La oligarquía rechaza la propuesta del presidente Morales y amenaza con radicalizar sus protestas y la autonomía separatista
Los prefectos (gobernadores) de la oligarquía cerraron en la madrugada de este jueves con un portazo las negociaciones que por horas abrió el presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, en su complicado intento de forjar un gran pacto nacional que una las demandas de los más pobres y de los más ricos.
El diálogo, instalado en La Paz en horas de la noche de este miércoles, quedó suspendido, sin fecha ni agenda, en las primeras horas de hoy por los prefectos opositores, que acusaron al Gobierno de Morales de no querer atender sus principales demandas (devolución de recursos del impuesto a los hidrocarburos y reconocimiento de sus autonomías).
«No hay acuerdos en los temas, pero estamos siempre dispuestos al diálogo. El documento que nos propone el Gobierno es exactamente el que nos propusieron en enero. Queríamos un poco más de generosidad. El tema del IDH pudo resolverse pero no se lo ha hecho», dijo el prefecto de Tarija, Mario Cossío.
«Estamos igual que en enero (…) No hay acuerdo», dijo Cossío, que ofició de portavoz de los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, que han levantado en sus regiones, con apoyo de organizaciones empresariales y fascistas, cinco gobiernos paralelos y en rebeldía al de Morales.
Tras abandonar la reunión, celebrada en el Palacio de Gobierno en La Paz, todos estos prefectos, ratificados el domingo en las urnas con amplio margen, rechazaron la triple propuesta de Morales de incluir las autonomías en la nueva Constitución Política del Estado, hacer un pacto fiscal para definir el destino de los recursos de los impuestos petroleras y hacer un pacto constitucional para elegir autoridades en el Poder Judicial y Electoral.
EVO SE LAMENTA «Lamento mucho que los prefectos tengan poca voluntad de diálogo (…) Queremos hacer gestión conjunta entre el Presidente y los prefectos en bien del país, pero siento que ellos (los prefectos) sólo quieren la plata (del IDH)», dijo Morales, que se mostró fortalecido tras obtener en las urnas el 68 por ciento de apoyo electoral en todo el país.
«La obligación del Presidente y los prefectos es juntar la nueva Constitución y las autonomías, en el marco de la legalidad y la constitucionalidad», dijo al cuestionar la actitud de los prefectos que «no quieren un nuevo pacto fiscal, no quieren la participación de los alcaldes».
Pese al desplante, Morales aseguró que continuará con sus esfuerzos para lograr un pacto de unidad con los prefectos. «Un Gobierno que tiene un 68 por ciento de apoyo puede imponer las cosas, pero preferimos pactar», agregó el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.
AMENAZAS
Menos conciliador, el viceministro de Descentralización, Fbián Yaksic, advirtió a los prefectos opositores con la convocatoria a un nuevo referéndum para que el pueblo decida si va o no la nueva Constitución aprobada con muchos tropiezos por el oficialismo en la Asamblea Constituyente.
«Hay que darle viabilidad a la nueva Constitución mediante un referéndum, que el pueblo defina con su voto», dijo como respuesta a las declaraciones de los prefectos que rechazaron las propuestas de Morales.
Yaksic también denunció la actitud del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, que lidera una huelga de hambre para lograr la devolución del impuesto a los hidrocarburos y que intenta avanzar, de facto, con su autonomía separatista.
«Anoche se puso en riesgo este escenario de diálogo, porque el prefecto de Santa Cruz promulgó una ilegal y arbitraria convocatoria a elecciones para asambleístas departamentales, subgobernadores y corregidores», agregó.
AUTONOMÍA DE FACTO
La convocatoria del derechista Costas vulnera abiertamente la actual Constitución Política del Estado, que establece que el único poder encargado de hacer leyes en el país es el Legislativo y que ninguna otra entidad puede atribuirse ese derecho, menos una prefectura que depende del Presidente de la República, a través del Ministro de la Presidencia.
Pero ello le tiene sin cuidado a la oligarquía cruceña y la derecha fascista, que tras lograr la aprobación en urnas de su Estatuto autonómico, intenta crear su propio Parlamento, su propia Policía y mantener el total control sobre las tierras, impuestos y recursos naturales.
Según Vladimir Peña, Secretario de Justicia de la Prefectura cruceña, son 120 autoridades que se elegirán el 25 de enero de 2009 y su mandato se prolongaría por cinco años.
Todos los prefectos opositores amenazaron con avanzar de facto con la puesta en marcha de sus Estatutos Autonómicos separatistas, si el Gobierno de Morales no atendía sus demandas.
UN PACTO COMPLICADO
«La reunión (con Evo) quedó en nada. No se avanzó nada», dijo el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, que acusó al Gobierno de chantajearlos.
«Usan el IDH (Impuesto Directo sobre los Hidrocarburos) como un chantaje. Si aceptamos lo que ellos quieren para aprobar su Constitución, nos devuelven el IDH; pero si no la aceptamos, no nos devuelven los recursos», dijo al sostener que Morales los había engañado con su convocatoria a la reunión en La Paz.
En los hechos, la oligarquía no quiere llegar a un acuerdo con Morales y por ello exige un pliego de demandas que sólo podría cumplirse si Evo se rinde totalmente.
Así demandan que el Gobierno les devuelva los recursos de los impuestos a los hidrocarburos (cerca de 200 millones de dólares al año), anule los avances de la nueva Constitución y reconozca sus estatutos autonómicos (que les permite tener su propio Parlamento, dictar leyes por encima de las nacionales, cobrar impuestos y crear su propia Policía).
Por ahora, sin embargo, estos prefectos quieren mostrar a la población que sí tienen intenciones de dialogar y llegar a un acuerdo, poniéndose a tono con los resultados del referéndum del domingo.
Estos resultados permiten que tanto Morales como los prefectos derechistas tengan motivos para cantar victoria, aunque en rigor ninguno de ellos ha logrado debilitar seriamente a su rival. Morales no pudo derribar a ninguno de los prefectos que han forjado gobiernos «autónomos» y en rebeldía en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, regiones en las que virtualmente ya no puede entrar el Presidente. Del mismo modo, la oligarquía no pudo mermar el apoyo electoral hacia Morales, especialmente en el altiplano y los valles.
PRESIÓN SOBRE MORALES Por ello, todos quieren mostrar que están dispuestos al diálogo, aunque son los prefectos opositores los menos interesados en lograr un acuerdo, ya que han logrado grandes réditos políticos impulsando la confrontación contra el Gobierno de Morales. Luego de conocerse el virtual fracaso del diálogo inicial, los sectores más conservadores de la sociedad como la Iglesia Católica, los gremios empresariales, las organizaciones cívicas y grandes medios de comunicación acentuaron su campaña para que el Gobierno de Morales deje su «radicalismo» y ofrezca un «diálogo sincero» a los prefectos.
«Urgimos a todas las partes a que aprovechen esta oportunidad para comenzar un diálogo franco para resolver temas pendientes y definir un camino hacia adelante que una a todos los bolivianos», había dicho días atrás el portavoz adjunto interino del Departamento de Estado, Robert Wood, que pugna, como los otros, para que Morales abandone en la mesa de negociones el mandato que el pueblo le entregó en las urnas para que profundice los cambios en la perspectiva de la agenda de octubre (nacionalización real del gas, petróleo y minas, expropiación de latifundios y entrega de tierras a los campesinos, y mejor salario, más empleo y digna jubilación para los trabajadores).