Limitar e incluso nulificar derechos y obligaciones establecidos en la ley de leyes, es una práctica usual del poder público que con frecuencia lo hace por medio de la legislación secundaria. También lo logra no reglamentando funciones constitucionales como la planeación democrática o la guardia nacional que al no contar con su respectiva ley reglamentaria, […]
Limitar e incluso nulificar derechos y obligaciones establecidos en la ley de leyes, es una práctica usual del poder público que con frecuencia lo hace por medio de la legislación secundaria. También lo logra no reglamentando funciones constitucionales como la planeación democrática o la guardia nacional que al no contar con su respectiva ley reglamentaria, quedan como bonitos adornos de la Carta Magna.
Todo parece indicar que nos encontramos ante el primer caso, si nos atenemos a las opiniones de varios especialistas en telecomunicaciones, en los casos de las iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo federal para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 y la Ley de Radio y Televisión de 1960.
Los proyectos legislativos presidenciales dados a conocer, pero que trascendieron desde hace una semana, son contrarios a las disposiciones torales de la reciente reforma constitucional y atentan contra la libertad de expresión y de información, postuló el senador Javier Corral. Y para la diputada Purificación Carpinteyro amputan todas las facultades al órgano regulador y someten al Instituto Federal de Telecomunicaciones como si fuera parte del gobierno federal».
Juicios semejantes expresaron los presidentes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, mismos que constituyen el núcleo de la oposición leal o si se prefiere aliada al gobierno de Enrique Peña desde el inicio de su gestión, en una difícil coyuntura política y social sorteada con éxito por el mexiquense de Atlacomulco, gracias al Pacto por México que, al decir de Jesús Zambrano, «se rompió con los cambios en el sector energético». Como si tales cambios no estuvieran claramente contemplados desde el 2 de diciembre de 2012 en que se firmó.
El hecho es que las dirigencias de ambos partidos lograron una amplia coincidencia en torno al rechazo a las dos iniciativas de ley que, como dijo Cecilia Romero, hacía mucho tiempo que no se daba.
Aquilatar la hondura del disenso con los otrora partidos aliados para impulsar los cambios estructurales -los que llevaron al adulador presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a comparar en Palacio Nacional a Peña Nieto con Miguel Hidalgo y Benito Juárez-, es una tarea gubernamental a la orden del día. Y en primer término implica auspiciar el debate dentro y fuera de las cámaras del Congreso y hacer un esfuerzo extraordinario por los gobernantes y el oficialismo para eludir las explicaciones simplonas, influidos como están por la intensa propaganda triunfalista, justamente por medio del favorecido, en las iniciativas del ley, duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio.
Muy poco ayudan a su cumplimentación un secretario de Gobernación que confunde su delicado papel institucional con los discursos lisonjeros que pronuncia en mítines y asambleas michoacanas para explicar planes y hasta detalles de su jefe institucional. Pide Miguel Osorio a los partidos y legisladores «no rechazar a priori» las leyes secundarias en telecomunicaciones. Está en su derecho, pero no contribuye a clarificar los términos del debate, como tampoco lo hace César Camacho, al postular que «por definición, una ley secundaria nunca podría ir en contra de los preceptos plasmados por la Constitución».
En México todo es posible, hasta que un candidato presidencial sea sacrificado «por un asesino solitario» y 20 años después vendan la misma verdad jurídica, aunque en el vuelo de Tijuana al Distrito Federal, con escala en Guadalajara, el presunto homicida sea cambiado por otro, como lo compartió un funcionario de la Procuraduría General de la República.
Fuente original: www.forumenlinea.com