Separadas por kilómetros de distancia y realidades muy diferentes, un número creciente de bolivianas decidieron ser parte del poder político y romper una doble barrera: ser mujeres e indígenas. Suelen compartir elementos comunes: haber comenzado su liderazgo en organizaciones sociales e incursionar en la gestión municipal tras vencer obstáculos familiares, para después tener que enfrentarse […]
Separadas por kilómetros de distancia y realidades muy diferentes, un número creciente de bolivianas decidieron ser parte del poder político y romper una doble barrera: ser mujeres e indígenas.
Suelen compartir elementos comunes: haber comenzado su liderazgo en organizaciones sociales e incursionar en la gestión municipal tras vencer obstáculos familiares, para después tener que enfrentarse a condiciones desiguales con los varones, en la carrera electoral y como concejalas.
«Las dos principales trabas (para ser autoridades) son el hogar y, aún más, lo económico», dijo Lucinda Villca, una de las cuatro concejalas indígenas que brindaron su testimonio a IPS en la central ciudad de Cochabamba, durante un encuentro nacional de lideresas de municipios rurales.
Villca pertenece a Santiago de Andamarca, un municipio del departamento de Oruro, en el occidente de Bolivia.
«Salimos temprano al campo a ayudar con los cultivos a nuestros esposos o a pastear el ganado. Volvemos en la noche y hay que preparar la comida y sacar tiempo para tejer prendas para tener dinero extra para el hogar», explicó. «Con esas obligaciones, no hay tiempo para dedicarse a otras cosas», dijo Villca, una aymara con nueve hijos que antes fue autoridad originaria de su ayllu (comunidad), dedicada a la cría de llama y el cultivo de quinua.
«Ahora la responsabilidad es mayor. Como autoridad originaria mi misión era trabajar por mi comunidad, ahora debo trabajar por el futuro del municipio», explicó, en una historia común con otras lideresas indígenas que ingresaron a la gestión municipal. «Era ama de casa. Soy indígena guaraní, sin profesión, como muchas mujeres del campo. La organización de mujeres en que participo me pidió ser candidata», relató Marina Cuñaendi, de 55 años y concejala de Uribachá, con unos 6.000 habitantes, mayoritariamente guaraníes.
Es uno de los municipios más pobres de Bolivia, con 85,5 por ciento de su población en pobreza extrema, según el último censo, pese a estar situado en el departamento más prospero del país: el oriental de Santa Cruz.
Hasta su postulación en 2010, nunca pensó ocupar un cargo público. Se dedicaba a cultivar arroz y maíz y, en su «tiempo libre», a tejer, para sostener el hogar y sus siete hijos junto con su esposo.
En Urubichá, aseguró, las mujeres no tienen tiempo para organizarse y están marginadas de los espacios políticos. Admitió que tuvo que consultar a su esposo y sus hijos, quienes «felizmente» la respaldaron y motivaron a competir, «lo que no siempre ocurre».
A cientos de kilómetros de Urubichá, en San Julián, otro municipio de Santa Cruz, la guraní Yolanda Cuellar sumó una tercera barrera a la de mujer e indígena: ser «muy joven» para un puesto municipal, según su comunidad.
Cumplió 21 años un mes después de ser elegida como concejala en abril de 2010, postulada por el Movimiento Sin Miedo, opositor al Movimiento Al Socialismo, que gobierna el municipio y el país.
«No confiaban en mí porque era joven y encima mujer, en un municipio con gran machismo. Ahora somos cuatro mujeres en el Concejo», destacó esta contadora con dos hijos.
También tiene el apoyo de su esposo. «Me entiende y me dice que no me deje, porque la gente votó por mí; que luche por lo que quiero y no me retire porque le caiga mal a alguien», expresó.
Pero las cosas en el concejo no fueron fáciles, por su falta de experiencia y la permanente discriminación de sus colegas varones. Es además, muy distinto ser lideresa y concejala.
«Hay mucha burocracia que retrasa los proyectos, pero el mayor jarro de agua fría es la falta de apoyo de los demás, tus ideas no son tomadas en cuenta y te sentís sola, a los demás no les interesa hacer algo para los jóvenes y las mujeres», lamentó.
San Julián vive también de la actividad agrícola, a la que allí se suma la comercial y de servicios, por el paso de una de las principales carreteras que une el oriente con el occidente del país.
No obstante, 57,9 por ciento de sus más de 70.000 habitantes viven en pobreza extrema.
La Constitución de 2009 y otras leyes obligan a una presencia de 50 por ciento de mujeres en todos los cargos electos. Para asegurar esa equidad, además se establece la alternancia en las listas de candidatos.
Actualmente, en los 327 municipios bolivianos, 43 por ciento de alcaldías y concejalías están en manos de mujeres, que en 96 por ciento de los casos ocupan por primera vez un cargo público.
Lidia Alejandro, de 50 años, aymara y concejala de Llallagua, un municipio del occidental y minero departamento de Potosí, coincidió en que la inexperiencia ha sido un factor de desventaja frente a los varones.
«Fui concejala sin saber nada del manejo municipal. Soy maestra, pero ser autoridad es muy diferente, no podía ni hablar en las reuniones ni declarar a la prensa», contó Alejandro. «Tuve que aprender en el camino», reconoció.
Gracias a talleres superó la desventaja. Pero esa capacitación, dijo, requiere tiempo y crea problemas con los esposos, que las increpan por la desatención del hogar. Mayor tristeza aún le provoca el no haber podido cumplir el objetivo de luchar por sacar de la pobreza a las mujeres de su municipio, por falta de técnicos que hagan proyectos para ellas según los requisitos exigidos.
Las leyes bolivianas exigen que parte del presupuesto anual de todos los niveles de gobierno sea asignado a mujeres y otros sectores sociales vulnerables. Pero la mayoría de esta porción no se ejecuta y esos fondos terminan revertidos o transferidos a otros gastos.
«Las mismas mujeres nos reclaman, cómo cuatro concejalas no hacen nada por las mujeres. Hemos tratado de unirnos pero la verdad ahí está el problema ideológico, no tenemos el mismo color político», dijo Cuellar.
En Bolivia ha habido grandes avances a favor de la participación política de las mujeres, promovidos por la Constitución y diferentes leyes, explicó a IPS la experta Natasha Loayza, de la oficina ONU Mujeres en el país.
«El desafió ahora es traducir esas leyes en vivencias, en una participación concreta y real», planteó.
Esa oficina impulsó el programa piloto trienal «Semilla», que acaba este año, destinado a apoyar a las mujeres en los municipios rurales en el ejercicio de sus derechos económicos y políticos.
Loayza dijo que un objetivo es que la alta calidad de la participación femenina motive a otras mujeres a imitarlas.
«El camino de acceso está abierto, pero es muy duro, titánico. Las mujeres que han llegado a cargos de responsabilidad pública pueden atestiguar los problemas que enfrentan a diario para tener presencia real, no solo nominal en los espacios de decisión», sostuvo.
«Todavía vivimos un contexto en el que la participación de las mujeres hay que ganarla a pulso», concluyó.
El programa del Ministerio de Igualdad de Oportunidades se ejecuta en 18 municipios rurales y ha beneficiado ya a 4.000 mujeres, con un financiamiento de nueve millones de dólares, logrado en un concurso de las Naciones Unidas.
Fuente original: http://www.ipsnoticias.net/