Los grandes productores agrarios de la Argentina llamaron a un lockout en la comercialización de granos a partir del lunes próximo y hasta el jueves, luego de que el gobierno oficializara la suba de retenciones para productores de más de mil toneladas de soja.
La medida es la respuesta del sector más duro y opuesto al gobierno a la decisión del Ministerio de Agricultura de redistribuir el impacto de las retenciones, subiéndole tres puntos (del 30 al 33%) a los grandes productores de soja, pero rebajándole de uno a 12 puntos mediante compensaciones a los de menos de 500 toneladas en la última campaña.
El cese de comercialización consistiría en no enviar hacienda (ganado)nal mercado ni cereales a los puertos durante los cuatro días que dure el lockout, medida que no podría ser aplicada ni por tamberos ni productores de verduras, si no cuentan con instalaciones propias de conservación. Mientras, la soja seguirá creciendo en los campos sembrados entre lunes y jueves, para beneficio de sus dueños, nacionales y extranjeros.
A su vez, se había dispuesto que parte de lo recaudado por el aumento de las retenciones a los grandes productores se volcara en la forma de una baja en las retenciones a diversos cultivos regionales. La resolución de lanzar un cese de actividades en contra de estas medidas redistributivas fue tomada por la dirigencia rural de espaldas a los intereses de productores pequeños y de las producciones regionales, con un tinte que muchos describieron como «claramente político».
“Se hará un cese de comercialización de granos y hacienda en pie desde el lunes hasta el juevseguró que la decisión ya estaba tomada antes de las reuniones con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y la suba de retenciones a los productores de más de 1000 toneladas de soja”, dijo Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de Confedraciones Rurals Argentinas (CRA).
“Los derechos de exportación es un mal impuesto que desincentiva a la producción. Ponerse a discutir de qué manera va a devolverlo, no está en nuestra agenda inmediata. Estamos pidiendo la eliminación”, añadió.
El esquema de retenciones a la soja decidido por el gobierno segmenta su aplicación a favor de los productores más chicos. La Mesa de Enlace, integrada por la CRA, la Sociedad Rural, Coninagro y la Federación Agraria, lo rechazó y se lanza a la pelea en defensa de los intereses más concentrados.
«Si las medidas tomadas son empujadas por un espíritu recaudatorio, tengan en cuenta que es un juego de suma cero en el corto plazo; si son empujadas por un espíritu ideológico, entonces…nos veremos en las rutas», señaló la mesa de Enlace, en clara alusión a las protestas que se extendieron por varios meses en el transcurso de 2009, en la pulseada entre el gobierno kirchnerista de entonces y la dirigencia rural en torno a la Resolución 125, que pretendía establecer un régimen de retenciones móviles a la soja.
En aquel momento, el modo más explícito de protesta era la convocatoria junto a las rutas de dirigentes rurales y chacareros, logrando una amplísima difusión de las cadenas hegemónicas de noticias, que no sólo le dieron visibilidad sino que ubicaron el tema en el primer lugar de la agenda informativa a lo largo de varios meses para debilitar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta de la Nación.
Según la CRA, estarán exceptuados de la medida de fuerza aquellos productores que necesiten trasladar hacienda por los efectos de la sequía que está afectando a la región núcleo», aclaraba el comunicado.
La decisión provocó cierto asombro y no sólo en el gobierno. La segmentación que anunció el ministro Luis Basterra esta semana fue considerado, por sectores de la producción, como «el modelo más equitativo y favorable a los pequeños productores que jamás se haya dado».
Para algunos analistas, el rechazo de CRA y Sociedad Rural a la propuesta del gobierno, es compensible: impacta fundamentalmente en los grandes productores de la pampa húmeda, estrechamente vinculados al negocio agroexportador, de más de 10 mil quintales (mil toneladas) de soja por temporada.
Añaden que es inexplicable que Coninagro y Federación Agraria se sumen a una medida de fuerza, cuando los pequeños productores y cooperativistas, de menos de mil quintales (100 toneladas) van a pagar, después de las compensaciones, 21 por ciento de retenciones. Obviamente, indicaron, es una medida desestabilizadora contra el gobierno de Alberto Fernández.
Como aperitivo al lockout, medio centenar de tractores y un centenar de camionetas participaron de movilizaciones por las rutas del centro de la provincia de Córdoba, en una medida promovida desde antes de conocerse la propuesta del gobierno.
Rodolfo Koé Gutiérrez. Periodista económico argentino, analista asociado a al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)