Exigen a la CNDH que les otorgue medidas cautelares toda vez que tienen conocimiento que el gobierno estatal emitió al menos 14 órdenes de aprehensión. México. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) exhortó al turismo nacional e internacional a no asistir a la celebración de la Guelaguetza organizada por el gobierno de […]
Exigen a la CNDH que les otorgue medidas cautelares toda vez que tienen conocimiento que el gobierno estatal emitió al menos 14 órdenes de aprehensión.
México. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) exhortó al turismo nacional e internacional a no asistir a la celebración de la Guelaguetza organizada por el gobierno de Ulises Ruiz, debido a que «el boicot continúa». Además exigieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) les otorgue medidas cautelares pues «tras la represión del 16 de julio existen nuevas ordenes de aprehensión en contra de algunos compañeros».
En víspera de que se realice el segundo lunes del cerro de Fortín, con lo que se daría fin a la celebración de la Gueleguetza en esa entidad, Carmen López, vocera de la APPO en la ciudad de México, señaló que la justicia estatal emitió al menos 14 órdenes de aprehensión en contra de integrantes del movimiento social oaxaqueño, luego de los sucesos del pasado 16 de julio.
La orden se establece en un documento fechado en la ciudad de Santa María Coyotepec el día referido, en el que la autoridad solicita la aprehensión de varias personas, entre ellas Zenen Bravo y Patricia Jiménez Alvarado, quienes, según el escrito, eran quienes incitaban al resto de manifestantes a la violencia.
Asimismo, la portavoz de esa agrupación denunció que la APPO cuenta con reportes de 84 detenciones «arbitrarias». Las primeras 42 el mismo 16 de julio, y otras 42 en días posteriores: «Han sido sobre todo levantones a manos de ministeriales o paramilitares, donde amenazan a nuestros compañeros y luego los dejan libres».
«Con los acontecimientos del 16 de julio se saca a la luz pública que el conflicto persiste y se ha profundizado ante la falta de una intervención responsable y oportuna del gobierno federal. En el estado no hay paz ni tranquilidad porque continúa Ulises Ruiz que sólo promueve la violencia y la falta de diálogo», aseguró la profesora.
Ante esto, la vocera de la APPO urgió al gobierno federal a instalar de «manera urgente» una mesa de diálogo «seria y responsable», debido a que la administración de Felipe Calderón ha sido «omisa y cómplice y el principal violador de la ley bajo el falso argumento de reducir el conflicto en Oaxaca a un problema local».
De la misma forma, exigió a la CNDH emitir medidas cautelares a favor de los integrantes de la APPO, además de «dar celeridad» a las investigaciones que realice para presentar la recomendación respectiva que sea «objetiva, seria y eficaz».
Indicó que un elemento «indispensable» para la tranquilidad en el estado es la salida de Ruiz Ortiz. Además, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación agilizar los trabajos de la comisión que investiga la violación a los derechos humanos a raíz del conflicto en la entidad, y que incorpore a esas indagatorias los acontecimientos del 16 de julio.