El 18 de julio, una mayoría de los bolivianos y bolivianas, asistirá a las urnas para ejercer el derecho a fijar una política de Estado en un tema específico. Será muy distinto a una elección de autoridades, en la que se elige a determinados candidatos que han hecho un programa de gobierno cuyo cumplimiento es, […]
El 18 de julio, una mayoría de los bolivianos y bolivianas, asistirá a las urnas para ejercer el derecho a fijar una política de Estado en un tema específico. Será muy distinto a una elección de autoridades, en la que se elige a determinados candidatos que han hecho un programa de gobierno cuyo cumplimiento es, cuando más, una posibilidad. Y, aunque hubo un referéndum hace ya más de 70 años, para la casi totalidad de la población, ésta es la primera vez. Esta consulta ha debido superar numerosos obstáculos y, aunque estamos a unos pocos días de su realización, todavía tendrá que remontar algunos más, sin contar los que se intentarán después, cuando se conozcan los resultados de la votación ciudadana.
Los que no quieren
Desde la primera vez que se propuso la aplicación de este instrumento de consulta, para determinar la política energética nacional, sus enemigos se alinearon visiblemente en el bloque gobiernista. Para ellos era impensable que se reconociera, a la ciudadanía, el derecho a tomar decisiones sobre temas concretos. El entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, llegó a decir que, aceptar el referéndum, era renunciar al derecho que tenía él, como presidente, de fijar las políticas del Estado boliviano en todas las materias.
Más duros eran los grandes empresarios (en realidad, sus representantes en Bolivia) que sembraban rumores de anarquía, caos y desintegración nacional, como resultado de un referéndum sobre cualquier materia. Hubo quien, utilizando su representación cívica, llegó a amenazar con la separación de un departamento, si se llegaba al referéndum.
El 17 de octubre pasado, con la destitución de Sánchez de Lozada y la toma del mando por el vicepresidente Carlos D. Mesa, se reconoció la validez de esta demanda del pueblo y se inició el proceso que culminará este domingo 18.
Los opositores natos
La movilización popular que se dio entre septiembre y octubre del año pasado, exigió la aplicación de tres medidas concretas: la convocatoria a referéndum, la promulgación de una nueva ley de hidrocarburos y la realización de la asamblea constituyente. En el occidente y centro del país los sectores sociales que se movilizaron fueron ampliamente mayoritarios.
Es indudable que, en el conjunto de las movilizaciones, se hallan grupos que están en contra del Estado (no sólo del gobierno ni de la actual estructura estatal). Para éstos, como es de suponer, la reacción contra el gobierno de Sánchez de Lozada no concluía con su desplazamiento; seguía con su continuador y las medidas que adoptase, con independencia de que éstas fuesen producto de la movilización anterior.
De este modo, al convocarse a referéndum a mediados de abril pasado, estos grupos se lanzaron abiertamente a una acción opositora al referéndum. Los argumentos fueron variados: «el referéndum ya se ha dado en octubre, con sangre que definió cuál era la voluntad popular», «no es el gobierno quien debe preguntar, sino el pueblo», etc.
En el reverso de esta medalla, grupos de poder movidos por otros intereses, se oponían aduciendo: «el referéndum debe consultar otros temas como el de autonomías regionales».
Todos en conjunto, coincidiendo en planteamiento, pese a sus diferentes puntos de vista, protestaban: «las preguntas deben ser propuestas por el pueblo». Parecía que festejaban por adelantado el fracaso del referéndum.
Los críticos indefinidos
Pese a lo reducido de su número, los diversos opositores tienen voces estridentes que impactan sobre «analistas políticos», quienes se auto convencen de estar por encima de las pasiones partidistas. Entonces, de analistas pasan insensiblemente a ser críticos arrastrados por aquellas voces subidas de tono. Les resulta fácil argumentar (después de todo, están acostumbrados a presentar «sólidos» argumentos para cualquier tema que les salga al paso) que las cinco preguntas son falsas, que son tendenciosas, tramposas, engañosas y hasta venenosas, si usted los apura un poco. Como no pueden ser simplistas, se distancian de las posturas extremas que proponen una sola pregunta («nacionalización ahora»), en contraposición a las cinco planteadas por el gobierno. Se dedican a analizar, hasta en sus detalles más nimios, el contexto de las preguntas, explicando su contenido bajo la lente de la semiótica o a través del microscopio epistemológico.
De cualquier modo, terminan en la misma posición de quienes están opuestos al referéndum, por una razón muy simple: estar de acuerdo con el gobierno, aunque sea en un punto, no está de moda.
Una percepción directa
Para la mayor parte del pueblo, pese a todos los opositores que han surgido, la cuestión es mucho más simple: cuál es el modo más sencillo de alcanzar el mayor beneficio que puede lograr el pueblo boliviano.
Las preguntas pueden resumirse así: 1) ¿se anula la actual ley de hidrocarburos?, 2) ¿se recupera la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo?, 3) ¿se refunda YPFB otorgándole el respaldo de las acciones de las empresas capitalizadas?, 4) ¿será adecuado que se use el gas como factor para negociar un puerto boliviano?, 5) ¿podrá exportarse gas luego de cubrir el consumo interno, industrializarlo, aumentar regalías y/o impuestos a las petroleras?
Para una persona sin apasionamientos, resulta claro que, las tres primeras preguntas, responden a la necesidad de restituir la propiedad y establecer una política energética nacional. Es importante tener en cuenta que, hasta ahora no ha habido una real política energética. Paradójicamente, Bolivia ha recuperado la propiedad de sus hidrocarburos en dos oportunidades históricas: en 1935 de manos de la Standard Oil y, en 1969, de la tenencia de la Gulf Oil. Lamentablemente, después de esos actos de reivindicación de la soberanía nacional, otros gobiernos entregaron nuevamente esa riqueza a otras trasnacionales.
Por tanto, una nueva ley de hidrocarburos deberá establecer, como parte de una política energética nacional, las garantías suficientes para que no se entregue otra vez esos bienes al capital internacional. Al mismo tiempo, deberá convenirse términos de explotación, industrialización y comercialización favorables para Bolivia.
Respecto a las últimas dos preguntas, la respuesta debe ser negativa. La cuarta porque no es parte de una política energética y puede dar lugar a negociaciones internacionales inconvenientes. En cuanto a la quinta, está compuesta por varias preguntas, respecto a las cuales los criterios no pueden ser uniformes.
Un paso adelante
Serenamente, la misma persona que tome estas decisiones en el acto del referéndum, estará conciente de que, con su voto, habrá sentado las bases para la redacción y promulgación de una nueva ley de hidrocarburos. Por supuesto, no es un camino llano; enfrentará muchas dificultades, antes de llegar a ser una ley concreta que establezca los términos exactos de la recuperación de los hidrocarburos y las nuevas reglas que regirán las relaciones con las empresas que están en la explotación y todas las demás actividades de esta industria.
No hay, por lo tanto, una vereda tranquila. Cada paso, en este proceso, es un avance que vence muchas fuerzas contrarias. Pero, y es bueno recalcarlo, ese ha sido el camino que eligió el pueblo en las jornadas de septiembre y octubre de 2003. Hay que recorrerlo.
La Paz julio 2, 2004-07-02