El miembro del Centro de Investigaciones del Beni, Carlos Navia, estima que el estatuto autonomista »sienta las bases para una mayor concentración de la propiedad y para afectar las tierras indígenas que han sido ya consolidadas en el departamento».
Los departamentos bolivianos de Beni y Pando realizarán este domingo las ilegales consultas sobre sus estatutos autonómicos, en medio de denuncias de fraude y de llamados a la abstención que han formulado organizaciones sociales y campesinas.
La propuesta de los prefectos y grupos minoritarios de estos dos departamentos es rechazada y considerada ilegal tanto por el Gobierno boliviano como por la Corte Nacional Electoral (CNE), organismos internacionales y organizaciones sociales.
Pando, cuya capital es Cobija, tiene una población de 75 mil 335 habitantes y sólo aporta el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia. Mientras que el Beni, que concentra a 441 mil 399 habitantes, aporta 2,76 por ciento del PIB. Ambas regiones concentran el 25 por ciento del territorio boliviano y el 5 por ciento de la población total del país.
La Corte Departamental Electoral (CDE) de Pando habilitó a 28 mil 990 electores para la cuestionada consulta que pretende validar el estatuto autonómico del prefecto, Leopoldo Fernández.
Sin embargo, encuestas internas difundidas en la capital de ese departamento revelan que el 80 por ciento de la población no conoce el contenido del estatuto separatista.
Advierten de «contundente fraude electoral»
En ese contexto, el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera y otros dirigentes de 31 organizaciones afiliadas a la Central Obrera Departamental (COD) de Pando han advertido de un «contundente fraude electoral», porque no existen observadores nacionales e internacionales que validen la transparencia de ese proceso.
Similar denuncia fue formulada por el jefe del Movimiento Amazónico de Renovación (MAR) de Pando, Miguel Becerra, quien aseguró que el prefecto Leopoldo Fernández en complicidad con la Corte Departamental Electoral, «preparan un fraude electoral».
Además de estas denuncias, 12 de los 15 alcaldes de ese departamento convocaron a los pandinos a la abstención para rechazar la propuesta.
Mientras tanto, en Beni, los campesinos, tejeros, carretoneros, mototaxistas, artesanos, lavanderas, la COD, gremiales, ladrilleros y vecinos anunciaron por separado la resistencia movilizada y el rechazo a la consulta del estatuto.
Este sábado, el representante de los campesinos colonizadores del Beni, Víctor Silva, dijo que intensificarán el bloqueo sobre la ruta Trinidad-Rurrenabaque y otras carreteras para no permitir el ingreso de ánforas (urnas), de representantes de la Prefectura beniana y de miembros del Comité Cívico.
Silva señaló que la medida se mantendrá hasta que concluya la jornada electoral. De igual forma, el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Departamental del Beni llamó a sus afiliados a abstenerse de participar en la ilegal consulta.
Estatuto afectará tierras indígenas
Para el miembro del Centro de Investigaciones del Beni, Carlos Navia, el estatuto autonómico plantea un retroceso en términos de derechos humanos de los ciudadanos de esa región.
En entrevista exclusiva con TeleSUR, Navia estimó que «este documento está diseñando una sociedad y un sistema político menos democráticos, menos participativos que el que se pretende cambiar».
A su juicio, el estatuto autonomista «sienta las bases para una mayor concentración de la propiedad y para afectar las tierras indígenas que han sido ya consolidadas en el departamento».
Los prefectos de Beni y Pando, con el apoyo económico de Santa Cruz en sus campañas, esperan obtener resultados similares a los que obtuvo este departamento el pasado 4 de mayo.
Las autoridades de Santa Cruz sostienen que el estatuto fue aprobado, a pesar de que la suma de votos nulos, los votos por el ‘No’ y los niveles de abstención, superan el 50 por ciento.