La restauración priista que significa el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) llegó con las elecciones del 7 de julio a su séptimo mes. Los resultados nos dan una buena señal para interpretar políticamente este primer tramo del sexenio del regreso del partido político que dominó prácticamente la política mexicana durante el siglo XX. Aunque […]
La restauración priista que significa el gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) llegó con las elecciones del 7 de julio a su séptimo mes. Los resultados nos dan una buena señal para interpretar políticamente este primer tramo del sexenio del regreso del partido político que dominó prácticamente la política mexicana durante el siglo XX. Aunque no fueron elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados, su importancia resaltaba por constituir las primeras elecciones del sexenio del priismo restaurado y que más allá de la elección de los 1300 alcaldes, diputados locales y la elección clave de un gobernador (el de Baja California) en 14 estados del país, en sus resultados se puede apreciar cómo se va perfilando y definiendo la situación nacional bajo el gobierno de EPN.
Esos resultados han sido favorables en su conjunto para el PRI que ha salido victorioso en la mayoría de los puestos en disputa. El caso más controvertido, a saber el de la única elección a la gubernatura, la de Baja California, en donde el candidato panista apoyado también por el PRD, salió victorioso por escaso margen, ha sido interpretado en forma casi unánime como una concertacesión en aras de mantener el Pacto por México como pieza fundamental de la política de Peña. Aunque el PRI perdió ciertas capitales estatales, no obstante en la contabilización final sus socios del Pacto por México perdieron decenas de presidencias municipales cuya mayoría fueron para el PRI y ambos hoy gobiernan sobre territorios poblados por menos ciudadanos que antes de las elecciones. Del trío que integra el Pacto el perdedor indudablemente fue su flanco «izquierdo»: el PRD perdió en territorios municipales que habitan más de un millón de mexicanos. Como se puede apreciar de entrada estamos ante un caso peculiar de «elecciones», a saber, en que los principales partidos «competidores» son al mismo tiempo socios de un Pacto federal de gobierno.
Transición y sequía democráticas
Ante la situación peculiar política que representa la restauración priista, la principal cuestión que se plantea es ¿qué se disputa verdaderamente en las elecciones mexicanas de la restauración priista? ¿Qué tipo de gobierno y de oposición se enfrentan en tales comicios? Y las preguntas a responder continúan: ¿qué carácter tiene esta restauración?, ¿significa la imposición de una edición renovada del viejo bonapartismo mexicano?, ¿cuán profunda ha sido la «transición democrática» del año 2000 que dio lugar a los dos sexenios panistas de Fox y Calderón?, ¿el sistema de partidos de la «transición» se ha consolidado o está en crisis?
El régimen bonapartista mexicano, con su sistema presidencialista y su partido único de facto, fue el factor hegemónico de la política mexicana durante ochenta años, si tenemos en consideración que el fundador del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, el abuelo del PRI, fue el presidente Plutarco Elías Calles dirigente del grupo sonorense triunfador de la Revolución mexicana que en 1920 dio un golpe de estado contra Venustiano Carranza, y con sus sucesores se perpetuó desde entonces en el poder dominando la política nacional hasta el año 2000. No hubo en todo el siglo XX en ningún país de América Latina una estabilidad política ni de lejos parecida a la instaurada por el régimen bonapartista en México.
Los fundamentos sociales y económicos de tal inaudita estabilidad en un subcontinente caracterizado por golpes de estado, dictaduras militares, gobiernos populistas efímeros y demás, fueron producto de las consecuencias de la Revolución mexicana, una revolución contra la dictadura del porfiriato protagonizada centralmente por una insurrección campesina radical, en especial en el norte y el centro del país y el ascenso espontáneo y tumultuoso de una clase obrera que desde un principio estuvo subordinada a los caudillos políticos y militares triunfantes de la Revolución. El país que se comenzó a construir desde entonces bajo la hegemonía de las capas neoburguesas y pequeño burguesas de «la revolución hecha gobierno», apoyadas por las masas campesinas y obreras incorporadas y controladas por organizaciones paraestatales del régimen bonapartista imperante, fue la nación capitalista más pujante en América Latina durante buena parte del siglo XX.
El régimen priista no fue un régimen democrático y cuando las contradicciones sociales comenzaron aflorar con más potencia a partir de 1968, en el último tercio del siglo XX, la capa burguesa dominante, cada vez más asociada con el imperialismo estadounidense, decidió emprender una reforma «democrática electoral y parlamentaria» de su régimen político para encauzar por canales controlables el descontento popular creciente. La «transición democrática» del 2000 representó su máximo éxito en esta dirección, pero la docena trágica de los dos sexenios panistas en que encarnó a su vez demostró lo parcial y por completo insuficiente de lo logrado.
Las elecciones del 7 de julio han venido a demostrar como la operación del año 2000 carecía de calado democrático real: si con los gobiernos panistas se demostró que el sistema tradicional seguía imponiéndose con su inercia de décadas de corrupción, represión, violencia, antidemocracia y demás plagas características, hoy atisbamos que la restauración del PRI viene a ratificar la sequía democrática de la sociedad burguesa mexicana. Cien años después de la Revolución el pueblo de México sigue ayuno de una verdadera democracia social y política.
Pacto contra el pueblo
La victoria priista en las elecciones presidenciales de hace un año fue contundente pero no arrolladora como muchos, no sólo priistas, esperaban. Sin conseguir la mayoría calificada para realizar reformas constitucionales en el Congreso de la Unión, la restauración no se podía hacer por arriba de los cambios del régimen que la «transición» propició con el gasto de miles de millones de pesos, con el IFE como pieza fundamental de distribución de los enormes montos erogados para poner en pie la «transición democrática». Se debía considerar ante todo a los otros dos partidos mayoritarios sistémicos y evitar las confrontaciones que desde el salinismo había tensado la vida parlamentaria haciendo difícil y a veces imposible realizar las (contra) reformas correspondientes a la tercera generación exigidas por las transnacionales y las agencia financieras imperialistas (Banco Mundial, FMI, la banca de Wall Street, la Unión Europea, etc.).
La experiencia panista, ante todo, era muy amarga: aunque con las riendas del poder gubernamental el PAN, con Fox y Calderón fue incapaz de realizar por completo las dos reformas principales que están en el horno desde hace tiempo, la fiscal y fundamentalmente la energética, las cuales son vistas por los capitalistas nacionales y extranjeros como las decisivas para sacar de su mediocre comportamiento a la economía mexicana.
Fue esta situación la determinante para que la primera acción de EPN inmediatamente después del 1° de diciembre de 2012 fuera la firma con los presidentes del PAN y el PRI del Pacto por México, una propuesta para resucitar las viejas recetas estratégicas de la «unidad nacional» tan caras tanto a los gobiernos priistas del periodo clásico de los años treinta y cuarenta, como a los partidos comunistas estalinistas. Pero más de medio siglo después el Pacto entre los tres partidos mayores actuales aparece más bien como una caricatura de las viejas estrategias frentepopulistas de las luchas antifascistas, en realidad una mera grilla de un gobierno abrumado con urgencias datadas por la torpeza de sus antecesores lo cual ha provocado el fermento de un descontento masivo potencialmente inflamable.
Precisamente semanas antes de entregarle el poder a Peña Nieto, el presidente Calderón pavimentó la línea estratégica gubernamental por arriba de partidos, en especial cara al PRI y al PAN, con la promulgación de una leonina nueva Ley Federal del Trabajo que legaliza el feroz ataque a las conquistas laborales que ya se venía poniendo en práctica desde hace años,
La decisión de sustentar en el Pacto por México el eje de la política de Peña registra resultados muy contradictorios, aunque hasta ahora sin duda favorables al gobierno de la restauración priista. Rápidamente se cosecharon resultados en la ley sobre telecomunicaciones que pasó sin problemas. Ciertamente no fue del total agrado de Televisa, pero tampoco le quitó el sueño al duopolio televisivo, pues aunque se abre la puerta para que surja otra competidora estadounidense, se mantiene firmemente su dominio de la audiencia nacional al prohibirse las radiodifusoras independientes.
La primera prueba importante fue la «(contra)reforma educativa». Los maestros de la CNTE, en especial los de Guerrero pero también los de Michoacán, Oaxaca, Chiapas y en menor medida los del D.F. y los estados del norte, protagonizaron movilizaciones callejeras masivas que si bien no han echado para atrás del todo la ofensiva oficial, sí han determinado la realización de foros para lograr modificar en algo las propuestas del secretario de Educación Chuayffet.
Pero han sido las elecciones del 7 de julio las que muestran con fuerza las contradicciones que se cuelan dentro de un Pacto que el propio presidente panista Gustavo Madero ha declarado que «está en juego todos los días». El dilema para Peña era éste: en tanto las primeras elecciones de su gobierno ciertamente la fuerza del PRI debe ser ratificada de modo contundente pero al mismo tiempo no le conviene que sus socios en el pacto por México sean arrollados por la aplanadora priista. Este dilema se ha expresado mejor en la única elección de julio a la gubernatura, la de Baja California, en donde estaba la situación clave para definir el destino del socio partidario más importante de EPN. Una derrota del PAN en este estado, el primero que ganó en 1989 y que mantuvo en su poder desde entonces, podría ser la puntilla para un partido profundamente dividido después de la gran derrota que lo arrojó al tercer lugar en las presidenciales del 2012. Así todo indica que para los intereses de EPN la importancia del Pacto se impuso. La victoria del PAN, para más evidencia en unión con el PRD, representa una derrota del PRI a costa de que Peña Nieto mantenga en pie el Pacto. O de otro modo, el PRI pierde para que se fortalezca el presidente. En síntesis una situación que muestra las limitaciones en las que se mueve en concreto el gobierno priista que no es ya de ninguna manera el de antes del 2000.
En lugar de un partido omnipotente, ha surgido un sistema de «tres partidos diferentes: derecha (PAN), centro (PRI) e izquierda (PRD)» y una sola autoridad presidencial verdadera. La fachada «democrática» está sirviendo ahora para la cobertura de la restauración de la autoridad de un presidente que tiene que llevar a cabo los planes de los grupos económicos dominantes nacionales y extranjeros que vienen pidiendo desde hace más de diez años.
El «sistema electoral» del IFE es el espacio para que estos partidos compitas en la distribución de cotos de poder (¡y ante todo de los multimillonarios recursos electorales!) a través de la consecución de votos. Lo que sucedió después de las campañas presidenciales ha sido evidente, los tres partidos se unieron en el Pacto por México convocado por el presidente de «todos los mexicanos». Más que nunca las elecciones se han convertido en una farsa entre agrupamientos que en realidad no tienen diferencias estratégicas y de principios fundamentales. El gran abstencionismo en las elecciones pasadas, en algunos lugares lindando en el setenta por ciento, expresa la desafección cada vez mayor de las grandes masas con respecto a partidos que no los representan y no les dicen nada.
Una sombría situación socioeconómica
Unas pinceladas de la nada brillante situación por la que atraviesa la sociedad y su economía puede darnos un panorama más preciso del escenario en que se desarrollan los acontecimientos políticos anteriores.
La economía de Estados Unidos que experimentó una debilísima recuperación en 2012 no da muestras de que se fortalezca para entrar en un verdadero relanzamiento; al contrario, las medidas draconianas de recortes presupuestarios del gobierno de Obama (este año el ajuste fiscal representa el 25% del PIB estadounidense) anuncian una renovada caída de su crecimiento. La directora del FMI, Christine Lagarde considera que la economía mundial puede entrar en una fase difícil este 2013: concretamente el índice de su crecimiento según el propio FMI descenderá del 3.5% que se preveía a principios de año al 3.2%. Ya son evidentes los datos de una baja del crecimiento en Alemania, Francia, India e incluso China al parecer experimentará un descenso del 8.0 al 7.75 %. La zona euro en recesión por sexto trimestre consecutivo sigue siendo la principal fuente de preocupación mundial, situación que amenaza ya a Alemania cuya economía había logrado esquivar estas tendencias depresivas dominantes en la zona en la que es factor predominante.
Es en este contexto económico mundial en el que México se encuentra también inmerso en un estancamiento económico que lleva ya dos lustros y cuyas consecuencias, acumuladas al deterioro económico de la onda recesiva que se inició desde los años ochenta, explican los pobrísimos resultados de una economía que no satisface ya las ingentes necesidades de la población.
Hoy, según el Consejo Nacional de Población, pueblan a México 118.4 millones de habitantes, seis millones más que los registrados en el censo del 2010. Los datos dibujan un país joven que ha logrado bajar su tasa de fecundidad: de siete hijos por mujer en los años sesenta ha pasado a tan sólo 2.2 en la actualidad. El 65% de la población está en edad laboral entre 15 a 65 años. Pero el terrible problema del desempleo afecta brutalmente a los jóvenes: si bien el índice desempleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registra casi el 5.0% de la población económicamente activa (índice mayor al de 2012), esta cifra esconde realidades atroces como son la que enfrentan los siete millones de jóvenes entre 18 y 30 años que ni estudian ni trabajan y la que significa que más de la mitad de la población económicamente activa (PEA)28.5 millones trabajan en el sector informal de la economía. Los estados en que el índice de desempleo es mayor que el promedio nacional son Tamaulipas (6.8%), Distrito Federal (6.79%), Tabasco (6.63%), Tlaxcala (5.96%), Chihuahua (5.77%) y Nuevo León (5.7%).
Además, para coronar esta sombría situación económica, debe agregarse que la inflación es la segunda más alta de los países que integran la OCDE, a pesar de la política contraccionista del nuevo gobierno que en los primeros cuatro meses de este año retiró de la circulación 54 mil millones de pesos (la mayor restricción monetaria en tres décadas) y que ha cerrado drásticamente las llaves del gasto público.
Las necesidades económicas para el relanzamiento de la economía requieren que se logren índices de crecimiento del 5% o 6% anuales, muy lejos de los mediocres 2% o cuando mucho 3% de los años recientes. Son numerosos los analistas económicos que señalan el crecimiento preocupante de la pobreza extrema, que afecta ya a más de un tercio de la población. La acumulación de capital, no obstante, sigue su curso. La revista Expansión en su número especial anual de junio sobre la situación de «Las 500 empresas más importantes de México» señala que las compañías que impulsan la economía «nadan en efectivo y no está claro que harán con esos recursos». Aparte de un crecimiento considerable de las inversiones mexicanas en el exterior (e inversamente una relativa disminución de la inversiones extranjeras en el país), los capitalistas esperan las reformas energética y fiscal para seguir lucrando no sólo con ganancias rutinarias sino con beneficios extraordinarios. No tienen, aparte de la política expoliadora de las privatizaciones, fincada hoy sobre todo en la mayor ordeña de la riqueza petrolera que significa la privatización abierta de Pemex y el ataque desaforado contra todas las conquistas de los trabajadores, ninguna estrategia verdaderamente capaz de sacar del marasmo socioeconómico al país. Precisamente una semana después de las elecciones, el presidente del Banco de México, Carstens hizo por primera vez declaraciones preocupantes sobre el comportamiento de la economía. En esta ocasión no habló ya de los «catarritos» que acostumbraba anunciar, sino de una situación más seria que se avecina en el horizonte de la economía mundial
Bajo la tutela de la burguesía y su socio mayor el imperialismo estadounidense, en efecto el horizonte de México está signado por el desempleo, la corrupción, la miseria creciente, la violencia, la represión, en suma, la descomposición y decadencia social y política.
Así pues la estabilidad relativa actual no proviene de una recuperación socioeconómica sostenida y se vincula más bien a la novedad de la restauración priista, en especial a la expectativa del nuevo presidente, al que amplios sectores de la población le están concediendo un margen de confianza antes de decidirse a voltearle la espalda. Pero la situación que se delinea en el horizonte es la de fuertes vientos huracanados, sembrados por explosivas contradicciones que pronto aparecerán en el escenario político.
Violencia y corrupción sistémicas
La convergencia de esta nada favorable situación económica con la descomposición agravada de los mandos de gobierno institucionales en un proceso en el que ambas tendencias se retroalimentan, explotó durante los sexenios panistas cuyos dirigentes, empezando por Fox y Calderón, caracterizados por su soberbia, codicia y torpeza política han conducido a una orgía de violencia que ha ensangrentado al país con decenas de miles de muertos, una situación sólo comparable con las existente durante las luchas revolucionarias de hace cien años. Desempleo, corrupción, miseria, represión, cierre de la frontera norte para millones de emigrantes todos estos factores constituyen el coctel explosivo que se desplegó ante todo durante el sexenio de Calderón. Con Peña una política de control de los medios aún más rígida que la de los gobiernos panistas, dan la apariencia de una disminución de la violencia de las bandas criminales y de los enfrentamientos sociales en general. Pero hay señales que no dejan de indicar que la violencia continúa, la cual no se ve cómo y por dónde pueda desaparecer mientras persista el actual régimen sociopolítico.
Con motivo de las elecciones de julio en el propio IFE se planteó el problema del creciente aumento de la penetración del dinero narco y en general proveniente de la delincuencia organizada en las instituciones gubernamentales. Un analista calculó que los municipios controlados por el narco equivalen al 80% del total. El caso de Michoacán y Sinaloa sobresalen, pero la expansión de la mancha de influencia narco se expande por Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y comienza a filtrarse al mismo Distrito Federal.
La corrupción llevada a niveles impresionantes alimenta las pugnas inter burocráticas en los grupos políticos oficiales y se ramifica a espacios más allá de ellos. Las cifras espeluznantes que muestran los niveles de la deuda pública contraída por los corruptísimos gobernantes de todos los partidos del IFE son elocuentes hasta la saciedad. Michoacán, uno de los estados más afectados por la violencia de los carteles, es también el campeón en el endeudamiento gubernamental. En este estado que ha sido gobernado por el PRD y el PRI, la deuda pública pasó de 159 millones de pesos en 2002 a ¡más de 40 mil millones en 2012, un crecimiento del 25,000%! El caso de Granier. el ex gobernador priista de Tabasco es otro escándalo que ha sacudido al país, como antes lo había hecho el de los hermanos Moreira en Coahuila. Y casos más o menos parecidos los hay también en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco y la lista puede incluir a la mayoría de los estados. Incluso en la joya de la corona del PRD ha comenzado a filtrarse que el ex jefe de gobierno del D.F. Marcelo Ebrard incurrió en cuentas no muy claras que incluyen miles de millones de pesos con motivo de la construcción de la nueva línea del metro Tláhuac-Mixcoac, la obra pública más costosa del sexenio pasado.
La cruda perredista y también obradorista
El Pacto por México, sin que fuera éste por supuesto uno de sus objetivos, ha sido un factor enorme de clarificación y conscientización de grandes sectores de trabajadores y de explotados y oprimidos que durante más de veinticinco años venían confiando en el PRD como una auténtica organización de izquierda representativa de sus intereses políticos. La decisión de la dirección perredista de abiertamente aliarse con el PRI y con el PAN en el Pacto por México muestra sin tapujos su carácter conciliador y colaboracionista con los peores enemigos del pueblo mexicano que son los dirigentes priistas y panistas. El hecho contundente que protagonizaron los maestros encolerizados por el comportamiento vergonzoso de apoyo de los diputados perredistas a las iniciativas educativas del gobernador de Guerrero cuando arremetieron a pedradas contra el local de este partido en Chilpancingo, será sin duda considerado como un hito histórico en el proceso de la toma de consciencia de amplios sectores radicalizados sobre el verdadero carácter conciliador y traidor del perredismo.
Sus alianzas electorales absolutamente aberrantes con el PAN, el representante más fidedigno de los sectores burgueses de derecha, en varios estados, en especial en Baja California son más que elocuentes: se trata de un partido crudamente burgués electorero que ha representado y representa un freno al proceso de emancipación y liberación populares.
Durante el gobierno de Calderón el PRD todavía hizo varias fintas de oposición con motivo de la contrarrevolucionaria ley laboral adoptada en 2012. Su papel dentro del Pacto por México lo ha convertido en socio en la preparación de las medidas más contrarrevolucionarias que se preparan en el gobierno de Peña Nieto para privatizar Pemex y para imponer el IVA sobre una población abrumada por el encarecimiento de la vida.
También López Obrador (AMLO) y su Morena se encuentran en una situación delicada. Ciertamente, a diferencia del PRD, AMLO se ha mantenido independiente del curso priista y sus críticas han alcanzado al Pacto. No obstante, su postura pasiva adoptada después de las elecciones profundizó las posiciones claramente moderadas con respecto a las luchas de los trabajadores y de los jóvenes, pero que en cambio eran muy favorables a los empresarios que sostuvo durante su campaña por la presidencia.
Además López Obrador no ha hecho el mínimo balance crítico de su nefasta estrategia de alianza con los Chuchos, los dirigentes del PRD, quienes han sido los beneficiarios directos de los 16 millones de votos recibidos por él en 2012, votos en los que se han montado para negociar y ponerse al servicio de las políticas contrarrevolucionarias de EPN y su Pacto. Un dirigente político nacional que no es capaz de sacar lecciones de hechos tan graves y enormes en los que él mismo tuvo un protagonismo central para el desarrollo de los acontecimientos como los que se realizaron tanto en el 2006 como en el 2012, claramente no es un líder revolucionario que subordina su acción y pensamiento a los intereses populares para contribuir a la conscientización de sus seguidores.
Apenas un poco más de un año de que la Coalición de los progresistas con AMLO a la cabeza había logrado recoger en las urnas más de 16 millones de votos, ésta formación electorera es un fantasma sin dirección, cuyos componentes andan desbalagados. El PRD montado en la derecha partidista burguesa más reacia, el Partido del Trabajo (PT) aliado al PRI en la elección clave de Baja California y AMLO y su Morena simplemente con la cabeza como la avestruz, sin decir esta boca es mía.
La chispa en la pradera
La situación imperante en el conjunto del movimiento de los trabajadores y de los sectores populares oprimidos no es la más favorable para la acción revolucionaria masiva, limitándose así la intervención y participación de los marxistas revolucionarios en la tarea de organizarse y de proseguir su labor propagandística lo más ampliamente posible, manteniendo, por supuesto cuando se tienen los vínculos, los contactos y la intervención en organizaciones y sectores de masas: sindicatos, asociaciones, frentes, movimientos de solidaridad, etc.
Pero la principal tarea de una organización como la Liga de Unidad Socialista (LUS) es preparar sus cuadros y ser intransigentemente abanderada de una salida revolucionaria a la tremenda crisis por la que atravesamos los trabajadores y los sectores populares oprimidos en general. Esto significa que al nivel propagandístico y cuando la ocasión lo permita ante auditorios masivos, al nivel agitativo, seamos los campeones de la independencia de los trabajadores con respecto al estado capitalista, su gobierno, sus partidos y demás agrupamientos patronales burguesas, promotores intransigentes de la autoemancipación de los trabajadores y de su organización democrática.
Desde el punto de vista de la acción de un grupo propagandístico marxista revolucionario, la meta debe ser lograr el agrupamiento de los más posible grupos socialistas auténticamente revolucionarios que ya pululan en buen número en México. La experiencia de la agitación por el voto nulo del Frente de Izquierda Socialista (FIS) del año pasado debe ser considerada como un ejemplo para lograr este tipo de agrupamiento de revolucionarios sean o no trotskistas.
Ya existen movimientos de sectores populares que anuncian luchas mayores y más profundas, pero todos ellos son minoritarios. La CNTE que es sin duda la corriente sindical independiente (aunque hay que añadir el adverbio relativamente independiente por los estrechos vínculos de muchos de sus dirigentes con el PRD y Morena e incluso algunos de ellos con el PRI) más importante, también es una minoría en el SNTE. La limitación fundamental que determina la extrema debilidad política de tantos brotes de lucha y descontento es la dispersión, la falta de coordinación organizativa y política de esos esfuerzos. La consigna de «ni una lucha sola más, luchemos todos unidos» es todavía un buen deseo que está lejos de hacerse realidad por el momento.
El descontento crece, la pradera está cada vez más seca y dispuesta a incendiarse por cualquier motivo pero todavía la centralización política de la burguesía y la tradicional subordinación de las masas populares a la ideología y a la política burguesas es un obstáculo que la lucha popular no supera todavía.
Hay esparcidas ya muchas chispas que podrían provocar el incendio: el surgimiento de las policías comunitarias en Guerrero y su expansión a Michoacán, Oaxaca entre otros estados es un hecho formidable que ya pesa en la política de esas entidades; en Sonora se está dando una lucha precursora del combate por preservar el medio ambiente con la oposición que se ha levantado contra el demencial proyecto del gobernador panista de desviar cientos de kilómetros las aguas del río Yaqui para satisfacer las necesidades de Hermosillo; el EZLN no ha dicho todavía su última palabra y aunque enconchado se prepara obviamente a los tempestuosos tiempos que le anuncian las políticas de los gobernantes de Chiapas y de Los Pinos; multitud de iniciativas se dan en sindicatos, en asociaciones de derechos humanos, en grupos feministas, gays y LGTB; los jóvenes están inquietos y la evolución y práctica desaparición del movimiento #yosoy132 es la muestra viviente de la ausencia de un proyecto político unificador y con claros objetivos democráticos y revolucionarios absolutamente necesarios para resistir, crecer e imponerse como una alternativa revolucionaria unificadora de las innumerables expresiones de descontento, protesta y combatividad ya existentes.
Por una Asamblea Constituyente
Para nosotros la intervención y participación de LUS en el medio estudiantil, sindical y en general de las organizaciones populares debe basarse en nuestra lucha intransigente por un nuevo gobierno de los trabajadores y la población explotada y oprimida. Este gobierno no surgirá espontáneamente, hay que preparar su llegada. Obviamente esa preparación no puede pasar por las instituciones del actual Congreso de la Unión.
Estamos todavía en una etapa inicial de la preparación de esa movilización necesaria para construir el poder de los trabajadores y del pueblo oprimido. La lucha deberá pasar necesariamente por un despertar de los trabajadores y del pueblo oprimido. Hoy los sindicatos, con escasísimas excepciones están postrados pero para la convocatoria, preparación y realización de la primera huelga general en México, será necesario el trabajo paciente y de hormiga en los sindicatos realmente existentes. Los sindicatos reales, no las franquicias de los sindicatos patronales que abundan dentro y fuera de la CTM.
Finalmente la lucha por la independencia, la democracia y el poder del pueblo sobre sus enemigos de todo tipo deberá cristalizar en la convocatoria de una Asamblea Constituyente que delibere y sea la matriz del nuevo gobierno con la participación de todos, es la consigna central para preparar el gobierno de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas y de todo el pueblo pobre y oprimido. Los intereses de los trabajadores (como productores) y el de las masas oprimidas (como consumidoras) serán el motivo de la deliberación en reuniones por separado pero luego todos se unirán en la Asamblea Constituyente para delinear el curso del México nuevo, socialista, feminista, protector del medio ambiente e internacionalista.
Que nuestra propuesta se inserta en la realidad de la lucha de clases lo muestra con claridad el hecho que varios sindicatos, empezando por el de los telefonistas, (SNT) comienzan a organizar encuentros para discutir precisamente la cuestión de la Asamblea Constituyente,
Hoy en el mundo las movilizaciones de las masas contra los planes de choque de la Unión Europea, de los pueblos árabes del Medio Oriente, de las masas de Turquía y de Brasil apuntan el camino que seguirán otros pueblos, de acuerdo a sus específicas características nacionales. Son dos en especial los ejemplos que muchos sectores en México observan con atención para aprender de ellos. La movilización de las masas brasileñas contra un gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) brasileño que surgido de los sindicatos, bajo la dirección de Lula y ahora de Dilma Roussef, ha terminado obedeciendo las directivas neoliberales del Banco Mundial y el FMI. Y ante todo las hazañas del pueblo egipcio en donde una revolución ha comenzado y se entreteje de modo complejo con la contrarrevolución del ejército egipcio, el verdadero amo del país. En ambos casos la chispa que incendio la pradera se prendió del modo menos previsto. Así de complejas son las historias de las revoluciones desde la inglesa del siglo XVII hasta la bolchevique de 1917, pasando por la francesa y la mexicana.
Al movilizarse los pueblos aprenden rápida y certeramente. La consigna de la Asamblea Constituyente encamina al movimiento popular hacia su auto identificación como masa explotada y oprimida. Es una forma de promover la desconfianza y finalmente la ruptura de los trabajadores y sectores populares con la política de sus opresores. Las revoluciones siempre comienzan sorprendiendo a todos y cuando suceden, el trabajo de preparación y de organización de los marxistas revolucionarios se reproduce en forma inaudita. El poder de la energía de las masas en movimiento hace de la organización dirigente revolucionaria una fuerza invencible al orientar tal energía por los senderos del Programa de Transición que conduce a la instauración de un gobierno de obreros, campesinos e indígenas.
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