Los intereses del gobierno estadounidense, de las compañías transnacionales y la oligarquía boliviana coinciden actualmente en una sola meta en Bolivia: «Hay que hacer todo para derrocar a Evo Morales». El objetivo final detrás de esta consigna es destruir el trabajo de la Asamblea Constituyente, aplastar nuevamente al movimiento sindical e indígena boliviano y asegurarse […]
Los intereses del gobierno estadounidense, de las compañías transnacionales y la oligarquía boliviana coinciden actualmente en una sola meta en Bolivia: «Hay que hacer todo para derrocar a Evo Morales». El objetivo final detrás de esta consigna es destruir el trabajo de la Asamblea Constituyente, aplastar nuevamente al movimiento sindical e indígena boliviano y asegurarse que los hidrocarburos, minerales y otros recursos naturales del país sigan beneficiando neoliberalmente a las transnacionales y las cleptocracias locales.
Participan con denuedo en esta campaña gran parte de los medios de comunicación, que son de propiedad de familias y grupos económicos que defienden sus intereses económicos, y de paso, protegen los intereses ideológicos de Estados Unidos.
Un estudio llevado a cabo por el Centro Vicente Caas sobre los medios masivos en Bolivia estableció que estos «no hacen investigación, su periodismo es superficial, obedecen a sus jefes-empresarios que les pagan entre 600 y 2000 bolivianos al mes, y sólo las catástrofes, los sucesos y los mensajes políticos dirigidos desde el poder encuentran espacio mediático». Periódicos como «El Deber» de Santa Cruz, propiedad de la familia Rivero y caja de resonancia de grupos racistas como la llamada juventud cruceñista, «La Razón», de La Paz, medio que apoyó a gobiernos corruptos como el de Jorge Quiroga, Sánchez de Lozada o Hugo Banzer. Estaciones de televisión como Unitel, propiedad de los latifundistas Monasterios, que se opone a la política de distribución de tierras del Estado, sólo para mencionar algunos de los medios de desinformación en Bolivia, han llevado a la luna a los medialuneros.
En lugar de debatir la forma que tendrá el nuevo Estado boliviano en la Asamblea Constituyente, la derecha cruceña ha atizado el complejo de pueblo chico entre muchos sucrenses. Éstos, obedientes y provincianos, han salido a las calles pidiendo ser la capital, perdiendo totalmente de vista que el objetivo mayor de la Asamblea Constituyente es determinar a quién pertenecen y a quién benefician los recursos del país.
Los medios de comunicación han convertido a un ladrón de tierras del Estado como Marinkovic en el mayor paladín de la democracia. Si de democracia se trata, vale la pregunta: ¿que hacía esa colección de ranas importantes de la cruceñidad durante los años de la dictadura?, ¿de qué manera lucharon para recuperar la democracia?, ¿salieron a las calles, hicieron huelga de hambre contra la dictadura militar?, ¿o más bien nombraban avenidas en homenaje a dictadores como Banzer?, ¿pueden sus medios de comunicación investigar por ejemplo cuánto dinero dieron los agroindustriales a los golpistas en los años 70 y 80?
Ahora, el honorable presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, dice que no permitirán la aprobación de la nueva Constitución. Por su boca hablan los sectores más conservadores y racistas de Bolivia. ¿Le asustará a esa oligarquía el artículo 8 de la nueva Constitución, puesto que habla de justicia social?
«I El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, y distribución y redistribución de los productos y bienes sociales para vivir bien.»
Por más de 500 años los indígenas que habitan esta República han visto sus tierras y recursos enajenados, su cultura y sus tradiciones negadas, desvirtuadas y atacadas, sus lenguas silenciadas en el funcionamiento de las instituciones del Estado. Los bolivianos han vivido por más de 182 años en un país que fue creado y administrado por las élites locales para ser mejor explotado. Hasta 1952 la mayoría de los bolivianos, los indígenas, no tenían derecho ni a voz ni a voto. Y ahora que la mayoría indígena del país vota por primera vez por un presidente que es indígena, por un gobierno que incorpora como ley del Estado la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ahora aparece un llamado «Comité Nacional Democrático» (Conalde), que agrupa a autoridades regionales y cívicas de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba, un grupo que quiere volver atrás en la historia, que quiere negarle a la mayoría de los bolivianos el derecho a un país más justo y más democrático. ¿Qué teme esta colección de terratenientes, de ex – golpistas, de corruptos, y, en el mejor de los casos, de personajes que poco conocen de la historia de Bolivia? ¿temen que la población apruebe efectivamente en un referéndum esa nueva Constitución?, ¿le temen al indígena armado con su voto, practicando la democracia?, ¿al indígena que desde la resistencia tras la llegada de los españoles a tierras andinas en 1532, desde los levantamientos de 1781, desde las masacres de Tolata y Epizana en 1974 pide una sola cosa: el buen gobierno, un gobierno más justo?
Quienes apoyan a la CONALDE están siendo manipulados para beneficio de los intereses del gobierno estadounidense, de las compañías transnacionales y la oligarquía boliviana. Su «Proclama a la Patria» ha llevado a los medialuneros a la luna. Y desde allí, es difícil ver lo que está en juego para el futuro de todos los bolivianos.