¿Alguien podría explicar las diferencias ideológicas entre Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Zvonco Matkovic, su similar paceño, Víctor de los Heros, y el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Roberto Mustafá? Es cierto que su nivel patrimonial es […]
¿Alguien podría explicar las diferencias ideológicas entre Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), Zvonco Matkovic, su similar paceño, Víctor de los Heros, y el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Roberto Mustafá? Es cierto que su nivel patrimonial es distinto, pero su coincidencia es absoluta cuando defienden a las petroleras foráneas con más fervor que a sus seres queridos.
Tal coincidencia entre empresarios nacionales con GSL el principal agente de las transnacionales en el país, es, a primera vista, incomprensible. ¿Cómo puede ser que la cúpula empresarial no haga un escándalo cuando el gobierno de Carlos Mesa resuelve vender gas natural a la Argentina al precio «solidario» de 0.98 dólares el millar de pies cúbicos, en tanto que el energético llega a los industriales nativos a 1.60, por idéntico volumen? ¿Es difícil entender que, en esas condiciones, los productos nacionales carecerán de competitividad inclusive en el mercado interno?
El caso de la CAINCO es patético, ya que forma parte de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), junto con la Cámara Nacional de Hidrocarburos (CNH), entidad que aglutina a las transnacionales petroleras que operan en Bolivia. Todas las declaraciones de Matcovic, exigiendo «mano dura» contra las protestas sociales y apoyando la exportación de gas a todos los mercados posibles, sin importarle precios o beneficios para el país, no tienen una coma de diferencia con los criterios de las petroleras.
En estos momentos, la FEPSC está desafiliada de la CEPB. Mustafá hizo saber que la principal divergencia con la FEPSC reside en que, a su juicio, la CEPB debería acoger en su seno a la CNH y no la entidad empresarial cruceña. En otras palabras, la pugna estriba en quien tiene el privilegio de sacar lustre a las botas de las transnacionales. A su vez, Víctor de los Héros, en el difundido programa radial «Diálogo en Panamericana», de hace tres semanas, defendió los intereses de las petroleras con más vehemencia que fanático predicador de verdades absolutas.
Fue el Presidente Hugo Bánzer, quien no pasará a la historia por defender los intereses del país, el encargado de recordar a la CEPB, a la CAINCO y a la FEPSC, que fue coaccionado por estas entidades para que su gobierno privatice las refinerías de petróleo, con lo que se completó la liquidación de YPFB. Para ser justos, digamos que la inmensa mayoría de los empresarios chicos y medianos no comparten los criterios de sus élites, que, amparadas en su mayor disponibilidad de recursos, manipulan sus designaciones. Sin embargo, los chicos y medianos deberían desautorizar las posiciones extranjerizantes de quienes dicen representarlos.
La futura Ley de Hidrocarburos ha polarizado al país. Los esfuerzos por mantener las reglas de juego elaboradas por el régimen de GSL son apoyados de manera desembozada por las Embajadas de las potencias mundiales, por los poderosos organismos financieros internacionales, como el FMI, el Banco Mundial, el BID y la CAF, por el aparato transnacional en pleno y los agentes a su servicio.
En el otro polo se han aglutinado las fuerzas nacionales y populares que advierten que el saqueo del gas acabará con la viabilidad de Bolivia. En esta confrontación el papel de los empresarios asume vital importancia, ya que el respaldar una Ley de Hidrocarburos que recupere para los bolivianos la propiedad del gas y del petróleo, que garantice precios racionales en el mercado interno e impulse su industrialización en el territorio de la República redundará en beneficio de todos los bolivianos y también de sus empresarios.
Si se impone, en cambio, la lógica del despojo, iniciada, en 1985, con las políticas de ajuste estructural, la agudización del empobrecimiento generalizado exacerbará, aún más, los conflictos interétnicos e interregionales que están disgregando al país. Este es el escenario en el que deben actuar los empresarios con conciencia nacional, a fin de sumarse a los contingentes de la nación oprimida, que trata de salir de esta oprobiosa condición.