Durante muchos años de actividad periodística defendí la Ley de Imprenta promulgada en 1925. Sabía que nunca se había puesto en práctica, pero me asistía la razón de que, esa antigua ley preservaba el derecho a la reserva de la fuente informativa. Sin esa reserva, no puede haber periodismo. Pero ha ocurrido, el año pasado, […]
Durante muchos años de actividad periodística defendí la Ley de Imprenta promulgada en 1925. Sabía que nunca se había puesto en práctica, pero me asistía la razón de que, esa antigua ley preservaba el derecho a la reserva de la fuente informativa. Sin esa reserva, no puede haber periodismo.
Pero ha ocurrido, el año pasado, que el presidente Evo Morales demandó a un medio, acudiendo a la Ley de Imprenta. Me avergonzó ver, al día siguiente, a los reporteros de prensa y televisión poniéndose una mordaza para protestar por ese hecho. Con esa actitud, quienes ejercen el periodismo hoy, negaron la vigencia de la Ley de Imprenta. El mensaje que dieron entonces fue absurdo: nadie puede juzgarnos ni con la ley de imprenta. Aquello quedó como antecedente.
Lo que ahora ocurre aparece cuando, curiosamente aliados empresarios y periodistas, arremeten contra la Ley contra la Discriminación. Se refieren a un artículo que castiga la difusión de insultos, injurias y difamaciones por prensa, radio y televisión. La reacción de los empresarios, apoyados por los periodistas, es que dicho artículo vulnera la libertad de prensa.
Hay que esclarecer los términos. La libertad de prensa, equivalente a la libertad de expresión, no puede ser un derecho de arbitrariedad, mediante el cual se injurie un día y al otro se pida disculpas. Por eso, no puede ser el resguardo de los medios para preparar programas que inciten a la injuria y la calumnia. Y todos sabemos que los hay y que no son penados, pese a que se da gran cabida a personas que, escondidas en el anonimato, profieren insultos, desgranan chismes y se convierten en jueces de la moral de los demás.
Buscando en libros y revistas, encontré esta definición: «La expresión nunca debe estar sujeta a la censura previa, sino a la responsabilidad ulterior. Esto supone que, con la libertad de expresión, no se puede impedir que una persona se exprese, pero sí que sea penada por su expresión».
Y otra más: «Para poder juzgar el término Libertad de Prensa hay que tomar en consideración que los medios de comunicación, que incluyen a la prensa escrita, han abusado de su poder manipulando las noticias y en muchos casos se las inventan. La influencia de los medios en la sociedad es tan o más poderosa que muchos gobiernos, por no decir todos. Tal ha sido el abuso de este privilegio que se llama ‘Libertad de Prensa’ por parte de los medios que ya no se limitan a reportar las noticias sino que se dan el lujo de manipular los acontecimientos según les parezca conveniente a ellos o sus intereses». Como ven, ocurre en todas partes, lo que no quiere decir que sea correcto.
Pero volvamos a nuestra realidad. Tanto en televisión como en prensa, hemos soportado día tras día los esperpentos que, a título de noticieros, nos dan cuenta de crímenes, violaciones y otros delitos mayores, solazándose en la exposición de imágenes que llegan a la pornografía o, peor aún, a la crueldad. Todos podemos recordar la presentación de escenas horribles en que una o más personas fueron quemadas por una turba enardecida.
Más grave que todo eso, fue la filmación y seguimiento de la humillación que sufrió un grupo de campesinos en la ciudad de Sucre, hace dos años. Ciertamente que los autores merecen un castigo que aún está pendiente. Pero, los medios que dieron curso a tales escenas, ¿son impunes? Un maestro del teatro, que puso en alto el nombre de Bolivia, fue obligado a irse del país por haber criticado esa conducta. ¿Algún medio se hizo eco de ese agravio? No, no era noticia. Porque, para la generalidad de los dueños de medios, el escándalo es noticia, el sensacionalismo ha sustituido al periodismo. Los reporteros están obligados a seguir las instrucciones que reciben. ¿Están obligados?, ¿no se cumple la ética periodística?, ¿el mísero sueldo que reciben justifica la sumisión?
El medio de comunicación que publica una injuria, una calumnia, es tan responsable como quien la profirió. Hay que recordar, al empresario de una radio o de un canal de televisión, que son concesionarios de una frecuencia. El contrato que firman con el Estado, les obliga a cumplir ciertas normas que, entre otras cosas, tienen que ver con el decoro y la moral. Los periódicos no tienen ese tipo de contrato, pero hay un concepto claro que hace la diferencia entre periodismo y sensacionalismo. Ese concepto es la obligación que asumen ante la sociedad y que la sociedad tiene el derecho a reclamar.
La libertad de prensa es una conquista de los periodistas, no de los empresarios. Si no es así, los empresarios seguirán injuriando a la sociedad y sometiendo a un trato humillante a los periodistas.
Mientras tanto, quienes deben ejercer la libertad de prensa, no lo hacen, confundidos por esas conductas tomadas por los dueños de medios y algunos periodistas. Porque libertad de prensa es el derecho a decir, a través de los medios de comunicación masiva, lo que revela la investigación, lo que realmente ocurre, pero que no tiene cabida en un noticiero o una página, pues se prefiere el sensacionalismo.
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