La madrugada del sábado 12 de marzo fue detenida la ex presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez, en la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni, al norte del país. De allí fue trasladada a la ciudad de La Paz, donde en la Fiscalía que emitió la orden de aprehensión le tomaron sus declaraciones, para luego ser presentada ante un Juez de garantías, que determinó la prisión preventiva de Añez por seis meses.
También fueron detenidos dos de sus ex ministros, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán; sin embargo, están prófugos y fuera del país los más violentos componentes del gabinete y mandos operativos golpistas: el ministro de gobierno Arturo Murillo, el ministro de defensa Luis Fernando López, el comandante del ejército, general Carlos Orellana y el comandante de la policía, General Yuri Calderón.
La detención de Añez y de algunos de sus colaboradores, responsables de las masacres de Sacaba (15 de noviembre de 2019) y Senkata (19 de noviembre de 2019), ha abierto una brecha de esperanza y justicia a las familias de los asesinados y heridos en los dos lugares mencionados, y en otras localidades (Ovejuyo, Yapacaní, Pedregal) donde el régimen represivo de Añez mandó matar a ciudadanos bolivianos.
Estas oportunidades de hacer justicia se abrieron gracias a procesos en la justicia ordinaria, en base de denuncias presentadas ante el Ministerio Público por los familiares de las víctimas y por la ex diputada Lidia Paty. La tardía reacción del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Justicia, se dio por la presión social que llegó al punto de cuestionar la continuidad de Castillo y Lima al frente de esos ministerios.
Sin embargo, y casi inmediatamente después de las detenciones, ha sido el propio ministro de Justicia Iván Lima quien ha debilitado las causas penales abiertas, indicando que sólo cubrirían el momento en que Añez era ex senadora y no el tiempo en que fue ex presidenta. Sólo desde la mentalidad de un jurista dogmático, que absolutiza el derecho puro sobre el sentido de realidad y justicia, es que podría hacerse semejante afirmación. ¿Cómo explica el ministro Lima el encadenamiento de hechos, de los momentos de conspiración – sedición –golpe – derrocamiento – gobierno de facto – represión – masacres?, ¿acaso no están imbricados, articulados, solapados, entrelazados, al punto de que no es posible desde la mirada de la teoría fáctica orientada a la averiguación histórica de los hechos separar una cosa de la otra, y esta de la siguiente?
Uno de los momentos definitorios de toda la trama sediciosa de noviembre de 2019 fue el cercamiento por grupos de choque y por los propios policías amotinados, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que dio lugar a la “designación” inconstitucional, en calidad de autonombrada, de Jeanine Añez, configurándose así los delitos de sedición y usurpación de funciones que dan paso a un gobierno de facto, un gobierno que fue precisamente el resultado de la sedición y el golpismo. Preguntas elementales: ¿cómo podría ser virtuoso el fruto de un árbol podrido?, ¿cómo podría ser democrático lo que nació de un hecho antidemocrático?
Los defensores de los golpistas argumentan que el de Añez no era gobierno de facto inconstitucional pues seguía funcionando la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es un argumento tan débil que se cae apenas recordamos que, durante las dos semanas del golpe del coronel Alberto Natush Busch en noviembre de 1979, siguió funcionando el Congreso Nacional (que así se llamaba entonces) y no por eso lo de los militares dejaba de ser golpismo criminal.
No falta alguna gente que se pregunta: “pero si el de Añez fue un gobierno inconstitucional entonces… ¿no son también ilegales las elecciones del 18 de octubre de 2020?” Otra duda infundada. Partamos de la premisa de que, aún con la pistola en la sien, siguió funcionando la Asamblea Legislativa y que no por esa amenaza de cierre que siempre pendió sobre ella, perdió su legitimidad y su legalidad de origen, por lo que cualquier medida que lleve al restablecimiento del orden democrático constitucional roto por los golpistas – y una elección busca justamente eso- es absolutamente válida.
Pero ahora veamos de dónde vienen las presiones para que el de Añez no sea un proceso ordinario sino uno “constitucional de privilegio”. Del gobierno de los Estados Unidos, cuya embajada en Bolivia siempre ha estado en afanes desestabilizadores, de la Unión Europea, cuyo jefe de misión el 2019 León de la Torre fue parte de la conspiración antidemocrática para nombrar a Jeanine Añez en la presidencia, de la Iglesia Católica que también tuvo participación protagónica a través del Nuncio Eugenio Scarpellini y del presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana Ricardo Centellas, del señor Carlos Mesa que fue coautor del golpe y, por supuesto, de Luis Fernando Camacho, el principal organizador de los grupos de choque y que reconoció por voz propia que su padre, José Luis Camacho, fue el que “cerró” con los mandos militares y policiales para que se sumen a la asonada.
En pocas palabras: todos los conspiradores, todos los conjurados y sus cómplices que tuvieron participación y por tanto responsabilidades en la sedición golpista y las masacres del 2019, ahora cierran filas para evitar que continúe el proceso en la justicia ordinaria contra Añez y sus colaboradores. Es que saben que de continuar la investigación judicial terminará incorporándolos a ellos. Por ello es que ahora se aferran al juicio “constitucional de privilegio” y plantean un “acuerdo político”, porque así forzarán reconocerle status de “transición constitucional” a un gobierno cuyas manos están manchadas con la sangre de gente humilde. Por eso hoy los jerarcas católicos dicen: “Para nosotros, todo lo que sea mirar hacia adelante, hacia el futuro y no estar mirando al pasado con revancha, con rencor, nos parece muy bien”.
Lo peor de todo es que la derecha y la curia tienen un colaborador en el gobierno de Luis Arce: el ministro de Justicia Iván Lima. Lima dificulta el proceso ordinario para tratar de llevar todo a lo que él llama procesos constitucionales proponiendo un acuerdo con las bancadas de la derecha (que responden a Mesa y Camacho) en el legislativo.
No es casual que Lima esté actuando de esta forma, él es miembro de la directiva nacional del Opus Dei (la prelatura más conservadora y retrógrada de la Iglesia Católica), Lima también ha sido asesor legal del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, por lo que los militares le dieron el rango de teniente (honorario). En una reciente entrevista con María Galindo, a la pregunta de si era militante del MAS respondió “no”. ¿Cómo una persona vinculada a las jerarquías católica y militar, puede ser ministro invitado de un gobierno de izquierda?
Debo advertirlo nuevamente. Si el proceso de investigación judicial queda limitado a la ex presidente Añez y quedan al margen, por “acuerdos políticos”, los señores Camacho, Mesa, Tuto Quiroga, Waldo Albarracín, Scarpellini, Centellas y tantos otros civiles (los de la Unión Juvenil Cruceñista y de la Resistencia Kochala) y uniformados que tuvieron participación en el golpe de noviembre del 2019, será dejarlos en la impunidad, que es lo contrario de hacer justicia. Eso les permitirá que en el futuro intenten nuevamente dar el zarpazo.
Ya nos pasó en nuestra historia: por no juzgar a la dictadura militar de Banzer (1971-1978) vino después el golpe de García Meza (1980).
Mauro Alcócer es componente del “Colectivo de Estudios Comunitarios Larama” de la ciudad de El Alto, Bolivia