El año 2010 trascenderá para Bolivia en lo político con la promulgación, entre otras, de cinco leyes llamadas orgánicas, que sentaron las bases del Estado Plurinacional y su nueva Constitución, presentada un año antes. El proceso fue largo y no exento de obstáculos y violencia opositora y oligarca. Desde diciembre de 2008 con la presentación […]
El año 2010 trascenderá para Bolivia en lo político con la promulgación, entre otras, de cinco leyes llamadas orgánicas, que sentaron las bases del Estado Plurinacional y su nueva Constitución, presentada un año antes.
El proceso fue largo y no exento de obstáculos y violencia opositora y oligarca.
Desde diciembre de 2008 con la presentación de un nuevo texto constitucional, el gobierno mostró que la consistencia, el ejercicio democrático del voto y el respaldo de las organizaciones sociales, fueron sus mejores armas.
El propio presidente Evo Morales ha insistido en no pocas ocasiones que este proceso de cambio, que denominan Revolución democrática y cultural, es irreversible, no tiene marcha atrás.
Las cinco normas estructurales que entrañan la verdadera implementación de la Constitución Política del Estado, aprobada por primera vez en las urnas en enero de 2009 y sancionada un mes después, son muestra contundente de esa estrategia.
Estado autonómico
El último de esos proyectos, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, la más compleja, establece el régimen subnacional de departamos, regiones, municipios y territorios indígenas originarios, algo sin precedentes en la historia del país suramericano.
Precedida por una ley transitoria que permitió la elección de las autoridades departamentales, municipales e indígenas, la norma representa el proceso de mayor desconcentración política y administrativa desde 1825, cuando se fundó Bolivia bajo un sistema centralista.
Según el titular de Autonomías, Carlos Romero, esa ley adecua a la Carta Magna los estatutos autonómicos de las tierras bajas de Bolivia, encabezadas por Santa Cruz, cuyas autoridades y líderes civiles demandaron sistemáticamente, desde 2004, la instauración de un modelo de independencia política y administrativa regional.
Romero opinó que ese proceso será un verdadero pacto social al interior de esas regiones para brindarle un gran horizonte de democracia, sostenibilidad y pluralismo a la implementación de sus autonomías.
También viabiliza la autonomía indígena en sus tres ámbitos jurisdiccionales: territorio, municipio y región.
Asimismo señaló que la ley transfiere, desde el poder central a los nueve departamentos, unas 20 competencias en las esferas de la salud, transporte, obras públicas, infraestructura, vivienda, hábitat, medio ambiente, ordenamiento territorial y planificación, entre otras.
Soberano elegirá autoridades judiciales
Otra ley proyecta y reestructura el nuevo Organo Judicial y el Tribunal Constitucional, al punto que quizás Bolivia se convierta en el primer país en el mundo que a mediados de 2011 elija en las urnas a sus administradores de justicia.
Al respecto, el presidente de la cámara baja (diputados) de Bolivia, Héctor Arce, explicó a Prensa Latina que se trata de una de las reformas más profundas e importantes en el proceso de cambio.
La ley judicial tiene entre sus virtudes, explicó, que se trabajó en el seno de diputados por el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y luego se le consultó a varios sectores sociales y a otras fuerzas políticas.
Entre sus novedades, Arce subrayó que permite la creación de la Escuela de Abogados y otra institución para formar Jueces del Estado.
La nueva legislación sustentará la reorganización del sistema jurídico boliviano y su adecuación a la nueva Carta Magna del Estado Plurinacional.
También establece como principios la gratuidad, la pluralidad intercultural, la independencia, la seguridad jurídica, la idoneidad, el respeto a los derechos, la cultural de paz y la celeridad, entre otros.
De otra parte, la norma plantea la creación del Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo, el Conciliador, el Defensor del Litigante y el nombramiento de nueve magistrados, uno por cada región.
En el caso del Tribunal Constitucional (TC), la nueva ley de 163 artículos le otorga facultades para que pueda disponer y definir en los conflictos y competencias de los otros órganos de poder público y entes autonómicos.
La nueva entidad será además fuente de consulta de determinados proyectos de ley, resoluciones no judiciales y no vinculadas a procesos administrativos.
La Ley del TC prevé además atención a los conflictos de competencia entre jurisdicciones ordinarias, agroambiental y la indígena originaria campesina.
El actual Tribunal Constitucional se creó por la reforma aprobada en 1994, y operativamente empezó a funcionar en 1999.
Otras dos leyes que permiten apreciar las verdaderas transformaciones en Bolivia son las del Organo Electoral y el Régimen Electoral.
El documento establece la composición y atribuciones del futuro Organo Electoral Plurinacional (OEP) y fija las funciones del Tribunal Supremo Electoral (que sustituye a la actual Corte Nacional Electoral), los tribunales electorales departamentales, los jurados electorales y el Servicio de Registro Cívico, entre otros.
Un tema controversial quedó zanjado en las deliberaciones al acordarse que la sede del OEP es la ciudad de La Paz y no Sucre, como demandaban algunos legisladores de la oposición.
También indica la realización de un censo poblacional en 2011 para definir la cantidad de escaños uninominales y especiales (indígenas) según el número de habitantes.
Todas estas cinco leyes, promulgadas por el jefe de Estado, cerraron el más intenso y prolífico ciclo legislativo boliviano de los últimos 20 años de democracia y desde el marco de la Constitución, dio forma al Estado Plurinacional de Bolivia, en el prólogo del tratamiento de otro paquete de normas, entre ellas sobre Pensiones y el nuevo Código de Trabajo.
Legítima reelección presidencial
Para la continuidad del actual proceso de cambio en Bolivia, el vicepresidente Álvaro García explicó aquí que la Constitución Política del Estado habilita la reelección del mandatario Evo Morales.
García afirmó que para sostener las transformaciones implementadas y la lucha contra la discriminación, es indispensable que Morales pueda permanecer, por la vía democrática, en ese cargo por un período constitucional más.
La Constitución Política del Estado (2009) habilita al jefe de Estado para que pueda ir nuevamente a las urnas en el 2014 y si el pueblo así lo decide por su voto, puede volver a ser presidente por cinco años más, precisó, citado por el diario estatal Cambio.
García recordó, en entrevista concedida a la cadena BBC, del Reino Unido, que la gestión del gobierno boliviano es para favorecer a todos los sectores sociales, no sólo a los indígenas.
«Desde mi punto de vista personal, es muy importante que el presidente Evo Morales continúe este proceso, porque desmontar las estructuras de discriminación, que han prevalecido en Bolivia durante siglos, no es un tema que se logra en dos o tres años», opinó el sociólogo.
García remarcó la necesidad de acabar con la discriminación en el país, donde «hace 200 años se pensaba que los indígenas no tenían alma, hace 100 años de que eran personas con capacidades mentales limitadas, hace 50 años se planteaba que tenían que desaparecer los indios».
Los pronunciamientos de García tuvieron lugar en medio de deliberaciones sobre otra ley sancionada: la de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que este año 2010 signó a la otra Bolivia, la Plurinacional.