Los principales ramales ferroviarios del Gran Buenos Aires volvieron a verse desbordados por la concurrencia de casi 20 mil trabajadores desocupados de las organizaciones opositoras al gobierno que se movilizaron a la ciudad de La Plata, el pasado viernes, para protestar ante la Gobernación provincial. Reclamaron la reposición de la asistencia alimentaria para los comedores […]
Los principales ramales ferroviarios del Gran Buenos Aires volvieron a verse desbordados por la concurrencia de casi 20 mil trabajadores desocupados de las organizaciones opositoras al gobierno que se movilizaron a la ciudad de La Plata, el pasado viernes, para protestar ante la Gobernación provincial. Reclamaron la reposición de la asistencia alimentaria para los comedores populares de los barrios más carenciados y el impulso a emprendimientos productivos que el gobierno de Felipe Solá recientemente recortó para reorientar esa asistencia hacia las organizaciones oficialistas que participan de su armado político en los barrios, de cara a las próximas elecciones. Protestas similiares se repitieron en los últimos meses en distintas provincias del país. Un día antes de la movilización en La Plata, otro grupo de personas forzó la entrada a un depósito ministerial de maquinarias destinadas a proyectos laborales para llevarse una cantidad de ellas, aduciendo que hace más de tres meses esperaban la entrega para ponerse a trabajar, y fueron denunciados por las autoridades por «robo». También en las últimas semanas, desde el Hogar Pelota de Trapo y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) relanzaron la campaña «Ni un pibe menos, el Hambre es un crimen». Mientras el gobierno y las corporaciones mediáticas insisten en hablar de la «recuperación económica» y deslegitimar las protestas de los excluidos, estos hechos recientes demuestran que la situación de conflictividad social, lejos de estar resuelta, permanece latente.
Si bien el conurbano bonaerense fue, en los años más álgidos de la crisis reciente del país, un bastión de lucha de las organizaciones piqueteras, por distintos motivos hacía tiempo que no se producía una movilización de desocupados tan importante en la provincia. Entre las causas de la «desmovilización» de los últimos años hay que mencionar la cooptación de grupos como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), de la CTA, y Barrios de Pie por parte del gobierno, que les otorgó cargos ejecutivos a cambio del abandono de la lucha reivindicativa. El gobierno de Kirchner supo apoyarse en la conformidad de los sectores medios y cierto progresismo para profundizar una campaña de desprestigio de toda medida de lucha que insistiera con el problema de la desocupación, tarea que contó con el apoyo decisivo de las empresas que manejan los principales medios de comunicación. También el desconcierto de algunos grupos de desocupados ante el reflujo, los reacomodamientos y divisiones en los movimientos independientes y la desunión de las tendencias de la izquierda partidaria completan los factores que ayudan a comprender el estado de menor movilización que algunos se esfuerzan en mostrar como «cierre de un ciclo de falta de representatividad de la clase política».
Sin embargo, los desocupados organizados están ahí. En los barrios, impulsando emprendimientos productivos o cooperativas de vivienda, sosteniendo comedores populares porque el hambre sigue, y en muchos casos generando dinámicas asamblearias de participación y organización de base. El viernes pasado volvieron a mostrar una considerable capacidad de movilización. Organizaciones independientes como el Movimiento Teresa Rodríguez, el Frente de Organizaciones en Lucha, los movimientos que se agrupan en el Frente Darío Santillán, el MTD Aníbal Verón y otros, junto a los agrupamientos territoriales de los partidos de izquierda como el PO, el MST o el PCR, confluyeron nuevamente en una imponente marcha que recorrió toda la ciudad de La Plata hasta terminar frente a la gobernación, donde fueron recibidos por un funcionario del gabinete provincial. Las propuestas que acompañan a la protesta son bien precisas: el reconocimiento de cooperativas de construcción para las licitaciones de obras provinciales, subsidios para maquinarias para la producción y sostenimiento de la red de asistencia social que, en muchos casos, permite generar en los barrios las mejores formas de organización popular ante la crisis alimentaria que aún se vive en el país.
También en Tucumán el Frente de Lucha agrupa a las distintas corrientes de desocupados y combina la lucha callejera con la construcción de viviendas en cooperativas autónomas, como llevan adelante la Coordinadora de Organizaciones Barriales Autónomas (COBA- Frente Darío Santillán) o la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Desde el gobierno, generalmente por boca de sus funcionarios ex piqueteros, se suele argumentar que si los desocupados siguen protestando es porque no quieren asumir estos emprendimientos impulsados -en forma insuficiente- por el Ministerio de Desarrollo Social. Una recorrida por el trabajo de estas organizaciones en Tucumán (o en cualquier otro barrio del país donde están organizados estos movimientos que mantienen la protesta), demuestra que en las organizaciones la voluntad de trabajo está, pero las políticas oficiales son insuficientes, cuando no «extorsionantes»: mientras se les niega a algunos, se entregan principalmente a quienes se subordinan a las políticas oficiales y dejan de reclamar ante la gravedad que la situación social que no se resuelve con unos pocos subsidios.
En Rosario, el pasado miércoles 2 de agosto, cuando el Presidente Kirchner visitaba la ciudad con motivo de inaugurar unas pocas viviendas del «Plan Hábitat», el Frente de Desocupados realizó piquetes junto a agrupaciones de los pueblos originarios en todos los carriles de la avenida de Circunvalación y frente al barrio Molino Blanco, en las zonas sur y oeste de la ciudad. Allí también los trabajos en los barrios de las agrupaciones combativas son intensivos, pero resulta imposible enterarse (del trabajo de base o los piquetes) por los medios tradicionales de comunicación.
En Capital Federal, donde la crisis habitacional se hace cada vez más evidente, también son las organizaciones de desocupados las que están nutriendo un importante frente de lucha por la vivienda digna.
El mes pasado el gobierno se apresuró en anunciar que el índice de desocupación, después de 13 años, había bajado a un dígito, reincidiendo en la trampa del INDEC de contemplar como «trabajador ocupado» a más de un millón de personas que reciben un subsidio de 150 pesos (la quinta parte de la canasta de subsistencia) y desconociendo la real condición del empleo en Argentina: la creciente precarización y el trabajo en negro. Las luchas de las organizaciones de desocupados que insisten en la movilización, si mantienen los criterios de unidad y masividad demostrados recientemente, serán la mejor demostración de que la realidad, por más que la nieguen mediáticamente y maquillen los índices, no puede ocultarse debajo de la alfombra.