Durante la mañana del 3 de mayo tuvo lugar la segunda Mesa de Seguridad, convocada por el gobierno estatal de Chiapas.
El evento se realizó en las instalaciones de la 31 Zona Militar ubicada en Rancho Nuevo, a unos 15 kms. de S. Cristóbal de las Casas, Chiapas. En esta ocasión sin la presencia de medios de comunicación ni la puesta en escena que se ensayó con motivo de la primera Mesa de Seguridad, cuando elementos del Ejército federal mexicano tomaron el control y completa vigilancia del primer cuadro de la muy colonial, racista y narcotraficada villa de San Cristóbal, para que el gobernador/florero Rutilio Escandón paseara por las calles vacías del casco histórico y transmitir así un mensaje de tranquilidad y “no pasa nada”, a una ciudadanía principalmente sometida por el miedo y, en muchos casos, amenazada por extorsiones que afectan los magros ingresos de negocios familiares.
Aquel 23 de abril dieron inicio las operaciones de la Fuerza de Tarea Regional de la VII Región Militar en el municipio de San Cristóbal. Alrededor de 300 elementos de la policía estatal, Guardia Nacional y Ejército mexicano iniciaron desde entonces patrullajes por varios rumbos de la ciudad y establecieron retenes y controles principalmente en la zona Norte donde el lunes 17 de abril fue asesinado Gerónimo Ruiz, uno de los líderes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach) y ligado a una de las bandas armadas de la delincuencia políticamente organizada conocidos popularmente por el nombre de “motonetos”. La respuesta de los seguidores ligados a Gerónimo fue inmediata: controles en las calles de la Colonia Nueva Esperanza y exhibición de armas de grueso calibre que se accionaron para acabar con la vida de dos jóvenes que se trasladaban en moto por las calles cercanas al escenario del crimen. Ocho horas continuas de balacera, tres casas quemadas, barricadas con piedras, palos y llantas ardiendo. Dos días después del asesinato de Gerónimo Ruiz, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se adjudicaron la responsabilidad del crimen y, en un video que circula en redes sociales, los presuntos sicarios del CJNG anunciaron que la “limpia” en la ciudad había comenzado.
Declaraciones de la Autoridad políticamente organizada
El presidente municipal Mariano Díaz Ochoa es una persona muy experimentada en el ejercicio del poder. Es la tercera vez que funge como edil y también tiene experiencia carcelaria, ya que fue detenido en noviembre de 2011 por el delito de asociación delictuosa, peculado y ejercicio ilegal del servicio público. Sólo permaneció una semana en el bote porque pudo deshojar su Margarita en esas noches de Luna creciente que brillan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(1)
Ante los hechos ya recurrentes de violencia y la creciente presencia del crimen políticamente organizado, don Mariano aclara que son los “indígenas” que se pelean por el control de los mercados de la ciudad. También nos explica que ahora con Pablo (otro líder de la zona Norte) en la cárcel y Gerónimo muerto, la tranquilidad regresará a nuestra bella ciudad.
Crimen y economía; gemelos conectados en diferentes áreas y que comparten diversos intereses
El analista, profesor, médico cirujano y psiquiatra por la Universidad Autónoma de México, (UNAM), Alfredo Jalife Rahme, señala que el principal rubro de ingresos en México son las ganancias que deja el narcotráfico y sus derivados de la economía del delito. Jalife Rahme lo denomina “el síndrome Chapo”.
Entre 2004 y 2007, el banco Wachovia -comprado en 2008 por Wells Fargo & Company- manejó fondos ilícitos que sumaron 378.4 mil millones de dólares en operaciones de lavado de dinero con casas de cambio de moneda mexicanas que actúan en nombre de cárteles de la droga. Wachovia es apenas uno entre varios bancos estadunidenses y europeos que lavan dinero para los grupos delictivos latinoamericanos involucrados en el narcotráfico. También están identificados como lavadores de dinero procedente del crimen políticamente organizado, Wells Fargo, HSBC y Bank of America entre otros.
La industria automotriz sería, según el profesor de la UNAM, el segundo rubro de ingresos. Un sector en el que México maquila la producción con destino principalmente a Estados Unidos.
Las remesas que envían los 40-50 millones de mexicanos que trabajan en Estados Unidos sería el tercer ingreso económico, seguido de la agroindustria y en quinto lugar el turismo, que en 2022 dejó en México importantes ingresos de divisas por un total de 26 mil 346.9 millones de dólares que aportaron 45 millones de turistas, principalmente procedentes de Canadá y de Estados Unidos.
Por su parte, la empresa estatal Petróleos mexicanos, PEMEX, rescatada del desastre sistemáticamente inducido por los gobiernos de al menos 4 sexenios anteriores a la Cuarta Transformación del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, reporta utilidades por 57 mil 735 millones de pesos en el primer trimestre de 2023, con una deuda que se ubica en 107 mil 387 millones de dólares, según reporte del corresponsal Alejandro Alegría. (La Jornada, 4 de mayo de 2023).
La conexión entre la industria del crimen y la economía está articulada para despojar el territorio mexicano a sus dueños originales, acabar con toda protesta social y preparar un terreno favorable para que se instalen las grandes corporaciones extranjeras.
La intervención de Estados Unidos en Colombia, sobre todo entre el 2000 y el 2006 con su “guerra contra el narcotráfico” ha obtenido resultados favorables para las empresas imperiales, los duros golpes contra la insurgencia colombiana y el desplazamiento masivo de población campesina, junto con un Macondo de cifras para la desaparición forzada de personas que oscilan entre las 50 mil y las 80 mil, para el período de 2011 hasta agosto de 2021. La primera fase del Plan Colombia oficialmente terminó en 2006; en 2007 la Iniciativa Mérida, en principio era Plan México, comenzó a operar en territorio mexicano. Su justificación inicial era la necesidad de “confrontar a las violentas pandillas transnacionales y a los sindicatos del crimen organizado que asolan la región entera y amenazan los intereses de seguridad de Estados Unidos”.
Después de 13 años de la Iniciativa Mérida, el 8 de octubre de 2021, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un nuevo marco de colaboración en materia de seguridad. Lo llamaron el Entendimiento Bicentenario. Pero la guerra que tuvo a México de rodillas del 2006 al 2018 sigue amenazando y extorsionando en casi todos los estados de la República.
En los municipios tamaulipecos de Matamoros, San Fernando y Reynosa llegaron la noche de este martes 2 de mayo, 710 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, hasta estas tierras del noreste mexicano donde desde hace varios días hay enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y el cierre de la autopista de cuota Matamoros-Reynosa.
Amoltepec, Oaxaca. Violencia deja sin clases a 4 mil alumnos desde el 20 de abril. En los meses recientes han sido asesinados cuatro profesores, informó la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, CNTE.
Policías y edil se van de Charapan, Michoacán, tras amenazas de criminales. Los 22 elementos de la policía municipal de Charapan y el alcalde Carlos Morales Bonaparte salieron de esa demarcación el lunes pasado por amenazas del crimen organizado. Ayer (martes 2 de mayo), desconocidos dejaron una cabeza humana y un mensaje a un costado del templo católico de esa comunidad purépecha que ahora sólo cuenta con el director de seguridad pública y dos agentes estatales para resguardar el orden.
El crimen políticamente organizado tiene en México carácter transnacional y se organiza en áreas claves:
- Compra y venta de droga al menudeo.
- Lavado de dinero (área financiera).
- Tráfico de personas; los migrantes como objetivo preferente.
- Asesinos a sueldo, para generar terror y así amenazar o negociar.
- Extorsión, secuestro y cobro de rentas.
Carlos Fazio, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, resume la esencia y los objetivos de la guerra contra las drogas en México:
Lo que se encubre tras esta guerra es una fase del imperialismo actual que tiene que ver con el despojo; es una forma de neocolonialismo que tiene que ver con la apropiación de tierra, de la tierra como mercancía, la tierra para abrirla a la agroindustria, a la explotación de palma africana, maderas preciosas, y tiene que ver con el subsuelo, con la minería. Se trata del control de la sociedad y el territorio, mucho más que de la cocaína o la mariguana.
Otro aspecto imposible de soslayar es que el crimen políticamente organizado tiene una base social. Para el caso de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, varios miles de jóvenes tzeltales y tsotsiles tienen la posibilidad de conseguir dinero aparentemente fácil. Sin formación académica o profesional, con la opción de ser explotados en los campos agrícolas del Norte, migrar hacia los Estados Unidos, o ser humillados sobreviviendo de las propinas que se derraman en los diferentes negocios, hoteles y restaurantes para turistas en esta muy colonial, atractiva y narcotraficada ciudad donde también hay ofertas de empleo como la de The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC, el octavo banco más grande del mundo que con una oficina localizada a pocos metros del parque central de San Cristóbal, quiere seducirnos con torpe maña:
“¿Y si te unes al equipo de HSBC? Regístrate en nuestra comunidad de talento para estar enterado de las oportunidades laborales que tenemos para ti. HSBC. Abriendo un mundo de posibilidades.”
Lástima que en su origen, 1865, HSBC surgió de la necesidad de agilizar el comercio de opio, cuando Inglaterra obligó a China a la apertura de nuevos puertos para la introducción masiva de droga en el país asiático y la cesión del territorio de Hong Kong por 150 años. Además un informe de 340 páginas del subcomité permanente investigador del senado USA, desveló en diciembre de 2014 que el mayor banco británico, HSBC, ha gestionado dinero para terroristas, dictadores, capos de la droga y jefes de bandas de todo el mundo.
Así no va a ser posible aceptar ninguna oferta de trabajo, por lo que seguirá proliferando la venta de sustancias varias en Merposur, Mercado del Norte y las muchas tienditas autorizadas que distribuyen en toda la ciudad.
Nota:
(1) Margarita Luna Ramos: jurista y profesora nacida en San Cristóbal. Fue Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 2004 y 2019.
FUENTES: La Jornada; cubadebate.cu; El Mordaz. (La oscura historia del HSBC).
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.