Tras una semana de caminata por el altiplano de Bolivia, más de cuatro mil mineros proletarios de las tierras de Potosí y Oruro ingresaron a la ciudad de la Paz para imponer el respeto a la jornada laboral de ocho horas, que las transnacionales intentar prolongar a 10 e incluso 12 horas, aprovechando la pasiva […]
Tras una semana de caminata por el altiplano de Bolivia, más de cuatro mil mineros proletarios de las tierras de Potosí y Oruro ingresaron a la ciudad de la Paz para imponer el respeto a la jornada laboral de ocho horas, que las transnacionales intentar prolongar a 10 e incluso 12 horas, aprovechando la pasiva actitud del gobierno indígena de Evo Morales.
En la mañana de este lunes, tras caminar más de 100 kilómetros, nutridas columnas de proletarios del subsuelo descendían desde la ciudad de El Alto, a casi cuatro mil metros de altura, hasta el centro de la sede de gobierno, haciendo estallar dinamitas y petardos. A su paso eran recibidos con aplausos y alimentos por los vecinos de los barrios populares, que siempre han cobijado y respaldado la lucha de los mineros.
Hasta ahora, todos los intentos del gobierno de Morales y de la transnacional Glencore/Sinchi Wayra para detener la marcha de los trabajadores y lograr que éstos vuelvan al trabajo han chocado con la decisión enérgica de los sindicatos mineros, que han resuelto frenar la superexplotación laboral que hacen estos capitalistas vinculados al millonario ex presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado por la justicia boliviana por el genocidio de octubre del 2003 (67 civiles asesinados y más de 400 heridos a bala).
Los dirigentes de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia y de los sindicatos de las minas controladas por la Glencore han advertido que no se moverán de La Paz hasta conseguir sus objetivos y frenar los abusos transnacionales. «Los trabajadores mineros sufren el amedrentamiento de los empresarios, que les obligan a aceptar situaciones en contra de la Ley del Trabajo para ser contratados», dijo Guido Mitma, secretario general de la Federación proletaria.
EXPLOTACIÓN Y CORRUPCIÓN
El pasado lunes, cerca de dos mil trabajadores habían partido de la mina Porco y de otras que son explotadas por la Glencore International y su filial nacional Sinchi Wayra, que se ha apoderado dolosamente de importantes minas de zinc, oro, plata, plomo y estaño de Oruro y Potosí, en las que ganan a manos llenas, pagan migajas en impuestos al Estado y pretenden hacer trabajar a sus obreros hasta 12 horas diarias. En el camino hacia La Paz, otras centenas de trabajadores de otras minas se han sumado a la protesta.
En el 2005, esta decena de propiedades mineras (las minas Bolívar, Poopó, Porco, Colquiri, Totoral, San Lorenzo, Colquechaquita y la planta concentradora de minerales Don Diego y la central termoeléctrica de Aroifilia) fueron transferidas por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada a la Glencore, en una oscura e ilegal operación.
Sánchez de Lozada, el millonario presidente neoliberal, era propietario de estas minas hasta el 2003, cuando fue derrocado por una insurrección popular en octubre, que lo obligó a huir a los Estados Unidos. Allí, dos años después, cuando ya era considerado como un prófugo de la justicia y sus bienes sujetos a embargo judicial por el genocidio que cometió en el 2003 en Bolivia, Sánchez de Lozada transfirió sus minas y la empresa metalúrgica de Vinto a la Glencore, que comenzó a operar en el país ilegalmente con la venia de los gobiernos neoliberales sucesores de Sánchez de Lozada.
IRREGULARIDADES E IMPUNIDAD
En el 2007, el gobierno de Morales, que conoce todas estas irregularidades recuperó para el Estado la metalúrgica de Vinto, expropiándola, sin pagar ni un centavo; pero dejó todas las otras minas y propiedades de Sánchez de Lozada en manos de la Glencore/Sinchi Wayra, la que ha obtenido millonarias ganancias extraordinarias con el auge de precios de los minerales, al igual que la decena de poderosas transnacionales que controlan las tres cuartas partes de toda la producción minera nacional.
No contentos con obtener entre cuatro y ocho mil millones de dólares en los últimos tres años, pagando impuestos por apenas 220 millones (ver www.econoticiasbolivia.com), estas transnacionales intentan ahora, cuando hay una caída relativa en la cotización internacional de los minerales, mantener los mismos niveles de ganancia, acrecentando la explotación laboral y el saqueo de los minerales.
HUELGA Y MOVILIZACIÓN
En las minas de la Glencore/Sinchi Wayra, por ejemplo, los trabajadores, pese a las debilidades y limitaciones de varios de sus dirigentes sindicales ligados a la patronal, con movilizaciones y huelgas habían logrado frenar parcialmente los abusos de esta compañía que intentó en el último trimestre del 2008 echar a la calle a 1.277 trabajadores y reducir el 15 por ciento del salario al resto de sus 3.500 operarios, a los que quiso hacer trabajar en turnos de hasta 12 horas diarias.
Los mineros en lucha firmaron con la empresa un precario acuerdo a principios del 2009, que se logró bajo la amenaza proletaria de ocupar todas las minas de Sinchi Wayra/Glencore, que establecía que no habría despidos, ni ampliación de la jornada laboral ni aumento salarial. Pese a ello, los herederos de Marc Rich y de Sánchez de Lozada han vuelto a la carga y presionan para ampliar la explotación de sus trabajadores de las actuales 8 horas diarias a 10, lo que ha empujado a los mineros a la huelga y a una gran movilización.
OPORTUNISMO Y OTRAS DEMANDAS
La lucha contra las transnacionales por la defensa de los derechos laborales y la jornada laboral de ocho horas intentaba, a último momento, ser aprovechada por las empresas mineras que tienen problemas en desarrollar sus actividades por el rechazo que la actividad minera genera en las comunidades y pueblos indígenas.
«Marchamos por reivindicaciones sociales que hemos conquistado hace mucho tiempo, como las ocho horas de trabajo, la estabilidad laboral y contra de avasallamientos que los comunarios están haciendo a los centros mineros de forma ilegal», dijo el también dirigente de la minería privada, César Lugo, que se ha caracterizado desde hace tiempo por defender más los intereses empresariales que los sindicales.
Hace dos semanas, las comunidades indígenas quechuas del sur de Bolivia habían conminado a la transnacional canadiense Vista Gold Corporation para que abandone la zona y olvide sus intentos de hacerse de una gran fortuna con la explotación de oro de la mina Amayapampa. Los comunarios echaron a la transnacional canadiense, que intentaba operar la concesión aurífera empleando a casi 250 trabajadores, en el convencimiento de que la explotación capitalista de las minas sólo deja socavones vacíos, contaminación ambiental y tierras y ríos envenados con mercurio.