En julio pasado, en un encuentro promovido por la embajada de los Estados Unidos en La Paz, tres académicos estadounidenses se reunieron con estudiantes, docentes y representantes de la sociedad civil, principalmente de los pueblos indígenas de las tierras bajas y altas, para hacerles conocer las bondades de la legislación estadounidense en materia de respeto […]
En julio pasado, en un encuentro promovido por la embajada de los Estados Unidos en La Paz, tres académicos estadounidenses se reunieron con estudiantes, docentes y representantes de la sociedad civil, principalmente de los pueblos indígenas de las tierras bajas y altas, para hacerles conocer las bondades de la legislación estadounidense en materia de respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
En las reuniones de las que se tiene conocimiento, celebradas en las ciudades de La Paz y Sucre, del 9 al 14 de julio, los tres especialistas estadounidenses en derecho y culturas indígenas, enfatizaron que si hay un lugar en el planeta en que los pueblos indios tienen propiedad sobre los recursos naturales, renovables y no, que están en su territorio, es Estados Unidos, donde existe una cantidad de leyes que aseguran esos derechos.
Los tres expertos en temas indígenas invitados por la embajada de Estados Unidos en La Paz, todos con vínculos con el Partido Demócrata, fueron el Director del Cuerpo Docente del Centro de Derecho y Políticas Indígenas de la Universidad de Oklahoma, Lindsay Robertson; el asesor legal en jefe de la nación chicklasaw de Oklahoma, Stephen Greetham, y la historiadora y educadora Amanda Cobb-Greetham.
No hay duda que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene una larga experiencia de apropiarse de categorías libertarias y darles su propio contenido y dirección. Esta no es la excepción, pues la visita de los tres especialistas se produjo bajo la implementación del programa «Diplomacia de los Pueblos», una línea de trabajo concebida por el gobierno del presidente Evo Morales para explicar una manera distinta, con perspectiva independentista, de las relaciones internacionales, en la que se da una relación de complementariedad entre los Estados y los pueblos.
«En Estados Unidos las tribus tienen derecho y son dueñas de los recursos que están sobre la tierra y debajo de ella, por ejemplo el gas natural», aseveró Stephen Greetham, asesor legal en jefe de la nación Chickasaw, una reserva ubicada en Oklahoma.
Rotertson no se quedó atrás y sostuvo que «cada tribu es soberana con poderes inherentes y en la Constitución norteamericana se reconoce que los indígenas son pueblos distintos y la ley federal lo desarrolló en mas de dos siglos, pero no es tan exacta como las leyes en Bolivia».
Hasta aquí, un primer mensaje: donde hay gas, ese es de los pueblos indígenas y no de toda la población.
Pero como la llegada e intervención de los tres «especialistas» estadounidenses se da cerca de un mes antes de empezar la marcha de una parte de los pueblos indígenas de las tierras bajas hasta la ciudad de La Paz, en rechazo a la construcción del segundo tramo de una carretera que unirá a los departamentos de Cochabamba y Beni, las palabras de Stephen Greetham hay que leerlas con cuidado.
¿Qué es lo que dijo? En base al empleo del método comparativo, el asesor legal señaló que actualmente la tribu chicklasaw enfrenta problemas por el acceso al agua con las grandes ciudades que se extienden cada vez más e indicó que el gobierno de Estados Unidos tendrá que tomar cartas en el asunto para darle a la nación indígena una solución que no afecte sus intereses, ya que de no hacerlo «se estaría en una posición (similar) del gobierno boliviano» respecto de la construcción de la carretera que atravesará el TPNIS.
La lectura de las palabras del especialista norteamericano conduce en una sola dirección: el gobierno boliviano del presidente Evo Morales está afectando los intereses de los indígenas al proponerse construir esa carretera. Más claro, agua dice el adagio popular.
Lo que ninguno de los tres «especialistas» en temas indígenas dijo es que: esos recursos naturales en las reservas indígenas son entregados a las transnacionales por los dirigentes de esas reservas, a cambio de poder y dinero que es empleado para generar una elite local.
La llegada de los tres estadounidenses y sus reuniones públicas en La Paz y Sucre fueron organizadas por la embajada de Estados Unidos a través del Agregado de Cultura y Prensa, Benjamín G. Hess, quien además es jefe de Eliseo Abelo, un boliviano encargado de asuntos indígenas de esa legación diplomática que además trabaja con otros intelectuales y operadores indígenas bolivianos antes conocidos por sus ideas indianistas radicales.
Le correspondió precisamente a Abelo, poco antes de comenzar la marcha hasta La Paz comunicarse por celular con los dirigentes Adolfo Chávez de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) y Rafael Quispe del Consejo Nacional de Allyus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ). Con el primero lo hizo a través del celular de su esposa, Roxana Marupa Tórres.
De acuerdo a información de fuentes bastante creíbles, Hess y Abelo despliegan una gran actividad sobre dirigentes indígenas, de nivel alto, medio y base, para ofrecerles cursos en los Estados Unidos bajo el argumento de su «inter-relación» con dirigentes de los pueblos indígenas de ese país, así como para que conozcan las ventajas de la democracia y la justicia. Algunos funcionarios de la Cancillería boliviana son fervientes entusiastas de estos intercambios de experiencias entre indígenas.
El funcionario estadounidense y el empleado boliviano, al que se suman otros «consultores» encargados de escribir y difundir artículos de opinión por la red y participar en seminarios y talleres organizados por algunas instituciones políticas no gubernamentales, son los que desarrollan la línea de trabajo hacia los pueblos y comunidades indígenas.
El trabajo de subversión con las comunidades y dirigentes indígenas se ha fortalecido con recursos humanos y financieros desde febrero de 2006, un mes después que Evo Morales asumiera la presidencia de Bolivia luego de su clara victoria electoral en diciembre de 2005.
Desde el punto de vista operativo, los instrumentos de la estrategia subversiva de la embajada de Estados Unidos en Bolivia están representados por USAID y la NED, aunque tampoco ha dejado de operar el IRI.
Tal como lo ha denunciado Juan Ramón Quintana, cuando era ministro de la Presidencia de Morales y hace poco en calidad de director ejecutivo de una agencia estatal de desarrollo, la USAID está financiando una buena cantidad de ONG que trabajan en los departamentos de Pando y Beni con programas que con el pretexto del medio ambiente y los derechos indígenas promueven líneas de subversión contra el gobierno del proceso de cambio. Después de todo, en lo aparente, construir un puente para una comunidad, abrir una posta sanitaria o capacidad en derechos, no tiene nada de subversivo, salvo hasta cuando uno se da cuenta que los conceptos desarrollados no tienen nada que ver con la realidad boliviana y solo sirven para construir un ideal que en los Estados Unidos no existe ni de lejos.
Existe información preliminar de que USAID ha entregado financiamiento directo a la gobernación de Santa Cruz, a inicios de este año, para la «formación de líderes en casos de emergencia» y sobre todo para crear grupos de ese tipo en las zonas de influencia del MAS, como Plan Tres Mil, Pampa de la Isla y Villa 1ro de Mayo. ¿una suerte de grupo de choque al estilo de la Unión Juvenil Cruceñista?
Haciendo referencia a la Iniciativa de la Conservación de la Cuenca Andina Amazónica, Quintana señaló que «La política medioambiental que financia USAID es el establecimiento de territorios autónomos parecidos a las reservas indígenas que tiene Estados Unidos» y a la vez de «transnacionalización de esos territorios a través del capitalismo verde o de empresas que buscan negociar directamente con las comunidades al margen del Estado».
La NED es una organización que encubre el trabajo de subversión y desestabilización que la Central de Inteligencia Americana (CIA) desarrolla contra los gobiernos de América Latina que le son incómodos.
De acuerdo a datos disponibles del trabajo de la NED en Bolivia, que no siempre transparenta sus proyectos y el alcance de su financiamiento, en el período 2009 se apoyó con cerca de 1.5 millones de dólares a organizaciones, instituciones y ONG bolivianas y norteamericanas, que en su mayor parte ejecutan programas de clara orientación opositora al gobierno de Morales y con un público meta indígena. El presupuesto para 2010 y el que se ha planificado para el periodo fiscal 2011-2012 no ha disminuido.
Uno de los programas que se ha beneficiado del financiamiento de la NED es el referido a la Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC), con más cerca de 50 mil dólares. Este programa tiene como base trabajar sobre los conflictos por la tierra, especialmente en los departamentos de Beni, Potosí y Chuquisaca.
Otros programas de financian a través de la Fundación Vida y la Oficina Jurídica para la Mujer (OJM) con 37.200 y 30.846 dólares, respectivamente. Los fines aparentemente nobles, que es como se esconden los planes subversivos en los que Estados Unidos tiene una gran experiencia, tienen que ver con empoderar a la mujer indígena, históricamente explotada y oprimida por los gobiernos que precedieron el actual.
Luego se tiene a Sayariy, con 12.904 dólares, que bajo el objetivo de promover mayor transparencia y contabilidad en los gastos de los gobiernos locales del departamento de Chuquisaca, en realidad desarrolla acciones opositoras al gobierno de Morales.
En síntesis, a falta de partidos políticos con perspectiva en el corto y mediano plazo, el trabajo de subversión ideológica es la apuesta mayor de los Estados Unidos.
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RECUADRO
Lo que no dijeron sobre EE.UU.
A pesar que el gobierno norteamericano, a través de su embajada en Bolivia, dice que la población indígena de su país ha sido beneficiada en los últimos años, según datos oficiales en las reservaciones indígenas las tasas de desempleo oscilan entre el 50 y 80%, lo que quizá explica los altos niveles de violencia, delincuencia y tráfico y consumo de drogas.
Por lo demás, al igual que la discriminación que padece la población negra, hay suficiente información como para asegurar que los descendientes de indígenas continúan sufriendo racismo y persecución, además de que, según estadísticas oficiales, las minorías étnicas tienen ocho veces más posibilidades de padecer enfermedades como la tuberculosis que otros ciudadanos de ese país y un 37% muere antes de cumplir los 45 años. La tasa de suicidio es tres veces la tasa nacional, mientras que la mortalidad infantil es un 60% más alta que la del conjunto de la población, sin hablar de los elevados porcentajes de alcoholismo y diabetes que afecta a la población.
Tomando en cuenta solo el ejemplo de la comunidad indígena de los Lakotas, perteneciente a la familia Sioux, se aprecian los siguientes datos:
- Los hombres tienen una esperanza de vida de menos de 44 años, más baja que en cualquier país del mundo, incluyendo Haití.
- La mortalidad infantil es de 300%, mayor que el promedio del resto de Estados Unidos.
- El suicidio de los adolescentes llega al 150%, mayor que el promedio de ese grupo etáreo en Estados Unidos.
- Los enfermos de tuberculosis están por cerca el 800% más que el promedio nacional de ese país y sucede lo mismo con los enfermos de diabetes.
- El 97% vive pos debajo de la línea de pobreza y forma parte de los casi 50 millones de norteamericanos que están en esa condición.
- La tasa de desempleo en las reservas es del 80%
- El alcoholismo afecta a 9 de cada 10 familias.
- Los niños indígenas presos llegan a un 40% superior a los blancos.
- En Dakota del Sur el 21% de la población penal es de indios americanos, pero ellos solo alcanzan a ser el 2% de la población de ese estado.
- Solo el 14% de la población Lakota habla el mismo idioma.
- El prisionero político más antiguo del mundo es el activista Leonard Peltier, de la etnia de los Lakotas, encarcelado y condenado a dos cadenas perpetuas luego de un juicio amañado por el FBI.
Fuente: http://www.la-epoca.com.bo/#