La expulsión de Uruguay del vasco Jesús María Lariz Iriondo, actualmente preso en Argentina, se convierte en un elemento de fricción entre las justicias de ambos países. Acaso los compromisos uruguayos con España indujeron a las autoridades argentinas a cometer delitos indeseados. En el medio de la controversia están los compromisos del actual candidato colorado […]
La expulsión de Uruguay del vasco Jesús María Lariz Iriondo, actualmente preso en Argentina, se convierte en un elemento de fricción entre las justicias de ambos países. Acaso los compromisos uruguayos con España indujeron a las autoridades argentinas a cometer delitos indeseados. En el medio de la controversia están los compromisos del actual candidato colorado Guillermo Stirling con los «servicios» españoles, que operan en Uruguay como perico por su casa.
Cuando el fiscal federal argentino Eduardo Freiler, que formalmente representa los intereses de la justicia española en el proceso de extradición de Jesús María Lariz Iriondo, intervino para anunciar que su fiscalía iniciará una investigación a efectos de determinar si las irregularidades en la expulsión del ciudadano vasco desde Uruguay indujeron a las autoridades argentinas a cometer un delito, en el recinto del Juzgado de Instrucción Federal número 11 súbitamente cambió el eje del debate: en el centro del análisis sobre el pedido español de extradición de un supuesto etarra se instalaba en el banquillo de los acusados al actual candidato presidencial colorado Guillermo Stirling, y quedaban en evidencia las vinculaciones entre el ex ministro del Interior y los servicios de inteligencia españoles.
Lariz fue expulsado de Uruguay el 22 de noviembre de 2002, en un episodio que recordó las prácticas de la dictadura cuando expulsaba a prisioneros liberados para que fueran víctimas de los comandos clandestinos de la Operación Cóndor. Cerrada toda posibilidad de acceder al pedido de extradición solicitado por la justicia española, el gobierno de Jorge Batlle apeló a una norma de otra dictadura, la de Gabriel Terra, en 1933, para intentar una entrega del ciudadano vasco. La maniobra prosperó en un cúmulo de irregularidades y contubernios en los que participaron ministros, policías, jueces, diplomáticos y agentes secretos españoles.
La preocupación de la fiscalía argentina surgió a raíz de la denuncia de Lariz, en el sentido de que había sido secuestrado en Uruguay para concretar su expulsión. En su testimonio ante el juez Claudio Bonadío, al inicio del juicio oral y público, el martes 8, en Buenos Aires, el ciudadano vasco relató cómo había sido llevado al aeropuerto con engaño y se le había entregado un pasaporte que tenía los datos equivocados y falsos. El juez preguntó:
-¿Cuándo le sacaron la fotografía?
-No sé, yo no solicité ese pasaporte -respondió Lariz.
El fiscal Freiler comentó a BRECHA que no está claro si podrá solicitar la comparecencia del ex ministro Stirling, pero que es evidente que deberá «investigar si las decisiones del gobierno uruguayo tuvieron consecuencias aquí». El abogado en Argentina del ciudadano vasco, Eduardo Soarez, explicó que se trata de una situación que en derecho se califica de «fruto podrido», es decir, una consecuencia irregular de una acción inicial irregular.
El fiscal Freiler confirmó a BRECHA que la policía argentina había recibido el pedido de captura de Lariz 24 horas antes de que el ciudadano vasco fuera expulsado de Uruguay por indeseable. Esta circunstancia adquirió otra relevancia cuando Lariz relató con pormenores las irregularidades de su expulsión. Ante una sala repleta, el ciudadano vasco detalló cómo «sembraron» indicios falsos en su casa para llevarlo una vez más a la cárcel; cómo lo detuvieron individuos que actuaron encapuchados; cómo un fiscal (que ahora está preso por corrupto) impulsó la acusación de «asociación para delinquir»; cómo la jueza Aída Vera decretó su libertad pero comunicó al Ministerio del Interior, previamente, sobre su decisión, a efectos de que pudiera ser conducido al aeropuerto para ser expulsado sin dar conocimiento a su abogado y a su esposa uruguaya; cómo pretendieron hacerle firmar un consentimiento, y cómo intentaron que aceptara un pasaporte que él no había solicitado y que fue negociado por las autoridades uruguayas con las autoridades españolas que lo expiden. «Señoría, yo fui secuestrado», sintetizó Lariz, recordando que, además de todas las irregularidades, quedó suspendido en el limbo el último proceso penal, a cargo de la ex jueza Ana Lima, quien debió haber impedido que le fuera sustraído de su jurisdicción, lo que hubiera obligado a mantenerlo en Uruguay.
Bajo esas circunstancias, el pedido anticipado de captura de Lariz aparece como parte de una conspiración urdida entre los ministerios del Interior de Uruguay y España. «No sé si puedo intervenir en las decisiones de la justicia de otro país -dijo Freiler-, pero si se confirman las denuncias, aquí en Argentina hubo consecuencias de aquellas decisiones que pueden implicar delitos.» Cuando el fiscal anunció su decisión de iniciar una investigación paralela, el juez Bonadío asintió y preguntó a la defensa de Lariz si tenía algún reparo; el abogado Soarez estuvo obviamente de acuerdo.
A medida que avanzaba el juicio (véase nota adjunta) el entretejido de acuerdos secretos entre las autoridades uruguayas y españolas para imponer de cualquier manera la entrega de ciudadanos vascos quedaba cada vez más en evidencia, contrastando con las tres instancias judiciales de denegación de la extradición. Jueces, fiscales y testigos asistieron al relato de cómo operan en Uruguay los agentes secretos españoles con la autorización de las autoridades.
Lariz explicó al juez Bonadío que, como chef de un restorán de comida vasca en Montevideo, conversaba ocasionalmente con el entonces ministro del Interior, Guillermo Stirling, un habitual cliente. En una ocasión, al comprobar que era objeto de vigilancia y seguimiento, Lariz le preguntó a Stirling por qué lo sometía a esa vigilancia, y el ministro le respondió que él no lo había ordenado. Lariz contó al juez Bonadío que entregó al ministro los números de matrícula de los autos que había detectado como parte de su vigilancia. «El ministro Stirling me dijo después que esos autos no eran de la Policía y que seguramente eran vehículos utilizados por agentes españoles», afirmó Lariz ante el juez Bonadío.
El ciudadano vasco -que se declaró totalmente inocente de las imputaciones españolas por supuestos delitos cometidos en 1984 y que en todo caso ya prescribieron- explicó al magistrado que su última detención fue una patraña: «Entraron en mi casa de madrugada, cuando dormía, y presumo que había entre los sujetos policías españoles porque, salvo dos, todos estaban encapuchados». El fiscal Carlos García Altolaguirre (hoy procesado) aceptó las pruebas presentadas por la Policía sobre una supuesta orden de Lariz para atentar contra la Policía uruguaya y contra las embajadas uruguayas en el exterior; se trataba de cuatro disquetes supuestamente hallados en su casa durante el allanamiento: «Su señoría, sería absurdo que yo dejara esos disquetes al alcance de la Policía, pero, además, yo no tenía siquiera computadora en mi casa», dijo Lariz al juez, al explicar que desde que llegó a Uruguay su único propósito ha sido trabajar como cocinero profesional y establecer un hogar. «Si no tengo documentación es porque por más de diez años los gobiernos que permitieron mi presencia en el país se negaron sistemáticamente a otorgarme documentos. El ministro Stirling, que cenaba en mi restorán, firmó el decreto de expulsión aduciendo que soy un indocumentado y un indeseable.»
Lariz explicó a los magistrados argentinos que cada vez que España presionaba por la extradición de ciudadanos vascos, el gobierno uruguayo recibía «compensaciones»: en cierta ocasión fueron ambulancias; después fueron patrulleros; y la expulsión de noviembre de 2002 fue aceitada con una ayuda financiera en medio de la crisis bancaria. El episodio del pasaporte, que llamó la atención del juez Bonadío, fue detallado por Lariz, quien contó cómo el documento fue negociado por el actual ministro del Interior y en aquel entonces subsecretario, Daniel Borrelli, con funcionarios diplomáticos españoles en un restorán del Mercado del Puerto.
La influencia de los servicios españoles en Uruguay fue confirmada por una noticia que Lariz aportó a BRECHA en un receso del juicio: «Uno de los policías uruguayos que me trasladó a Argentina aquella noche del 22 de noviembre de 2002 y me acompañó en el avión hasta Ezeiza, me confió que hay policías uruguayos que reciben habitualmente pagos de 500 dólares para trabajar para los servicios de inteligencia españoles».
Estos pormenores de la expulsión ventilados en los tribunales de la avenida Comodoro Py al parecer hicieron cambiar la postura inicial del juez Bonadío, quien al principio se negaba a admitir como elementos del juicio las resoluciones de la justicia uruguaya denegando la extradición. La iniciativa del fiscal Freiler de investigar las consecuencias en Argentina de la expulsión uruguaya ha modificado esa intención .
También en el entorno de la cancillería argentina. Los nuevos elementos ventilados en tribunales serían de particular análisis del gobierno argentino respecto del otorgamiento del estatuto de refugiado que ha solicitado Lariz. Sobre el gobierno argentino pesan las mismas presiones españolas que sobre el gobierno uruguayo, pero Néstor Kirchner no es Jorge Batlle.
Con el «terrorista etarra más buscado»
En la intimidad de la celda
Una inmensa bandera vasca, roja, verde y blanca, domina una de las paredes de la celda de la cárcel para delitos complejos en el cuartel de la Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, donde permanece Jesús María Lariz Iriondo desde que fuera expulsado de Uruguay y detenido en Buenos Aires no bien fue desembarcado del avión, el 22 de noviembre de 2002.
«Josu» no ha cambiado su apariencia: es la misma que recuerdan los comensales del restorán Baserri, sobre todo algunos políticos para quienes el «cocinero vasco» no era, todavía, el «terrorista etarra más buscado en América Latina». Tampoco ha cambiado su manera de ser: a pesar del físico voluminoso que sugiere tosquedad, la delicadeza y hasta la timidez en el trato que caracterizan a Josu no lograron ser limados por estos últimos 19 meses de prisión gratuita. Amigable, atento, solidario, Josu ha convivido allí con perseguidos políticos de la italiana Brigadas Rojas, la peruana Tupac Amaru y con antiguos dirigentes montoneros como Roberto Perdía y Fernando Vaca; también comparte prisión con María Julia Alzogaray, recluida como testimonio de que la cárcel de delitos complejos es amplia y no discrimina.
Una docena de amigos uruguayos, por cierto nada notorios, que no repararon en las consecuencias de ser salpicados con el mote de «terroristas» y a quienes no les preocupan los fichajes policiales, se han agolpado en esa celda, conducidos por la esperanza de que la incansable y retorcida persecución española digitada por cálculos políticos termine de una buena vez. Esos amigos conocen a Josu por más de una década, son amigos de su esposa, son vecinos, son compañeros de trabajo, y estiman imprescindible manifestar la solidaridad cuando cada tanto se desempolvan las acusaciones rancias que alteran su vida de trabajo y cuando la obsecuencia gubernamental lo lleva a prisión cada tanto.
Josu mantiene la lucidez y una saludable actitud de alerta. «Cuando en noviembre me dieron la libertad y me dijeron que me conducían hasta el juzgado 17, yo le dije a Fagúndez (Juan, su abogado en Uruguay) que era una trampa, que me llevaban para el aeropuerto», recuerda Josu. Ahora, pese a los elementos nuevos que surgen en el proceso de extradición desde Argentina (véanse notas centrales), Josu refrena sus expectativas. «España seguirá presionando, no importa cuán en evidencia quede. Fijate que Acebes (Ángel, ex ministro del Interior del gobierno de Aznar) dijo que yo era el etarra más buscado en América, y en el mismo momento el ministro Stirling me saludaba en el restorán de Montevideo; cuando Acebes se equivoca, se equivoca en grande: dijo que los atentados del 11 de marzo en Madrid eran de la ETA, lo que le costó perder la elección.»
Pidiendo excusas por su impertinencia, Josu le dijo al juez Federal que debe decidir sobre su extradición: «Su señoría, no le pido que se ponga la boina vasca, pero tampoco se ponga la corona española». En su celda, de noche, mientras aguarda la decisión del magistrado, Josu espera una misma equidistancia del gobierno de Kirchner, que debe decidir sobre su pedido de refugio como perseguido político.