La nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada por la Cámara de Diputados hace una semana, luego de 7 meses de discusiones, no sufrirá cambios sustanciales en el Senado Nacional, según indicios de la posición adoptada por varios partidos con representación parlamentaria. Aún en el caso de que el Movimiento al Socialismo (MAS) no logre que se […]
La nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada por la Cámara de Diputados hace una semana, luego de 7 meses de discusiones, no sufrirá cambios sustanciales en el Senado Nacional, según indicios de la posición adoptada por varios partidos con representación parlamentaria. Aún en el caso de que el Movimiento al Socialismo (MAS) no logre que se apruebe su demanda del 50% de regalías, la fórmula acordada en Diputados, se acerca a esa demanda, si se toma en cuenta que, las empresas petroleras, deberán pagar otros impuestos, principalmente el Impuesto a las Utilidades.
Una vez terminado ese proceso -uno de los más importantes en esta legislatura- se inicia la discusión por la convocatoria a la Asamblea Constituyente. De hecho, el debate ya se inició en la comisión especial que se conformó con más de 20 senadores y diputados y que concluyó la redacción de un proyecto en 25 sesiones. Es posible que haya aún algún trabajo preparatorio, como la realización de talleres de participación ciudadana, antes de entregar al proyecto a consideración de la reunión de Congreso Nacional.
Retos por la Constituyente
La instalación de una Asamblea Constituyente, a más tardar a principios de 2006, será la culminación de un largo proceso de demandas que se originó en las organizaciones sociales y que, los partidos políticos representativos de éstas, asumieron como compromiso cuando, mediante las elecciones de 2002, ingresaron al Parlamento Nacional.
Una marcha indígena, que cruzó el territorio nacional de este a oeste en junio de 2002, exigió la realización de esta vital asamblea y, los parlamentarios que entonces estaban por concluir su mandato, no tuvieron ningún empacho en comprometerse a incorporar la figura de la Asamblea Constituyente en la reforma parcial de la Constitución Política. Por supuesto, no lo hicieron.
El MAS y el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) -el primero con 27 diputados y 8 senadores y el segundo con 6 diputados- instalaron el debate de estos temas (nueva ley de hidrocarburos y asamblea constituyente), con los que también se alinearon otros partidos del esquema neoliberal, con diversa intencionalidad, aunque con muy poca intensidad. De hecho, utilizaban el discurso en ocasión de sus ataques al gobierno, cuando era de su conveniencia pese a que todos ellos participaban de él.
La revuelta de septiembre-octubre de 2003 cambió radicalmente el panorama: la ley de hidrocarburos y la asamblea constituyente pasaron a ser realidades concretas en el futuro inmediato. El MAS midió cuidadosamente los pasos en el incierto camino que se abrió tras la vergonzosa fuga de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus secuaces y la instalación del vicepresidente Carlos Mesa en la silla presidencial.
La defensa de la democracia pasó a ser una alta preocupación, como factor de avance hacia las metas señaladas. Así, en enero de 2004 se sancionó un conjunto de reformas constitucionales que incorporaron el referéndum, la asamblea constituyente y la iniciativa ciudadana, entre otras cosas, como figuras de participación popular en la toma de decisiones. En julio siguiente, se realizó el referéndum sobre política energética, que sancionó la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos y fijó el 50% como meta del beneficio que debía recibir Bolivia para la explotación de aquellos.
Hasta ahí, todo parecía conducirse por un camino relativamente llano. Los grupos conservadores y de derecha, simplemente se mantenían a la expectativa. Las fuerzas armadas veían con gran interés el proceso de recuperación de la soberanía.
Fue al iniciarse la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Hidrocarburos que aparecieron las dificultades. El gobierno comenzó a mostrar una conducta cada vez más divergente de las posiciones sustentadas por la mayoría de la población. En tales circunstancias, la derecha se rearmó y, aunque no ha podido atraer a los cuerpos armados, no se ceja en su intento de desatar un enfrentamiento violento con los sectores populares.
Los restos contra la Constituyente
Ya en junio de 2004, un mes antes del referéndum sobre el gas, un importante sector de la derecha, representado en el Comité Cívico pro Santa Cruz, lanzó lo que entonces llamó la «agenda de junio» con una serie de reivindicaciones empresariales que trataba de contraponer a la conocida como «agenda de octubre», que incluye la nueva Ley de Hidrocarburos y la Asamblea Constituyente, como las metas más importantes. Pero, después del referéndum, aquella primera toma de posición fue olvidándose.
El enfrentamiento entre un gobierno que se convirtió, deliberadamente o no, en defensora del interés de las petroleras y el Parlamento, en el que se fue asentando firmemente la convicción de que debía llegarse al 50% de beneficios para el país, dio pie a un rearme de la derecha.
Las petroleras, viendo en ese momento su oportunidad, contribuyeron eficazmente a las movilizaciones de estos sectores que, en enero de este año, lograron una masiva concentración en Santa Cruz, demandando la autonomía de ese departamento. La exigencia es muy simple: hay un evidente agotamiento del modelo centralista de poder que se mantiene desde la fundación de la república; la autonomía de los departamentos -principalmente de esa región- sensibiliza incluso a los sectores más humildes, por múltiples razones, por lo que es posible mover a grandes sectores de la población en esa dirección. Por supuesto, los promotores se cuidan muy bien de establecer qué tipo de autonomía se plantea, aunque tienen un esquema muy detallado de sus alcances.
Básicamente, propugnan una autonomía muy parecida a la separación del país, con autoridad propia sobre temas económicos, sociales y políticos. De hecho, quisieran que el Estado central se ocupara de las relaciones diplomáticas internacionales (incluso quisieran tener capacidad de contratación de créditos internacionales y control sobre el comercio con otros países) y de la defensa nacional. ¿Presupuesto? Algo quedará de los beneficios del gas y el petróleo, después de satisfacer los requerimientos locales.
El presidente Mesa, enfrentado con los sectores sociales que exigen definiciones sobre el tema del gas, claudicó ante las exigencias del comité cívico y, además de alinearse con la autonomía reclamado por éste, lanzó un decreto convocando a la elección de prefectos, autoridad departamental que, según la constitución, es designado por el presidente al igual que los ministros de su gabinete. Esta curiosa elección debía realizarse en junio próximo, según estipuló el decreto de marras. Sin embargo, sus discordes con el congreso, impidieron que impulsara la aprobación de las disposiciones necesarias para este propósito; hoy, ha quedado indefinida la fecha de elecciones.
La renuncia con que Mesa amenazó a quienes se le oponían, su posterior y fallida alianza con los partidos tradicionales, el intento de convocar a elecciones adelantadas, entre el 6 y el 16 de marzo, además de crear una atmósfera de incertidumbre fue el momento propicio para que las fuerzas populares retomaran el papel protagónico que jugaron durante todo este tiempo y que, circunstancialmente, la derecha intentó desplazar.
Una agenda nacional
En estas circunstancias, el MAS propuso la formulación de una agenda nacional que incluya las demandas y requerimientos de todos los sectores. Por tanto, el tema de las autonomías también se incorpora a esa agenda; naturalmente, debe haber un sentido de coherencia en base a una condición esencial: la asamblea constituyente determinará cuál es la forma en que se estructurará el país de aquí en adelante.
El planteamiento es que, un referéndum sobre el tema de la autonomía se realice simultaneamente con la elección de constituyentes. El decreto sobre elección de prefectos debe quedar en suspenso, puesto que, un prefecto elegido supone la asignación de nuevas atribuciones que no pueden discutirse antes de la Constituyente.
Este es el reto actual. Por supuesto, los restos de los partidos tradicionales, buscarán obstaculizar este proceso, abanderándose con la autonomía departamental y propiciando la elección de prefectos. Sin embargo, no parecen tener fuerzas para imponer esos criterios, como lo supusieron cuando, en enero pasado, lograron una extraordinaria concentración en la ciudad de Santa Cruz. Aquel fue su culminación, a partir de la cual han comenzado otra vez a disminuir en su capacidad de convocatoria.
Como vemos, la situación es complicada, pero la luz al final del túnel es visible.
Marzo 26, 2005