En recientes declaraciones, el presidente Evo Morales Ayma identificó a la mayor parte de los medios de comunicación como su principal «primer enemigo», porque considera que no están haciendo una labor correcta al tergiversar los hechos noticiosos en un supuesto atentado contra el Estado y los cambios impulsados por su gobierno, como el proceso constituyente. […]
En recientes declaraciones, el presidente Evo Morales Ayma identificó a la mayor parte de los medios de comunicación como su principal «primer enemigo», porque considera que no están haciendo una labor correcta al tergiversar los hechos noticiosos en un supuesto atentado contra el Estado y los cambios impulsados por su gobierno, como el proceso constituyente. No es la primera vez que el presidente Morales arremete con críticas a los medios porque no se alinean a sus políticas, como si éstos debieran estar al servicio del gobierno de turno y no de la sociedad en su conjunto. A esto se suman constantes y reiterados atropellos de parte del gobierno a las garantías constitucionales de periodistas en el ejercicio de su labor; sin embargo, el Ejecutivo asegura, una y otra vez, respeto pleno a la labor de los medios y a la libertad de expresión.
Precisamente esta libertad a la que constantemente se hace referencia, de uno y otro lado, es propiedad de todas las personas y un principio constitucional que está protegido por mecanismos nacionales e internacionales, a excepción de Cuba. El artículo 7º de la Constitución Política en actual vigencia hace referencia al derecho del ciudadano «a emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de difusión». En otras cartas magnas del continente se la plantea como el derecho de emitir opinión e informar sin censura previa. Este aspecto es abordado en la ley de Imprenta boliviana (1925), donde se lo reconoce solamente como el derecho de publicar pensamientos por la prensa, salvo que se incurra en su ejercicio en delitos de injuria, difamación y/o calumnia.
El derecho a la libertad de expresión puede ser violado de diversas maneras, incluyendo: a) la restricción del acceso a información e ideas políticas, artísticas o comerciales; b) la limitación a la libertad de prensa; c) el establecimiento de restricciones indebidas para el funcionamiento de los medios ¿Acaso el gobierno no está violando la propia libertad de expresión que dice proteger al impedir que se ejerza plenamente, incluso cuando manifiesta opiniones divergentes a su mandato? Esta libertad se ha convertido para Morales en su principal amenaza, ya que es una válvula de escape y crítica en un espacio público que no puede controlar. El Estado de derecho que se intenta restringir con este tipo de acciones frente a los medios, es clara muestra de una democracia débil, que declara formalmente el respeto a la diversidad, pero en la práctica no tolera opiniones ni acciones divergentes. Los derechos no se pueden adaptar al perfil de la dualización social ni de los líderes que la sostienen; deben ser reconocidos, respetados e impulsados desde el Estado que tiene la obligación de protegerlos.
La declaración de Huatajata, donde participaron representantes de organizaciones de periodistas, trabajadores y propietarios de los medios, junto a expertos invitados del sector, reconoció la comunicación como un derecho social no sujeto a las condiciones políticas o económicas de cualquier naturaleza, y como un instrumento democrático en esencia, de difusión libre de los pensamientos, ideas, opiniones y hechos, respetando la diversidad política, ideológica, étnica, cultural y social de las personas. De ahí que ya en 1998 reclamó formalmente las garantías efectivas para el cumplimiento de los derechos al acceso libre a la información, la libertad de expresión, la libertad de movilización y de asociación. Parece que no logramos aprender del pasado, como factor movilizador de aprendizaje para mirar críticamente el presente y construir el futuro.
Rol político de los medios
Ahora bien, la historia nos ha demostrado que buena parte de los medios, especialmente los de carácter informativo, adoptan un doble lenguaje: por un lado, uno idealista sustentado en una supuesta objetividad, imparcialidad y neutralidad; y, por otro, uno realista y pragmático que responde sus centros de poder. Aquí habría que cuestionarse, ¿al servicio de quién se encuentran los medios? Obviamente el sistema de medios en Bolivia no es homogéneo y no es correcto abordar el tema a través de perjudiciales generalizaciones. El país se ha caracterizado por mostrar su multiculturalidad plasmada en diversidad de medios no sólo de corte comercial, sino, especialmente, popular, alternativo, educativo.
Para nadie es desconocido que detrás de cada medio están los intereses de los propietarios que determinan, en última instancia, los temas prioritarios que configuran «su» agenda -que luego se convertirá en la agenda de la opinión pública-, una posición respecto a estos, un tratamiento periodístico determinado y, finalmente, la intensidad de la difusión o, simplemente, la estrategia del silencio.
Los medios se han revestido, a través del discurso de la libertad de expresión, de una coraza que los protege frente a cualquier cuestionamiento sobre su labor ética y periodística, que es -aunque algunos lo hayan olvidado en medio de la parafernalia de la fama- un mandato y delegación implícita de la sociedad para el ejercicio responsable de esta profesión.
Carlos A. Camacho A., comunicador social boliviano.