En enero de 2004 la entidad que preside Estela de Carlotto encontró al nieto 77, Juan Cabandié. «Yo soy Juan», cantaba poco después ese muchacho, feliz, junto a León Greco. El tiempo se fue veloz y la cuenta va por el número 100, con Matías Espinosa, hijo de Tucho Valenzuela, un dirigente montonero que supo […]
En enero de 2004 la entidad que preside Estela de Carlotto encontró al nieto 77, Juan Cabandié. «Yo soy Juan», cantaba poco después ese muchacho, feliz, junto a León Greco. El tiempo se fue veloz y la cuenta va por el número 100, con Matías Espinosa, hijo de Tucho Valenzuela, un dirigente montonero que supo engañar al general del whisky pero fue asesinado después, al volver para la contraofensiva.
Si bien la ciencia y la genética ayudaron, plasmadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos desde 1987, la clave no fue esa. El amor de las Abuelas, su capacidad de movilizarse y movilizar a la sociedad, su inquebrantable decisión de reclamar a la justicia de venda caída, su compromiso de buscar a sus nietos y nietas hasta el último aliento, etc., ése fue el factor decisivo en el hallazgo de cien nietos.
Y esas mujeres, y sus maridos, familiares y abogados, ejército desarmado al que se sumaron los nietos ya recuperados, van por más. Quieren saber qué pasó con los 400 bebés robados por la dictadura occidental y cristiana, nacidos en cautiverio de madres que luego de parir eran asesinadas, entregados como cachorros a familias de policías y militares, en muchos casos, en otros a adoptantes de buena fe. Pero claro, siempre con identidad suprimida, en un delito de lesa humanidad, de esos que no cesan.
La aclaración sobre cuál es el verdadero motor de la búsqueda es necesaria para que se sepa, tecnicismos legales al margen, que no se saldrán con la suya ninguna empresaria monopolista que tenga hijos de desaparecidos ni ningún juez que viole la ley para amparar a aquélla y a otras familias que pudieran tener hijos «adquiridos» de esa manera. Será cuestión de tiempo pero al final la verdad se va a saber. A lo sumo, dolorosamente, en la medida que el proceso legal y la mentira se prolonguen, los apropiadores tendrán el triunfo pírrico de que varias abuelas habrán muerto en el camino, sin conocer a nietos que buscaron por décadas.
Estas no son historias personales, o son más que eso, para mejor decir. Hay tantas historias, búsquedas, dolores y de vez en cuando, a veces, tanta felicidad, cuando al fin se identifica a uno de estos jóvenes.
Los reveses son algo con lo que Abuelas está acostumbrado a enfrentarse desde su fundación en 1977. Uno que ha tenido mucha prensa en estos días es el protagonizado por Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos adoptivos de la dueña de Clarín, que existiendo serias dudas de que pueden ser hijos de desaparecidos, no se allanaron a los análisis de ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos sino en el Cuerpo de Medicina Forense. Y no aceptaron que esos datos se cotejen con los de todos los familiares que buscan a los bebés nacidos en cautiverio sino sólo con dos familias.
Quieren cerrar la causa
En 2002 Ernestina Herrera de Noble fue brevemente detenida por orden del juez federal de San Martín, Roberto Marquevicht, porque las explicaciones que había dado sobre las adopciones no cerraban por ningún lado. Su versión de que el jardinero había encontrado a uno de los niños en una caja en el jardín de su vivienda, fue desmentida por el propio empleado.
En esa ocasión la empresaria declaró que ella tenía dudas sobre si sus dos hijos no serían parte del botín de guerra de la dictadura. Marquevicht dejó su cargo, seguramente bajo presiones del principal grupo mediático. Su remplazante, Conrado Bergessio, tuvo pendiente desde entonces ordenar un análisis de sangre a Marcela y Felipe Noble Herrera, para despejar esas dudas.
Las condiciones de certeza para esos estudios estaban plenamente dadas, ya que la brega de Abuelas y otros organismos de derechos humanos habían plasmado en mayo de 1987 la ley Nº 23.511 por la que se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el Servicio de Inmunología del Hospital Durand. Tal creación fue una conquista de la democracia, pero sobre todo de Abuelas.
Sin embargo, los dos jóvenes adoptados, con esos graves interrogantes a cuestas, empezaron a gambetear a la justicia, negándose a los análisis y cotejos. ¿Cuánto habrá influido doña Ernestina en ellos? ¿Les habrá aconsejado que se hagan esos estudios o que no? ¿Cuánto habrá pesado en esos jóvenes la educación recibida en estas décadas del Clarinete, que los tiene por herederos, para no interesarse en saber sus propios orígenes?
Marcela y Felipe sólo aceptaron hacerse un estudio de ADN en el Cuerpo Forense y no en el Banco Nacional de Datos Genéticos. La diferencia no es menor: sólo el BNDG tiene todos los elementos científicos. El Cuerpo Forense terceriza esos análisis con empresas privadas, con lo que decae la certeza de la prueba.
Otra severa limitante que puso la dupla Noble Herrera, aconsejada por sus abogados Jorge Anzorreguy y Alejandro Carrió -caros entre los caros-, fue que sólo se allanaban al cotejo con los datos de dos de las familias que plantearon la posibilidad de parentesco: García-Gualdero y Miranda-Lanuscou. Si no había compatibilidad, pidieron que sus datos fueran eliminados, sin admitir el cotejo con las otras 22 familias que tienen almacenados sus mapas genéticos en el Durand.
El abogado de Abuelas, Marcelo Gaitán, rebatiendo los argumentos de Anzorreguy y Carrió, subrayó el martes que ésta «no es una causa de filiación, sino que se investiga un delito penal: la sustracción de menores».
Los que buscan y los que obstruyen
La historia de los Noble Herrera tiene un final abierto, porque la entidad de derechos humanos anticipó que apelará lo actuado por Bergessio, a quien -dicho sea de paso- la Cámara de San Martín tuvo que apremiar el 22 de diciembre último con que debía ordenar los análisis luego de siete años de mora y pasividad.
Pero estos contratiempos no alterarán el curso general de la pugna entre quienes buscan a los nietos apropiados y quienes tratan de que continúe la apropiación.
Los argumentos de quienes han trabajado por la restitución de identidad son muy razonables: que en caso de duda sobre la filiación de los jóvenes, se abra una investigación reservada y se realicen los estudios de ADN en el Durand.
Incluso en caso de oposición de los jóvenes, que en ciertos casos han buscado prolongar la situación de indefinición mediante una negativa a la extracción de sangre por «invasiva», las Abuelas fomentaron un proyecto que se trató en Diputados en noviembre pasado. Allí se preveía que los jueces pueden ordenar procedimientos domiciliarios para dar con recursos alternativos a la extracción sanguínea, tales como análisis de cabellos en peines, de sustancias desprendidas en cepillos de dientes o prendas íntimas, etc.
Cuando ese proyecto aguardaba su turno en Diputados, salió la energúmena Elisa Carrió a afirmar: «es terrible que se vote la ley para la extracción compulsiva de ADN en la búsqueda de la identidad. Esa ley no está dirigida a proteger los derechos humanos sino que está dirigida, y tiene nombre y apellido, a los hijos de la señora Herrera de Noble. Quiero denunciar al matrimonio. Esto es fascismo puro. El principio de la integridad y de la autonomía personal están por encima. Es una ley de persecución. Están violando los derechos humanos para una venganza personal».
En la Cámara Baja el proyecto tuvo media sanción el 4 de noviembre con una mayoría amplia de 154 contra 32 votos en contra, que se volvió casi unanimidad en el Senado, el 18 de ese mes, cuando 57 senadores de diversos partidos votaron por la positiva y sólo uno en contra. Se trataba de Agustín Pérez Alsina, del Partido Renovador de Salta, fundado por el gobernador de la dictadura, contraalmirante Roberto Ulloa. Incluso María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cínica, sufragó a favor, desairando a Carrió.
Carlotto precisó esta semana que los estudios alternativos se habían usado en una veintena de casos, y que en nueve habían servido para restituir identidades robadas en los centros clandestinos de detención.
Esto cierra la discusión, dejando claro a quien le asiste la razón. Los que se atreven a opinar a favor de Abuelas, si están trabajando con amigos de la dictadura como Mariano Grondona, pierden su empleo, caso del periodista rosarino Luis Novaresio, quien fue borrado del programa luego de defender la ley para el ADN en polémica con la lilita Fernanda Gil Lozano.
Para esa legisladora y Carrió, tal ley era institucionalizar la tortura; en esto fueron más papistas que el Papa, ni Grondona ni Ernestina de Noble llegaron a tanto.
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.