considera válido un factor de capacidad (o factor de carga) del 42 %, lo cual es otra gruesa falsedad, pues según datos de CAMMESA, el rendimiento promedio obtenido de las eólicas y solares en Argentina, es del 37 % en las eólicas, y un escuálido 21 % en las solares (promedios de los rendimientos reales del período 2012-2014).
Compárense esos rendimientos con los de Yacyretá (75 %), Garabí -Panambí (55-60 %), usinas nucleares (80-85 %), para contextualizar la irracionalidad de pretender forzar las instalaciones de eólicas y solares.
NEGATIVIDADES ECONÓMICAS QUE PRETENDEN INSTALARSE
El incremento que pretende hacerse obligatorio en los primeros dos años (en rigor menos tiempo), alcanza el 1.598,15 %, lo cual es no solo incoherente, sino imposible de cumplir en forma ordenada y bien planificada.
En 2014 la energía total comercializada por CAMMESA fue de 135.737,3 GWh. Calculando el modesto incremento anual del 3 % acumulativo, que como hipótesis (muy baja por cierto) propone el fundamento que acompaña al proyecto de ley, al 2016 se llega a 144.003,7 GWh. Para 2016, el controversial e irreal proyecto, establece un mínimo de 8 % de energía «renovable amputada».
En 2014, la suma de eólicas y solares, alcanzó el 0,50 % del total de la matriz eléctrica argentina.
Aumentar ese porcentaje real alcanzado, a la meta mínima (forzada e irreal) fijada en la ley, para fines de 2016, del 8 %, es por lógica un incremento porcentual del 7,5 % del total de la energía comercializada. Pero eso significará en volúmenes del fluido eléctrico, pasar de 678,99 GWh en 2014, a un piso de 11.520,30 GWh, lo cual significa un aumento de generación «renovable amputada» de 10.851,31.
Pasar de 678,99 GWh a 11.520,3 GWh implica un incremento de 1.598,15 %… ¡en solo dos años! Evidentemente, es una magnitud incoherentemente elevada, más aún si se pretende dar fuerte participación a las solares, cuyos muy bajos rendimientos, obligarían a aumentar en porcentajes aún mayores la Potencia Instalada (teórica), que la ley pretende hacer obligatoria. Queda en claro, que forzando tiempos y magnitudes, con una premura irracional como la expuesta en el proyecto de ley, solo podrá implicar realizar inversiones literalmente al como sea, sin ninguna planificación ni selección de lugares de emplazamientos más favorables ni tampoco considerar si existen en sitios cercanos líneas eléctricas de las características requeridas, para materializar las interconexiones necesarias. Adviértase que esas interconexiones significarán costos adicionales, ocultos pero con toda lógica atribuibles a esas poco eficientes generadoras. Costos que el proyecto de ley pretende también transferir al resto del Sistema Eléctrico, eufemismo que significa, de hecho, transferir esos costos adicionales, directa o indirectamente, a los consumidores y/o contribuyentes argentinos.
Y el proyecto acentúa ese rol distorsivo, al pretender con carácter obligatorio, que las «renovables amputadas» acaparen el 20 % del mercado argentino en 2025. Recuérdese que dados los bajos rendimientos de esas generadoras eólicas, solares y similares, en ese contexto de «obligatoriedades», la Potencia Instalada nominal de dichas generadoras deberá ser mucho mayor, para cumplir las leoninas imposiciones legales. Excepto las eólicas patagónicas, con rendimientos aceptables (pero no exentos de bemoles considerables), la experiencia demuestra que las mismas eólicas radicadas en otros lugares, y otras «renovables…» en general, tienen muy bajos rendimientos. Traducido, generan muy poco en función de la Potencia Nominal Instalada.
Para agravar más aún el cuadro precedentemente descripto, considérese que en esos cálculos solo se consideró el exiguo incremento del consumo que los considerandos de la ley tomaron como válido, pero los datos de la realidad (no los de los sesgados informes del ultra ecologismo asociado a los vendedores de eólicas y solares), indican que el crecimiento anual esperable será de al menos un punto porcentual anual acumulativo más. Con ello, los requerimientos de inversiones en eólicas y solares que serían obligatorias en «virtud» de la ley tramitada, serían mayores aún, aumentando costos, erogaciones en subsidios y otras erogaciones varias en interconexiones, nuevas usinas térmicas como sustento de las «renovables amputadas», etc.
Pretender hacer obligatoria y prioritaria la generación de energía eléctrica más costosa y menos eficiente, es una aberración, solo compatible con el cerrado adoctrinamiento ecologista fundamentalista, de corte ultra montano, del que se valen los vendedores de esas ineficientes fuentes de generación.
Hacer cargar los costos de esa ineficiencia, al Tesoro Nacional, a los grandes usuarios, al resto de los usuarios en forma directa o indirecta, y de última a todo el pueblo argentino, es un postulado aberrante, solo concebible por parte de personas muy poco informadas, que «compran» las verdades a medias y falsedades del ecologismo cavernario, por los militantes adoctrinados con ceguera de esos movimientos pseudo ecologistas, así como por los que de un modo u otro participan del negocio de vender al como sea las ineficientes «energías renovables», asociados a las cuales -indirecta pero claramente- están los intereses de quienes venden centrales termoeléctricas y de las petroleras transnacionales que de ese modo se aseguran mercado creciente, ante la dependencia extrema de las eólicas y solares, respecto a centrales convencionales para que sirvan de soporte técnico (o respaldo «en caliente» -en marcha-), que cubran los baches de sucesivas paradas imprevistas y nunca programables, así como las irregularidades de frecuencia y voltaje que caracterizan negativamente a esas problemáticas fuentes de generación que son las «renovables amputadas».
La sumatoria de ventajas leoninas que pretende instalar el proyecto de ley en beneficio de unos pocos, es totalmente incompatible con las pobres prestaciones de las «renovables amputadas»; y tendrá efectos negativos en la Economía Argentina, al provocar fugas de divisas ante las previsibles e innecesarias masivas importaciones de equipos y accesorios -libres de todo gravamen-, así como las erogaciones en el exterior, al provocar de hecho mayores consumos de combustibles fósiles, que hoy y posiblemente por algunos años tendrán un fuerte porcentaje de importaciones, por lo que todo incremento en el consumo ocasionado por las termoeléctricas, inducido a la vez por las «renovables amputadas», provocará linealmente incrementos en las operaciones de importaciones de combustibles, ocasionando erogaciones de valiosas divisas, tan necesarias para fines más positivos y con reales efecto multiplicadores positivos, no como en este caso, en el cual esas divisas se dilapidarán irremediablemente fuera de nuestras fronteras.
Por otra parte, si se lograran concretar masivas inversiones (de equipos importados) eólicas en La Patagonia, un elevado costo adicional que será consecuencia directa de esa irracional política de promoción a ultranza de las eólicas y solares, será la necesidad de reforzar no solo el parque de generación termoeléctrico, en inmediaciones de las eólicas, sino también en tal caso resultará necesario y muy costoso reforzar fuertemente los Sistemas de Transmisión, en grandes distancias, pues resulta muy dudoso que estén diseñados y sean aptos para semejante sobrecarga adicional, en los elevados volúmenes que el proyecto de ley pretende instaurar como de obligatorio cumplimiento.
Entiéndase bien, como las únicas instalaciones capaces de producir grandes volúmenes de energía eléctrica, en el corto plazo, -entre las «renovables amputadas», son las eólicas patagónicas (los aportes de las solares son insignificantes y de muy baja eficiencia, e incluso las eólicas en otros puntos de nuestra geografía no han demostrado rendimientos relativamente altos como los patagónicos), y las otras tecnologías de «renovables amputadas» son muy inmaduras {hidrógeno, geotermia, etc.}, o de largos plazos de ejecución {mareomotriz}, y las hidroeléctricas que «aceptan» de hasta 30 MW son pequeñas; es previsible que el grueso de las inversiones deba recaer en La Patagonia, y en particular en Chubut, que según estudios tiene un potencial de vientos considerable. Pero el mercado consumidor para esos grandes volúmenes de energía no está en La Patagonia, y trasladar esas grandes masas de fluido eléctrico, requeriría instalaciones de Transmisión muy reforzadas, respecto a la trabajosamente conseguida interconexión. ¿Quién se hará cargo de esos elevados costos adicionales, y a título de que, el país deberá ser condenado a financiar desmesuradamente a generaciones no eficientes, como la eólica?
Deben tenerse en cuenta los múltiples efectos económicos negativos que son esperables, si se sanciona la cuestionada ley.
– Aumento sideral de las importaciones de equipos eólicos y solares.
– Aumento de los consumos de combustibles para usinas termoeléctricas, que deberán instalarse como reservas operativas «en caliente», para las inestables e intermitentes «renovables amputadas».
– Con los puntos precedentes, incidencias negativas en la Balanza Comercial, y sus correlaciones negativas en la Balanza de Pagos, cuyos saldos positivos son esenciales para el modelo económico aplicado desde 2003.
– Aumento enorme de los fondos a pagarse en concepto de subvenciones, operando negativamente en la ecuación fiscal, muy perjudicial en una coyuntura en la cual resulta evidente que deben encontrarse los caminos para ir reduciendo los muy elevados subsidios al Sector Energético, que resultaron claves para estimular aumentos de la producción, pero que hoy es necesario disminuir.
– Entorpecimientos legales a factibles instalaciones de usinas mucho más económicas, provocados por la cláusula que pretende instaurar un absolutismo prebendario en favor de las «eólicas amputadas», sin importar nada los costos reales de la energía y sus consecuencias sobre toda la economía.
– Aumentos de los costos operativos de los «grandes consumidores», lo cual provocará inflación, aumento del «costo argentino», pérdida de competitividad de nuestra economía, y una absurda subvención de todos los argentinos, en beneficio de un puñado de importadores y otros vinculados al negocio de instalaciones masivas de eólicas y solares.
El amañado concepto de «feed in tariff» (alimentados en tarifas), es otro de los que por la fuerza de las repeticiones pretende imponer el ultraecologismo, en este caso utilizando supuesta «terminología técnica», que en rigor no es más que un anglicismo que oculta malamente un criterio rebuscado de pretender imponer tarifas subsidiadas, a contrapelo de toda lógica socio económica, en beneficio sectorial de los comercializadores de equipos eólicos y solares.
Poner como ventaja supuesta, que «lo que se pague, se pagará en pesos» (frase conceptual, no textual), es otra falsedad, pues el proyecto promociona las importaciones masivas de equipos y accesorios, e indirectamente provocará incrementos de las importaciones de combustibles.
ASPECTOS ESTRATÉGICOS QUE OMITE O TERGIVERSA EL CONTROVERSIAL PROYECTO DE LEY GUINLE
Restarle competitividad a la economía argentina, al imponerle costos mucho mayores, cuyo techo no se especifica, y hacer depender en buena medida al Servicio Eléctrico de generadoras que crónicamente adolecen de marcada intermitencia y de problemas serios de frecuencia y de tensión, además de obligar a realizar muy costosas inversiones en infraestructura al solo efecto de satisfacer los requerimientos que sobrevendrían si se aprobara el paquete de ventajas prebendarias para las eólicas y solares (y eventualmente otras), representa un muy nefasto conjunto de severos condicionantes negativos, que perjudicarían -de ser aprobado- todo el desenvolvimiento socio económico argentino. ¡Y todo, en los hechos, para favorecer específicos intereses sectoriales, que poco o nada aportarán al auténtico desarrollo nacional, pues además de todos esos factores negativos apuntados, la norma legal se orienta a favorecer importaciones masivas de equipos y accesorios vinculados a las generaciones de las «renovables amputadas»!
Incluso, tal como está redactado, el proyecto de ley entorpecerá inversiones genuinas, mucho más eficientes y de mayores efectos multiplicadores, como posibles y muy necesarias inversiones en centrales hidroeléctricas y nucleares, que serán desalentadas por la sumatoria de ventajas y privilegios muy exagerados, que la norma en discusión pretende instaurar.
Dudosos beneficios, y muy claros y serios perjuicios, serían las consecuencias directas de la aprobación del proyecto de ley.
Queda muy en claro, que para su sesgada redacción, el autor del proyecto y quienes lo secundaron, solo escucharon una campana, la de los vendedores, importadores y otros vinculados con las instalaciones de equipos eólicos y solares. Eso no implica mala fe, pero si falta de competencia y conocimientos en la materia legislada.
No consta que hayan pedido opiniones técnicamente fundadas, a organismos técnicos y científicos, de probada capacidad e indudable estatura de probidad, como los que existen en nuestro país, que hubieran brindado otra óptica, sin duda muy diferente, a la aportada por los sectores del ultra ecologismo con libretos foráneos, y los comercializadores de equipos de «renovables amputadas».
Los perjuicios que la aprobación de la ley, con las desmesuradas ventajas y «obligatoriedades» desmesuradas a favor de las «renovables amputadas», pueden llegar a entorpecer o incluso paralizar proyectos estratégicos, como la instalación del Reactor CAREM en Formosa, eventualmente otros reactores similares en otros puntos de nuestra geografía; y lo mismo respecto a diversos proyectos hidroeléctricos que Argentina tiene planificados, y cuyas concreciones nuestro país necesita.
Expresar que con la aplicación de la ley, se conseguirán un menor costo de la energía, independencia económica y geopolítica, no es más que un enunciado de «buenas intenciones» que esconde falsedades gruesas e indefendibles.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.