Hace cuatro años atrás, nos masacrábamos entre los bolivianos para retener el mayor excedente económico posible del negocio del gas natural. Ahora que contamos con el excedente económico, fruto de la renegociación de los contratos con las petroleras, estamos enfrentados nuevamente porque no sabemos cómo y en qué utilizar dichos ingresos económicos. El año 2004, […]
Hace cuatro años atrás, nos masacrábamos entre los bolivianos para retener el mayor excedente económico posible del negocio del gas natural. Ahora que contamos con el excedente económico, fruto de la renegociación de los contratos con las petroleras, estamos enfrentados nuevamente porque no sabemos cómo y en qué utilizar dichos ingresos económicos. El año 2004, luego de 68 muertos y más de 400 heridos a bala en la «guerra» del gas, las prefecturas, municipios, universidades, FFAA y la Policía Nacional se repartieron el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de la siguiente manera: 33% para las prefecturas, 20% para los municipios, 5% para las universidades, 5% para las FFAA y Policía Nacional, 5% para el Fondo de Compensación para los tres municipios más poblados del país y otro porcentaje para los pueblos indígenas y campesinos. Si Ud. suma estos números, del total del IDH sólo queda para el Tesoro General de la Nación cerca del 30% de este impuesto. Por tanto, si hubiera bono para la tercera edad, este beneficio tiene que ser cubierto con la redistribución del IDH.
Por concepto del IDH el país recibe cerca de 780 millones de dólares por año. Ud. dirá, el IDH sólo es el 32% del 50% que le corresponde a Bolivia por el negocio del gas (32% por IDH +18% por regalías = 50%) La verdad es que también el 18% que nos corresponde por concepto de regalías ya está repartido: 11% para los departamentos productores, 6% para la Superintendencia de Hidrocarburos y 1% para Beni y Pando. Hicimos un buen negocio con los hidrocarburos, pero la plata está mal distribuida. El Departamento de Tarija que tiene una población de 350 mil habitantes cuenta con cerca de 200 millones de dólares anuales por regalías e IDH.
Las prefecturas, el año 2005, recibieron 894 millones de Bs., y el año 2008 recibirán 1,546 millones de Bs. (75% más). Los municipios, el año 2005, recibieron 267 millones de Bs., y el año 2008 recibirán 1,238 millones de Bs. (400% más). Las universidades, el año 2005, recibieron 56 millones de Bs., y el año 2008 recibirán 309 millones de Bs. (600% más). En este momento, las prefecturas, municipios y universidades, en conjunto, tienen cerca de 840 millones de dólares revertidos en sus cuentas bancarias por sus inoperancias administrativas. ¿Dónde está, pues, la supuesta falta de presupuesto en estas entidades? Lo único que hasta aquí se evidencia es la asimétrica distribución de los recursos del IDH y el crecimiento de las cuentas bancarias. ¿Para qué querrán más plata? La inoperancia administrativa también anida en el gobierno central. Con el intento de resolver esta asimétrica distribución de las ganancias del negocio del gas, el gobierno central ha planteado una renta universal de vejez de 2,400 Bs. año para todos los bolivianos/as mayores de 60 años. Para tal fin, el gobierno central ha planteado destinar el 30% del IDH. Esta medida beneficiaría a un aproximado de 700 mil ciudadanos/as, con un costo promedio de 1,500 millones de Bs. año. ¿Será esta medida sostenible en el tiempo?
Por justicia social, y por nuestra condición humana, debemos contar todos con un ingreso seguro para nuestra vejez. Esto es éticamente preferible a la compra de lujosos vehículos en la administración pública (el Prefecto de Cochabamba malgastó cerca de un millón de Bs. para comprarse coches de lujo para visitar a los niños que están agonizando por desnutrición en las provincias andinas, y ahora sueña con un helicóptero). Existen denuncias que indican que el Prefecto de Santa Cruz gana un sueldo mensual de 25 mil Bs., cuando, por norma, nadie puede ganar más que el Presidente de la República (cuyo sueldo mensual es de 15 mil Bs.). La malversación y la irracionalidad son iguales o peores en muchas universidades públicas y municipios. «En nombre de la autonomía, pues, todo está permitido». Si el Prefecto y el Presidente de Comité Cívico de Santa Cruz (quien acapara las tierras de los indígenas guarayos) tienen el cinismo inmoral de defender los actos delincuenciales de los funcionarios públicos del aeropuerto de Santa Cruz. Si la autonomía es para descentralizar la corrupción y la «democracia» para encubrir a los delincuentes, entonces, estamos en el límite de la inmoralidad suicida. ¡Hasta los estudiantes universitarios, potenciales desocupados, están en contra del bono vitalicio! Con todos estos datos, ¿quién está más autorizado para definir el asunto de la redistribución de los excedentes económicos del gas? ¿Los sobrevivientes de la «guerra» del gas? ¿Sus verdugos represores que jamás quisieron mayores ingresos para Bolivia? ¿Los intelectuales y analistas mediáticos que nunca creyeron en la renegociación de los contratos petroleros? Por justicia, quizás, el tema de la redistribución y la administración de los excedentes económicos de los recursos naturales tienen que ser definidas por todo el pueblo en un referéndum nacional.
Ningún mortal puede estar en contra de los bonos para la tercera edad, pero estas medidas tienen que ser planificadas y aplicadas dentro de una política nacional de inversión pública sostenible. Si hay bonos para la vejez, tiene que haber también dinero para impulsar la industrialización del país. En este caso del sector hidrocarburífero. De lo contrario, nos comeremos a la gallina de los huevos de oro, y cuantos vienen después de nosotros maldecirán tanto a la gallina como a nosotros. ¿No es eso lo que hacemos nosotros con el maldito metal boliviano de antaño? Quizás con una dosis de sensibilidad, racionalidad y solidaridad lleguemos a un buen final de este desencuentro egoísta.