Se anunció para el lunes la toma de YPFB, bloqueos de carreteras, cierre del aeropuerto. Fuerzas Armadas en «alerta amarilla». Sugieren a la gente aprovisionarse de alimentos. Algunos partidos piden al Presidente Carlos Mesa dar un paso al costado para evitar una guerra civil. El Presidente Carlos Mesa tiene que decidirse y dar un giro […]
Se anunció para el lunes la toma de YPFB, bloqueos de carreteras, cierre del aeropuerto. Fuerzas Armadas en «alerta amarilla». Sugieren a la gente aprovisionarse de alimentos. Algunos partidos piden al Presidente Carlos Mesa dar un paso al costado para evitar una guerra civil.
El Presidente Carlos Mesa tiene que decidirse y dar un giro real a su política si es que no quiere caerse de la silla y contribuir a la radicalización del movimiento social, que, según las señales, ingresa a una nueva etapa pre insurreccional. En la práctica se confirmó que los efectismos ya no funcionan; recuérdese la doble amenaza de renuncia a medias, la alianza frustrada con la derecha y la reciente convocatoria al diálogo.
Se prevé que la movilización que comienza el lunes tendrá un carácter particular. La consigna y demanda principal de los sindicatos ya no es el 50% de la renta petrolera solamente, sino el 100%, es decir la nacionalización sin indemnización.
El llamado «Pacto de Unidad» -que aglutina al «Bloque Oriente», CSUTCB y CONAMAQ, a las centrales de pueblos indígenas de Beni, Santa Cruz, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, el Movimiento Sin Tierra, la Asamblea del Pueblo Guaraní, la Confederación de Organizaciones Económicas Campesinas, la FEJUVE de El Alto y la Coordinadora de Defensa del Agua de Cochabamba- comenzó defendiendo el 50% de regalías petroleras y ahora plantea la nacionalización inmediata de los hidrocarburos y la convocatoria a Asamblea Constituyente antes que el referéndum sobre autonomías.
Las vacilaciones del Parlamento y del Ejecutivo en el tratamiento de una Ley de Hidrocarburos que preserve el derecho nacional han creado las condiciones para la creciente radicalización de los movimientos sociales. Además, la confirmada nulidad de los contratos petroleros por parte del Tribunal Constitucional permitió al MAS iniciar un juicio de responsabilidades en contra los ex presidentes Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada por haber ejecutado 76 contratos inconstitucionales.
El razonamiento de los movimientos de base es simple: si los contratos son nulos, las petroleras deben irse y el Estado tiene que hacerse cargo del negocio energético. Lo único que se puede objetar en dicho planteamiento es la falta de atención a un factor que en política es decisivo y que se llama «correlación de fuerzas»: ¿Tienen los movimientos sociales la suficiente claridad, cohesión, organización, amplitud y capacidad de propuesta como para encarar semejante «batalla final»? Si no es el caso, la radicalización puede llevarlos a una nueva derrota, opina el Centro de Documentación e Información (Cedib).
Organizados o no, lo cierto es que el movimiento de masas adquiere dimensiones insospechadas al punto que las Fuerzas Armadas se han declarado en «alerta amarilla». Las fueras de seguridad del Estado están preocupadas porque entre las bases se comenta que esta vez la marcha programada para lunes tiene el objetivo de cerrar el Parlamento.
Radicalización política
En los sectores políticos también se nota la radicalización. Roberto de la Cruz, jefe del Movimiento 17 de Octubre (M-17) y presidente del Concejo municipal de El Alto, entregó en Palacio un pliego cuya demanda principal es la nacionalización de los recursos energéticos. «Que el gobierno tome una decisión patriótica y elabore una nueva Ley de Hidrocarburos para recuperar el cien por ciento de los hidrocarburos», demandó De la Cruz y advirtió que si hasta el lunes no hay solución, así como quiere el pueblo boliviano, particularmente El Alto, «nos veremos obligados desde las calles a derrotar a esta Ley de Hidrocarburos que sólo favorece a las petroleras».
Un diputado del MNR, el partido que trajo a Bolivia al neoliberalismo y a las transnacionales, les dijo a las petroleras: «Dejen de amenazarnos y tomen sus maletas si no aceptan las reglas del juego. Váyanse y dejen de hacernos pelear entre bolivianos. Ya estamos cabreados de esa situación, de que ustedes se forren de planta y a nosotros nos den las migajas».
Cayetano Llobet, uno de los periodistas rentados en los años 90 para hacer potable la capitalización/privatización de las empresas públicas, opina que la solución a la crisis es el alejamiento de Mesa. «El destrabamiento de esta situación política en Bolivia, cualquiera que sea su salida, la salida por la vía de la confrontación, la salida por la elección anticipada, la salida por la sucesión constitucional, la salida de helicóptero, por decirlo gráficamente, cualquiera de esas salidas, a mi modo de ver, (pasa) por la salida de Carlos Mesa, así de simple».
«Si usted no toma una decisión, corremos el riesgo de quedar con la anterior Ley de manera indefinida y por mucho tiempo. Por lo tanto, Presidente, este domingo de una buena noticia, por lo menos tome una decisión en casi tres años de gobierno que tiene. Señor Presidente divida la ganancia 50 por ciento para los inversores extranjeros y 50 por ciento para Bolivia. Si no decide usted Presiente, la cosa se volcará contra usted. No le prive a Bolivia de tener recursos, ese es el tema de fondo Presidente, recursos para nuestra economía», dijo Oscar Eid Franco, operador del MIR, un partido político de derecha co responsable de la vigencia del neoliberalismo en Bolivia.
Hasta el momento, sugirieron adelantar elecciones para resolver la aguda crisis el empresario y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina; el líder del MAS, Evo Morales, y el jefe de ADN, Mauro Bertero.
Pese a la evidente radicalización política, el Presidente y sus allegados insisten en mantener una posición tibia: «Hay movilizaciones de toda naturaleza, aquí todo el mundo pide muchas cosas, habrá que preguntarle a Santa Cruz, a Tarija, a Chuquisaca, a Cochabamba. Vamos a ponerlo en contexto: un sector pequeño de la comunidad en La Paz toma una decisión, primero querían el veto, después la nacionalización, luego la promulgación; hay un conjunto de puntos de vista muy contrarios», declaró Mesa. En la misma línea, su viceministro de Coordinación Gubernamental, Carlos Ágreda, declaró que son pequeños sectores radicales los que plantean la nacionalización total de los hidrocarburos.
Sin embargo, los hechos indican lo contrario. El viernes pasado el Presidente Mesa caminó desde Palacio de Gobierno hasta Plaza San Francisco, en pleno centro paceño, en un intento de calibrar el grado de efervescencia social. Fue aplaudido y recibió el cariño de muchas personas, pero otro grupo, también numeroso, le abucheó con dureza. Caminó con cierta tranquilidad hasta que llegó a la plaza Pérez Velasco, donde las personas que transitaban por el lugar lo recibieron con gritos de «nacionalización, nacionalización».
Los analistas, de izquierda y derecha, coinciden en que la crisis social y política podría terminar en el despeñadero, sobre todo después del fracaso del encuentro por la Unidad de Bolivia. Creen que al Presidente le queda gobernar y tomar decisiones, aunque también consideran que sus desaciertos y el fortalecimiento de dos polos opuestos en el país estimularían una probable guerra civil. Los medios impresos bolivianos titularon sus ediciones del sábado afirmando que Mesa perdió el rumbo luego del fracaso del diálogo.
Una reunión de los productores de coca de los Yungas coordinó fecha y hora para sumarse a las movilizaciones y bloqueos contra la Ley pro petrolera y la autonomía digitada por la burguesía cruceña. Los marchistas que partieron de Patacamaya hacia La Paz llegaron a Achica Arriba el domingo por la noche y al mediodía del lunes estarán en la sede del gobierno. Al grupo de trabajadores, sindicalistas y vecinos que protagoniza la marcha por la nacionalización de los hidrocarburos y el cierre del Parlamento, se sumará el magisterio urbano de La Paz.
Las federaciones campesinas de las 20 provincias de la ciudad de La Paz iniciaron el bloqueo de caminos y de productos agrícolas del campo a la ciudad a partir de las cero horas de este lunes. El dirigente Gualberto Choque señaló que los campesinos jugarán el mismo juego del Presidente Mesa, que no demuestra seriedad en el manejo de la política energética y en el cumplimiento de la agenda de octubre.
Los trabajadores de El Alto sugirieron a la ciudadanía aprovisionarse de comestibles y conminaron a concejales y diputados que dicen defender los hidrocarburos a iniciar a una huelga de hambre. Decidieron ocupar físicamente los predios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de la Zona de Senkhata, en a carretera a Oruro, y bloquear permanentemente el Aeropuerto Internacional de El Alto.
15/5/05