El arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México dibujará un nuevo escenario en las relaciones entre el gobierno y los militares. El nuevo presidente de centroizquierda ha sido crítico del desempeño militar y de la propia concepción de la «guerra contra el narcotráfico». Los desafíos son de gran magnitud: el narcotráfico […]
El arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México dibujará un nuevo escenario en las relaciones entre el gobierno y los militares. El nuevo presidente de centroizquierda ha sido crítico del desempeño militar y de la propia concepción de la «guerra contra el narcotráfico». Los desafíos son de gran magnitud: el narcotráfico y la corrupción han creado un callejón sin salida para el Estado mexicano, mientras miles de mexicanos son asesinados y desaparecen cada año en un espiral de violencia que sigue activo.
Introducción
En este ensayo se van a abordar los elementos para entender las relaciones entre civiles y militares en México, la guerra contra el narcotráfico, sus efectos en la democratización y los derechos humanos y cómo estas variables han afectado la profesionalización militar.
Las Fuerzas Armadas mexicanas no tienen vocación ni han desarrollado capacidades para la defensa externa. En los casi 200 años de vida que tiene la nación mexicana, los militares fueron el factor determinante de la política y la vida pública de 1821 a 1946, y desde entonces han logrado mantener su autonomía y fueros. Esto se ha interpretado como la existencia de un «Estado dentro del Estado»[1]. Desde el periodo de instauración del poder civil en 1946 a través del Partido Revolucionario Institucional (pri), fundado por los propios militares en 1929, la convivencia entre ambas elites se dio a través de respaldos mutuos, principalmente ante graves crisis políticas como el movimiento estudiantil de 1968 y la guerra contra las guerrillas durante la década de 1970[2]. En 2000, al sustituir al pri en la Presidencia después de siete décadas de hegemonía, Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (pan), no acompañó la expectativa democrática con una reforma de las Fuerzas Armadas.
Andrés Manuel López Obrador (amlo) fue elegido el 1o de julio de 2018 con 53% de los votos y es el primer presidente que ha criticado el accionar de las Fuerzas Armadas. El último presidente «antimilitar» fue Venustiano Carranza, el padre de la Constitución de 1917, quien fue expulsado del poder en mayo de 1920 mediante un golpe de Estado. Durante la campaña electoral presidencial de 2018, los militares expresaron un fuerte rechazo a López Obrador a través de sus voceros, principalmente en la prensa y en una activa campaña desde cuentas de redes sociales de militares retirados, donde lo comparaban con Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Daniel Ortega y señalaban que el país quedaría al borde del abismo si López Obrador llegaba a ganar. En este sentido, durante la campaña las elites militares no ocultaron sus simpatías por los candidatos de los dos partidos políticos que han gobernado México, el pan y el pri , y expresaron su temor frente a un presidente demasiado cercano a posturas «radicales», «populistas» y de «izquierda»[3].
Inmediatamente después del triunfo de López Obrador, comenzaron los acercamientos y «perdones» mutuos, explícitos o implícitos. Sin embargo, queda la huella que podría afectar a las Fuerzas Armadas con los enunciados del presidente electo sobre la posibilidad de no continuar la guerra contra el narcotráfico, reabrir investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos, el proyecto en favor de una «amnistía»[4] y sus frecuentes señalamientos sobre la posibilidad de retirar de las calles a las Fuerzas Armadas. También ha hablado de construir una Guardia Nacional, mediante la fusión de las fuerzas policiales y militares, proyecto también ampliamente criticado en el seno de las instituciones castrenses. En sus últimos discursos López Obrador, al igual que sus allegados, ha sostenido que por el momento las Fuerzas Armadas mantendrán los despliegues de seguridad interna en estados y ciudades donde la violencia está fuera de control, pues de lo contrario la población quedaría desprotegida frente a la violencia criminal[5].
La profesionalidad militar en cuestión
La teoría militar liberal señala que la profesión militar se debe centrar en la preparación para la guerra, sea esta defensiva u ofensiva, ya sea para defender el territorio, proteger los intereses nacionales y a la población, ampliar el poder de un país o participar en misiones internacionales para mantener la estabilidad del sistema global. Sin embargo, en los países con bajo nivel de desarrollo socioeconómico, el Estado presenta malformaciones, un desarrollo excesivo de algunas instituciones y deficitario de otras, lo que lleva a los militares a ocuparse de múltiples misiones no castrenses. En México, después de 197 años de independencia, el Estado sigue requiriendo de los militares para su sostenimiento en áreas fundamentales como la seguridad pública en muchas regiones del país.
La transición democrática tras el fin de la hegemonía absoluta del pri lleva 18 años y los militares se insertaron en ella con capacidad de influencia. Lograron impedir que se implementara en esa primera democratización del año 2000 una reforma militar que los limitara y se volvieron cada vez más necesarios debido al aumento de la actividad del narcotráfico y el deterioro de la seguridad pública. Las variables geoeconómicas y geopolíticas contribuyeron a la expansión del narcotráfico: Estados Unidos, el gran consumidor de drogas ilícitas, logró cortar el suministro marítimo a través del mar Caribe a inicios de la primera década del siglo, y los exportadores colombianos se vieron en la necesidad de buscar las rutas terrestres[6]. Comenzó entonces la era dorada de los criminales mexicanos: se volvieron globales, se beneficiaron del libre comercio y la apertura de fronteras, se aprovecharon de la facilidad para mover y blanquear su capital y sacaron ventaja de la debilidad del Estado democrático mexicano.
De esta forma, se abortó la evolución democrática del Estado mexicano en materia de seguridad y defensa. Así, en lo que respecta a la profesionalización militar, su «fortalecimiento» significó un mayor involucramiento en tareas de seguridad interna. Esto a la par debilita su profesionalidad. Las Fuerzas Armadas impulsaron desde 2016 una inédita legislación conocida como Ley de Seguridad Interior. Esta norma se contrapone, según numerosos juristas, a los artículos garantistas de la Constitución mexicana, principalmente el primero, referido a los derechos humanos[7]. Gran parte del equipo del gobierno de López Obrador comparte estas críticas, lo que abre potenciales fisuras en la relación entre civiles y militares. Los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se opusieron a la legislación elaborada con respaldo del cuerpo de abogados del Ejército y aprobada por el Congreso en diciembre de 2017[8]. La ley incluye disposiciones que protegen a los integrantes de las fuerzas militares en caso de acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Rechazo a la protección de militares
Fox inauguró en México la fórmula de que solo los militares podían hacer frente a las deficiencias gubernamentales en materia de seguridad, bajo el supuesto de que eran los mejores para depurar las instituciones. López Obrador, por el contrario, ha cuestionado duramente a los dos institutos castrenses: la Secretaría de la Defensa Nacional (sedena, integrada por el Ejército y la Fuerza Aérea) y la Secretaría de Marina (semar), principalmente por emprender la guerra contra el narcotráfico, orden dada por el presidente Felipe Calderón en 2007. Las críticas de López Obrador se basan en «el fracaso en la lucha contra el narcotráfico» debido al incremento de los homicidios y otros crímenes y en la militarización de parte importante de los estados y ciudades del país. Durante la campaña responsabilizó a la militarización por el incremento de la cifra de homicidios y el efecto sobre la población civil, como la gran cantidad de desaparecidos (más de 27.000 entre 2007 y 2015)[9].
López Obrador anunció el desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial (emp), que es el cuerpo responsable de la seguridad del presidente y de su familia y custodia diversas instalaciones gubernamentales[10]. El emp es un cuerpo de protección formado por aproximadamente 8.000 integrantes y durante casi 200 años fue el símbolo de la lealtad militar y de la confianza del presidente en las Fuerzas Armadas. A la par, el presidente electo anunció que no va a usar el avión presidencial porque este proyecta una imagen de poder y lujo. El avión presidencial lo administra el emp y es parte de la Fuerza Aérea Mexicana.
Violencia y derechos humanos
En México, el gobierno de Enrique Peña Nieto finaliza con la cifra más alta de homicidios desde 1997. El país registró 13.738 homicidios dolosos solo entre enero y junio de 2018[11]. La tasa ascendió a 23 homicidios por cada 100.000 habitantes, similar a la de 2011, considerado el año más violento de la era de la «guerra contra el narcotráfico». La violencia a su vez se ha desplazado hacia la costa del océano Pacífico y esto se relaciona con las nuevas rutas de las drogas, principalmente las metanfetaminas y la heroína. Los estados con mayores índices de homicidios son Colima (40 por cada 100.000 habitantes), Guerrero (31,7), Chihuahua (22,6), mientras que los estados más pacíficos son Yucatán, Querétaro y Campeche, con tasas menores a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. La Ciudad de México tiene una tasa de 12 por cada 100.000 habitantes; sin embargo, registra un alza importante en otros delitos[12]. El último informe de la organización Human Rights Watch señalaba sobre México:
Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que se inició en 2012, miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos -incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura- en el marco de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex-presidente Felipe Calderón comenzó en 2006 la «guerra contra el narcotráfico» en México.[13]
Sobre la cuestión de los derechos humanos, López Obrador y sus allegados más cercanos han sostenido la necesidad de conformar una Comisión de la Verdad y de reabrir investigaciones en las que hay muchas dudas sobre el actuar de los gobiernos federal, estatal y/o municipal. Un caso emblemático de la violación de los derechos humanos fue la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014. Los familiares de los estudiantes desaparecidos culparon al Ejército y pusieron en duda la investigación gubernamental, que trató de archivar el caso con afirmaciones sobre «la verdad histórica». Allí se sostiene que los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados por el grupo criminal Guerreros Unidos (exportador de heroína a Chicago), que recibió respaldo de autoridades municipales y policíacas locales. Y así, la «verdad histórica» del gobierno federal exculpa a cuerpos como la Policía Federal y las Fuerzas Armadas de haber participado. El gobierno federal, debido a la gran presión internacional, aceptó la conformación de un grupo de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), pero no concordó con el contenido de su informe, y las Fuerzas Armadas negaron su colaboración para la investigación. López Obrador ha afirmado sobre este tema que «el que nada debe nada teme».
Otro asunto polémico es el de la legalización de las drogas. Una de las colaboradoras más cercanas a López Obrador, la probable secretaria de Gobernación y ex-ministra de la Suprema Corte de Justicia Olga Sánchez Cordero, expresó la necesidad de legalizar las drogas, especialmente la marihuana, sosteniendo el argumento de que la legislación punitiva es fuente de violencia. La ex-ministra afirmó que «ya la despenalizó Canadá y casi la mitad de los estados de eeuu . ¿Qué estamos pensando, matándonos, cuando ya toda Norteamérica la está despenalizando [al igual que] muchos países europeos?»[14]. Adicionalmente, desde el equipo de López Obrador se ha señalado que se podrían despresurizar los penales legalizando el consumo y la posesión de pequeñas dosis de drogas. Esto iría en consonancia por las campañas publicitarias realizadas por el ex-presidente Ernesto Zedillo, miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas, quien reconoció que se equivocó como presidente en este tema y que no se puede poner fin a la «guerra contra las drogas» y reducir la violencia sin la legalización[15].
La guerra contra el narcotráfico y el rediseño institucional
Fox fundó el 1o de diciembre de 2000 la Secretaría de Seguridad Pública (ssp). Su principal misión fue poner en marcha la Policía Federal. Esta primera secretaría tuvo una vida de 12 años. El presidente Peña Nieto la desmanteló en diciembre de 2012 y la transformó en Comisión Nacional de Seguridad (cns), que quedó bajo la jurisdicción de la Secretaría de Gobernación y tiene a su cargo la Policía Federal, integrada actualmente por 36.000 efectivos.
López Obrador cuestiona la «guerra contra el narcotráfico» emprendida por Calderón en 2007 argumentando que la expansión de la violencia se explica por el énfasis del gobierno en golpear los liderazgos de las grandes organizaciones criminales. Esta estrategia es compartida con el gobierno de eeuu a través de la llamada Iniciativa Mérida y los programas de cooperación con las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia. López Obrador señaló que «no se debe repetir lo mismo de años pasados, cuando para ganar legitimidad se le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y eso nos metió en esta grave crisis de inseguridad y de violencia, esto que duele mucho»[16]. La guerra contra el narcotráfico llevó incluso a que las organizaciones criminales maduraran y se convirtieran en «empresas», con gran cantidad de actividades económicas «legales», lo que diversificó su «portafolio»[17]. Otros grupos infiltraron todas las actividades económicas de los estados donde operan, debido al abandono casi total del Estado central como regulador fiscal y judicial: es el caso de Michoacán[18].
Durante su campaña electoral, López Obrador insistió en que una de las razones de la crisis de seguridad es la rivalidad y falta de cooperación entre las estructuras policiales y militares. Como solución, planteó retirar a las Fuerzas Armadas y construir un cuerpo nuevo, la Guardia Nacional. Después de su triunfo, señaló que por el momento no se crearía la Guardia Nacional y se mantendrían temporalmente las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interna mientras se fortalecen las capacidades policíacas. Este tema es muy polémico, pues enfrenta a los militares, que se resisten a interactuar con la policía[19]. La estrategia del nuevo gobierno se basa en apuntalar las capacidades de las policías en todos los niveles de gobierno.
En la agenda de seguridad, tres meses después de ganar la elección, las ideas de López Obrador se centran en la construcción de la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el fin de que se pueda sustituir a las Fuerzas Armadas en sus actuales misiones de seguridad interna[20]. A su vez, se suplantará la estrategia de captura de los grandes líderes criminales por la de «seguir la pista del dinero». La problemática de la corrupción y su combate es parte de la nueva estrategia, sobre la base de la hipótesis de que el narcotráfico ha expandido su poder porque recibe colaboración de funcionarios de gobierno en todos los niveles. Al respecto hay numerosa información de prensa sobre el vínculo entre gobernadores y grupos criminales en Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Michoacán, y el sistema de justicia del estado de Texas ha impulsado numerosos juicios por corrupción y narcotráfico contra funcionarios públicos mexicanos[21].
Eliminar, reubicar y reorientar las misiones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (cisen) es otro objetivo prioritario del nuevo gobierno. Este es el principal cuerpo de inteligencia civil, bajo la égida de la Secretaría de Gobernación desde su nacimiento en 1989. La principal propuesta es trasladarlo a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se va a crear en diciembre de 2018. El propósito de esta «reubicación» de la inteligencia civil es reorientar las labores profesionales de este cuerpo, del «espionaje político» a la inteligencia criminal. Asimismo, se le cambiaría el nombre a Central Nacional de Inteligencia (cni). Otra propuesta es la de establecer Comisiones de la Verdad e implementar procesos de amnistía después de aclaradas las responsabilidades en la comisión de crímenes. Este es el tema que abre más fisuras y «desconfianzas» entre las Fuerzas Armadas y el nuevo gobierno, por el temor a que se abran investigaciones y se juzgue a militares por violaciones de derechos humanos.
Reflexión final
El narcotráfico y la corrupción han creado un callejón sin salida para el Estado mexicano. La guerra contra el narcotráfico fue apoyada por el gobierno de eeuu a través de la llamada Iniciativa Mérida, programa que en parte imitó al Plan Colombia y buscó centrar el ataque a las organizaciones criminales en la captura de sus líderes. En la percepción de López Obrador, seguir esta estrategia ha generalizado la catástrofe humanitaria que se vive por la extensión de la violencia y la ampliación del radio de acción de los grandes grupos criminales. En México, la imposición de la ley se hace efectiva mediante la fuerza castrense en más de la mitad de los estados del país. La ley no alcanza a los corruptos, por lo que muchas veces el esfuerzo militar es estéril, ya que mucha de la corrupción se debe a la colaboración de los gobernadores con organizaciones criminales. Los militares golpean al crimen hasta que se topan con un político asociado a él.
El crimen, el narcotráfico y la corrupción tienen amplios márgenes de convergencia. En los últimos cinco años, la prensa ha reportado a 20 gobernadores con graves acusaciones de corrupción. La macrocorrupción y el narcotráfico van de la mano. La fragilidad de la democracia mexicana, principalmente en los niveles local y estadual, ha provocado que los narcotraficantes también busquen el respaldo de alcaldes municipales, pues ellos controlan los cuerpos de seguridad pública. Este es el principal obstáculo para que la acción de las Fuerzas Armadas sea eficiente. Así, México es moderno y democrático en aspectos económicos y geográficos, pero muy atrasado en relación con su institucionalidad política. Que un candidato «antisistema» como López Obrador haya obtenido una aplastante victoria el pasado 1o de julio de 2018 se debe al cansancio de la población frente al actual gobierno. De forma excepcional, la parte «feudal» y «autoritaria» se fracturó, y así se rompió el control que ejercían los dos partidos dominantes, pri y pan , que ocuparon la Presidencia en los últimos 30 años. En muchas de sus dimensiones políticas y geográficas y en muchas regiones y estados del país, donde predomina la acción del narcotráfico y el crimen organizado, el Estado -y por tanto las Fuerzas Armadas y las policías existentes- no ha logrado desarrollar con éxito una estrategia contra el crimen organizado. El nuevo presidente mexicano deberá enfrentar el dualismo estructural del siglo xxi latinoamericano, que beneficia a fuerzas ilegales criminales.
Notas: