El gobierno de Barack Obama, que va de salida, ha sido un gran promotor de la mal-llamada guerra contra las drogas en México, que ha cobrado unas 150,000 vidas mexicanas, además de por lo menos 27,000 personas desaparecidas, de quienes hasta la fecha sus familias no saben si están vivas o muertas. En su presupuesto […]
El gobierno de Barack Obama, que va de salida, ha sido un gran promotor de la mal-llamada guerra contra las drogas en México, que ha cobrado unas 150,000 vidas mexicanas, además de por lo menos 27,000 personas desaparecidas, de quienes hasta la fecha sus familias no saben si están vivas o muertas. En su presupuesto 2017 presentado al Congreso solicita otros $133.5 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, o Plan México, que ha sido desde el 2008 el vehículo principal para respaldar la guerra de Calderón asumida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y para ampliar la presencia intervencionista del gobierno estadunidense en el país.
Con la estrategia «compartida» de los dos gobiernos a punto de entrar en su décimo año, es urgente hacer un balance público de los impactos. Estamos cumpliendo una década de expansión de EEUU en nuestro país en nombre del combate al narcotráfico, con un saldo terrible de muerte, corrupción, militarización, violación de derechos humanos, y de la construcción de un enorme andamio para el espionaje que convierte al país en un estado policiaco con mayor capacidad de represión.
El monto que pide el Departamento del Estado para seguir con su desastrosa política en México es engañoso, como todo en esta guerra. Año tras año, se ha ido pasando los gastos al Departamento de Defensa. El cambio refleja el creciente papel del Pentágono en la relación bilateral, y busca ocultar el destino del financiamiento ya que Defensa es el ministerio menos transparente en el gobierno estadunidense. Mientras la Iniciativa Mérida (IM) oficialmente ya no incluye el financiamiento a las fuerzas armadas mexicanas, los programas de entrenamiento y equipamiento crecen, con la aplicación de técnicas ensayadas en la ocupación de Irak y, según fuentes internas, discusiones secretas en torno a la creación de escuadrones de la muerte al estilo de las dictaduras.
Si bien el monto de la ayuda estadunidense representa una pequeña fracción del inflado presupuesto de seguridad, el respaldo político y el despliegue de agentes de EEUU en el territorio tiene gran impacto. La agencia anti-drogas DEA tiene más personal en México que en cualquier otra parte del mundo, y esta presencia se complementa, o a veces se complica, con la presencia de cientos de agentes del FBI, de la CIA, etc. Por esta razón, a pesar de tener resultados tan negativos, el gobierno de EEUU insiste en que las relaciones EEUU-México están mejor que nunca, eufemismo para decir que jamás en la historia contemporánea había habido tanta intervención en los asuntos de México, un hecho que pone en riesgo seriamente nuestra soberanía.
Las condiciones de derechos humanos -insertadas en la Iniciativa Mérida para asegurar su aprobación y abrir contratos a las ONG que se dedican a maquillar las intenciones militaristas del gobierno de EEUU- ya prácticamente no existen. Su fracaso ha sido rotundo. En la última década han cambiado las condiciones, pero ahora incluyen: 1) investigar y llevar a la justicia violaciones de derechos humanos en cortes civiles; 2) la prohibición de la tortura y el uso de confesiones bajo tortura; 3) transferencia de detenidos por las fuerzas armadas y policía a las autoridades civiles; 4) buscar las víctimas de desaparición forzada y llevar a la justicia las personas responsables de este crimen.
La lista es una burla para quienes conocemos el funcionamiento de los cuerpos de seguridad en México. Las fuerzas armadas, apoyadas por la estrategia de EEUU en el despliegue ilegal para tareas de seguridad pública, con frecuencia optan por ejecutar extrajudicialmente a los sospechosos en vez de entregarlos a un sistema de justicia que no funciona. La tortura es una práctica común como se vio, otra vez, con la documentación por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de los 17 casos de tortura a detenidos en el caso Ayotzinapa. Las miles de desapariciones forzadas en el país quedan en absoluta impunidad, mientras el estado hostiga a los denunciantes en un proceso constante de re-victimización. Y lo más importante es que el gobierno de los Estados Unidos no tiene la autoridad moral o legal para condicionar a México. Si se concentrara en asegurar que su ayuda extranjera no contribuyera a la violación de los derechos humanos, la IM tendrá que ser -no suspendida- sino terminada de inmediato.
Sin embargo, a pesar de que la suspensión de unos pocos millones de dólares en ayuda estadunidense ocupa los encabezados, la estrategia de guerra contra el pueblo sigue intacta. La nueva embajadora en México, Roberta Jacobson, es una de los principales arquitectos de la Iniciativa Mérida. De los dos probables candidatos a la presidencia, Hillary Clinton como secretaria de estado amplió «indefinidamente» la IM cuando se vencieron los 3 años designados por George W. Bush e indudablemente volvería a ampliarla con el apoyo de las poderosas empresas de defensa y seguridad que lucran con la guerra contra las drogas. Donald Trump pudiera parar la cooperación estadunidense con la guerra contra el narcotráfico, pero para lanzar una guerra unilateral contra México -con la construcción del muro, la deportación masiva de migrantes y políticas racistas y xenofóbicas que desestabilizarían toda la región.
Es una guerra contra el pueblo porque allí está la gran mentira de la guerra contra las drogas que sustentan los dos gobiernos. El gasto de recursos públicos, el costo en vidas humanas y la erosión del estado de derecho, que son las consecuencias de la guerra, no han llevado a ningún avance en detener el flujo de drogas prohibidas al mercado de EEUU, que, gracias a la prohibición, sigue generando ganancias de aproximadamente $100 mil millones de dólares al año para el crimen organizado. El tráfico de heroína ha crecido muchísimo, con un aumento en las incautaciones de 500% entre 2013 y 2014. La hipótesis del quinto autobús del GIEI que sugiere que los ataques a los normalistas podrían estar relacionados con la protección de un cargamento de goma o de dólares pone en relieve que el negocio de la droga es compartido -no combatido- por ambos estados.
La Iniciativa Mérida y la guerra de Peña Nieto no combaten la droga prohibida. Militarizan el país para tener en posición un aparato de control social y de represión en un momento crítico, de múltiples crisis que se abocan inevitablemente en resistencias populares y protestas sociales. Es a propósito una guerra sin salida, sin victoria o derrota, una guerra perpetua.
Se trata de una alianza oculta contra el pueblo -contra el pueblo que busca sus familiares desaparecidos y exige justicia. Contra el pueblo que defiende sus tierras y recursos naturales. Contra el pueblo que se organiza con dignidad para enfrentar la violencia, el crimen y el despojo.
Fuente: http://desinformemonos.org.mx/los-eeuu-y-la-guerra-perpetua-en-mexico/