El 10 de octubre pasado, la oposición política y mediática -disfrazada con varios trajes, unos ya conocidos y otros nuevos-, ha utilizado en términos simbólicos los 35 años de recuperación de la democracia para emprender una nueva ofensiva contra el proceso de cambio, así como para cuestionar la continuidad de Evo Morales en la titularidad […]
El 10 de octubre pasado, la oposición política y mediática -disfrazada con varios trajes, unos ya conocidos y otros nuevos-, ha utilizado en términos simbólicos los 35 años de recuperación de la democracia para emprender una nueva ofensiva contra el proceso de cambio, así como para cuestionar la continuidad de Evo Morales en la titularidad del Estado Plurinacional después del 2020.
En concentraciones organizadas en todas las ciudades capital de todo el país se han juntado: los herederos de las dictaduras militares del pasado inmediato hoy con traje democrático, los actores de la democracia de pactos en la que el presidente y vicepresidente del país eran elegidos en el Congreso Nacional por carecer de una votación superior al 51 por ciento, varios ex izquierdistas que en la resistencia a los gobiernos militares y en la coyuntura del gobierno de la UDP se llenaban la boca de revolución socialista y plataformas de jóvenes organizados y financiados por ONGs vinculadas a los Estados Unidos. Obviamente no podía faltar otro actor. El sustento de esa convocatoria, antes y después de las concentraciones, ha sido un grupo de medios de comunicación que no ocultan, aunque no sinceran su posición ante la gente, su clara posición política contraria a los procesos de cambio en Bolivia y América Latina.
El motivo que ha reunido a estos cuatro grupos de actores de la oposición ha sido el recurso abstracto de inconstitucionalidad que legisladores del MAS han presentado ante el TCP en septiembre pasado con el objetivo de lograr la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución que restringen el ejercicio de los derechos políticos de participación política y de elegir y ser elegido. El recurso constitucional fundamenta su pedido en la primacía del Pacto de San José sobre la propia Constitución en materia de derechos humanos, donde los derechos políticos citados forma parte de los mismos. Si el TCP emite sentencia constitucional favorable al recurso, todos las autoridades electas -nacionales y subnacionales- podrán presentarse, si así lo quieren, a reelección sin ninguna restricción.
Pero la causa fundamental de la movida de la derecha boliviana es su oposición constante y de diversas formas -unas violentas y otras a través de los mecanismos de la política- al proceso de cambio que vive el país desde enero de 2006. Los que recurrieron a la violencia en el periodo 2005-2009, con la clara intencionalidad de romper el orden democrático, si tienen alguna habilidad es la de haber logrado eludir la mano de la ley, así como de haber conseguido que no pocos miles de jóvenes desconozcan sus prácticas contrarias a la democracia de la que tanto hablan. Los que en ese mismo período organizaron la toma violenta de instituciones públicas e incluso una parte de ellos alentaron y financiaron la estructuración de un grupo de sicarios para llevar adelante un golpe cívico-prefectural (ahora llamadas Gobernaciones con la nueva Constitución), terminan mezclados con los que desde las armas de la política también no ocultan su molestia respecto del gobierno indígena campesino y popular. Profundas razones de clase -por su origen o su posición- los llevan, parafraseando al Che, temerle más a un gobierno popular que al imperialismo que también los desprecia.
Pero más allá del número de personas que se congregaron en las ciudades más importantes del país, el dato revelador es que la oposición ha decidido salir a las calles que en el pasado era escenario privativo de los movimientos sociales. Eso implica que la oposición, que solo se junta cada que Evo Morales toma una iniciativa política pero que no es capaz ni tiene voluntad política para construir una alternativa distinta, pondrá «todos los huevos en la canasta» en cinco escenarios desde donde espera golpear estratégicamente.
El primero, es de las calles. Ya varios de sus columnistas, muchos de ellos en actitud vergonzante frente a su pasado, han anunciado que se movilizarán en las calles para «defender la democracia» y «hacer respetar la voluntad popular» expresada el 21 de febrero de 2016.
Lo que no se sabe todavía es si esa «toma de las calles» tendrá las mismas formas que la oposición ha empleado en Venezuela contra la revolución bolivariana: movilizaciones y acciones de violencia sostenida hasta escalar a actos de terrorismo ocultados, silenciados y encubiertos por los medios de comunicación opositores. Movilizar a fracciones de capas urbanas que desprecian a Morales desde el principio son su punto de partida, aunque aspiran sumar algunos sectores rurales.
El domingo último, 22 de octubre, Pagina Siete -un medio que lideriza las campañas de la post verdad- registraba una muy llamativa declaración de José Antonio Quiroga, intectual y dueño de una importante editorial, sobre la posibilidad del desencadenamiento de la violencia. «Poner derechos de Evo encima de la CPE puede desatar convulsión». Mas claro, ni el agua.
El segundo escenario, es el internacional. La oposición cuenta con el respaldo del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien a pesar de ser un empleado del organismo regional es el instrumento mas leal con el que cuenta EEUU y la derecha continental para desarrollar la contraofensiva contra los gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina. De todos los opositores, es Jorge Tuto Quiroga y un muchacho creado por las agencias de intervención e inteligencia estadounidenses son sus dos mayores operadores.
Por eso no es una casualidad que el Encargado de Negocios de la embajada de EEUU en Bolivia, Peter Brennan, y Luis Almagro se hayan pronunciado, con tono de advertencia, sobre lo delicado que sería que Bolivia siga el camino de Venezuela y que no respete la voluntad popular expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016. «Ojalá Bolivia nunca llegue al punto en que está Venezuela», fueron las palabras del diplomático estadounidense en la primera quincena de agosto, mientras Almagro sostuvo días después que «ningún juez puede levantar el dictamen del único soberano: el pueblo». Las dos declaraciones, como se puede ver, son dos claros mensajes injerencistas.
El tercer escenario será el mediático. Tal como en la campaña hacia el 21 de febrero de 2016, los medios y las redes sociales -que en la estrategia de subversión ideológica imperial en el mundo son la punta de lanza en la preparación de las condiciones para las distintas modalidades de injerencia y posible intervención-, serán fundamentales en la línea de acosar a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y de alentar y legitimar acciones de hecho contra una eventual sentencia favorable al Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad.
Varios de estos medios, calificados como miembros del Cartel de la Mentira, no han cesado su contraofensiva contra el gobierno de Evo Morales para desacreditar su imagen y gestión. Pero no solo eso, sino que magnifican los hechos con fines de activismo político y subversión ideológica -aunque la realidad después niegue sus supuestos-, como ocurrió con el caso de Achacachi, por ejemplo.
El cuarto escenario serán las ONG a través de las Plataformas Ciudadanas. Hay datos recientes de que agencias como el NDI y el IRI de Estados Unidos están muy activas, incluso recurriendo a terceras ONGs, para identificar a jóvenes con el objetivo de respaldar la creación de plataformas ciudadanas, ya sea con mensajes de «valores democráticos» o «emprendimientos productivos».
El quinto escenario será el electoral. En principio es su campaña por el voto nulo en las elecciones judiciales del 3 de diciembre, cuando Bolivia llevara adelante por segunda vez consecutiva la elección de altas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional a través del voto popular.
En síntesis, se abre una coyuntura política que encuentra una derecha envalentonada por una cierta recuperación de posiciones en América Latina, donde ha logrado desplazar a los gobiernos progresistas de Argentina, Brasil, Paraguay y Honduras en los últimos ocho años, aunque solo por métodos electorales en el primer país. En el resto mediante golpes de Estado de nuevo tipo.
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