A dos meses de la masacre de estudiantes y ciudadanos en Iguala y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto y la PGR -con su cansancio permanente- han mostrado su total ineptitud para encontrarlos vivos o muertos. A tal incapacidad manifiesta -incluida la inutilidad de sus […]
A dos meses de la masacre de estudiantes y ciudadanos en Iguala y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto y la PGR -con su cansancio permanente- han mostrado su total ineptitud para encontrarlos vivos o muertos. A tal incapacidad manifiesta -incluida la inutilidad de sus políticas de seguridad pública, económica y social [educación pública, salud, antipobreza]- contrasta notablemente su efectiva política represiva contra los manifestantes por la aparición de estos estudiantes. «La Procuraduría General de la República (PGR) sustentó sus acusaciones contra los 11 jóvenes detenidos el pasado 20 de noviembre en las declaraciones de cinco policías federales… las capturas que realizaron en el Zócalo capitalino fueron en flagrancia» [MILENIO, 26/11/14].
Pero la única flagrancia conocida por millones de mexicanos es la ineptitud absoluta del gobierno federal para hacer justicia y su flagrante represión selectiva contra jóvenes y estudiantes perpetrada por los diversos aparatos de la violencia «legítima» ¿Es prueba de «asociación delictuosa» que los manifestantes contestatarios digan entre sí «compas o compañeros»? Más aún, ¿Es delito gritar consignas como «¡Muera Peña!», «¡Muera el PRI!», «¡mueran las instituciones!», «¡Muera el mal gobierno!»? Pobre Miguel Hidalgo y Costilla, nuestro Padre la Patria, una vez más sería llevado a la picota por clamar: «¡Muera el mal gobierno!». La consignación de las 11 personas detenidas [tres mujeres y ocho hombres] es por tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa; acusaciones grotescas, absurdas, inverosímiles, pero efectivas a la hora de justificar arbitraria, autoritaria e impunemente la persecución política. Sus abogados aseguraron que dichas acusaciones se sustentan «en escasa y endeble evidencia». Los detenidos fueron golpeados y tratados como vulgares delincuentes y terroristas, pero los verdaderos criminales de «cuello blanco» de la nomenclatura y la partidocracia, y los poderosos capos de los cárteles, siguen impunes caminando tan campantes.
Una definición de preso político es: «cualquier persona física a la que se mantenga en la cárcel o detenida bajo arresto porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea este de la naturaleza que sea.» ¿Se trata de llenar las cárceles de gente inocente por sus ideas políticas? ¿Delincuentes por alterar el «orden» o la «paz social», según el Estado? Peor aún, ¿De seguir llenando las fosas comunes en todo el país? Al escándalo del Estado -encarnado en el gobierno federal, en su Poder Ejecutivo-, por la «Casa Blanca» con toda su estela de corrupción, incluida la de Televisa, viene a sumarse una brutal acción represiva contra estudiantes y jóvenes en la calle. Este escándalo es la punta de los icebergs de la corrupción imperante en todos los niveles de los gobiernos federal, estatales y municipales.
En dicha acción del 20 de noviembre en pleno Zócalo de la ciudad de México los policías del gobierno perredista del Distrito Federal también golpearon a algunos padres de familia, quienes protegían a sus pequeños hijos. El móvil del delito, del delito gubernamental, es claro: el gobierno federal trata de amedrentar al máximo a la población, especialmente a los jóvenes y estudiantes. La intención es paralizar la protesta social legítima con el terror para infundir temor con las detenciones y los golpes; criminalizando las protestas populares, juveniles y estudiantiles: más leña al fuego. En entrevista con Milenio, Alejandro Jiménez, abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, dijo que entre los argumentos a favor de los 11 detenidos está el hecho de que en sus testimonios los policías no logran ubicar a la persona que presuntamente jaló a uno de ellos -un policía- para agredirlo, «ni hay otra prueba de ese hecho». Detención injusta e ilegal: el autoritarismo represivo como aplicación efectiva de la amenaza de Peña Nieto a los millones de mexicanos hartos de la violencia social de todo signo, en primer lugar la violencia gubernamental y sus crímenes: «¡Fue el Estado!»
A una semana de la conmemoración del 20 de noviembre de 1910 -fecha de la máxima gesta histórica nacional del siglo pasado; revolución mexicana que ronda como fantasma en todo el país, un fantasma contra el cual conjuran todas las fuerzas sistémicas [neo] conservadoras neoliberales oligárquicas locales y extranjeras- fuimos testigos ese día de la mayor protesta popular, desde entonces, contra un régimen político, cuya dictadura [perfecta] es la más longeva del mundo, perpetuado con base al autoritarismo violento, cual ADN del régimen priista desde hace siete décadas y del que el pueblo pensó ilusoriamente se libraría con el voto adverso en el 2000 pero que volvió con mayor ímpetu para seguir saqueando al país y explotando más al pueblo trabajador. Se perfila una situación, como hace más de un siglo, en la que los de arriba no pueden seguir gobernando como lo vienen haciendo y los de abajo ya no se dejan gobernar como los vienen gobernando.
Hoy habrá un mensaje de Enrique Peña Nieto para «recuperar la confianza» de los mexicanos respecto al problema de la seguridad en el país, declaró el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien también afirmó que «la prioridad del gobierno federal sigue siendo dar con el paradero de los normalistas de Ayotzinapa». A dos meses del trágico suceso, no tenemos la más mínima credibilidad de tal intención ni de ningún viraje radical para erradicar la violencia social mientras persista el actual modelo neoliberal cuyo oprobioso régimen político sostiene delirante e impunemente a la fecha…
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