«Casi» recuperado del escándalo de la corrupción enquistada en el negocio petrolero, el gobierno del presidente Evo Morales está convirtiendo su contraataque de abril pasado, cuando desarticuló a los paramilitares separatistas financiados por la institucionalidad cruceña −exaccionada o no por sus propios mercenarios− en una ofensiva general que amenaza con arrasar en diversos frentes. La […]
«Casi» recuperado del escándalo de la corrupción enquistada en el negocio petrolero, el gobierno del presidente Evo Morales está convirtiendo su contraataque de abril pasado, cuando desarticuló a los paramilitares separatistas financiados por la institucionalidad cruceña −exaccionada o no por sus propios mercenarios− en una ofensiva general que amenaza con arrasar en diversos frentes.
La arremetida no alcanzará, empero, como apetece en el discurso pre electoral, para acumular el suficiente poder, sobre todo legislativo, que le permita re-institucionalizar el país, sustituyendo, por ejemplo, los saldos neoliberales incrustados en el ramaje estatal por populistas acaso idóneos.
Desencantadas previsiones palaciegas, no divulgadas por la prensa oficial, advierten que el festín de votos −los de fin de año o los de abril del 2009 – servirá para alargar incluso el paroxismo prorroguista de algunos ministros arrobados con los frutos del nepotismo.
Pero no quizás para obtener los dos tercios de la Asamblea Plurinacional, donde la convaleciente oposición de derechas se dispone a sentar otra vez madriguera y seguir paralizando leyes con apenas lograr un mínimo, no del todo difícil, de 56 votos de los 166 en disputa.
Por lo pronto, dos pinzas del reciente embate oficialista se han desplegado con éxito entre Tarija y Santa Cruz (además del continuamente reforzado el brazo migratorio en Pando), recurriendo no sólo a un sorprendente cerco campesino de 10 días contra el prefecto tarijeño Mario Cossío en el sur, sino a pactos cargados de incentivos económicos estatales con los pequeños productores orientales de oleaginosas, arroz y trigo.
Especialmente los asentados en el noreste integrado cruceño, un amplio eje que abarca desde Guarayos a Yapacaní (centro este último de las aspiraciones de otro «décimo departamento» basado en la provincia Ichilo) han protagonizado una virtual ruptura con sus hasta hace poco entrañables socios mayores de las poderosas CAO, Cainco y Confeagro −la «institucionalidad» cruceña en pleno -que les han cuestionado tibiamente (timoratas como están igual que otras fracciones del poder regional) su reciente alianza con el oficialismo, basada en cuotas mercado externo y no pequeñas compras de las FFAA y la Policía.
Las ganancias conjuntas prometen mayores votos para el MAS, según las expectativas trazadas para contentar al Presidente, que ha vuelto a exigir un 70 % de apoyo con el objetivo formal de atrapar por fin los dos tercios en ambas cámaras legislativas pero que en realidad podría conformarse con la simple reproducción del mando en el «Órgano Ejecutivo» del Estado Multinacional-36 naciones.
Todo, estando por verse si los votos que puede reconquistar en el departamento de Santa Cruz (el MAS retrocedió de 273 mil a 256 mil sufragios: 40 al 34 % entre el referéndum ratificatorio del 2007 y los votos a favor de la Constituyente el 2008) compensarán lo perdido en la ciudad de La Paz (67 al 60 % en menos de seis meses), donde si no fuera la votación de su principal aliado, el MSM ligado también a las clases medias, los masistas estarían literalmente hundidos en uno de sus escenarios principales, la sede gobierno, y tan perdidos como luna urbana en noche de San Juan..
DOS MESES DE CONTRAATAQUE
En su embate múltiple, a tres años y medio de gestión, el MAS ha logrado poner en estado de coma a la judicatura, donde 24 de su 36 cargos están acéfalos; en tren de renuncia a su ex Supremo, Eddy Fernández; y en estado de sobresalto a los cívicos del racismo chuquisaqueño, que andan con pies de plomo pese a sus intentos de mantener en paralelo otro poder judicial adicto a la derecha, al igual que el alarmado prefecto de Tarija, desgastado por el doble ataque del cerco campesino y sus responsabilidades en los generosos gastos y licitaciones locales.
La ofensiva masista sorprende mucho más, si se tiene en cuenta que Cossío en sus dominios del sur, la prefecta sucrense (no manda en toda Chuquisaca) Savina Cuéllar, y el clan de cívicos golpeadores de campesinos inermes, lo mismo que las decenas de involucrados en las bravatas separatistas o los lenguaraces parlamentarios derechistas de Beni, Pando y Sucre, no son corderos de sacrificio o mártires de coliseo a expensas de un cesáreo gobernante populista; ni la conspiración internacional detrás de la oligarquía cruceña fue de corto alcance y limitada a la simpatía por la modernidad [1]
Sin embargo, los éxitos del oficialismo contrastan ostensiblemente con tropiezos en política exterior circunvecina (al margen de los tientos de aproximación con EEUU) en cuya primera línea ha desaparecido en los hechos la figura del Canciller y el Gabinete como cinturón de protección, dejando al Presidente expuesto al ataque de su ladino rival limeño que acomete no por sí mismo, sino a través de su primer ministro, su Cancillería y los levantamanos del congreso peruano (desacreditado por la matanza de Magua) orillando a Palacio Quemado a retirar al embajador boliviano, si algo queda de decoro y reciprocidad.
Con todo, la contraofensiva general de los masistas parece estar dando frutos coyunturales: «en suma, las reglas y los rasgos del proceso electoral favorecen la continuidad de Evo Morales», dice desde su observatorio Fernando Mayorga, corroborando lo que en las calles ya se da por seguro.
A largo plazo sin embargo, los retos «tienen que ver con la probable reedición de las figuras de gobierno dividido (es decir, el MAS sin controlar las dos cámaras legislativas) y de división vertical de poderes (con la implementación del régimen de autonomías que implica descentralización política, sobre todo en el nivel departamental) que pusieron límites al presidencialismo en los tres años de gestión gubernamental del MAS».
ENTRE FUGAR, DOBLARSE O…
El acercamiento entre Morales y la Anapo (Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo) no soluciona los problemas de fondo de todos los productores cruceños, reclamó el líder de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mauricio Roca, impotente como nunca ante la nueva sociedad política de comienzos de junio.
El jefe de Estado dispuso en favor de la Anapo, ahora dirigida por un migrante potosino, Demetrio Pérez, flexibilizar las exportaciones de productos agrícolas y decretó la venta directa de azúcar y arroz a las corporaciones militares y policiales. De paso, construir defensivos contra las riadas.
Dejando atrás las arengas incendiarias de octubre y marzo pasados, Roca, uno de los cinco mayores involucrados en las investigaciones de la comisión parlamentaria que investiga al separatismo como traición a la patria admitió «el derecho que tienen los soyeros de lograr mejoras para su sector». Aunque añadió enigmáticamente: «Este acercamiento significa un inicio de algo que tiene que tener resultados, porque si se trata de firmar un convenio y sacar una foto, no corresponde».
Pero junto a Mauricio Roca, Eduardo Paz (Cainco), German Antelo (ahora en la poderosa Cooperativa eléctrica CRE) y el líder de todos estos, Branko Marinkovic ( jefe del «gobierno moral» durante el asalto de los grupos de choque cruceños a las oficinas estatales para su «departamentalización») el mismo prefecto Rubén Costas fue señalado por Eduardo Roszá, jefe de los mercenarios acribillados el 16 de abril pasado, como la cabeza visible del separatismo y puntal de la comparsa de «tíos» que financiaron una escisión con sello croata (La Prensa/Grupo Líder 6-jun-2009)
Y aunque los informes filtrados a la prensa oficialista estuvieron a punto de disolver a la comisión investigadora a comienzos de junio, ya repuesta de sus propios deslices ésta ha convocado a nuevos declarantes a La Paz, luego de que, por su parte, el comité de «super fiscales» emitiera órdenes de captura contra siete sindicados de enlazar con los terroristas, que resultaron vanas pues ninguno pudo ser habido.
Así, Juan Carlos Velarde y Luis Hurtado Vaca (último presidente titular de la Cooperativa telefónica-Cotas y consejero de Vigilancia, respectivamente, allegado al prefecto Costas) lo mismo que Alejandro «Lucas» Melgar y Hugo «Supermán» Achá (fugado a Miami) junto a Enrique Vaca Pedraza (FexpoCruz), Héctor «Chiqui» Laguna (CAO) y Lorgio «Yoyo» Balcázar, presunto jefe de inteligencia del separatismo, dejaron sin contrapartida las versiones de haber contactado con ocho de los mercenarios, a quienes, según el reporte de Aerosur, Melgar (conciliador de la Cainco, fugado a Uruguay) les pagó pasajes desde Europa por valor de 16 mil dólares.
Tampoco Mario Bruno (ex gerente del Comité Pro Santa Cruz), Juan Kudelca (que renunció a la aceitera IOL de Marinkovic) y Rony Hurtado, hermano del ex titular de Cotas acusado de pagar 21 mil dólares en estadía para los paramilitares en tres hoteles cruceños, fueron ubicados quedando entre rejas Ignacio «el Viejo» Villa, Juan Carlos Gueder («comandante Bruno») y Alcides Mendoza, tres «lumpen» utilizados como «carne de cañón» para el trabajo sucio del separatismo, según la comisión parlamentaria, que a decir del diputado oficialista César Navarro, busca encontrar a la verdadera «cúpula financiadora», sin que se sepa con certeza si al final se le echará el guante o se obtendrá su vasallaje para conformar un oposición «democrática», centrista, a la manera del vicepresidente García.
Entre tantos personajes en fuga o blindados por la precariedad de las pruebas, unos cuantos fueron aprehendidos, incluidos los dos sobrevivientes del asalto al hotel Las Américas, o el hijo abogado del general Gelafio Santiesteban, uno de los siete supuestos miembros del «anillo militar», que según el fiscal Marcelo Sosa (La Prensa 3-jun-09) involucró también los generales Lucio Añez, Gary Prado, Herlan Camacho, Moisés Shiriqui, Raúl Gantier y Bernardo Chávez, además del Tte. Cnl. Zoilo Salces y los tenientes Óscar Zabala y Miguel Santiesteban.
Otros, los menos, como Guido Nayar, se resisten aún a declarar en La Paz.
DESBANDE: ¿DISCRETO O HISTERICO?
Ante el cúmulo de indicios, que por su magnitud pueden convertirse en prueba plena, pero sobre todo ante la eventual incautación de bienes, valores y caudales de dinero «pertenecientes a los imputados o posibles instigadores y cómplices de conductas calificadas por un fiscal como terrorismo, sedición o alzamientos armados, incluso en caso de que los delitos no se hubiesen consumado» (DS 138, Gaceta Oficial), algunos activistas de ayer echan tierra de por medio respecto de lo aborrecido hoy.
Otros, simplemente ya han comenzado a vender sus activos o traspasar sus propiedades
Emilio Martínez (el autor uruguayo del «Ciudadano X» y la reciente «Masacre del hotel Las Américas»), así como Fernando Cuéllar, Alejandra Barbery y la columnista Centa Reck dejaron la Human Rights Foundation que dirigía Achá, mientras una empresaria de modas en la elitista avenida Monseñor Rivero, dijo haber escrito, antes de declarar en La Paz sobre el caso, un virtual testamento incriminatorio con los nombres de los aportantes al grupo «la torre» que habría reunido unos 40 millones de dólares para sus operativos autonómicos, 25 de los cuales pudieron ser desviados a manos de Rosza y sus secuaces, contactados a su vez con una instancia superior a «la torre»: «el faro», de acuerdo con las investigaciones del fiscal Jorge Gutiérrez, a partir de la información extraída de las computadoras utilizadas por los paramilitares.
Con esas cifras quedaron cortas las sumas que según la empresaria y otra activista, la esposa de Mauricio Iturri, se remitían hacia «la torre» en un monto de 120 a 180 mil dólares al mes.
RESQUEBRAJADOS
Ante el desbande y los recientes acuerdos del presidente Morales con los productores de Anapo, Christian Sattori, hermano del prefecto del Beni, Ernesto, y líder de la Confeagro, no cesa de pedir unidad para la defensa integral del «establishment» criollo, planteando entre otros puntos comunes » el de la tenencia de la tierra» y el «respeto por la institucionalidad».
Para Sattori, la nueva arremetida del gobierno busca debilitar a los productores, cuyos dirigentes «no deben olvidar que el Ejecutivo se encuentra en una campaña electoral».
«Lo que sucedió con Anapo es una muestra de que esta ‘derrota’ política de Santa Cruz está afectando a su economía, pues se nota un quiebre en la unidad productiva cruceña» comentó el analista Bernard Inch para El Deber, al destacar dos puntos:
−Por primera vez Evo Morales pudo llegar a un acuerdo con uno de los principales integrantes de la CAO y para eso no precisó el permiso de esta institución.
−Uno de los efectos tendrá que ver con la escala de la productividad y el tamaño de las propiedades: es posible que dentro de esta institución soyera haya tensión entre los pequeños, medianos y grandes productores (que otrora financiaban condicionadamente la cosecha de los primeros -NdR-), la cual será aprovechada por el gobierno central.
En medio de la ruptura, las expresiones de ganaderos, avicultores y exportadores son disímiles pero coinciden en que la estrategia de Morales es lograr mayores escaños cruceños con vistas a dominar los dos tercios de la Asamblea Plurinacional.
Por ese rumbo, el nombramiento de la politóloga Helena Argirakis como Coordinadora departamental de la Autonomía parece asentar el terreno -a pesar de élla, que afirma no haber jurado al MAS− para el crecimiento del populismo en Santa Cruz.
«La autonomía departamental se articula como una expresión de dique de contención al proceso de cambio. Esa autonomía, que tuvo una profunda base social, poco a poco fue utilizada como un recurso político y mediático para defender a ciertos sectores corporativos cruceños», explicó la también ex delegada anticorrupción de la primera fase de la prefectura de Costas, a quien le presentó renuncia a mediados del 2007.
La respuesta de Costas y su mano derecha, Carlos Dabdoub, ha sido, por el momento, no recibirla en audiencia.
«NO SOMOS TERRORISTAS»
La última exhortación para librar a Santa Cruz de las secuelas del terrorismo corresponde al diputado centrista Alejandro Colanzi (UN-del empresario Samuel Doria Medina) quien pidió a los involucrados en el grupo «la torre» hacerse cargo de los «actos en los que hayan incurrido».
«Nadie mejor que ellos, con todos sus miembros, para dar la cara», instó, convocando especialmente a los «dirigentes que representan a instituciones cruceñas muy importantes y también a las empresariales, y no las utilicen para encubrirse» .
Colanzi recordó las «agresiones cobardes y anónimas» que en tiempos de persecución contra los moderados asimilaron varias fracciones de la intelectualidad cruceña y los migrantes collas.» Hoy sufrimos las consecuencias de tal discriminación interna», reclamó, alegando que aun se está a tiempo de «reconducir a Santa Cruz como líder nacional».
Curiosamente, tal crítica a la intolerancia no parece ser cultivada en el oficialismo, que, ahondando la polarización, no admite fácilmente equilibrios ni equidistancias.
Por ese camino, siguiendo el ejemplo de los oligarcas cruceños, que desde el 2006 conminaban no tanto a rechazar al centralismo y el gobierno «comunista» sino a demostrar qué se hacía en pro de la autonomía promovida por ellos, los masistas han emplazado a la disidencia (Rolando Morales, Román Loayza, Gildo Angulo entre los últimos y otros de la izquierda no oficial, no gubernamental) a seguir con el MAS pese a todo, o pasarse a la oposición.
CABOS SUELTOS
Adicionalmente, la coyuntura muestra algunos eslabones abiertos, interrogantes y contrasentidos que van más allá de la anécdota.
§ Los recientes acuerdos del campesinado masista con el prefecto de Tarija para facilitar un incremento del bono por la «producción solidaria (Prosol)» y el virtual estancamiento en que se han sumergido las investigaciones sobre los verdaderos financiadores y autores intelectuales del complot separatista, dejan entrever que, salvando pellejos y ejerciendo presiones a partir de culpas sin condena, el gobierno puede labrarse una oposición a su color y talla, coadyuvado por la sumisión de los sindicados
§ Aunque no lo demuestre, los votos de la clase media podrían estar preocupando más que los comprometidos por las masas. Dos contrasentidos en menos de un mes revelan ciertas faltas de coherencia y previsión:
§ En el primero, el líder campesino Hilario Calisaya reveló a La Razón el 11 de mayo pasado : «Muchos protestamos porque por lo menos 50 a 50 debería ser (la representación) en los ministerios, las direcciones, el aparato estatal; mitad indígena, mitad clase media, esto es aconsejable, pero el Presidente dice que primero hay que demostrar que nosotros le queremos a la clase media, le queremos a la clase alta y que queremos que ellos se incorporen y cambien su ideología, para que sea un trato igualitario. Nosotros estamos esperanzados que en esta próxima elección, ya incorporada esta base social, ya se pueda trabajar de igual a igual. Lo único que nos preocupa es la infiltración a este Gobierno, que el Presidente a veces no se da cuenta, pero nosotros sí».
§ En el segundo, el mandatario comenzó a entregar el 11 de junio un bono de 140 dólares a cada uno de los 11 mil funcionarios públicos, medida que a sólo anuncio fue calificada como prebendalista, olvidando el Ejecutivo que según sus mismas estimaciones, conserva desde el 2006 al 70 % de la burocracia estatal anterior con lo que, incierta como es la lealtad en la administración gubernamental, ya tendría unos 8.000 votos en contra, pese al bono.
§ Los cálculos muestran también que el cambio de la vieja institucionalidad no ha afectado al grueso de la burocracia estatal que desde el 2006 se afanó en sustituir sus designaciones neoliberales «a dedo» por otras basadas en urgentes concurso de méritos que terminaron seleccionando a los mismos antiguos funcionarios, según la las recomposiciones de contratos que al parecer no han sido percibidas por los administradores actuales.
§ La nacionalización, tal como se presenta en el caso Transredes y en otros, puede haberse reducido a una simple transacción (compra-venta de empresas) entre el gobierno y las transnacionales, con agravantes como el escamoteo de información «y la subrogación de deudas pasivos financieros, tributarios, laborales, comerciales, regulatorios, ambientales y sociales de las empresas extranjeras» (Bolpress 17-jun-09)
Asi, ¿está el mandatario correctamente informado y conoce lo que ocurre y sus implicaciones, por ejemplo en los casos de corrupción en los sectores petrolero y de caminos?, pregunta el ex superintendente Rolando Morales.
«Si la respuesta a estas interrogantes fuese positiva, fácilmente se podría imputar al Presidente muchas fallas, por acción u omisión, por ello es que muchos prefieren aceptar que el Presidente se enfrenta a problemas de información y análisis echando la culpa de ello a sus colaboradores».