El martes 31 de agosto más de 100 personas fueron detenidas en Plaza de Mayo y alrededores durante una movilización convocada por un amplio espectro de organizaciones piqueteras para reclamar la libertad de los presos políticos y repudiar la presencia del enviado del FMI en el Ministerio de Economía. La arbitrariedad de las detenciones quedó […]
El martes 31 de agosto más de 100 personas fueron detenidas en Plaza de Mayo y alrededores durante una movilización convocada por un amplio espectro de organizaciones piqueteras para reclamar la libertad de los presos políticos y repudiar la presencia del enviado del FMI en el Ministerio de Economía.
La arbitrariedad de las detenciones quedó demostrada cuando sin siquiera citarlos para declarar, el juez federal Juan José Galeano ordenó la libertad sin restricciones de 94 detenidos, reteniendo en cambio a ocho (siete varones y una mujer, pertenecientes a Quebracho, al MTR-CUBa y a la FTC Mesa Nacional) que fueron sometidos a indagatorias recién por la noche del día miércoles.
La defensa de los compañeros fue asumida por un conjunto de abogados de diversos organismos y organizaciones, integrado por CORREPI, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, APEL, CeProDH y MTL.
Los ocho detenidos fueron imputados por un mismo hecho general, que el juez Galeano considera constitutivo del delito conocido como «prepotencia ideológica», descripto en el art. 213 bis del código penal como «el que comete el que organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor», por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Tiene una pena de 3 a 8 años de prisión. Además, en diversas combinaciones, se les imputaron los delitos de intimidación pública calificada (3 a 10 años); daño calificado (3 meses a 4 años) y coacción contra funcionario público agravada (6 meses a dos años).
Lo notable es que, igual que en el caso de los detenidos de la Legislatura, al analizar la conducta de cada detenido, el juez sólo puede señalar hechos como que fulano tiró una piedra, aquél usó una gomera o tal otro tenía en la mochila una bomba de estruendo. La imputación más absurda es la sufrida por la única compañera mujer, a la que no pudo endilgarle ningún otro delito más que el del art. 213 bis (por eso salió en libertad). Galeano considera probado que era parte de una agrupación que tiene por objeto imponer sus ideas por la fuerza porque en la mochila tenía un elemento cortante (un «cutter» de colegio), un handy, revistas y panfletos.
Más absurdas aún son algunas de las razones por las que el juez justifica mantenerlos detenidos: dice que muchos se cubrían el rostro con pañuelos, lo que «prueba la intención de eludir la justicia…»
Es evidente que el gobierno ha comenzado a transitar una nueva senda en materia de represión a la protesta, dentro del proceso que venimos caracterizando. Hace dos años y medio, en la edición de mayo de 2002 de nuestra revista ANTIRREPRESIVO, escribimos:
(…) Las nuevas formas de lucha que encaran los sectores populares hacen que se haga necesario, para el sistema, inventar «nuevos delitos» mediante la redacción de nuevas leyes o en su defecto «descubrir nuevos delitos» forzando interpretaciones que, a veces, los mismos fiscales y jueces no pueden sostener con una mínima seriedad jurídica ante sus propios pares. (…) Es así que, siguiendo los procesos judiciales de los últimos años, vemos que las protestas sociales han ido avanzando de «supuestos» delitos no detenibles (acusaciones por penas de menos de 3 años) a «supuestos» delitos graves que enfrentan penas de 15 o más años de prisión, mientras algunos jueces y fiscales pretenden autoproclamarse paladines del «estado de derecho» que vienen a poner fin a los «desmanes» que pretenden realizar los llamados «inadaptados sociales» que reclaman un puesto de trabajo o un cambio en las leyes que rigen esta sociedad.
(…) Esta tendencia a agravar los delitos y consecuentemente las penas pareció apuntar en una primera etapa sólo a causas individuales y contra determinados dirigentes (…). Probablemente confiaba el sistema en que, descabezando un movimiento con la persecución y prisión de un dirigente, se neutralizaba al conjunto eficazmente. En tiempos recientes varios indicios parecen indicar que entramos en una etapa de imputaciones y detenciones masivas, dirigidas incluso a establecer las bases para ilegalizar a determinadas organizaciones sociales y/o políticas que están al frente de las luchas.
(…) Sin duda el poder judicial apunta, como apéndice del poder político-económico, a agravar las acusaciones y masificar las detenciones como una de las formas de contención de la protesta social, generando el miedo real a ser detenido e incluso pretendiendo desarticular las organizaciones mediante la detención prolongada de sus dirigentes y amenazando con la ilegalización eventual de las mismas para que el solo hecho de pertenecer a un grupo militante constituya delito. Hay una evidente continuidad entre lo que anticipábamos un año antes que asumiera este gobierno nacional, y los hechos represivos recientes. Si entonces, decíamos, se apuntaba a los dirigentes para luego hacer detenciones masivas que produjeran un efecto disciplinador, ahora se combinan en un salto cualitativo ambas formas, mientras se sigue ascendiendo en las escalas penales hacia delitos cada vez más graves.
En el caso de la Legislatura hubo más de treinta detenidos iniciales, y se dictó la prisión preventiva de dieciséis, que a la fecha siguen presos. En el caso de la Plaza de Mayo, fueron 102 los arrestados en el momento, para luego centrar las acusaciones en ocho, siete de los cuales no fueron excarcelados y enfrentan la posibilidad de durísimas condenas. En la provincia presidencial de Santa Cruz está ocurriendo lo mismo (ver nota siguiente).
En ambos casos, y aprovechando el mayor consenso para reprimir que el gobierno se dedicó a construir desde mediados del año pasado, la táctica fue detener masivamente primero, y seleccionar después un grupo reducido al que se endilgan todos los males posibles, con el evidente objetivo de aislarlos del conjunto de la sociedad.
Por otra parte, se ordena la captura de dirigentes como Fernando Esteche, o se detiene a Gustavo Franquet por una causa de la que ni el propio juez de Lomas Ferreyra Pella recuerda los detalles, como declaró a Clarín, consiguiendo así un mayor sustento mediático. Del mismo modo, las detenciones en Caleta Olivia se ordenaron sorpresivamente con el conflicto en apariencia resuelto y fuera de las tapas de los diarios.
Parece que, a pesar de la promesa declamada de no criminalizar la protesta social, movilizarse es cada vez un delito más grave.