Santa Cruz. El representante de los trabajadores campesinos de Santa Cruz, Benigno Vargas, aclaró que no hay ninguna toma de tierras por parte de los campesinos y que tampoco es gente nueva la que hay en la zona de Santa Rosa, al norte de Santa Cruz. La versión que dice que dos fiscales fueron expulsados […]
Santa Cruz. El representante de los trabajadores campesinos de Santa Cruz, Benigno Vargas, aclaró que no hay ninguna toma de tierras por parte de los campesinos y que tampoco es gente nueva la que hay en la zona de Santa Rosa, al norte de Santa Cruz. La versión que dice que dos fiscales fueron expulsados de la zona es parte de un show preparado para desprestigiar a los campesinos. «Cuando se habla de propiedad no existe ninguna propiedad allí, cuando se habla de delincuentes no entiendo a qué se refieren. Desafío al presidente de la CAO a un debate en el medio que sea, que salga al frente y que no siga satanizando a los campesinos» señaló Vargas.
«Nos han informado los compañeros que pidieron a los fiscales que entren al lugar, incluso les ofrecieron garantías para que verifiquen e investiguen, pero cuando se disponían a ingresar al predio, de repente, corrieron hacia su vehículo y la gente se molestó. Y también corrieron ellos, y ahí aprovecharon algunas cámaras para filmar cuando estaban corriendo», explicó Vargas sobre lo sucedido en Santa Rosa.
El dirigente campesino cuestionó a «los latifundistas y autoridades que no tienen más argumentos, como los cívicos y la CAO, que no saben cómo se van a defender porque tienen cualquier cantidad de terrenos, entran a esta guerra sucia para buscar sangre y justificar su arremetida en contra de los pobres con todo lo que siempre han acostumbrado». Según el líder sindical, presentaron al prefecto y al INRA una solicitud de audiencia para buscar una solución al tema, «sin embargo aquí las autoridades se están reuniendo con los cívicos y los de la CAO cuando nada tienen que ver ellos».
Los campesinos anticiparon una manipulación mediática de los hechos, tal cual se hizo desde anoche, porque al parecer los fiscales fueron al lugar «bien estudiados y enseñados para actuar de la manera en que se vio en la prensa».
Por otro lado, los campesinos ahora cuestionados no pertenecen al Movimiento Sin Tierra (MST), sino que son originarios del lugar agrupados en los sindicatos «5 de mayo», «Nueva Jerusalén» y la «Asociación de Pequeños Productores Santa Rosa».
Vargas afirmó que hay predios superpuestos en «‘Puesto Miriam’, ex propiedad de Lorenzo Mortimer Domínguez, vendidos en junio de este año, por lo que él solamente es apoderado. El otro predio es ‘Isla Los Andes’, también llamado ‘Nuevo Horizonte’, supuestamente de propiedad de Rubén Costas (ex Presidente cívico y actual candidato a Prefecto), y tercer predio en cuestión se denomina ‘Grupo Portachuelo’, cuyo supuesto propietario es Angel Paz Ayala».
El dirigente mostró un documento (carta poder) que señala que el señor Mortimer es simplemente el representante de varias personas de origen extranjero, que serían los propietarios, y no así Lorenzo Mortimer que se hace pasar por asociado, y que ahora es uno de los que reclama se desaloje a los campesinos.
Entre otros documentos, Vargas exhibió además el Decreto Supremo 25838 del año 2000, del gobierno de Banzer, que destina esa área de 211 mil hectáreas a pequeños agricultores «prioritariamente». Por tanto no deberían existir propietarios con grandes extensiones de tierra. El decreto definía que cada productor no debe tener más de 50 hectáreas, por lo que quedan nulas todas las propiedades privadas por ser un área forestal. «Con toda esta aclaración, quienes deberían de salir son los que tienen grandes extensiones de tierra, es decir los latifundistas. Este es un documento legal que se logró con una marcha desde Trinidad hasta Montero que acabó el 17 de julio», indicó.
Reveló al mismo tiempo que con este mismo decreto se logró el precio concesional para comprarle al Estado las tierras, como poseedores, a 10 centavos de Bs. la hectárea, por ejemplo dividiendo un predio entre siete para lograr sanear a ese precio y comprar tierras a ese monto. Pero además de los lugareños, con este precio se habría beneficiado gente, entre otros, como el diputado emenerista Jorge Valdés, cuestionado entre otras cosas por traficante de tierras. Al respecto, también según Vargas, «el Tribunal Agrario Nacional falló a favor de estos señores».
«Ahora va a suceder lo mismo y por eso nosotros estamos planteando lo siguiente: El prefecto y el fiscal no tienen competencia para desalojar, así fue el caso del Predio Pailas, aquí tengo la sentencia del Tribunal Constitucional, con los colonizadores que le indica al Prefecto establecer el orden público pero no le manda a desalojar; pero el prefecto hace desalojar, lo que constituye una violación a los derechos de los campesinos», sostuvo Vargas.
«Planteamos al prefecto que no se meta porque hay una resolución de Sala Plena que prohibe toda acción del Prefecto a meterse en temas agrarios. Al fiscal hay que decirle que no es un tema penal sino agrario que debe resolverse en las instancias competentes agrarias, por tanto es ilegal si quiere desalojar, es competencia del Poder Ejecutivo pero a través de la instancia correspondiente, toda vez que no hay ingresos nuevos, no hay avasallamientos, no se ha tomado propiedades, sino que la gente esta haciendo respetar su derecho», acotó.
Otra vez los medios manipulan
Benigno Vargas, en tono de denuncia, indicó que «los medios nos han estado visitando y hemos hecho las aclaraciones respectivas, pero allá sacan otra cosa», aludiendo a los canales que son propiedad de empresarios poderosos y que de un tiempo a esta parte son criticados por la población debido a su ya característica manipulación de los hechos.
Refiriéndose a la Red Uno, Unitel, ATB, Megavisión y otros indicó que no van a esos medios, a explicar la situación real porque allí quieren manipularlos para que digan lo que la línea editorial del medio pide. «No nos dan el tiempo suficiente o solamente nos llaman a veces para hacernos insultar con la otra parte, y eso es lo que ha pasado en varias oportunidades, y después cuando se reclama no invitan más. Por ejemplo una vez me invitaron al canal 13 (Red Uno) cuando había un problema de tierras, me colocaron en un cuarto a un lado, yo hubiese querido estar con el que tenía que debatir frente a frente, sin embargo a la salida cuando hice el reclamo se molestaron y no me volvieron a invitar hasta ahora, no les gusta que uno les reclame su forma de actuar, es discriminatorio. A cosas que no interesan dan demasiada cobertura, pero para una explicación que va a dar lugar a aclarar, a evitar un derramamiento de sangre, a evitar perdida de vidas humanas, de una desestabilización social, no se quieren dar cobertura.
«Lo que están buscando es sangre y no otra cosa, y eso quiero denunciarlo públicamente. Por ejemplo anoche escuche al periodista Enrique Salazar que decía ´por qué tenían que ir los fiscales solos, pudiendo ir con la policía, debería de ponerse orden aquí, debería sentarse principio de autoridad´. Con eso está pidiendo que se violen los derechos humanos, no nos pueden privar de emitir nuestra voz por los medios que querramos pero aquí (en Santa Cruz) nos prohiben». Aseguró que los medios son propiedad de grandes grupos de poder cívico empresariales y petrolatifundistas que están todos unidos porque tienen poder y gente pagada incluso para hacer de «detectives» por todo lado.
Medios como ATB calificaron a los campesinos de avasalladores, invasores, y les acusaron falsamente de «sacar a chicotazos a los fiscales,…». Otros canales televisivos se presentaron criticando al prefecto y presionándole para que recurra a la fuerza.