No es casual que el actual presidente de México, Felipe Calderón, delfín de su predecesor, Vicente Fox, haya sido secretario de Energía del gobierno anterior. El intento de privatizar el 70 % de la empresa petrolera estatal Pemex, que fue y es el orgullo del nacionalismo mexicano, ha provocado una grave crisis institucional y una […]
No es casual que el actual presidente de México, Felipe Calderón, delfín de su predecesor, Vicente Fox, haya sido secretario de Energía del gobierno anterior. El intento de privatizar el 70 % de la empresa petrolera estatal Pemex, que fue y es el orgullo del nacionalismo mexicano, ha provocado una grave crisis institucional y una verdadera guerra dentro del Parlamento y entre partidos políticos, que no registraba antecedentes desde julio de 2006 cuando Calderón ganó las elecciones por estrecho margen a su rival de centro izquierda Andrés Manuel López Obrador, quien denunció fraude y se autodesignó presidente legítimo.
Un informe elaborado por el gobierno de México detalla que en los próximos 13 años, la empresa estatal tendrá un déficit de 500 mil barriles de petróleo diarios, lo que equivale a 14 mil millones de dólares anuales menos, si no se abre a la participación de empresas privadas con tecnología y capacidad suficiente como para explotar yacimientos en alta mar, que suponen un costo de extracción mucho mayor.
Por eso, el gobierno de Calderón envió al Congreso un proyecto de ley con el que se estaría permitiendo el ingreso de capital privado nacional y extranjero dentro de Pemex, lo que pone en peligro una enorme fuente de ingresos para el sector público.
Los puntos álgidos entre defensores y detractores de la privatización están centrados en que la prioridad y la mayor parte de las ganancias de las explotaciones de los nuevos pozos serían asignadas para los nuevos socios privados, y aunque aun falte explorar el 75 % del territorio mexicano, este trabajo quedaría establecido al sector privado. La media internacional indica que un tercio de las zonas exploradas se convierten en lugares aptos para extraer el crudo, por eso las empresas inversoras no dudan en aceptar esta sociedad o privatización encubierta, ya que cuentan con la certeza de estar primeras en la obtención de ganancias por los nuevos pozos descubiertos.
Otro punto discordante es que se va a conceder al sector privado la refinación y la red de transportes, que conforma uno de los segmentos de mayor valor agregado de la industria petrolera.
Además, para que esta medida no viole la Constitución, el Poder Legislativo debe modificar un artículo que legalice el ingreso del capital privado dentro del sector energético.
Este puede ser un primer paso en la privatización de los hidrocarburos mexicanos, y como ocurrió durante la década del 90 en Argentina, podría haber una segunda fase de privatización total.
Las excusas de la prensa adicta suenan conocidas en nuestro país: «Pemex es un monopolio estatal que permite llenar los bolsillos de funcionarios corruptos de la secretaría de Energía» y «El Estado no está en condiciones de realizar inversiones de capital de riesgo en exploración hidrocarburífera».
Estas verdades a medias merecen como última solución la privatización y menos aun de sectores que deben continuar en manos estatales, por ello sería viable analizar la propuesta del presidente brasileño Lula da Silva de asociar a Pemex con Petrobras, de esta manera el ingreso de tecnología permitiría al Estado Mexicano continuar obteniendo los beneficios que sostienen a los sectores más débiles de la sociedad y limitaría la tarea del capital privado, conformado por algunos sectores de Petrobras, a aportar lo que carece la empresa estatal mexicana.
Pemex nació en 1938, luego de que el presidente Lázaro Cárdenas expulsara e indemnizara a las compañías extranjeras de los campos y de la actividad petrolera en suelo mexicano. El conflicto había estallado un año antes cuando una huelga de trabajadores, que demandaban mejores condiciones laborales, paralizó la actividad petrolera privada y por ende gran parte de la actividad económica del país. Entonces, un tribunal federal falló a favor de los trabajadores, veredicto que no reconocieron las empresas extranjeras, lo que provocó su nacionalización.
Desde su creación Pemex no sólo ha sido un símbolo del poder del Estado Mexicano, sino que en la actualidad aporta una gran cantidad de divisas mediante exportaciones, sobre todo a Estados Unidos. Con el 68 % de las ganancias que produce se financia gran parte del presupuesto en educación, salud y creación de empleos.
Las posibles consecuencias de la privatización de Pemex las podemos observar en lo que hoy se ha convertido YPF: aumento de los precios del combustible para los consumidores internos, falta de inversiones, limitación de la explotación a pozos seguros, ausencia de nuevas exploraciones, despidos masivos de trabajadores, nulo cuidado del medio ambiente y la falta de control estatal en la cantidad de exportación de gas y petróleo.
El mercado internacional, sobre todo el estadounidense, requiere del sostenimiento de la extracción de los hidrocarburos mexicanos, por ello, para evitar una depresión en la producción, exige la privatización, que es el camino más fácil para los compradores externos, pero el más costoso para la sociedad mexicana.