Tras la masacre de Cochabamba, la presidenta ilegal de Bolivia Jeanine Añez le dio inmunidad a las fuerzas armadas, una licencia para matar (sobre todo indígenas) y salir impunes: el decreto aprobado por la autoproclamada deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en «el restablecimiento del orden interno». Mientras, el enviado del secretario […]
Tras la masacre de Cochabamba, la presidenta ilegal de Bolivia Jeanine Añez le dio inmunidad a las fuerzas armadas, una licencia para matar (sobre todo indígenas) y salir impunes: el decreto aprobado por la autoproclamada deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en «el restablecimiento del orden interno».
Mientras, el enviado del secretario general de Naciones Unidas, Jean Arnault, con gran experiencia en el proceso de paz colombiano, se reunió con la autoproclamada Áñez y dijo que también lo hará con todos los líderes y actores, para abordar dos cuestiones centrales: la «pacificación» de la crisis y la «convocatoria de elecciones libres a los cuales todos los actores están comprometidos».
Para aquello que ven los acontecimiento por televisión puede llamar la atención el decorado pintoresco del estilo gym de la autoproclamada, el tamaño del Nuevo Testamento que exhibe, pero eso esconde decisiones a gran velocidad, tomadas en otro lugar y que ella legaliza con su firma. La meta: imponer el terror y los asesinatos para segurar la dilación electoral.
La cuestión electoral también fue abordada por los presidentes de las cámaras de Senadores, Eva Copas, y de diputados, Sergio Choque, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS). En rueda de prensa anunciaron que convocarán a una sesión de la Asamblea Plurinacional el martes 19 para tratar la convocatoria a nuevas elecciones, en las que los golpistas no están interesados.
Para llamar a elecciones es necesario la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que necesita un acuerdo dentro del ámbito legislativo, aunque vale especular que el gobierno de facto buscará otro camino por encima de la Constitución, mientras persigue y saca del camino a dirigentes políticos, sociales, forzar al asilo, asesinar de manera selectiva o en escenarios como la masacre de Cochabamba.
El plan golpista es llegar a elecciones habiendo diezmado las fuerzas del proceso de cambio, y con el decreto de impunidad avanzará en ese plan, de la mano de las fuerzas armadas, la policía, la clase política y empresarial que busca una restauración y una revancha, así como de la protección político-diplomática estadounidense.
La estrategia del MAS, con Evo en México, parece tener como prioridad la de salvar vidas mientras se articula la reacción y se preserva la organización en el territorio. Otra prioridad es imponer el imaginario colectivo de que éste es un gobierno provisional.
Áñez puso la velocidad exigida por sus mandantes de Washington: rompió relaciones con Venezuela y Cuba, retiró a Bolivia del acuerdo del ALBA con Venezuela, Cuba y Nicaragua y se desligó de Unasur. Y desconociendo el gran fracaso neoliberal de Mauricio Macri en Argentina, reconectó la economía interna a las exportaciones, lo que podría desencadenar una ola de subas en azúcar, soja, aceite y pollo.
El sector político de la auproclamada, la derecha golpista tradicional del dictador Hugo Banzer, es muy minoritario: obtuvo el 4,4 por ciento de los votos el 20 de octubre. Pero cuenta con el apoyo y la dirección del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, hacedor, junto a Washington, del golpe de Estado.
Masacre
Nueve cocaleros fueron muertos y 115 heridos en la brutal represión que empezó el viernes en Cochabamba, y desde el inicio de las protestas las víctimas fatales suman 23 y los heridos más de 700. «Muchos de los que hemos confirmado tienen tiros en la nuca», denunció Nelson Cox, representante de la Defensoría del Pueblo. «Hubo un acto de represión, no ha existido un enfrentamiento», añadió. Todos los fallecidos presentaron disparos en la cabeza o el tórax.
La presencia de la Fuerzas Armada en las carreteras y calles de las principales ciudades comenzó el lunes por la noche, luego de que la Policía Nacional Boliviana (PNB) pidiera el refuerzo militar en vista de los levantamientos, en particular el ocurrido en la ciudad de El Alto. Enseguida comenzaron a sobrevolar aviones y helicópteros militares, y las tanquetas se establecieron en las inmediaciones de la Plaza Murillo, sede de gobierno y el poder legislativo y Bolivia pasó a estar de facto en un estado de sitio.
Esta situación de escalada se vio agravada por las declaraciones de Áñez, quien aseguró que enfrentan acciones desestabilizadoras de «grupos subversivos armados». De esta manera la dictadura puso en marcha tres elementos centrales: el operativo militar, su respaldo legal y su justificación narrativa. La masacre de Cochabamba fue su implementación.
Desde su exilio en México, el derrocado presidente Evo Morales señaló que el decreto es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo y condenó la matanza de «hermanos indígenas a manos de las fuerzas militares y policiales de la dictadura» encabezada por Jeanine Áñez, mientras desde Montevideo, el expresidente José Pepe Mujica exigía a la autoproclamada que parara la sangrienta represión al pueblo boliviano.
Estas muertes se suman a las ya producidas en otras regiones en resistencia en el país, como Yapacaní y Montero en Santa Cruz, la ciudad de El Alto y las laderas de la ciudad de La Paz. En paralelo con esta situación se ha dado el alineamiento con el Golpe Cívico Policial de las principales redes de medios de comunicación del país y el acallamiento de los medios de comunicación alternativos comunitarios y/o populares.
Esta situación pretende provocar la invisibilización del levantamiento popular en el país, junto a la manipulación y tergiversación de los hechos. La ministra de Comunicación de facto, Roxana Lizárraga, amenazó con expulsar y procesar a «periodistas o pseudoperiodistas» extranjeros y bolivianos «que estén haciendo sedición», aunque los sediciosos fueron quienes atentaron contra el gobierno constitucional de Evo Morales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de grave
el decreto e indicó que éste desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta
. Sólo el viernes hubo 122 lesionados tras la intervención militar y policial contra los cocaleros, señaló la CIDH.
La represión se produjo luego de que cientos de campesinos intentaron traspasar un cordón dispuesto en el puente Huayllani, en la región de Sacaba, a lo que los militares respondieron disparando gases lacrimógenos y balas. El ministro de Gobierno de la dictadura , Arturo Murillo, quiso crear el imaginario colectivo de que los disparos salieron de entre los manifestantes, alegando que policías y militares no tenían órdenes de disparar.
La presidenta del Senado, Eva Copa, del partido Movimiento al Socialismo señaló que «estamos pasando momentos difíciles, pedimos a los movimientos sociales y otras organizaciones que depongan posiciones. No podemos vivir de luto
«.
Recién el viernes, la Alta Comisionada de la Organización para Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza
contra manifestantes de las fuerzas de seguridad: Mientras las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por personal policial o militar, apuntó.
Bachelet condenó estas muertes y advirtió que implican un peligro extremo, puesto que lejos de apaciguar la violencia es posible que la empeoren y pidió a las autoridades que se abstengan de emplear a las fuerzas militares en operaciones de orden público.
«Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza, y con un respeto pleno por los derechos humanos», añadió.
Asimismo expresó preocupación no sólo por los muertos y cientos de heridos, sino porque se han registrado numerosas detenciones: más de 600 desde el 21 de octubre, muchas de ellas durante los últimos días
y pidió a las autoridades revelar el número de personas arrestadas, heridas y fallecidas durante las movilizaciones e insistió en la necesidad de investigar con celeridad, imparcialidad y transparencia
los hechos para que haya rendición de cuentas de los responsables.
El Parlamento debatirá el martes 19 una convocatoria para elecciones generales, anunciaron la presidenta del Senado, Eva Copa, y su par de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, mientras un enviado de la ONU inició una mediación entre el gobierno de facto y las fuerzas leales al depuesto presidente Evo Morales, que continuaron con el bloqueó de las principales autopistas, el corte de oleoductos y realizando protestas en las calles de La Paz, El Alto y en regiones cocaleras.
Mientras, un vuelo con un primer contingente de 226 médicos cubanos partió rumbo a su país, informó una fuente de Interpol. Cuba decidió retirar el viernes una brigada médica de 725 profesionales y demandó la liberación inmediata de seis especialistas detenidos.
La situación en Bolivia se encuentra en horas oscuras : sin Estado de derecho, con autorización para la FAB de matar, dirigentes y periodistas amenazados, perseguidos, un gobierno de facto que multiplica amenazas, y un manto de silencio que intenta invisibilizar lo que sucede.
Kaliman, ahora millonario
El general golpista Williams Kaliman que le exigió la renuncia al presidente Evo Morales, se fue a vivir a Estados Unidos, tras haber cobrado un millón de dólares de Bruce Williamson, encargado de negocios de la Embajada estadounidense, que organizó el golpe, señaló en La Paz, Tv Mundus.
Williamson, dice la información no confirmada, dio un millón de dólares a cada jefe militar y quinientos mil a cada jerarca policial, tras contactarlos y coordinado sus acciones en la provincia argentina de Jujuy al amparo de su gobernador Gerardo Morales, aliado del presidente Mauricio Macri.
Kaliman fue inmediatamente reemplazado por la autoproclamada Janine Áñez y de esa manera junto a los otros Jefes militares se marcharon a Estados Unidos a resguardo de cualquier investigación inmediata de la comunidad local e internacional.
Sullkata M. Quilla. Antropóloga y economista, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
http://estrategia.la/2019/11/
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