Tuto vuelve al cauce de la derecha más extrema. Oficialistas aceleran la nueva CPE y las elecciones generales para el 2009. Morales opta por la templanza y la cabeza fría.
Con el ojo en tinta y rezumando hiel por la herida, entre coletazos e insultos que desnudan el drama de su histeria, la oposición ultima detalles antes de ingresar a un trimestre decisivo para su sobrevivencia en la ahora ya fragmentada «media luna», o para su desvarío crónico ante la nueva marea de millones votos azules que el último tramo de año parece anticipar consigo.
Un reciente encuentro del prefecto Rubén Costas con el embajador Philip Goldberg hizo sospechar a fuentes oficiales, sobre el desembolso de mayores recursos para mantener con ayuda externa la rabiosa resistencia en que se han sumergido las facciones más recalcitrantes de la oposición al gobierno del presidente Evo Morales.
Se daba así por perdida la eventualidad de que la Administración norteamericana esparciera sobre Costas, Branko Marinkovic y el resto de los terratenientes y agroempresarios en virtual insurrección, cierta dosis de realismo político, vista la cercanía de las elecciones en EEUU y la posibilidad de que el Embajador y sus promotores en el Departamento de Estado, el «número dos» John D. Negroponte y su adjunto Thomas Shannon, sean desplazados junto con el presidente George Bush o suavicen su «línea dura»
El canciller Choquehuanca se limitó a advertir sobre el cuidado que debería tener Goldberg al reunirse con el prefecto que insultó al primer mandatario y al realizar otras acciones que «no ayudan a construir las relaciones positivas que ambos gobiernos» dicen pretender.
Y mientras los arrebatos de violencia comenzaban a salpicar la región petrolera propiciando la escasez de combustibles, aunque permanecía expedita la ruta cruceña de las exportaciones de soya y aceites, quedó también abruptamente quebrado el coqueteo de la oposición congresal con el oficialismo, producido luego que la derecha más recalcitrante se distanciara del segmento parlamentario de Podemos (grupo del que aún es jefe Tuto Quiroga) tras conocer los resultados de referéndum, que favorecieron al MAS.
A la cabeza del ex mirista Luis Vásquez, el grupo se ofreció la semana pasada a un pacto de gestión gubernamental y agenda congresal, a cambio de participar en las designaciones de autoridades titulares del sistema electoral, la judicatura y otras instituciones estatales, lo que aumentó la brecha con los prefectos que, por otra parte, no se sorprendieron por el estado de extinción en que fue declarado Podemos.
Pero ambas fracciones volvieron confluir por un mismo cauce luego de la reunión de Goldberg y Costas, y del retorno de Quiroga, quien se mostró mas proclive a los enconados prefectos que a parlamentarios podemistas, acusando a siete u ocho de éstos de estar dispuestos «a venderse» al gobierno, según sus declaraciones a La Razón
El endurecimiento de posiciones confirmó también previsiones anteriores de La Epoca, en sentido de que el gobernante MAS buscaba infructuosamente una oposición para concertar, encontrando sólo el rencor con que los prefectos asimilaron la derrota de agosto; la dispersión de parlamentarios opositores, que no tenían con qué garantizar un eventual acuerdo; y la poca disposición al diálogo tanto de Quiroga como de Samuel Doria Medina, de la UN.
LIBERTINAJE ■ En contraposición, recientes exabruptos parecen compensar la calculada reserva de los jefes opositores, y confirman que la libertad de expresión y de opinión, tan reclamada por los grandes empresarios de la prensa, puede derivar, corrompida en ciertos espacios y voces, en un libertinaje de ribetes delincuenciales que sólo la templanza de los afectados podrá evitar consecuencias mayores.
Uno de ellos, firmado por Humberto Vacaflor, involucra a los hijos del Primer Mandatario -un pequeño y dos adolescentes-; alude al vicepresidente por condiciones extrínsecas al cargo y sindica al Jefe de Estado de «narcotraficante», entre otras acusaciones.
«Nosotros, los sucios periodistas», dice al invocar conjeturas anónimas, «no hemos hecho comentarios sobre las dudas que tiene la gente acerca de los hijos del Presidente, que sólo se prestan a aparecer cuando hay una campaña proselitista en que se quiere demostrar que a Morales le gustan las mujeres».
«Ni se ha hecho comentario alguno sobre todo lo que se dice acerca de su también afeminado vicepresidente», agrega, sin que se conozca ninguno de los pronunciamientos que las asociaciones de prensa acostumbran emitir cuando, según la legislación del gremio, se daña a menores involucrados o «se delinque contra las personas individuales o colectivas en los impresos en que se las injurian directa o indirectamente, sean o no falsas las imputaciones injuriosas».
Al comenzar la semana, fue el presidente Morales el requerido por estos organismos para presentar pruebas acerca de sus declaraciones sobre los fondos de la prefectura de Cochabamba, entre otros presuntamente utilizados por la oposición para la «compra» de «sucios» periodistas a título de inserciones publicitarias.
No se supo de una reacción presidencial ante el brulote (1), pero alguno de sus allegados hizo saber que no tenía tiempo, por ahora, más que para ganar apoyos para la designación de nuevos titulares en las cortes electorales y la judicatura.
A TODO VAPOR● En todo caso, resultaba al menos curioso cómo los líderes de los movimientos sociales estaban inspirando a determinados comentaristas con tanto o mayor énfasis que el logrado por las dictaduras de Banzer en los 70, García Meza el 80-81 y Sánchez de Lozada el 2003, aunque para el frente oficial, lo más importante no eran los insultos -destinados a desestabilizar emocionalmente al Presidente y restarle cabeza fría- sino el respaldo que le dieron dos tercios del electorado y las acciones que pudiera articular con base en su victoria.
Uno de los pasos inmediatos, es acelerar el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución para tener lista, entre diciembre y enero próximos, una nueva Carta Magna, a fin de encarar luego, entre mayo y diciembre del 2009, una segunda fase de convocatoria a elecciones generales y comicios para los prefectos de La Paz y Cochabamba, además de subprefectos y consejeros departamentales, lo que implicaría el acortamiento del mandato presidencial, y una nueva elección del actual mandatario. El gobierno alista también una pronta redistribución de las regalías petroleras, repartiéndolas entre todos los departamentos (sin las exclusiones actuales) y una reasignación del polémico Impuesto Directo a los Hidrocarburos, otorgando en principio un 30% a las prefecturas y el 70 % a los municipios y pueblos indígenas.
Todo lo cual apunta a recortar el acceso ilimitado de los opositores al erario público existente en las prefecturas, y que, según el gobierno, ha servido para alimentar, a través de la publicidad en los medios y subvenciones a otros organismos, las acciones desacato y la sedición que ponen en riesgo la vida de muchos ciudadanos y amenazan a la integridad de Bolivia como país. «Tras el revocatorio, Evo no siente obligación de hacer concesiones y el Conalde (que agrupa a prefectos y cívicos) ha resignado cualquier perspectiva nacional. La autonomía renunció a su vocación natural de ser contrapoder y hoy apenas alcanza a ser una trinchera de resistencia regional», advirtió en un último comentario el saliente asesor de la Prefectura cochabambina, Erick Fajardo, aún molesto por la caída de su jefe, Manfred Reyes, que en los últimos meses se distanció también de sus colegas opositores.
Luego del cumplimiento parcial de bloqueos y otras presiones opositoras en la región petrolera, los prefectos y cívicos convocaron la mediación de la Iglesia y la OEA para dialogar con el gobierno, reto que el Presidente aceptó de inmediato, advirtiendo que si rehuyen la negociación efectiva, como lo hicieron la semana pasada, convocará por decreto al referéndum confirmatorio de la nueva CPE.
La convocatoria por decreto, sugerida por los movimientos sociales hace menos de una semana, tiene la ventaja de evitar el trámite de una ley específica en el Congreso, donde la oposición controla el Senado y ya ha saboteado diversas iniciativas gubernamentales, además de la puesta en vigencia de la nueva Constitución, aprobada en Oruro.
NOTA: 1] DRAE: Crítica periodística ofensiva y polémica. «…los delitos de injuria y calumnia contra los particulares serán llevados potestivamente ante el Jurado o los tribunales ordinarios. Los funcionarios públicos que fuesen atacados por la prensa en calidad de tales sólo podrán quejarse ante el Jurado. Más si a título de combatir actos de los funcionarios públicos se les injuriase, difamase o calumniase personalmente, podrán éstos querellarse ante los tribunales ordinarios. Cuando los tribunales ordinarios conozcan los delitos de prensa, aplicarán las sanciones del Código Penal…» Ley de Imprenta, 1925, Art. 28