La rancia oligarquía boliviana, que amasa grandes fortunas con el latifundio y el tráfico de tierras, inició una dura campaña contra la migración de campesinos altiplánicos que pueden poner en peligro su inmenso poder en el norte oriental. Alarmados ante la posibilidad cada vez más cierta de perder el poder político, que han acumulado y […]
La rancia oligarquía boliviana, que amasa grandes fortunas con el latifundio y el tráfico de tierras, inició una dura campaña contra la migración de campesinos altiplánicos que pueden poner en peligro su inmenso poder en el norte oriental.
Alarmados ante la posibilidad cada vez más cierta de perder el poder político, que han acumulado y usado a discreción por más de un siglo, los poderosos clanes latifundistas que son dueños de vidas y haciendas en la región tropical de Pando, en el norte boliviano fronterizo con Brasil, intentan frenar la migración de cuatro mil empobrecidas familias campesinas del altiplano.
Los clanes, que son dueños de la tierra y manejan los principales negocios locales, productivos, financieros y comerciales, están seguros que con la llegada de los migrantes indígenas perderán el control que aún mantienen en el gobierno regional y en todo el aparato político-administrativo de la zona en la que viven casi 50 mil personas.
Su temor radica que en las elecciones del 6 de diciembre, el voto de estos indígenas altiplánicos como nuevos ciudadanos de Pando (8.000 aproximadamente) inclinará la balanza electoral a favor de los partidarios del presidente indígena Evo Morales, modificando la correlación de fuerzas en el Senado de la República.
De darse esta situación en esta pequeña pero vital región electoral de Bolivia, la oposición derechista perdería el precario control que tiene sobre el Senado, posibilitando una mayor gobernabilidad al régimen de Morales que impulsa el denominado «capitalismo andino-amazónico», el que propugna el desarrollo capitalista sin la brutal sobreexplotación de la fuerza de trabajo y sin el saqueo de los recursos naturales que paga poco o nada de impuestos, postulados que colisionar directamente con los millonarios intereses de los clanes que son visceralmente racistas y que, como en los tiempos del esclavismo, creen que los indígenas valen menos que una vaca, mientras que ellos, por derecho divino, son amos y señores de todas las ingentes riquezas de la región.
Hay también el temor, casi certidumbre, de que el voto de los nuevos ciudadanos de Pando también sea vital para que en la elección del prefecto (gobernador) y alcaldes municipales, prevista para abril del 2010, la balanza también se incline para los representantes de centro izquierda, alejando en la propia región de Pando a los clanes latifundistas de las estructurales formales del poder político, que han usado desde siempre para acrecentar su riqueza y fortuna.
Por ello, los clanes latifundistas han decidido usar todas sus fuerzas y torpedear, como sea y a cualquier precio, el proyecto migratorio gubernamental, que también sabe lo que se juega en este ámbito.
El gubernamental plan de asentamientos humanos, que arranca desde el 2006, además de los objetivos políticos específicos para desplazar a la burguesía agrofinanciera y especuladora de tierras de Pando, pretende lograr un equilibrio entre territorio y población, resolver el problema de la pobreza, la conflictividad social y la presión demográfica sobre la tierra. Otros objetivos son impedir la incursión de súbditos extranjeros que lleguen a explotar de forma ilegal los recursos naturales, así como fomentar una nueva estructura económica y sentar la soberanía territorial en lugares despoblados, principalmente en las fronteras.
El poder de los clanes latifundistas
Los clanes están temerosos de perder sus inmensos privilegios, construidos desde antaño en las selvas y los ubérrimos llanos del oriente norte de Bolivia, al amparo de las dictaduras militares y los regímenes nacionalistas y neoliberales. Esta región ha sido virtualmente loteada entre los ganaderos, comerciantes y aventureros, pocos de ellos con oficio conocido, aunque casi todos con la suficiente habilidad para arrimarse y servir a los gobernantes de turno y así lograr, gratuitamente del Estado, inmensas concesiones de tierras y el dominio sobre bosques, lagunas y los recursos naturales en flora y fauna y los no renovables.
Así, en las selvas tropicales de Pando se forjó el reino de los racistas clanes familiares de los Sonnenschein, Hecker, Becerra Roca, Vaca Roca, Peñaranda, Barbery Paz, Claure, Villavicencio Amuruz, que explotan la región y gobiernan a látigo y con la venia de las autoridades regionales, abogados, curas y policías, tal como se desprende de los informes oficiales recopilados por ECONOTICIASBOLIVIA (ver: «La rebelión de los 100 clanes»).
Es tal el poder de estas ocho familias que, en conjunto, concentran cerca de un millón de hectáreas de tierras fértiles, que equivalen a dos mil veces la extensión de la ciudad de Cobija, la capital del departamento de Pando. La fuente de su riqueza está en los inmensos latifundios que han construido, traficando con tierras que han recibido gratis e ilegalmente del Estado, depredando sin piedad los bosques amazónicos y explotando los recursos naturales de la región (goma, castaña, madera, piedras semipreciosas).
Los clanes latifundistas lo controlan todo. Allí, el poder político y económico se reparte entre padres, hermanos e hijos. Unos son autoridades regionales, otros diputados y concejales, otros son jefes militares y dueños de empresas, bancos y canales de televisión, hay también jueces, fiscales y curas. Hoy, todos ellos han sido movilizados para frenar el ingreso-migración de los cuatro mil indios altiplánicos. Unos conspiran contra los indígenas en el Parlamento, otros se mueven en los grandes medios de comunicación y los más activan en las organizaciones cívicas, en las institucionales regionales e incluso en los sindicatos y organizaciones campesinas.
La brigada latifundista
Como punta de lanza contra la migración de los indios altiplánicos están los tres senadores latifundistas de Pando, José Villavicencio, Róger Pinto y Paulo Bravo, todos ellos hombres de derecha y que han trabajado estrechamente con el ex prefecto fascista Leopoldo Fernández y la ex líder cívica Ana Melena de Suzuki, el primero encarcelado por la masacre de campesinos en el Porvenir en septiembre del 2008 y la segunda refugiada en Brasil por el mismo delito y con parecida carga de consciencia.
Estos cinco personajes, que son la cabeza visible de la oposición a la migración campesina altiplánica, son también un fiel reflejo de la estructura de dominación familiar que se mantiene en la región oriental.
Los clanes familiares de Villavicencio, Pinto, Bravo, Fernández y Suzuki se han apoderado de 16.734 hectáreas de tierra en el departamento de Pando y las sometieron a perniciosos procesos de deforestación y explotación de los recursos naturales, ha denunciado el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
La denuncia señala que la familia del senador de la derechista Unidad Nacional (UN) José Villavicencio posee siete predios que suman una extensión de 7.359 hectáreas.
La familia del senador Paulo Bravo del ultraderechista Podemos tiene dos propiedades que suman una superficie total de 222 hectáreas. El 60 por ciento está deforestado.
La familia del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, hoy recluido en el penal de San Pedro de La Paz, tiene seis propiedades, que suman 5.552 hectáreas.
La familia del senador Róger Pinto (Podemos) tiene 3.269 hectáreas de tierra distribuidas en dos predios: El Lago (2.205 hectáreas) y El Atajo (1.064 hectáreas).
El Ministro Quintana dijo que si el senador Pinto cediera sus propiedades se podría fundar una segunda ciudad de Cobija, que albergaría a 40 mil personas.
La ex presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena de Suzuki, tiene una propiedad con una superficie total de 330 hectáreas.
Denuncias y corrupción
En este marco, el ministro Quintana denunció que «algunos sectores avalados por empresarios de la región quieren obstaculizar el plan de dotación de tierras a necesitados porque temen perder sus concesiones forestales».
Reveló que el senador Pinto y otros parlamentarios impulsaron una ley que permitía la enajenación del territorio boliviano mediante la venta de tierras a extranjeros.
Quintana señaló, según consigna el diario gubernamental «Cambio», que estos políticos saquearon los recursos naturales de Pando (depredación de maderas preciosas), traficaron madera, combustibles y cometieron contrabando.
«Es más, son socios de empresarios privados extranjeros y de Santa Cruz, que son dueños de extensas concesiones forestales, por ello se oponen a la distribución de tierras porque perderán sus privilegios», agregó.
Movilización cívica y campesina
En su «guerra contra los altiplánicos», los clanes también están movilizando a los empobrecidos campesinos y zafreros del oriente, entre los que intentan exacerbar la xenofobia y el racismo, mientras amenazan con despidos y cesantía por la llegada de los «collas». Los campesinos orientales, que no reciben apoyo económico ni ayuda del gobierno de Morales, ya han programado para este miércoles una caminata desde el vecino departamento de Beni hasta la capital Cobija, en rechazo al plan gubernamental de asentamientos humanos.
La marcha terminaría en una concentración en la que se plantearía, entre otras cosas, «la remoción de los migrantes del altiplano, debido al daño ecológico que provocan a la región», dijo la dirigente de los zafreros, Vivian Ortiz.
El secretario de Tierras y Territorio de los zafreros de Pando, Saúl Fernández, advirtió que el ingreso de los campesinos dejará sin trabajo a los recolectores de castaña de la zona», por lo que exigió que los primeros beneficiarios de los planes del Gobierno sean los campesinos de la región.
«No es que estemos en desacuerdo de que vaya gente del interior a Pando y se les dote tierras, pero siempre que primero se atienda a la gente de la región», matizó Fernández que cree que es prioritario defender la paupérrima economía de los zafreros, que son supereexplotados por los clanes familiares y que ahora los utilizan como otra punta de lanza para defender sus privilegios.
Pobres contra pobres
Pese a ello, el dirigente zafrero, los campesinos orientales no se estarían movilizando en defensa de los intereses empresariales, sino que «les preocupa que con la llegada de los campesinos de La Paz y Cochabamba aumente la oferta de la mano de obra para la recolección de castaña, lo que hará que el pago por este trabajo disminuya, afectando aún más la pobre economía que existe en el lugar».
«Son unas 20.000 familias de zafreros de todo el departamento de Pando que se verán afectadas con la llegada de las familias de campesinos», dijo.
«Si (el Gobierno) quiere solucionar el tema de soberanía, como dicen, que nos den las condiciones a nosotros, a los oriundos de la región, que nos den vivienda como les están dando a ellos», agregó.
El plan gubernamental prevé la llegada de 2.500 familias campesinas de La Paz y Cochabamba de las 4.000 previstas en el proyecto. A cada una les dotará entre 75 y 100 hectáreas de tierra en los municipios de Puerto Rico, Bella Flor, Santa Rosa del Abuná, El Sena, Filadelfia, Nueva Esperanza y Santos Mercado.
Se estima que la dotación de unidades habitacionales y servicios básicos para las 2.500 familias que se trasladarán en agosto próximo a Pando demorará por lo menos seis meses.
Mucha riqueza para pocos
«En Pando existen por lo menos medio millón de tierras fiscales que albergan riquezas forestales, de goma, castaña y otros productos que han servido hasta hoy mayormente a grandes latifundistas y a los pobladores de otras naciones fronterizas como Brasil y Perú», denunció Jorge Silva, diputado oficialista.
Silva manifestó que a lo largo de años Pando ha sufrido no solamente por la ausencia del Estado, sino por el surgimiento de poderes locales que utilizaron ese departamento para su propio beneficio.
Señaló que el objetivo del plan de asentamiento y distribución equitativa de tierras es posibilitar el aprovechamiento racional de los recursos forestales, maderables, de goma, castaña y otros que existen en la región para que beneficien a los bolivianos y no a otros intereses. Reveló que los recursos naturales de Pando benefician en la actualidad a brasileños y peruanos que ingresan a Bolivia a explotarlos sin que exista un control estatal al respecto.
Un plan contra la pobreza
Según el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el Estado boliviano erogará al menos siete millones de dólares en la primera fase del plan migratorio hacia el oriente de familias campesinas que no cuentan con tierras o están en extrema pobreza afectadas por el minifundio. El dinero se usará para generar las condiciones básicas de habitabilidad en las zonas que reciban los asentamientos humanos.
Según el director del INRA, Alejandro Almaraz, el plan del Gobierno prevé el asentamiento de 2.000 familias en Pando, en una extensión de 200.000 hectáreas. Además, incluye migraciones en otros tres departamentos: La Paz, Beni y Santa Cruz.