Desde el 21 de julio de 2000, policías de la hoy desaparecida Agencia Federal de Investigación detuvieron por delitos no cometidos al profesor bilingüe Alberto Patishtán Gómez, en El Bosque, Chiapas, sin mostrar identificación, sin orden de aprehensión y sin comunicarle el motivo de su detención. Fue objeto de tortura psicológica, insultos, amenazas e incomunicación, […]
Desde el 21 de julio de 2000, policías de la hoy desaparecida Agencia Federal de Investigación detuvieron por delitos no cometidos al profesor bilingüe Alberto Patishtán Gómez, en El Bosque, Chiapas, sin mostrar identificación, sin orden de aprehensión y sin comunicarle el motivo de su detención. Fue objeto de tortura psicológica, insultos, amenazas e incomunicación, siendo luego conducido a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado. Tras permanecer arraigado durante un mes fue enviado al penal de Cerro Hueco, en la capital chiapaneca. Tiempo después fue removido al centro penitenciario núm. 14 El Amate, en Cintalapa de Figueroa, y trasladado, por último, al Centro Estatal para la Reinserción Social de los Sentenciados núm. 5 de San Cristóbal de las Casas, en esa entidad fronteriza, lugar en el que se halla hoy día.
Alberto Patishtán, miembro de La Voz del Amate y adherente a la Otra campaña, fue sentenciado a 60 años de prisión, acusado, entre otros delitos, de homicidio y portación de armas de fuego. Por cierto, el gobierno local acepta que dichos ilícitos no están fundados, pues no se ha probado su participación en una emboscada contra unos policías.
A lo largo de 41 días, en 2008, el profesor Patishtán estuvo en huelga de hambre por su libertad y la de otros presos políticos en el estado suroriental, movimiento que se coronó con una victoria significativa al obtener la liberación de muchos compañeros del Amate y de otras cárceles chiapanecas. Una revista nicaragüense, informaba: «Durante los primeros meses del 2008 otro proceso conmocionó a Chiapas. Varias decenas de presos en cárceles de ese estado se pusieron en huelga de hambre para que les restituyeran sus derechos, pues habían sido privados de su libertad sin observar un debido proceso legal y habían sido sometidos a tortura y a tratos crueles e inhumanos para obtener declaraciones autoinculpatorias. En México y en Europa hubo muchas movilizaciones de apoyo a los ayunantes.
«A finales de marzo fueron puestos en libertad algunos de ellos y los demás siguieron en su lucha. El Comité de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) planteó que se debían considerar como derecho interno los tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano. El caso ponía en evidencia la crisis penitenciaria mexicana. Se volvió a tratar el caso de dos zapatistas encarcelados injustamente en Tabasco por un crimen que no habían cometido, calificándolos evidentemente como presos políticos a quienes el gobierno había querido utilizar para presionar a los zapatistas. Estos presos también se sumaron a la huelga de hambre. La Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios denunció que esos presos habían sido trasladados de Tabasco a una cárcel chiapaneca. El CDHFBC exigió que fueran excarcelados. A finales de mayo defensores de derechos humanos denunciaron el trato cruel que se daba a los presos políticos.
«A principios de junio fueron puestos en libertad los dos zapatistas después de haber padecido doce años de injusta prisión. El periódico «La Jornada» recordó que el gobernador chiapaneco había reconocido al inicio de su gestión que había en Chiapas centenares de indígenas presos por causas políticas, condenados en procesos judiciales plagados de irregularidades, muchos de ellos ligados al zapatismo. Había prometido revisar cientos de expedientes que habían sido identificados como casos de represión, pero había cumplido sólo en parte y a cuentagotas. En julio, el CDHFBC denunció la persecución, agresión y amenaza de muerte perpetrada por paramilitares contra uno de los defensores de los presos políticos». (Envío digital, Managua, núm. 217, agosto de 2008).
Como expresión del definido carácter político de su reclusión, el profesor tzotzil recibió, el 26 de enero de 2010, el reconocimiento Jtatic Samuel Jcanan Lum, otorgado por el hoy occiso obispo Samuel Ruiz García y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, Servicio y Asesoría por la Paz y otros organismos civiles.
Las condiciones carcelarias en Chiapas son inadecuadas, por lo que desde el Hospital Vida Mejor, en Tuxtla Gutiérrez, Patishtán señaló el 22 de marzo de 2010: «Bajo esta injusticia hemos sido sentenciados a pagar condenas por años y a consecuencia hemos perdido terrenos, casas, dinero, trabajo, familia y vivimos en una forma mal alimentados y desatendidos por las enfermedades y expuestos de cualquier contagio por falta de prevenciones, a causa de ello he perdido el ojo derecho, pero por la negligencia y la burocracia fue desatendida mi enfermedad bajo los encargados desde el penal no 5.
«A casi 50 días de mi hospitalización aún sigo en observación médica, por lo que solicito a las autoridades correspondientes a que intervengan en el trato más inmediato a los enfermos para así evitar complicaciones y contagios entre otros, como también ya acortar o desaparecer el burocratismo que es un obstáculo enorme que impide al trato de los enfermos indígenas y no indígenas». (Chiapas denuncia pública, 23-III-10).
Como parte de la lucha por su excarcelación, desde el 29 de septiembre de 2011 están en huelga de hambre los presos políticos de diversos penales del estado de Chiapas, que han recibido una importante solidaridad de organizaciones sociales y personalidades democráticas y de izquierda de nuestro país y el extranjero. Sin embargo, no es suficiente, por lo que dicha solidaridad habrá que incrementarla para ayudar a librar a la República Mexicana de la vergüenza de contar con cárceles llenas de militantes políticos y sociales.
La represión en México cuenta con una larga historia, que es menester no olvidar. Para ilustrarla, basta con señalar que los actuales líderes de la izquierda electoral, social y extraparlamentaria, reúnen cientos de años de prisión acumulados a lo largo de más de 50 años de represión de los gobiernos priístas y panistas.
A partir de 1956, en México las prisiones siempre han alojado y alojan presos políticos. Lo que ha variado en forma considerable son el número, la extracción social y la fama de los dirigentes y militantes partidistas, sindicales, estudiantiles, campesinos e indígenas encarcelados. Así, en 1956 destaca Nicandro Mendoza, dirigente estudiantil de la huelga del Instituto Politécnico Nacional, duramente reprimida por el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines; en 1958 Othón Salazar Ramírez y José Encarnación Pérez Rivero, líderes del movimiento magisterial capitalino; en 1959 Demetrio Vallejo Martínez, junto con otros miembros del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y cientos de sindicalistas de filas, así como cuadros del Partido Comunista Mexicano y el Partido Obrero-Campesino Mexicano, y en 1960 Valentín Campa Salazar, jefe obrero comunista. La represión contra los huelguistas ferroviarios, organizada y llevada adelante en marzo-abril de 1959 por el gobierno de Adolfo López Mateos, no tiene comparación con ninguna otra represión antiobrera desde la terminación de la Revolución mexicana.
Pasado el movimiento ferrocarrilero, la represión, sin que desapareciera contra el movimiento de masas, adquirirá un carácter principalmente selectivo: contra comunistas, líderes sociales, guerrilleros y foquistas. En 1963 es puesto tras las rejas José María Suárez Téllez, candidato cívico en 1962 a la gubernatura del estado de Guerrero; en 1964 Ramón Danzós Palomino, secretario general de la Central Campesina Independiente, por su participación en el movimiento popular lechero en Puebla; en 1966 Víctor Rico Galán, por tratar de organizar guerrillas del Movimiento Revolucionario del Pueblo; Rafael Aguilar Talamantes, líder estudiantil, y Genaro Vázquez Rojas, dirigente de la Asociación Cívica Guerrerense, y en 1967 los abogados Adán Nieto Castillo y Juan Ortega Arenas, encarcelados para colocarlos, sin razón, a la cabeza de procesos incoados contra jóvenes no muy conocidos a la sazón.
Con el movimiento estudiantil-popular de 1968 vuelve la represión de masas que conduce a la detención de cientos de estudiantes, profesores y personas de diverso origen social. De los represaliados sobresalen Raúl Álvarez Garín, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, José Revueltas, Eli de Gortari, Heberto Castillo, Manuel Marcué Pardiñas y Gerardo Unzueta. De esta hornada surgirán diputados, senadores, presidentes municipales, dirigentes partidistas, jefes sindicales, calificados académicos y comunicadores de renombre.
Después de 1968, sin abandonar la represión masiva, el régimen del Partido Revolucionario Institucional enfiló sus golpes contra el PCM, PDLP, ACNR, Movimiento de Acción Revolucionaria, Liga Comunista 23 de Septiembre y otros grupos guerrilleros y foquistas, líderes y activistas del magisterio, el movimiento campesino, los sindicatos independientes y el movimiento estudiantil. De los presos políticos del período 1969-1981, destacan Mario Menéndez Rodríguez, José Camilo Valenzuela Fierro, Octaviano Santiago Dionisio, Eloy Cisneros Guillén, Jesús Héctor Carreón Burciaga, Francisco Fierro Loza y Carmelo Cortés.
A lo largo de la etapa neoliberal (1982-) han pasado por la cárcel líderes y cuadros de la izquierda electoral, el movimiento social y organismos guerrilleros. En fechas recientes resaltan los casos de Flavio Sosa Villavicencio, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en 2006; Juan Linares Montúfar, presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, en 2008, y Miguel Márquez Ríos, prosecretario de Divisiones del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas, en 2010, quien aún permanece en prisión.
Muchos no mencionados en los párrafos anteriores fueron importantes conductores de organizaciones políticas y sociales, mientras otros destacarían años después en el mundo cultural, social y político de nuestro país. No se les nombra por la falta de espacio. Nada más.
Desde 1992, con motivo del V centenario del «descubrimiento», «encuentro» o inicio del genocidio que el colonialismo europeo desencadenó en el Nuevo Mundo y que continuaron los gringos y los criollos latinoamericanos, dio arranque un creciente movimiento indígena que ha recorrido y recorre Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Sonora, Hidalgo, Puebla, Veracruz y prácticamente todas las regiones en que existen etnias autóctonas, tanto de Mesoamérica como del resto de la República, que con la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994 recibió un enorme impulso y con la fundación del Congreso Nacional Indígena en octubre de 1996 llegó a un nuevo nivel, logrando unir en sus filas a las fuerzas fundamentales de la movilización y organización de los pueblos originarios.
Como parte del proceso unitario que configuran la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Guatemala) y otras organizaciones de los pueblos originarios de América Latina, el movimiento indígena mexicano enarbola un programa avanzado que incluye demandas étnicas, políticas, económicas, sociales y ecológicas. En la lucha por ese programa, han caído indígenas nahuas, purhépechas, rarámuris, tzeltales, tzotziles, mixtecos, amuzgos y otros, además de sufrir múltiples formas de represión, que, naturalmente, han producido muchos presos políticos.
Las cárceles mexicanas han estado y están llenas de presos políticos indígenas, en especial en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. No existe, por ahora, una relación completa de los militantes de las organizaciones de los pueblos originarios que permanecen en chirona; empero, las propias autoridades estatales de Chiapas y otras entidades federativas han reconocido que tales compañeros encarcelados son cientos. Entre esos prisioneros políticos está el profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez, que lleva ya más de 11 años tras las rejas. Para desarrollar la lucha por su libertad, los presos políticos de los penales de Chiapas están en huelga de hambre desde el pasado 29 de septiembre, a la cual se ha incorporado Patishtán con ayunos de 12 horas debido a su mal estado de salud. Cabe esperar que esta lucha produzca buenos resultados.
El apoyo a los pueblos originarios crece desde 1992, con un salto francamente notable a partir de 1994. De esta manera, la existencia del EZLN y el CNI ha facilitado la solidaridad de organizaciones y personalidades de Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Honduras, España, Grecia, Francia, Italia y otros países con la movilización de los pueblos indios de México y con sus presos políticos. En la actualidad, la lucha por la libertad de los presos políticos indígenas y no indígenas alcanza un nuevo empuje, por lo que, sin hacer pronósticos optimistas, es plenamente factible lograr la excarcelación de muchos o la mayoría de ellos. En el caso de Alberto Patishtán Gómez urge su liberación, pues no hay que olvidar el prolongado tiempo que lleva tras los barrotes de diversos centros penitenciarios.
Nota del autor:
Este artículo está apoyado en textos de los portales Apia virtual, Enlace zapatista, Zapateando y Sipaz.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.